Noticias del 31-8-06
El hermano de Chabán sobreseído
A un día de la marcha de familiares, sobrevivientes y amigos la jueza de instrucción María Angélica Crotto sobreseyó al hermano de Omar Chabán, quien fuera acusado de cogerente de Republica Cromañón
Por Marcelo Heredia -NOTICIAS URBANAS
Yamil Chabán, hermano de quien fuera gerenciador de República Cromañón, Omar Chabán, fue sobreseído por la jueza de instrucción María Angélica Crotto.
Yamil fue señalado por el fiscal y por varias de las querellas como el "cogerenciador" de Cromañón que se incendiara el 30 de diciembre del 2004, que provoca la muerte de 194 personas.
Repsol: fiscales ponen en aprietos a Evo
x Econoticiasbolivia.com
Una acción judicial de la Fiscalía de Bolivia en contra de la petrolera Repsol ha puesto nuevamente en figurillas al gobierno de Evo Morales y ha colocado más obstáculos en su intento por alcanzar nuevos acuerdos con una veintena de transnacionales, que aún explotan ilegal e inconstitucionalmente sus millonarias reservas de gas y petróleo
El pasado viernes, fiscales bolivianos allanaron las oficinas de Andina, una filial de Repsol y detuvieron hasta el sábado al síndico de la petrolera Saúl Encinas, en el marco de una investigación sobre un contrato de Repsol con Petrobras que habría ocasionado al Estado un daño económico de 190 millones de dólares, según el Ministerio de Hidrocarburos.
La acción fue entendida por Repsol como una ?sistemática persecución? en su contra, motivó la protesta y preocupación del gobierno de España y obligó al gobierno de Morales a tomar distancia del problema, que es, en el fondo, el último coletazo de su anterior política hidrocarburífera que buscaba, a través de la denuncia y la presión pública, forzar a las transnacionales a llegar a acuerdos.
Esta política, de confrontación verbal, impulsada por el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, fue sustituida la pasada semana por otra de conciliación más amistosa, como la desarrollada con Petrobras y Brasil por el vicepresidente boliviano Alvaro García Linera, que es el nuevo estratega del gas y la nacionalización.
PROMESAS Y CERTEZAS
"Queremos decir a España y a Repsol que el Gobierno de Bolivia apuesta por las negociaciones, por los nuevos contratos. Necesitamos inversión, pero no necesitamos ni patrones ni dueños. Lo hemos dicho antes y seguimos con esta posición (?) Como Gobierno respetamos las investigaciones que hacen los poderes del Estado, el ministerio Público y su tarea, pero el Gobierno jamás va romper relaciones con empresas. Habrá diálogo, concertación, nuevos contratos en el marco del decreto supremo de nacionalización", aseguró Morales, quien a principios de año había asegurado que expulsaría a las petroleras que hubiesen cometido delitos.
El Presidente remarcó que la acción era emprendida por la Fiscalía y no por el Gobierno (aunque la denuncia inicial fue realizada por el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada) y aseguró que algunos medios de comunicación estaban magnificando el asunto.
El presidente Morales dio garantías expresas al gobierno español. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aseguró ayer en Santander que las autoridades bolivianas habían ofrecido su "compromiso político" para "encontrar una solución" mediante "el diálogo" al conflicto surgido como consecuencia del allanamiento de las oficinas Andina, la filial de la petrolera española Repsol YPF en el país sudamericano.
COMPROMISO POLÍTICO
En declaraciones a los medios, Moratinos señaló que el Gobierno español "siempre ha apostado por el diálogo" y "por encontrar una solución que defienda la relación bilateral con Bolivia". En todo caso, incidió en la importancia de salvaguardar también los "intereses" de la empresa española, "y una empresa tan importante como es Repsol", acotó.
"Hemos estado en contacto con el presidente, Evo Morales, con el ministro de Asuntos Exteriores y con otros ministros de Bolivia", destacó Moratinos, quien abogó por "encontrar un marco de cooperación" y "diálogo", y recalcó que el Gobierno boliviano "nos ha dado su compromiso político" para llegar a una "solución" a través del diálogo.
Paralelamente, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mantuvo este fin de semana conversaciones telefónicas con Evo Morales y con el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, que recién se hizo cargo de la conducción de la política hidrocarburífera de Bolivia, así como las negociaciones con las petroleras extranjeras.
Según informó el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, estas negociaciones se iniciarán a partir de mañana y estarán a cargo de un equipo negociador de cinco ministros. Hasta la pasada semana, estas negociaciones, así como la política del gas, era atribución específica de Soliz Rada.
LA REACCIÓN DE REPSOL
Desde Madrid, la compañía Repsol YPF advirtió ayer que si continuaba ?la sistemática persecución de la Fiscalía de Bolivia? contra Andina ?la filial de la petrolera hispano-argentina en el país? ?ejercitará acciones legales en defensa de sus derechos?.
En un comunicado público, la empresa denuncia el ?injustificado registro? que la Fiscalía efectuó el viernes en las oficinas de Andina y dice que observa ?con verdadera preocupación que algunas personas, entre ellas funcionarios del Ministerio Público del Gobierno de Bolivia?, quieran abrir procedimientos penales contra Repsol YPF.
"Estas reiteradas e injustificadas actuaciones obligan a Repsol YPF a plantearse ejercitar acciones legales ante todos los foros de justicia independiente, nacionales e internacionales, en defensa de sus derechos y los de sus empleados", precisa el comunicado. Además, la petrolera expresa su "creciente preocupación por la falta de seguridad jurídica que en la actualidad existe en Bolivia".
