Articulos de Opinion 11-10-06
Desaparición de Julio López: Declaración del Colectivo Amauta
Los y las integrantes del Colectivo AMAUTA a cargo de los seminarios sobre EL CAPITAL y sobre el marxismo latinoamericano en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (UPMPM) nos pronunciamos rotundamente por la aparición con vida de Julio López.
Además de participar de la multitudinaria movilización popular del día miércoles consideramos que esta desaparición expresa claramente que el núcleo duro del aparato de Estado argentino, conformado por sus numerosas fuerzas de "seguridad" que vienen operando desde hace décadas en la represión de nuestro pueblo, no ha sido desmantelado.
Más allá de los discursos hoy a la moda, las puestas en escena oficiales, los actos "simbólicos" del presidente y toda la gama de simulacros mediáticos, nuestro país sigue siendo capitalista y dependiente. Siguen gobernando los patrones, los empresarios (nativos y extranjeros), las multinacionales, la gente de poder, de cuenta bancaria y billete abultado. Esa es la verdad de la milanesa, como diría una expresión popular. Las rivalidades en las alturas del poder y entre distintos políticos del sistema son rivalidades entre distintas fracciones de empresarios por ver quien se queda con mayor tajada del botín. Partidarios de la dolarización y la devaluación, todos, se beneficiaron y se siguen beneficiando con la miseria de los de abajo. El pueblo humilde sigue en la lona, sigue revolviendo la basura para comer, sigue explotado con empleos precarios, si es que acaso logró conseguir alguno, cuando no continúa en una desocupación bochornosa y humillante.
El sistema mundial del capitalismo, tanto aquí, en la periferia argentina, como en el centro imperial de Japón, Europa o Estados Unidos, no puede funcionar sin combinar el consenso con la represión. El gobierno del presidente Kirchner y del gobernador Solá, cabezas actuales de la dominación política en nuestro capitalismo, no son la excepción. Sus "opositores", desde Blumberg hasta Lopez Murphy, pasando por Macri y Carrió, son hilos de la misma red. Con perfume o sin él, con buenos modales o sin ellos, con frases políticamente correctas o sin ellas, todos avalan la continuidad de un sistema capitalista donde el mercado manda, los empresarios ordenan y los funcionarios políticos de turno obedecen.
No se trata sólo de un gobernador, no se trata aólo de un ministro, no se trata aólo de un presidente. Se trata de todo un sistema de dominación del cual secretarios, subsecretarios, gobernadores, ministros y presidente no son más que simples representantes. Los ex piqueteros hoy transformados en funcionarios de saco y corbata forman parte de este mismo elenco de obsecuentes.
Ese sistema de dominación ha sido, es y será cruel y sanguinario. Acá en Argentina y en cualquier parte del mundo. Así nació y así morirá: explotando, marginando, controlando, vigilando, reprimiendo, secuestrando, torturando, asesinando y al mismo tiempo intentando convencer que esas matanzas, esos secuestros, esas represiones son justas y legítimas. La zanahoria y el garrote, el león y la zorra. Así ha sido y así será.
La escandalosa desaparición de Julio López -en plena república burguesa parlamentaria, pues nos oponemos a denominarla "democracia"- constituye un nuevo ataque contra el campo popular al que se pretende disciplinar, amedrentar y "ejemplificar". Una nueva herida que se suma a todas las que llevamos en la espalda bajo la dominación capitalista.
Discrepamos y rechazamos de plano cualquier declaración, venga de donde venga, que pretenda sembrar dudas sobre la víctima para legitimar al gobierno o eludir sus responsabilidades en el impostergable y urgente esclarecimiento de esta desaparición. Ese tipo de aseveraciones, inoportunas, erróneas y totalmente fuera de lugar, nos hacen recordar el tristemente célebre "por algo será".
No esperemos el regreso de los secuestros, las operaciones sucias de la policía y los servicios -al viejo estilo de la Triple A -para terminar con la ingenuidad. Reiteramos: el núcleo duro del aparato de estado -ese que no se vota y que permanece firme elección tras elección- sigue intacto. La dominación capitalista lo necesita bien aceitadito.