Para Repsol, la requisa fiscal es "una medida impropia de un estado de derecho y del respeto al orden jurídico constitucional", ya que el contrato supuestamente irregular y suscrito con la brasileña Petrobras "cumple todos los requisitos de la legislación boliviana" y "en ningún caso ha ocasionado perjuicio económico alguno".
Además, la compañía cree que la actuación del Ministerio Público de Bolivia ha sido "arbitraria" y "carece de todo fundamento".
Andina y Petrobras, encargadas de proveer gas boliviano al Brasil, son acusadas de un "pacto secreto" en 2002. Por ese medio se habría burlado una fórmula de reajuste periódico del precio del energético enviado a Brasil. Y, según la Fiscalía, el Estado boliviano habría perdido entre 160 millones y 190 millones de dólares por este acuerdo.
Bolivia: el gobierno intenta aplacar los conflictos y asegura que no reprimirá las protestas sociales
El presidente de Bolivia, Evo Morales, intenta destrabar los conflictos de maestros y transportistas que realizan huelgas en todo el país y aclaró que su estrategia es dialogar.
"Hay conflictos que el Estado no ha podido resolver, porque hay en el país una gran deuda social atrasada. Respondemos a todas las reivindicaciones dentro de las posibilidades del Tesoro nacional, pero no es posible atenderlo todo", aseguró viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada.
El Gobierno aseguró que no reprimirá las protestas sociales e intenta llegar a un acuerdo con los gremios para aplacar los conflictos. El principal problema es con los maestros que piden la renuncia del ministro de Educación, el intelectual aymara Félix Patzi.-periodismo.com-
Venezuela y Siria se unen frente a 'las agresiones' de EEUU
El presidente venezolano Hugo Chávez se reunió en Damasco con su par sirio Bashar Asad y ambos acordaron construir un nuevo mundo libre de dominio estadounidense.
Chávez aseguró que Venezuela y Siria están "firmemente unidos" en contra de las "agresiones" y las "intenciones hegemónicas del imperio" de los Estados Unidos.
Ambos mandatarios coincidieron en rechazar el intento de "menoscabar la soberanía de otros países". El presidente de Venezuela además exigió a Israel que levante el bloqueo y se retire de Líbano.
Chávez describió a Assad como "un amigo fraternal y un hombre firme que no se inclina ante la presión. Es un hombre que tiene un extraño y sincero valor en estos días".
Mexico- Capacita el gobierno a grupos de ''disuasión'' tipo halcones La Jornada
31 de agosto de 2006
PFP y AFI, encargadas del curso en instalaciones militares de Guanajuato y la base aérea de Santa Lucía
Gustavo CAstillo Garcia
El gobierno federal capacita en instalaciones militares de Guanajuato y la base aérea de Santa Lucía, en el estado de México, grupos de ''disuasión'' que tienen como propósito la detención de los líderes (a quienes se acusaría del delito de rebeldía) de los movimientos de resistencia civil y la desarticulación de los mismos, lo que podría ocurrir en los días posteriores al sexto Informe de gobierno de Vicente Fox, antes de la eventual toma de posesión de Felipe Calderón Hinojosa, revelaron funcionarios de áreas de inteligencia del gobierno mexicano.
Al menos mil 200 hombres, con estudios mínimos de bachillerato y divididos en grupos -dos adscritos a la Policía Federal Preventiva (PFP) y dos más a la Agencia Federal de Investigación (AFI)-, fueron ''contratados'' bajo la condición de mantener en absoluto secreto la existencia de estas ''brigadas''.
Prevención ''antisubversiva''
Estos hombres conforman unidades distintas a la sexta Brigada de Infantería Ligera del Ejército Mexicano, con sede en la ciudad de México, lista para contrarrestar cualquier ''acto subversivo'' que se presente en los próximos días.
Cada grupo, denominado compañía, está dividido en células y cada una de ellas está compuesta por 40 personas adiestradas en infiltración, manejo de armas de fuego y defensa personal, así como en tácticas de contrainsurgencia y labores de inteligencia.
De acuerdo con las fuentes consultadas, en el proceso de capacitación de estas brigadas estarían participando algunos integrantes del grupo que en los años 70 se conoció como Los Halcones, que dirigía el entonces coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa.
Los funcionarios entrevistados indicaron que los jóvenes que aceptaron formar parte de estos grupos fueron previamente seleccionados aplicando los mecanismos que se utilizan para contratar personal en instituciones de seguridad, tales como exámenes antidoping, socioeconómicos y poligráficos.
A los cursos de capacitación, impartidos por militares en retiro y activo, no sólo asisten los reclutados, sino también los jefes regionales del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Según los datos obtenidos, a partir de análisis de inteligencia elaborados principalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Cisen (éste en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública federal), era necesario crear grupos que realizaran ''tareas estratégicas de investigación, disuasión y detención'', pero ajenos al Ejército Mexicano.
Para ello se consideró, refieren los entrevistados, que jóvenes con estudios de preparatoria o superiores sin completar, y sin actividades profesionales, conformaran unidades especializadas para combatir de manera ''discreta acciones que pongan en riesgo la gobernabilidad en la capital del país, así como otras zonas consideradas de alto riesgo''.
A cada uno de estos elementos se les prometió un salario base mensual de 9 mil pesos y una compensación de 12 mil.
Los cursos de capacitación durarían tres meses, y quienes aceptaron también accedieron a no revelar información de sus actividades o misiones encomendadas. De acuerdo con versiones obtenidas de distintos funcionarios de alto nivel -de la Procuraduría General de la República (PGR), Sedena, Cisen y SSP federal-, entre los capacitadores de los reclutados estarían ex integrantes de Los Halcones, algunos de los cuales se mantuvieron como servidores públicos de bajo perfil, impartiendo cursos de defensa personal y artes marciales en centros deportivos.
Cabe recordar que el 10 de junio de 1971 apareció en la ciudad de México un grupo paramilitar que en su intento por detener una marcha de estudiantes y organizaciones civiles atacó con armas de fuego a los manifestantes, provocando lo que hoy se conoce como la matanza del jueves de Corpus. Al grupo se le identificó como Los Halcones, una organización constituida por militares con jóvenes de escasos recursos a los que se capacitó en artes marciales y manejo de armas de fuego en los llanos de San Juan de Aragón, y que supuestamente laboraban en el entonces Departamento del Distrito Federal como recolectores de basura, cuidadores de panteones, vigilantes del Metro y guardabosques, bajo las órdenes de Manuel Díaz Escobar Figueroa.
Tras los sucesos del 10 de junio de 1971, supuestamente el grupo fue disuelto, aunque los militares se reintegraron a las fuerzas armadas en activo; inclusive, su principal líder fue enviado como agregado militar a Chile en 1973, antes del golpe militar de Augusto Pinochet.
Los nuevos grupos, aunque no están conformados por jóvenes sin estudios ni recursos, tienen la misma finalidad que Los Halcones en 1971: desactivar y desarticular cualquier núcleo que intente acciones consideradas subversivas por el gobierno federal.
Los elementos que integran los ''grupos de disuasión'' no están obligados a parecer militares; inclusive, a algunos se les pidió que se dejaran crecer el cabello y no cambiar sus modales ni su conducta pública, a fin de ''pasar lo más desapercibidos posible''.
Los entrevistados mencionaron que ex integrantes de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) se negaron a participar en los cursos de capacitación, infiltración o recopilación de información para estas acciones o grupos.
Según las fuentes consultadas, los grupos recién constituidos actuarán en coordinación con la sexta Brigada de Infantería Ligera de la Sedena, integrada también por alrededor de mil 200 elementos, y capacitados en acciones de contrainsurgencia en zonas urbanas.
Detenciones ''discretas''
A pesar de ello, las fuentes revelaron que en semanas recientes los altos mandos de la Sedena dejaron en manos del presidente Vicente Fox Quesada la decisión de utilizar al Ejército para desalojar a manifestantes, situación que obligó al ala civil del gobierno federal a considerar que sólo los grupos creados, que están auspiciados por la AFI y la SSP federal, sean los encargados de las aprehensiones.
El operativo, al cual no se le ha puesto fecha, contempla que los integrantes de las mencionadas brigadas de disuasión no utilicen armas de fuego, que realicen detenciones de manera selectiva lo más discretas posible y, en dado caso, serían apoyados con gases lacrimógenos y otros químicos que afectarían las vías respiratorias de sus oponentes, indicaron los entrevistados.
Las acciones estarían reapaldadas por alrededor de mil 500 elementos de la Policía Federal Preventiva, pertenecientes a las Fuerzas Federales de Apoyo, que en su mayoría están conformadas por miembros de la Policía Militar, y que resguardarán los edificios federales que se localizan en la ciudad de México, así como por integrantes de la sexta Brigada de Infantería Ligera de la Secretaría de la Defensa.
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La violencia en El Salvador "está fuera de control"
SAN SALVADOR (AFP) - La Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador advirtió este lunes que la criminalidad se encuentra "fuera de control" en este país, y se sumó a los cuestionamientos por la incapacidad para afrontar ese flagelo que a diario deja un promedio de 12 asesinatos.
"La criminalidad con la particular complejidad que la caracteriza, es uno de los focos de violencia que se encuentra fuera de todo control. Tanto es así que el mundo del crimen tiene al país al borde de la ruptura territorial, legal, institucional y económica", aseguró la UCA en su semanario Proceso.
El análisis de la UCA advierte que en El Salvador se está produciendo otra configuración: "la de los terriorios controlados por bandas del crimen organizado que ejercen en ellos su propia autoridad, al margen y en contra de las autoridades oficialmente constituidas".
Con escasos 20.742 km2 y 6,9 millones de habitantes, El Salvador afronta una ola de violencia desatada por la delincuencia y pandillas que deja 12 muertos y unos 500 asaltos a mano armada por día.
A los homicidios se suman las generalizadas extorsiones a transportistas y establecimientos comerciales, tanto en la capital como en el departamento de San Miguel, donde a falta de seguridad apareció la última semana un escuadrón clandestino que amenaza con matar a los delincuentes.
"Estamos frente a un desbordamiento de la violencia criminal, la zozobra se apodera de las personas, mientras los grupos delincuenciales y de maras (pandillas) aumentan", declaró a la AFP el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos Miguel Montenegro.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) se suma al clamor generalizado de afrontar la criminalidad con una política preventiva y no con "las fracasadas" operaciones represivas de "Súper mano dura".
A pesar de contar con más de 16.000 efectivos policiales, El Salvador vive un incremento sostenido de la delincuencia tras el fin de una guerra civil de 12 años en 1992, cuando fueron desmovilizados unos 7.800 guerrilleros y un poco más de 30.000 efectivos del ejército.
"Los niveles de criminalidad existentes en El Salvador son verdaderamente alarmantes. Prácticamente, desde el fin de la guerra civil, el país (16 de enero de 1992) no ha conocido un momento de paz social", aseguró la UCA.
El domingo, el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz, demandó "depurar" la Policía Nacional Civil (PNC), duramente cuestionada por diferentes sectores por su ineficaz labor de seguridad ciudadana, y también reprochó la aparición de un escuadrón de exterminio tras indicar que "nadie tiene la justicia en sus manos".