Nuestros enemigos siguen siendo enemigos. La ingenuidad política del pasado nos costó demasiada sangre, demasiada tragedia, demasiada pérdida de seres queridos. No nos podemos tropezar dos veces con la misma piedra.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2006
Neoliberalismo indígena: Evo ejecuta la política minera de "Goni"
x Econoticiasbolivia.com
El gobierno del presidente Evo Morales dijo una gran verdad cuando acusó al neoliberalismo de ser el causante de la masacre de Huanuni, que dejó a principios de octubre casi una veintena de muertos a bala y dinamita y más de una cincuentena de heridos. Lo que no dijo, sin embargo, es que el actual gobierno de izquierda indigenista continúa aplicando, con todo su rigor, esa misma política minera neoliberal, diseñada y ejecutada por el millonario ex presidente y dueño de minas Gonzalo "Goni" Sánchez de Lozada, derrocado en octubre del 2003 por una insurrección popular
La política minera de Goni, que desmanteló y destruyó en la década de los años 90 la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), entregando en concesiones todos los yacimientos a las grandes transnacionales y a las empresas privadas chicas y cooperativizadas, se mantiene en pie y continúa desarrollándose sin pausa.
En sus primeros ocho meses de gobierno, la política neoliberal indigenista continuó con la privatización del yacimiento de hierro más grande del mundo, entregando el Mutún a la transnacional india de Jindal, con una serie de concesiones onerosas como una millonaria subvención en el precio del gas natural (100 millones de dólares transferidos anualmente a Jindal) y permitiendo la explotación masiva de materias primas con un bajo nivel de industrialización (sólo el 5% del hierro explotado y comercializado se convertirá en acero).
En el resto de la minería, donde las transnacionales controlan dos terceras partes de la producción, la minera chica y cooperativizada privada casi un tercio y el Estado no más del 5%, el gobierno de Evo Morales mantuvo y profundizó el saqueo privado de los yacimientos y reservas con escaso o nulo beneficio para el país. Desde los años 90, bajo el poder de la oligarquía minera y petrolatifundista encarnada en Sánchez de Lozada, la explotación minera generó millonarias utilidades para las transnacionales y para todo el sector privado, dejando migajas para el Estado boliviano.
Hasta el 2004, cada año la minería boliviana exportaba anualmente cerca de 500 millones de dólares y aportaba apenas 11 millones de dólares en impuestos y regalías al Estado. Esta política, impuesta por Goni y el poder minero, se mantiene con todo su rigor durante el gobierno de Morales, estimándose que en el 2006, por el aumento del precio de los minerales, las empresas mineras exportarán más de 1.000 millones de dólares, dejando al Estado no más de 25 millones de dólares en tributos. Las normas, leyes y políticas sectoriales neoliberales son las mismas.
Hasta ahora, los tímidos intentos por aumentar los impuestos y regalías han tropezado con la negativa del Ministerio de Minería, controlado directamente por los cooperativistas privados, que han impuesto el congelamiento de los tributos y la paulatina entrega de más áreas de trabajo de propiedad de la estatal Comibol en beneficio de la inversión privada.
En vez de potenciar a la empresa estatal, que resurge con mucha dificultad desde abajo por la lucha de los sindicatos mineros y la proletaria Federación de Mineros, el gobierno de Morales se puso del lado de las empresas privadas y cooperativistas, que asaltaron Huanuni para intentar ahogar en sangre la lucha por la nacionalización de minas, sin indemnización y bajo control obrero colectivo.
El sueño dorado de los cooperativistas y de las transnacionales es preservar la actual realidad minera, manteniendo al Estado como dueño formal de todos los yacimientos y riquezas mineralógicas, dejando a los privados la explotación y aprovechamiento real de estos recursos no renovables, a cambio de un miserable impuesto.
El gobierno de Morales dio amplias garantías a las transnacionales que operan en la minería. Avaló, asimismo, la irregular y dolosa transferencia de valiosas minas y recursos que hizo el prófugo ex presidente Sanchez de Lozada, que hizo su fortuna explotando los yacimientos de Oruro y Potosí, en beneficio de la transnacional Glencore. Por ley y justicia, esos yacimientos debían pasar a manos del Estado, para compensar en algo el daño económico que ocasionó el genocida. Hay igual garantía jurídica para todos y cada uno de los grandes y pequeños emprendimientos mineros privados.
La entrega del Ministerio de Minería a los cooperativistas, donde hay un fuerte proceso de diferenciación económica y social, con la aparición de socios capitalistas y miles de asalariados en negro, contribuyó además a la mayor privatización de la minería y a liquidar los últimos resabios de la minería estatizada.