DERECHOS HUMANOS:
Desaparecidos, pero no olvidados
Por Mithre J. Sandrasagra
NACIONES UNIDAS, 30 ago (IPS) - Cientos de personas han desaparecido en el marco de la denominada "guerra contra el terror", sin que sus familiares conozcan su paradero y sin que sus abogados puedan asumir su defensa, advirtieron expertos internacionales.
"La desaparición forzada equivale a borrar la existencia de una persona y le niega la protección básica a la que todos tienen derecho, sin importar si son culpables o inocentes", dijo este miércoles Philip Spoerri, director jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja.
"El daño a las víctimas es persistente y de gran alcance, y afecta no sólo a los individuos sino también a las sociedades en las que viven", enfatizó Spoerri, en ocasión del Día Internacional de las Personas Desaparecidas.
Desde su creación en 1980, el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha denunciado más de 50.000 casos individuales a los gobiernos de más de 90 países.
"El Grupo de Trabajo está profundamente preocupado por la gran cantidad de informes sobre desaparición forzada elevados el año pasado", indicó el cuerpo en una declaración publicada este miércoles.
"Se recibieron muchos informes sobe desaparición de niños y algunos de personas con discapacidad física y mental", indicó el grupo de cinco expertos, representantes de los gobiernos de Canadá, Croacia, Irán, México y Nigeria.
El organismo también mencionó amenazas contra activistas de derechos humanos, familiares de desaparecidos, testigos y abogados.
Al mismo tiempo, las actividades "antiterroristas" son "usadas cada vez por más estados como excusa para no respetar las obligaciones de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas de la Desaparición Forzada", aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1992, añadió el grupo.
El cuerpo de expertos urgió a los gobiernos a tratar todos los casos de desaparición forzada como delito, un paso legislativo que hasta ahora pocos países han dado.
Además, recomendó a la Asamblea General la aprobación del tratado al respecto elaborado por el flamante Consejo de Derechos Humanos, cuando comience en septiembre la sesión anual del organismo en presencia de jefes de Estado y de gobierno.
En los Balcanes, desaparecieron miles de personas como consecuencia de los conflictos de Serbia con Bosnia-Herzegovina, Croacia y Kosovo, indicó la Cruz Roja.
De más de 33.000 solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas recibidas por la organización desde el inicio de las hostilidades, aún resta hallar a 18.555. De ese total, 13.862 corresponden a Bosnia-Herzegovina, 2.409 a Croacia y 2.284 a Kosovo.
El representante especial de la ONU en Kosovo aprovechó la ocasión para llamar a todas las partes involucradas a determinar el destino de los aún desaparecidos en la provincia, donde tropas occidentales desalojaron a las de Serbia en 1999.
La retórica antiterrorista desplegada por Estados Unidos es utilizada hoy para justificar los patrones ya existentes de violación de derechos humanos, según la organización Amnistía Internacional.
Los informes realizados por generales estadounidenses luego del escándalo de torturas en la prisión iraquí de Abu Ghraib documentaron, entre otros abusos, la existencia de lo que se denominó "detenidos fantasma".
Se trata de prisioneros mantenidos en secreto y trasladados de una a otra prisión, de modo de quedar al margen de las visitas de la Cruz Roja.
El informe del general Antonio Taguba describió este tipo de maniobras como "engañosa, contraria a la doctrina del ejército y violatoria del derecho internacional".
Amnistía también reveló este miércoles que la guerra contra el terrorismo originó en Asia meridional nuevos patrones de desaparición forzada en países como Nepal y Sri Lanka.
Un comité del gobierno nepalés anunció el mes pasado que investigaba 600 casos pendientes, pero activistas de derechos humanos elevan esa cifra a más de 1.000.
Sri Lanka sufre una de las mayores proporciones de casos de desaparición forzada sin resolver.
Mientras, en el estado indio de Jammu y Cachemira, territorio de disputas con Pakistán, se registraron entre 8.000 y 10.000 casos de desaparición desde 1989, según Amnistía.
La organización considera que varios cientos de personas desaparecieron en Pakistán en el marco de la guerra contra el terrorismo.
Muchos de ellos aparecieron en la prisión de la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, pero otros están, al parecer, detenidos en cárceles pakistaníes, sin que se haya revelado su paradero.
Desde el inicio del estado de emergencia en agosto de 2005 en Sri Lanka, se registraron 62 casos de desaparición. La Comisión de Derechos Humanos de ese país también investiga la situación de 183 personas cuyo paradero se desconoce.
El año pasado, el Grupo de Trabajo de la ONU pidió a los gobiernos investigar 550 casos de desaparición.
"Unos pocos responsables por esos actos han sido llamados a la responsabilidad. La impunidad crea un clima social en que no hay confianza en las instituciones, y, por lo tanto, tampoco estabilidad", advirtió Spoerri.
Las familias de los desaparecidos de todo el mundo luchan contra la impunidad desde hace muchas décadas, entre otras cosas urgiendo a la aprobación de un tratado internacional al respecto.
Tras 25 años de campaña, el flamante Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el 29 de junio la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
Para entrar en vigor, el tratado debe ser adoptado por la Asamblea General y luego firmado y ratificado por los estados. (FIN/2006)
Irán advierte que no aceptará presiones, horas antes del fin del ultimátum de la ONU
El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, declaró que su país "no cederá a la intimidación" del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que dio un ultimátum para que abandone su programa nuclear.
"Irán no retrocederá una pulgada, y no aceptará que se le prive de sus derechos", dijo el mandatario horas antes del fin del ultimátum.
El presidente agregó que "la nación iraní nunca abandonará su derecho obvio a la tecnología nuclear pacífica" y afirmó que seguirán con el proceso de enriquecimiento de uranio.