"Desde el Ministerio de Minería se viene impulsando la firma de contratos de riesgo compartido con empresas extranjeras, con la particularidad de que las cooperativas mineras se están convirtiendo en la punta de lanza del ingreso de las transnacionales en el sector minero", señala un informe del Cedla, un organismo no gubernamental especializado.
"Los principales propulsores de esa política son los estratos más privilegiados de las cooperativas mineras, una suerte de pequeña burguesía minera que se halla representada en la actual estructura de gobierno con un Ministerio y que busca beneficiarse con el ingreso de las compañías multinacionales en el sector. Estos grupos económico-sociales se hallan gestionando el ingreso de nuevas compañías extranjeras para la explotación de los yacimientos ya existentes, garantizando una "licencia social" que brinde "seguridad jurídica de largo plazo que precisan las inversiones mineras". En esta dirección, se han realizado importantes avances con una empresa china, interesada en invertir 23 millones de dólares en varios proyectos de reactivación", agrega.
La estrategia del sector cooperativista incluye la toma de yacimientos que aún se hallan en manos de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), como Huanuni, Caracollo, Barrosquira, Telamayu, Colquiri, con el objetivo de subastarlos al capital transnacional. La imposición de la orientación política de esta pequeña burguesía minera, es uno de los intereses de clase que permite explicar la actual orientación del gobierno en el sector minero, que desarrolla una política antiestatista. Un ejemplo claro de esta orientación es el caso de la mina Huanuni que, en vez de ser la base para refundar COMIBOL, está amenazada de convertirse en una empresa cooperativizada y un puente para el ingreso de nuevos inversores extranjeros, agrega.
En Huanuni, los trabajadores asalariados impusieron en una lucha de tres años la nacionalización de este yacimiento, entregado a la transnacional Allied Deals en los años 90, y estaban avanzando en el fortalecimiento de la empresa estatal con la contratación de 1.500 nuevos trabajadores y la exigencia de mayores inversiones (43 millones de dólares), según establece un convenio arrancado al gobierno con un bloqueo de carreteras hace dos semanas. Los cooperativistas, en tanto, aduciendo que compraron en un millón de dólares los derechos de esa transnacional, echada del país por evidente fraude, incumplimiento de contratos y daño económico, intentaron apoderarse de Huanuni el pasado jueves, armados de dinamita y bala, y con la abierta complicidad y cobertura del Ministerio de Minería.
Tras velar a los muertos y curar a los heridos, hay en Huanuni una tensa tregua, una pausa apenas, en la lucha por definir si Bolivia avanza hacia la nacionalización de las minas o si, por el contrario, se mantiene la política privatista de Goni bajo el ropaje de la izquierda indigenista
Lo que revelan los documentos de la policía del régimen israelí acerca de la ocupación de Palestina: En el nombre de la seguridad
x Amira Hass
Los servicios de seguridad del régimen israelí tienen mucho cuidado de operar en del marco de un paradigma político nítido: máximo debilitamiento, en todas las formas posibles, de la comunidad nacional palestina, para que no pueda alcanzar su objetivo y establecer un Estado digno de ese nombre
Seis iglesias palestinas de Cisjordania y de la Franja de Gaza han sufrido daños y tentativas de incendio como reacción a las palabras del Papa Benedicto XVI. Portavoces palestinos de toda ideología han condenado esos ataques y han declarado que la nación palestina -cristianos y musulmanes por igual- es una y permanece unida en su lucha contra la ocupación.
Informaciones sobre los ataques en los medios palestinos describen a los perpetradores como "desconocidos". En el subtexto palestino, "desconocido" significa "de identidad sospechosa", una frase que bordea la acusación medio velada de que el servicio de seguridad israelí del Shin Bet ha enviado a agentes provocadores.
En Tubas, donde un intento para quemar una iglesia fracasó gracias a la intervención de los vecinos, la gente decía abiertamente que la persona que lanzó el cóctel molotov podría estar relacionada con el ocupante israelí. Sin embargo, el alcalde de Tubas, Oqab Darghmeh, que evocó esta posibilidad, también sugirió otra opción: quizá el perpetrador actuó por ignorancia.
La mayoría de los críticos, sin embargo, no apuntaron con dedo acusador al Shin Bet. No pueden negar los males que se han hecho tan comunes en la sociedad palestina: conducta criminal y gamberrismo enmascarado bajo la imaginería y la jerga de una lucha de liberación nacional, así como el creciente empleo de armas en conflictos personales y públicos, animados por agentes políticos palestinos que precisan de una atmósfera de caos para poder ser vistos como "fuertes".
Ahora bien, ¿es posible desvincular completamente esas disfunciones de la ocupación israelí?
El último libro del historiador Hillel Cohen, Aravim Tovim (Los buenos árabes), aporta diversas pruebas históricas que avalan la "paranoia" palestina sobre la motivación política oculta tras el control que los israelíes aplican con el pretexto de la seguridad. Aunque el tema del libro es la actividad de los servicios israelíes de seguridad e inteligencia entre los árabes inmediatamente después de 1948, una consistente línea política de acción y pensamiento que se extiende desde los años del Mandato británico hasta la actualidad nos permite extraer conclusiones igualmente aplicables al control israelí sobre los palestinos en Cisjordania y Gaza.
La investigación de Cohen se apoya principalmente en documentos policiales de la época que han sido puestos recientemente a disposición del público (los documentos del Shin Bet siguen estando clasificados). Dichos documentos revelan, por ejemplo, que el abastecimiento de armas a colaboradores por parte de las autoridades locales era una forma de recompensarlos. No obstante, el comité de liaison de las fuerzas de seguridad mencionaba en 1949 que "la distribución de armas a un elemento o a miembros de un grupo puede ser de utilidad para nuestros intereses". Las agencias de seguridad, revela Cohen basándose en documentos escritos, ocasionalmente llegaron incluso a incitar conflictos internos.
Por otro lado, el comité regional para asuntos árabes en el triángulo (el organismo que coordinaba las diferentes agencias de seguridad que operaban en esta región) "no aprueba facilitar educación superior a los habitantes de la región", según las actas de una reunión de 1954, y el comité trabajó para impedir que los árabes fueran aceptados en los centros de enseñanza superiores. Cohen se permite especular que el motivo era su deseo de impedir la creación de una clase educada que pudiera conseguir organizarse y plantear exigencias al Estado.
En otras palabras, los servicios de seguridad israelíes -aunque actuaran por propia iniciativa en diversos lugares- trabajaban en el contexto de un paradigma oficial: robo continuo de tierras, constante fragmentación y debilitamiento de la sociedad árabe, y socavamiento de la posibilidad de que los árabes desarrollaran un liderazgo independiente. Las voces críticas que se alzaron contra las políticas de la Administración Militar -árabes israelíes y el principal partido de la oposición, Maki (el Partido Comunista israelí)- fueron descritas como "paranoicas". Sin embargo, a través de los numerosos ejemplos que incluye en su libro Cohen prueba retroactivamente que aquellas voces críticas tenían razón.
Indirectamente, este libro escrito por un antiguo periodista afirma que uno no debe basarse en la documentación escrita -en documentos que serán hechos públicos dentro de otros 50 años- para dar crédito a un análisis político que difiere del sostenido por los gobernantes. Así pues, no fue sólo por miopía y por negligencia por lo que los territorios palestinos se vieron inundados de armas durante los años 90. No fue la "seguridad" lo que provocó la creación de una casta de nuevos muktars de Fatah que recibieron privilegios especiales denegados a otros palestinos y que venían a profundizaban las tensiones internas. No fue la "miopía" lo que provocó el debilitamiento y la trivialización política de Mahmoud Abbas (Abu Mazen) como presidente de la Autoridad Palestina, igual que no fue por simple ingenuidad por lo que en los Acuerdos de Oslo se omitió el punto principal: la creación de un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967.
No son las decisiones locales de comandantes militares regionales las que están fragmentando Cisjordania en "células territoriales" aisladas. No son exclusivamente consideraciones de índole territorial lo que impide a los estudiantes de Gaza estudiar en Cisjordania y a académicos usamericanos enseñar en instituciones educativas palestinas. En el nombre de la seguridad -aunque no por garantizarla- Israel está fomentando la ignorancia y el deterioro económico en los territorios ocupados.
Según este análisis ?para sustentar el cual las pruebas no escasean?, los servicios de seguridad israelíes tienen mucho cuidado de operar en del marco de un paradigma político nítido: máximo debilitamiento, en todas las formas posibles, de la comunidad nacional palestina, para que no pueda alcanzar su objetivo y establecer un Estado digno de ese nombre de acuerdo con las resoluciones internacionales.