El Consejo dio un plazo hasta el 31 de agosto para que se suspenda el plan al que acusa de perseguir fines bélicos, pero aclaró que por ahora no aplicará sanciones. -periodismo.com-
A un día de la marcha de familiares, sobrevivientes y amigos la jueza de instrucción María Angélica Crotto sobreseyó al hermano de Omar Chabán, quien fuera acusado de cogerente de Republica Cromañón
Por Marcelo Heredia -NOTICIAS URBANAS
Yamil Chabán, hermano de quien fuera gerenciador de República Cromañón, Omar Chabán, fue sobreseído por la jueza de instrucción María Angélica Crotto.
Yamil fue señalado por el fiscal y por varias de las querellas como el "cogerenciador" de Cromañón que se incendiara el 30 de diciembre del 2004, que provoca la muerte de 194 personas.
Repsol: fiscales ponen en aprietos a Evo
x Econoticiasbolivia.com
Una acción judicial de la Fiscalía de Bolivia en contra de la petrolera Repsol ha puesto nuevamente en figurillas al gobierno de Evo Morales y ha colocado más obstáculos en su intento por alcanzar nuevos acuerdos con una veintena de transnacionales, que aún explotan ilegal e inconstitucionalmente sus millonarias reservas de gas y petróleo
El pasado viernes, fiscales bolivianos allanaron las oficinas de Andina, una filial de Repsol y detuvieron hasta el sábado al síndico de la petrolera Saúl Encinas, en el marco de una investigación sobre un contrato de Repsol con Petrobras que habría ocasionado al Estado un daño económico de 190 millones de dólares, según el Ministerio de Hidrocarburos.
La acción fue entendida por Repsol como una ?sistemática persecución? en su contra, motivó la protesta y preocupación del gobierno de España y obligó al gobierno de Morales a tomar distancia del problema, que es, en el fondo, el último coletazo de su anterior política hidrocarburífera que buscaba, a través de la denuncia y la presión pública, forzar a las transnacionales a llegar a acuerdos.
Esta política, de confrontación verbal, impulsada por el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, fue sustituida la pasada semana por otra de conciliación más amistosa, como la desarrollada con Petrobras y Brasil por el vicepresidente boliviano Alvaro García Linera, que es el nuevo estratega del gas y la nacionalización.
PROMESAS Y CERTEZAS
"Queremos decir a España y a Repsol que el Gobierno de Bolivia apuesta por las negociaciones, por los nuevos contratos. Necesitamos inversión, pero no necesitamos ni patrones ni dueños. Lo hemos dicho antes y seguimos con esta posición (?) Como Gobierno respetamos las investigaciones que hacen los poderes del Estado, el ministerio Público y su tarea, pero el Gobierno jamás va romper relaciones con empresas. Habrá diálogo, concertación, nuevos contratos en el marco del decreto supremo de nacionalización", aseguró Morales, quien a principios de año había asegurado que expulsaría a las petroleras que hubiesen cometido delitos.
El Presidente remarcó que la acción era emprendida por la Fiscalía y no por el Gobierno (aunque la denuncia inicial fue realizada por el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada) y aseguró que algunos medios de comunicación estaban magnificando el asunto.
El presidente Morales dio garantías expresas al gobierno español. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aseguró ayer en Santander que las autoridades bolivianas habían ofrecido su "compromiso político" para "encontrar una solución" mediante "el diálogo" al conflicto surgido como consecuencia del allanamiento de las oficinas Andina, la filial de la petrolera española Repsol YPF en el país sudamericano.
COMPROMISO POLÍTICO
En declaraciones a los medios, Moratinos señaló que el Gobierno español "siempre ha apostado por el diálogo" y "por encontrar una solución que defienda la relación bilateral con Bolivia". En todo caso, incidió en la importancia de salvaguardar también los "intereses" de la empresa española, "y una empresa tan importante como es Repsol", acotó.
"Hemos estado en contacto con el presidente, Evo Morales, con el ministro de Asuntos Exteriores y con otros ministros de Bolivia", destacó Moratinos, quien abogó por "encontrar un marco de cooperación" y "diálogo", y recalcó que el Gobierno boliviano "nos ha dado su compromiso político" para llegar a una "solución" a través del diálogo.
Paralelamente, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mantuvo este fin de semana conversaciones telefónicas con Evo Morales y con el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, que recién se hizo cargo de la conducción de la política hidrocarburífera de Bolivia, así como las negociaciones con las petroleras extranjeras.
Según informó el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, estas negociaciones se iniciarán a partir de mañana y estarán a cargo de un equipo negociador de cinco ministros. Hasta la pasada semana, estas negociaciones, así como la política del gas, era atribución específica de Soliz Rada.
LA REACCIÓN DE REPSOL
Desde Madrid, la compañía Repsol YPF advirtió ayer que si continuaba ?la sistemática persecución de la Fiscalía de Bolivia? contra Andina ?la filial de la petrolera hispano-argentina en el país? ?ejercitará acciones legales en defensa de sus derechos?.
En un comunicado público, la empresa denuncia el ?injustificado registro? que la Fiscalía efectuó el viernes en las oficinas de Andina y dice que observa ?con verdadera preocupación que algunas personas, entre ellas funcionarios del Ministerio Público del Gobierno de Bolivia?, quieran abrir procedimientos penales contra Repsol YPF.
"Estas reiteradas e injustificadas actuaciones obligan a Repsol YPF a plantearse ejercitar acciones legales ante todos los foros de justicia independiente, nacionales e internacionales, en defensa de sus derechos y los de sus empleados", precisa el comunicado. Además, la petrolera expresa su "creciente preocupación por la falta de seguridad jurídica que en la actualidad existe en Bolivia".
Para Repsol, la requisa fiscal es "una medida impropia de un estado de derecho y del respeto al orden jurídico constitucional", ya que el contrato supuestamente irregular y suscrito con la brasileña Petrobras "cumple todos los requisitos de la legislación boliviana" y "en ningún caso ha ocasionado perjuicio económico alguno".
Además, la compañía cree que la actuación del Ministerio Público de Bolivia ha sido "arbitraria" y "carece de todo fundamento".
Andina y Petrobras, encargadas de proveer gas boliviano al Brasil, son acusadas de un "pacto secreto" en 2002. Por ese medio se habría burlado una fórmula de reajuste periódico del precio del energético enviado a Brasil. Y, según la Fiscalía, el Estado boliviano habría perdido entre 160 millones y 190 millones de dólares por este acuerdo.
Bolivia: el gobierno intenta aplacar los conflictos y asegura que no reprimirá las protestas sociales
El presidente de Bolivia, Evo Morales, intenta destrabar los conflictos de maestros y transportistas que realizan huelgas en todo el país y aclaró que su estrategia es dialogar.
"Hay conflictos que el Estado no ha podido resolver, porque hay en el país una gran deuda social atrasada. Respondemos a todas las reivindicaciones dentro de las posibilidades del Tesoro nacional, pero no es posible atenderlo todo", aseguró viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada.
El Gobierno aseguró que no reprimirá las protestas sociales e intenta llegar a un acuerdo con los gremios para aplacar los conflictos. El principal problema es con los maestros que piden la renuncia del ministro de Educación, el intelectual aymara Félix Patzi.-periodismo.com-
Venezuela y Siria se unen frente a 'las agresiones' de EEUU
El presidente venezolano Hugo Chávez se reunió en Damasco con su par sirio Bashar Asad y ambos acordaron construir un nuevo mundo libre de dominio estadounidense.
Chávez aseguró que Venezuela y Siria están "firmemente unidos" en contra de las "agresiones" y las "intenciones hegemónicas del imperio" de los Estados Unidos.
Ambos mandatarios coincidieron en rechazar el intento de "menoscabar la soberanía de otros países". El presidente de Venezuela además exigió a Israel que levante el bloqueo y se retire de Líbano.
Chávez describió a Assad como "un amigo fraternal y un hombre firme que no se inclina ante la presión. Es un hombre que tiene un extraño y sincero valor en estos días".
Mexico- Capacita el gobierno a grupos de ''disuasión'' tipo halcones La Jornada
31 de agosto de 2006
PFP y AFI, encargadas del curso en instalaciones militares de Guanajuato y la base aérea de Santa Lucía
Gustavo CAstillo Garcia
El gobierno federal capacita en instalaciones militares de Guanajuato y la base aérea de Santa Lucía, en el estado de México, grupos de ''disuasión'' que tienen como propósito la detención de los líderes (a quienes se acusaría del delito de rebeldía) de los movimientos de resistencia civil y la desarticulación de los mismos, lo que podría ocurrir en los días posteriores al sexto Informe de gobierno de Vicente Fox, antes de la eventual toma de posesión de Felipe Calderón Hinojosa, revelaron funcionarios de áreas de inteligencia del gobierno mexicano.
Al menos mil 200 hombres, con estudios mínimos de bachillerato y divididos en grupos -dos adscritos a la Policía Federal Preventiva (PFP) y dos más a la Agencia Federal de Investigación (AFI)-, fueron ''contratados'' bajo la condición de mantener en absoluto secreto la existencia de estas ''brigadas''.
Prevención ''antisubversiva''
Estos hombres conforman unidades distintas a la sexta Brigada de Infantería Ligera del Ejército Mexicano, con sede en la ciudad de México, lista para contrarrestar cualquier ''acto subversivo'' que se presente en los próximos días.
Cada grupo, denominado compañía, está dividido en células y cada una de ellas está compuesta por 40 personas adiestradas en infiltración, manejo de armas de fuego y defensa personal, así como en tácticas de contrainsurgencia y labores de inteligencia.
De acuerdo con las fuentes consultadas, en el proceso de capacitación de estas brigadas estarían participando algunos integrantes del grupo que en los años 70 se conoció como Los Halcones, que dirigía el entonces coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa.
Los funcionarios entrevistados indicaron que los jóvenes que aceptaron formar parte de estos grupos fueron previamente seleccionados aplicando los mecanismos que se utilizan para contratar personal en instituciones de seguridad, tales como exámenes antidoping, socioeconómicos y poligráficos.
A los cursos de capacitación, impartidos por militares en retiro y activo, no sólo asisten los reclutados, sino también los jefes regionales del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Según los datos obtenidos, a partir de análisis de inteligencia elaborados principalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Cisen (éste en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública federal), era necesario crear grupos que realizaran ''tareas estratégicas de investigación, disuasión y detención'', pero ajenos al Ejército Mexicano.
Para ello se consideró, refieren los entrevistados, que jóvenes con estudios de preparatoria o superiores sin completar, y sin actividades profesionales, conformaran unidades especializadas para combatir de manera ''discreta acciones que pongan en riesgo la gobernabilidad en la capital del país, así como otras zonas consideradas de alto riesgo''.
A cada uno de estos elementos se les prometió un salario base mensual de 9 mil pesos y una compensación de 12 mil.
Los cursos de capacitación durarían tres meses, y quienes aceptaron también accedieron a no revelar información de sus actividades o misiones encomendadas. De acuerdo con versiones obtenidas de distintos funcionarios de alto nivel -de la Procuraduría General de la República (PGR), Sedena, Cisen y SSP federal-, entre los capacitadores de los reclutados estarían ex integrantes de Los Halcones, algunos de los cuales se mantuvieron como servidores públicos de bajo perfil, impartiendo cursos de defensa personal y artes marciales en centros deportivos.