Counterpunch. Traducido para Rebelión por LB. LA HAINE
Los y las integrantes del Colectivo AMAUTA a cargo de los seminarios sobre EL CAPITAL y sobre el marxismo latinoamericano en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (UPMPM) nos pronunciamos rotundamente por la aparición con vida de Julio López.
Además de participar de la multitudinaria movilización popular del día miércoles consideramos que esta desaparición expresa claramente que el núcleo duro del aparato de Estado argentino, conformado por sus numerosas fuerzas de "seguridad" que vienen operando desde hace décadas en la represión de nuestro pueblo, no ha sido desmantelado.
Más allá de los discursos hoy a la moda, las puestas en escena oficiales, los actos "simbólicos" del presidente y toda la gama de simulacros mediáticos, nuestro país sigue siendo capitalista y dependiente. Siguen gobernando los patrones, los empresarios (nativos y extranjeros), las multinacionales, la gente de poder, de cuenta bancaria y billete abultado. Esa es la verdad de la milanesa, como diría una expresión popular. Las rivalidades en las alturas del poder y entre distintos políticos del sistema son rivalidades entre distintas fracciones de empresarios por ver quien se queda con mayor tajada del botín. Partidarios de la dolarización y la devaluación, todos, se beneficiaron y se siguen beneficiando con la miseria de los de abajo. El pueblo humilde sigue en la lona, sigue revolviendo la basura para comer, sigue explotado con empleos precarios, si es que acaso logró conseguir alguno, cuando no continúa en una desocupación bochornosa y humillante.
El sistema mundial del capitalismo, tanto aquí, en la periferia argentina, como en el centro imperial de Japón, Europa o Estados Unidos, no puede funcionar sin combinar el consenso con la represión. El gobierno del presidente Kirchner y del gobernador Solá, cabezas actuales de la dominación política en nuestro capitalismo, no son la excepción. Sus "opositores", desde Blumberg hasta Lopez Murphy, pasando por Macri y Carrió, son hilos de la misma red. Con perfume o sin él, con buenos modales o sin ellos, con frases políticamente correctas o sin ellas, todos avalan la continuidad de un sistema capitalista donde el mercado manda, los empresarios ordenan y los funcionarios políticos de turno obedecen.
No se trata sólo de un gobernador, no se trata aólo de un ministro, no se trata aólo de un presidente. Se trata de todo un sistema de dominación del cual secretarios, subsecretarios, gobernadores, ministros y presidente no son más que simples representantes. Los ex piqueteros hoy transformados en funcionarios de saco y corbata forman parte de este mismo elenco de obsecuentes.
Ese sistema de dominación ha sido, es y será cruel y sanguinario. Acá en Argentina y en cualquier parte del mundo. Así nació y así morirá: explotando, marginando, controlando, vigilando, reprimiendo, secuestrando, torturando, asesinando y al mismo tiempo intentando convencer que esas matanzas, esos secuestros, esas represiones son justas y legítimas. La zanahoria y el garrote, el león y la zorra. Así ha sido y así será.
La escandalosa desaparición de Julio López -en plena república burguesa parlamentaria, pues nos oponemos a denominarla "democracia"- constituye un nuevo ataque contra el campo popular al que se pretende disciplinar, amedrentar y "ejemplificar". Una nueva herida que se suma a todas las que llevamos en la espalda bajo la dominación capitalista.
Discrepamos y rechazamos de plano cualquier declaración, venga de donde venga, que pretenda sembrar dudas sobre la víctima para legitimar al gobierno o eludir sus responsabilidades en el impostergable y urgente esclarecimiento de esta desaparición. Ese tipo de aseveraciones, inoportunas, erróneas y totalmente fuera de lugar, nos hacen recordar el tristemente célebre "por algo será".
No esperemos el regreso de los secuestros, las operaciones sucias de la policía y los servicios -al viejo estilo de la Triple A -para terminar con la ingenuidad. Reiteramos: el núcleo duro del aparato de estado -ese que no se vota y que permanece firme elección tras elección- sigue intacto. La dominación capitalista lo necesita bien aceitadito.