Cabe recordar que el 10 de junio de 1971 apareció en la ciudad de México un grupo paramilitar que en su intento por detener una marcha de estudiantes y organizaciones civiles atacó con armas de fuego a los manifestantes, provocando lo que hoy se conoce como la matanza del jueves de Corpus. Al grupo se le identificó como Los Halcones, una organización constituida por militares con jóvenes de escasos recursos a los que se capacitó en artes marciales y manejo de armas de fuego en los llanos de San Juan de Aragón, y que supuestamente laboraban en el entonces Departamento del Distrito Federal como recolectores de basura, cuidadores de panteones, vigilantes del Metro y guardabosques, bajo las órdenes de Manuel Díaz Escobar Figueroa.
Tras los sucesos del 10 de junio de 1971, supuestamente el grupo fue disuelto, aunque los militares se reintegraron a las fuerzas armadas en activo; inclusive, su principal líder fue enviado como agregado militar a Chile en 1973, antes del golpe militar de Augusto Pinochet.
Los nuevos grupos, aunque no están conformados por jóvenes sin estudios ni recursos, tienen la misma finalidad que Los Halcones en 1971: desactivar y desarticular cualquier núcleo que intente acciones consideradas subversivas por el gobierno federal.
Los elementos que integran los ''grupos de disuasión'' no están obligados a parecer militares; inclusive, a algunos se les pidió que se dejaran crecer el cabello y no cambiar sus modales ni su conducta pública, a fin de ''pasar lo más desapercibidos posible''.
Los entrevistados mencionaron que ex integrantes de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) se negaron a participar en los cursos de capacitación, infiltración o recopilación de información para estas acciones o grupos.
Según las fuentes consultadas, los grupos recién constituidos actuarán en coordinación con la sexta Brigada de Infantería Ligera de la Sedena, integrada también por alrededor de mil 200 elementos, y capacitados en acciones de contrainsurgencia en zonas urbanas.
Detenciones ''discretas''
A pesar de ello, las fuentes revelaron que en semanas recientes los altos mandos de la Sedena dejaron en manos del presidente Vicente Fox Quesada la decisión de utilizar al Ejército para desalojar a manifestantes, situación que obligó al ala civil del gobierno federal a considerar que sólo los grupos creados, que están auspiciados por la AFI y la SSP federal, sean los encargados de las aprehensiones.
El operativo, al cual no se le ha puesto fecha, contempla que los integrantes de las mencionadas brigadas de disuasión no utilicen armas de fuego, que realicen detenciones de manera selectiva lo más discretas posible y, en dado caso, serían apoyados con gases lacrimógenos y otros químicos que afectarían las vías respiratorias de sus oponentes, indicaron los entrevistados.
Las acciones estarían reapaldadas por alrededor de mil 500 elementos de la Policía Federal Preventiva, pertenecientes a las Fuerzas Federales de Apoyo, que en su mayoría están conformadas por miembros de la Policía Militar, y que resguardarán los edificios federales que se localizan en la ciudad de México, así como por integrantes de la sexta Brigada de Infantería Ligera de la Secretaría de la Defensa.
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La violencia en El Salvador "está fuera de control"
SAN SALVADOR (AFP) - La Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador advirtió este lunes que la criminalidad se encuentra "fuera de control" en este país, y se sumó a los cuestionamientos por la incapacidad para afrontar ese flagelo que a diario deja un promedio de 12 asesinatos.
"La criminalidad con la particular complejidad que la caracteriza, es uno de los focos de violencia que se encuentra fuera de todo control. Tanto es así que el mundo del crimen tiene al país al borde de la ruptura territorial, legal, institucional y económica", aseguró la UCA en su semanario Proceso.
El análisis de la UCA advierte que en El Salvador se está produciendo otra configuración: "la de los terriorios controlados por bandas del crimen organizado que ejercen en ellos su propia autoridad, al margen y en contra de las autoridades oficialmente constituidas".
Con escasos 20.742 km2 y 6,9 millones de habitantes, El Salvador afronta una ola de violencia desatada por la delincuencia y pandillas que deja 12 muertos y unos 500 asaltos a mano armada por día.
A los homicidios se suman las generalizadas extorsiones a transportistas y establecimientos comerciales, tanto en la capital como en el departamento de San Miguel, donde a falta de seguridad apareció la última semana un escuadrón clandestino que amenaza con matar a los delincuentes.
"Estamos frente a un desbordamiento de la violencia criminal, la zozobra se apodera de las personas, mientras los grupos delincuenciales y de maras (pandillas) aumentan", declaró a la AFP el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos Miguel Montenegro.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) se suma al clamor generalizado de afrontar la criminalidad con una política preventiva y no con "las fracasadas" operaciones represivas de "Súper mano dura".
A pesar de contar con más de 16.000 efectivos policiales, El Salvador vive un incremento sostenido de la delincuencia tras el fin de una guerra civil de 12 años en 1992, cuando fueron desmovilizados unos 7.800 guerrilleros y un poco más de 30.000 efectivos del ejército.
"Los niveles de criminalidad existentes en El Salvador son verdaderamente alarmantes. Prácticamente, desde el fin de la guerra civil, el país (16 de enero de 1992) no ha conocido un momento de paz social", aseguró la UCA.
El domingo, el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz, demandó "depurar" la Policía Nacional Civil (PNC), duramente cuestionada por diferentes sectores por su ineficaz labor de seguridad ciudadana, y también reprochó la aparición de un escuadrón de exterminio tras indicar que "nadie tiene la justicia en sus manos".
DERECHOS HUMANOS:
Desaparecidos, pero no olvidados
Por Mithre J. Sandrasagra
NACIONES UNIDAS, 30 ago (IPS) - Cientos de personas han desaparecido en el marco de la denominada "guerra contra el terror", sin que sus familiares conozcan su paradero y sin que sus abogados puedan asumir su defensa, advirtieron expertos internacionales.