Nuestros enemigos siguen siendo enemigos. La ingenuidad política del pasado nos costó demasiada sangre, demasiada tragedia, demasiada pérdida de seres queridos. No nos podemos tropezar dos veces con la misma piedra.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2006
Neoliberalismo indígena: Evo ejecuta la política minera de "Goni"
x Econoticiasbolivia.com
El gobierno del presidente Evo Morales dijo una gran verdad cuando acusó al neoliberalismo de ser el causante de la masacre de Huanuni, que dejó a principios de octubre casi una veintena de muertos a bala y dinamita y más de una cincuentena de heridos. Lo que no dijo, sin embargo, es que el actual gobierno de izquierda indigenista continúa aplicando, con todo su rigor, esa misma política minera neoliberal, diseñada y ejecutada por el millonario ex presidente y dueño de minas Gonzalo "Goni" Sánchez de Lozada, derrocado en octubre del 2003 por una insurrección popular
La política minera de Goni, que desmanteló y destruyó en la década de los años 90 la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), entregando en concesiones todos los yacimientos a las grandes transnacionales y a las empresas privadas chicas y cooperativizadas, se mantiene en pie y continúa desarrollándose sin pausa.
En sus primeros ocho meses de gobierno, la política neoliberal indigenista continuó con la privatización del yacimiento de hierro más grande del mundo, entregando el Mutún a la transnacional india de Jindal, con una serie de concesiones onerosas como una millonaria subvención en el precio del gas natural (100 millones de dólares transferidos anualmente a Jindal) y permitiendo la explotación masiva de materias primas con un bajo nivel de industrialización (sólo el 5% del hierro explotado y comercializado se convertirá en acero).
En el resto de la minería, donde las transnacionales controlan dos terceras partes de la producción, la minera chica y cooperativizada privada casi un tercio y el Estado no más del 5%, el gobierno de Evo Morales mantuvo y profundizó el saqueo privado de los yacimientos y reservas con escaso o nulo beneficio para el país. Desde los años 90, bajo el poder de la oligarquía minera y petrolatifundista encarnada en Sánchez de Lozada, la explotación minera generó millonarias utilidades para las transnacionales y para todo el sector privado, dejando migajas para el Estado boliviano.
Hasta el 2004, cada año la minería boliviana exportaba anualmente cerca de 500 millones de dólares y aportaba apenas 11 millones de dólares en impuestos y regalías al Estado. Esta política, impuesta por Goni y el poder minero, se mantiene con todo su rigor durante el gobierno de Morales, estimándose que en el 2006, por el aumento del precio de los minerales, las empresas mineras exportarán más de 1.000 millones de dólares, dejando al Estado no más de 25 millones de dólares en tributos. Las normas, leyes y políticas sectoriales neoliberales son las mismas.
Hasta ahora, los tímidos intentos por aumentar los impuestos y regalías han tropezado con la negativa del Ministerio de Minería, controlado directamente por los cooperativistas privados, que han impuesto el congelamiento de los tributos y la paulatina entrega de más áreas de trabajo de propiedad de la estatal Comibol en beneficio de la inversión privada.
En vez de potenciar a la empresa estatal, que resurge con mucha dificultad desde abajo por la lucha de los sindicatos mineros y la proletaria Federación de Mineros, el gobierno de Morales se puso del lado de las empresas privadas y cooperativistas, que asaltaron Huanuni para intentar ahogar en sangre la lucha por la nacionalización de minas, sin indemnización y bajo control obrero colectivo.
El sueño dorado de los cooperativistas y de las transnacionales es preservar la actual realidad minera, manteniendo al Estado como dueño formal de todos los yacimientos y riquezas mineralógicas, dejando a los privados la explotación y aprovechamiento real de estos recursos no renovables, a cambio de un miserable impuesto.
El gobierno de Morales dio amplias garantías a las transnacionales que operan en la minería. Avaló, asimismo, la irregular y dolosa transferencia de valiosas minas y recursos que hizo el prófugo ex presidente Sanchez de Lozada, que hizo su fortuna explotando los yacimientos de Oruro y Potosí, en beneficio de la transnacional Glencore. Por ley y justicia, esos yacimientos debían pasar a manos del Estado, para compensar en algo el daño económico que ocasionó el genocida. Hay igual garantía jurídica para todos y cada uno de los grandes y pequeños emprendimientos mineros privados.
La entrega del Ministerio de Minería a los cooperativistas, donde hay un fuerte proceso de diferenciación económica y social, con la aparición de socios capitalistas y miles de asalariados en negro, contribuyó además a la mayor privatización de la minería y a liquidar los últimos resabios de la minería estatizada.