"La desaparición forzada equivale a borrar la existencia de una persona y le niega la protección básica a la que todos tienen derecho, sin importar si son culpables o inocentes", dijo este miércoles Philip Spoerri, director jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja.
"El daño a las víctimas es persistente y de gran alcance, y afecta no sólo a los individuos sino también a las sociedades en las que viven", enfatizó Spoerri, en ocasión del Día Internacional de las Personas Desaparecidas.
Desde su creación en 1980, el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha denunciado más de 50.000 casos individuales a los gobiernos de más de 90 países.
"El Grupo de Trabajo está profundamente preocupado por la gran cantidad de informes sobre desaparición forzada elevados el año pasado", indicó el cuerpo en una declaración publicada este miércoles.
"Se recibieron muchos informes sobe desaparición de niños y algunos de personas con discapacidad física y mental", indicó el grupo de cinco expertos, representantes de los gobiernos de Canadá, Croacia, Irán, México y Nigeria.
El organismo también mencionó amenazas contra activistas de derechos humanos, familiares de desaparecidos, testigos y abogados.
Al mismo tiempo, las actividades "antiterroristas" son "usadas cada vez por más estados como excusa para no respetar las obligaciones de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas de la Desaparición Forzada", aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1992, añadió el grupo.
El cuerpo de expertos urgió a los gobiernos a tratar todos los casos de desaparición forzada como delito, un paso legislativo que hasta ahora pocos países han dado.
Además, recomendó a la Asamblea General la aprobación del tratado al respecto elaborado por el flamante Consejo de Derechos Humanos, cuando comience en septiembre la sesión anual del organismo en presencia de jefes de Estado y de gobierno.
En los Balcanes, desaparecieron miles de personas como consecuencia de los conflictos de Serbia con Bosnia-Herzegovina, Croacia y Kosovo, indicó la Cruz Roja.
De más de 33.000 solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas recibidas por la organización desde el inicio de las hostilidades, aún resta hallar a 18.555. De ese total, 13.862 corresponden a Bosnia-Herzegovina, 2.409 a Croacia y 2.284 a Kosovo.
El representante especial de la ONU en Kosovo aprovechó la ocasión para llamar a todas las partes involucradas a determinar el destino de los aún desaparecidos en la provincia, donde tropas occidentales desalojaron a las de Serbia en 1999.
La retórica antiterrorista desplegada por Estados Unidos es utilizada hoy para justificar los patrones ya existentes de violación de derechos humanos, según la organización Amnistía Internacional.
Los informes realizados por generales estadounidenses luego del escándalo de torturas en la prisión iraquí de Abu Ghraib documentaron, entre otros abusos, la existencia de lo que se denominó "detenidos fantasma".
Se trata de prisioneros mantenidos en secreto y trasladados de una a otra prisión, de modo de quedar al margen de las visitas de la Cruz Roja.
El informe del general Antonio Taguba describió este tipo de maniobras como "engañosa, contraria a la doctrina del ejército y violatoria del derecho internacional".
Amnistía también reveló este miércoles que la guerra contra el terrorismo originó en Asia meridional nuevos patrones de desaparición forzada en países como Nepal y Sri Lanka.
Un comité del gobierno nepalés anunció el mes pasado que investigaba 600 casos pendientes, pero activistas de derechos humanos elevan esa cifra a más de 1.000.
Sri Lanka sufre una de las mayores proporciones de casos de desaparición forzada sin resolver.
Mientras, en el estado indio de Jammu y Cachemira, territorio de disputas con Pakistán, se registraron entre 8.000 y 10.000 casos de desaparición desde 1989, según Amnistía.
La organización considera que varios cientos de personas desaparecieron en Pakistán en el marco de la guerra contra el terrorismo.
Muchos de ellos aparecieron en la prisión de la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, pero otros están, al parecer, detenidos en cárceles pakistaníes, sin que se haya revelado su paradero.
Desde el inicio del estado de emergencia en agosto de 2005 en Sri Lanka, se registraron 62 casos de desaparición. La Comisión de Derechos Humanos de ese país también investiga la situación de 183 personas cuyo paradero se desconoce.
El año pasado, el Grupo de Trabajo de la ONU pidió a los gobiernos investigar 550 casos de desaparición.
"Unos pocos responsables por esos actos han sido llamados a la responsabilidad. La impunidad crea un clima social en que no hay confianza en las instituciones, y, por lo tanto, tampoco estabilidad", advirtió Spoerri.
Las familias de los desaparecidos de todo el mundo luchan contra la impunidad desde hace muchas décadas, entre otras cosas urgiendo a la aprobación de un tratado internacional al respecto.
Tras 25 años de campaña, el flamante Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el 29 de junio la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
Para entrar en vigor, el tratado debe ser adoptado por la Asamblea General y luego firmado y ratificado por los estados. (FIN/2006)
Irán advierte que no aceptará presiones, horas antes del fin del ultimátum de la ONU
El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, declaró que su país "no cederá a la intimidación" del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que dio un ultimátum para que abandone su programa nuclear.
"Irán no retrocederá una pulgada, y no aceptará que se le prive de sus derechos", dijo el mandatario horas antes del fin del ultimátum.
El presidente agregó que "la nación iraní nunca abandonará su derecho obvio a la tecnología nuclear pacífica" y afirmó que seguirán con el proceso de enriquecimiento de uranio.
El Consejo dio un plazo hasta el 31 de agosto para que se suspenda el plan al que acusa de perseguir fines bélicos, pero aclaró que por ahora no aplicará sanciones. -periodismo.com-