"Desde el Ministerio de Minería se viene impulsando la firma de contratos de riesgo compartido con empresas extranjeras, con la particularidad de que las cooperativas mineras se están convirtiendo en la punta de lanza del ingreso de las transnacionales en el sector minero", señala un informe del Cedla, un organismo no gubernamental especializado.
"Los principales propulsores de esa política son los estratos más privilegiados de las cooperativas mineras, una suerte de pequeña burguesía minera que se halla representada en la actual estructura de gobierno con un Ministerio y que busca beneficiarse con el ingreso de las compañías multinacionales en el sector. Estos grupos económico-sociales se hallan gestionando el ingreso de nuevas compañías extranjeras para la explotación de los yacimientos ya existentes, garantizando una "licencia social" que brinde "seguridad jurídica de largo plazo que precisan las inversiones mineras". En esta dirección, se han realizado importantes avances con una empresa china, interesada en invertir 23 millones de dólares en varios proyectos de reactivación", agrega.
La estrategia del sector cooperativista incluye la toma de yacimientos que aún se hallan en manos de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), como Huanuni, Caracollo, Barrosquira, Telamayu, Colquiri, con el objetivo de subastarlos al capital transnacional. La imposición de la orientación política de esta pequeña burguesía minera, es uno de los intereses de clase que permite explicar la actual orientación del gobierno en el sector minero, que desarrolla una política antiestatista. Un ejemplo claro de esta orientación es el caso de la mina Huanuni que, en vez de ser la base para refundar COMIBOL, está amenazada de convertirse en una empresa cooperativizada y un puente para el ingreso de nuevos inversores extranjeros, agrega.
En Huanuni, los trabajadores asalariados impusieron en una lucha de tres años la nacionalización de este yacimiento, entregado a la transnacional Allied Deals en los años 90, y estaban avanzando en el fortalecimiento de la empresa estatal con la contratación de 1.500 nuevos trabajadores y la exigencia de mayores inversiones (43 millones de dólares), según establece un convenio arrancado al gobierno con un bloqueo de carreteras hace dos semanas. Los cooperativistas, en tanto, aduciendo que compraron en un millón de dólares los derechos de esa transnacional, echada del país por evidente fraude, incumplimiento de contratos y daño económico, intentaron apoderarse de Huanuni el pasado jueves, armados de dinamita y bala, y con la abierta complicidad y cobertura del Ministerio de Minería.
Tras velar a los muertos y curar a los heridos, hay en Huanuni una tensa tregua, una pausa apenas, en la lucha por definir si Bolivia avanza hacia la nacionalización de las minas o si, por el contrario, se mantiene la política privatista de Goni bajo el ropaje de la izquierda indigenista
Lo que revelan los documentos de la policía del régimen israelí acerca de la ocupación de Palestina: En el nombre de la seguridad
x Amira Hass
Los servicios de seguridad del régimen israelí tienen mucho cuidado de operar en del marco de un paradigma político nítido: máximo debilitamiento, en todas las formas posibles, de la comunidad nacional palestina, para que no pueda alcanzar su objetivo y establecer un Estado digno de ese nombre
Seis iglesias palestinas de Cisjordania y de la Franja de Gaza han sufrido daños y tentativas de incendio como reacción a las palabras del Papa Benedicto XVI. Portavoces palestinos de toda ideología han condenado esos ataques y han declarado que la nación palestina -cristianos y musulmanes por igual- es una y permanece unida en su lucha contra la ocupación.
Informaciones sobre los ataques en los medios palestinos describen a los perpetradores como "desconocidos". En el subtexto palestino, "desconocido" significa "de identidad sospechosa", una frase que bordea la acusación medio velada de que el servicio de seguridad israelí del Shin Bet ha enviado a agentes provocadores.
En Tubas, donde un intento para quemar una iglesia fracasó gracias a la intervención de los vecinos, la gente decía abiertamente que la persona que lanzó el cóctel molotov podría estar relacionada con el ocupante israelí. Sin embargo, el alcalde de Tubas, Oqab Darghmeh, que evocó esta posibilidad, también sugirió otra opción: quizá el perpetrador actuó por ignorancia.
La mayoría de los críticos, sin embargo, no apuntaron con dedo acusador al Shin Bet. No pueden negar los males que se han hecho tan comunes en la sociedad palestina: conducta criminal y gamberrismo enmascarado bajo la imaginería y la jerga de una lucha de liberación nacional, así como el creciente empleo de armas en conflictos personales y públicos, animados por agentes políticos palestinos que precisan de una atmósfera de caos para poder ser vistos como "fuertes".
Ahora bien, ¿es posible desvincular completamente esas disfunciones de la ocupación israelí?
El último libro del historiador Hillel Cohen, Aravim Tovim (Los buenos árabes), aporta diversas pruebas históricas que avalan la "paranoia" palestina sobre la motivación política oculta tras el control que los israelíes aplican con el pretexto de la seguridad. Aunque el tema del libro es la actividad de los servicios israelíes de seguridad e inteligencia entre los árabes inmediatamente después de 1948, una consistente línea política de acción y pensamiento que se extiende desde los años del Mandato británico hasta la actualidad nos permite extraer conclusiones igualmente aplicables al control israelí sobre los palestinos en Cisjordania y Gaza.
La investigación de Cohen se apoya principalmente en documentos policiales de la época que han sido puestos recientemente a disposición del público (los documentos del Shin Bet siguen estando clasificados). Dichos documentos revelan, por ejemplo, que el abastecimiento de armas a colaboradores por parte de las autoridades locales era una forma de recompensarlos. No obstante, el comité de liaison de las fuerzas de seguridad mencionaba en 1949 que "la distribución de armas a un elemento o a miembros de un grupo puede ser de utilidad para nuestros intereses". Las agencias de seguridad, revela Cohen basándose en documentos escritos, ocasionalmente llegaron incluso a incitar conflictos internos.
Por otro lado, el comité regional para asuntos árabes en el triángulo (el organismo que coordinaba las diferentes agencias de seguridad que operaban en esta región) "no aprueba facilitar educación superior a los habitantes de la región", según las actas de una reunión de 1954, y el comité trabajó para impedir que los árabes fueran aceptados en los centros de enseñanza superiores. Cohen se permite especular que el motivo era su deseo de impedir la creación de una clase educada que pudiera conseguir organizarse y plantear exigencias al Estado.
En otras palabras, los servicios de seguridad israelíes -aunque actuaran por propia iniciativa en diversos lugares- trabajaban en el contexto de un paradigma oficial: robo continuo de tierras, constante fragmentación y debilitamiento de la sociedad árabe, y socavamiento de la posibilidad de que los árabes desarrollaran un liderazgo independiente. Las voces críticas que se alzaron contra las políticas de la Administración Militar -árabes israelíes y el principal partido de la oposición, Maki (el Partido Comunista israelí)- fueron descritas como "paranoicas". Sin embargo, a través de los numerosos ejemplos que incluye en su libro Cohen prueba retroactivamente que aquellas voces críticas tenían razón.
Indirectamente, este libro escrito por un antiguo periodista afirma que uno no debe basarse en la documentación escrita -en documentos que serán hechos públicos dentro de otros 50 años- para dar crédito a un análisis político que difiere del sostenido por los gobernantes. Así pues, no fue sólo por miopía y por negligencia por lo que los territorios palestinos se vieron inundados de armas durante los años 90. No fue la "seguridad" lo que provocó la creación de una casta de nuevos muktars de Fatah que recibieron privilegios especiales denegados a otros palestinos y que venían a profundizaban las tensiones internas. No fue la "miopía" lo que provocó el debilitamiento y la trivialización política de Mahmoud Abbas (Abu Mazen) como presidente de la Autoridad Palestina, igual que no fue por simple ingenuidad por lo que en los Acuerdos de Oslo se omitió el punto principal: la creación de un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967.
No son las decisiones locales de comandantes militares regionales las que están fragmentando Cisjordania en "células territoriales" aisladas. No son exclusivamente consideraciones de índole territorial lo que impide a los estudiantes de Gaza estudiar en Cisjordania y a académicos usamericanos enseñar en instituciones educativas palestinas. En el nombre de la seguridad -aunque no por garantizarla- Israel está fomentando la ignorancia y el deterioro económico en los territorios ocupados.
Según este análisis ?para sustentar el cual las pruebas no escasean?, los servicios de seguridad israelíes tienen mucho cuidado de operar en del marco de un paradigma político nítido: máximo debilitamiento, en todas las formas posibles, de la comunidad nacional palestina, para que no pueda alcanzar su objetivo y establecer un Estado digno de ese nombre de acuerdo con las resoluciones internacionales.
Counterpunch. Traducido para Rebelión por LB. LA HAINE
