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El saneamiento del Riachuelo, sin plazos

Kirchner, Solá y Telerman suscribieron la iniciativa que debatirá el Congreso; no fue declarada la emergencia de la cuenca

Se había anunciado como la presentación del proyecto de ley del gobierno nacional para declarar la emergencia ambiental en la cuenca del Riachuelo. Pero ni la palabra "emergencia" ni "urgencia" figuran en el texto definitivo que firmaron ayer el presidente de la Nación, Néstor Kirchner; el jefe del gobierno porteño, Jorge Telerman, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, en la Casa Rosada. Tampoco figuran plazos ni fechas límite para la ejecución del plan de saneamiento, a pesar de que se había hablado, en principio, de diez años.
El dato no es menor, ya que la iniciativa fue la respuesta al fallo de la Corte Suprema de Justicia en julio último, que ordenó que la Nación, la ciudad y la provincia elaboraran un plan conjunto para sanear el Riachuelo.
El proyecto de ley, que será girado al Congreso, impulsa la creación de una autoridad única sobre la cuenca, responsable de ejecutar y hacer cumplir un plan de saneamiento del Riachuelo. Será un "ente de derecho público interjurisdiccional", dice el proyecto, con facultad de aplicar sanciones, cobrar multas y ejercer poder de policía tanto en la ribera porteña como en los 14 partidos bonaerenses que atraviesa.
De la firma del proyecto participaron los intendentes de esos partidos y autoridades nacionales, porteñas y bonaerenses. Entre ellos Solá, que, pese a lo que omite el texto del proyecto de ley, se animó a hablar de emergencia y a ponerle un plazo. "En cinco años vamos a salir de la emergencia. El presidente dice que en 2007 vamos a salir del infierno para pasar al purgatorio... parece que hubiera un abismo. Pero va a ser un honor, como argentino y como bonaerense, asistir al fin de la emergencia en el Riachuelo."
LA NACION consultó a fuentes de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para saber en qué modificaba el plan de saneamiento el hecho de que no se hubiera declarado la emergencia ambiental, algo que se hizo en el ámbito de la ciudad hace dos semanas.
La explicación fue que la declaración de emergencia supone un plazo de finalización y que el Gobierno busca dar al plan un carácter "permanente", sin fechas de caducidad.
"Hoy estamos creando un instrumento jurídico necesario para sanear la cuenca. Esto es dar una solución definitiva a un problema histórico y tiene que ver con una decisión política de tomar el tema ambiental como un tema de Estado, porque ambiente y derechos humanos van de la mano", explicó Romina Picolotti, secretaria de Medio Ambiente de la Nación, que fue la responsable de presentar el plan.
Después, el micrófono quedó en manos de Telerman, de Solá y, por último, del jefe de Gabinete de la Nación, Alberto Fernández. El Presidente no hizo declaraciones. Cuando le llegó el momento, tomó el proyecto de ley y le estampó su firma con una birome Bic.
Si la iniciativa prospera, existirá una Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), que será el eje político del plan de saneamiento. Tendrá como "responsabilidad principal la recuperación de los recursos naturales y la restauración de la calidad ambiental" del río.
Entre las acciones concretas para las que quedaría facultada, se enumeran: tomar parte en la habilitación y auditoría de actividades con impacto ambiental en la cuenca; intimar a comparecer a quien genere un daño; auditar instalaciones; exigir evaluaciones de impacto ambiental; imponer regímenes de monitoreo específicos; aplicar sanciones; ordenar el decomiso de bienes y la cesación de actividades que dañen el medio ambiente, y disponer la clausura de los establecimientos. Su presupuesto se alimentará de asignaciones del Estado y de fondos de lo recaudado por multas, tasas y tributos.
Como se recordará, el 5 del mes próximo se realizará, en la Corte Suprema, la primera audiencia para analizar este tema.



Comunero Mapuche asesinado en allanamiento policial, dos heridos graves
x La Haine

Un comunero mapuche de 71 años murió por disparos policiales en el tórax y otros dos resultaron heridos con proyectiles disparados por un grupo de cinco carabineros, poco antes de la medianoche del domingo en un allanamiento a la comunidad de Temucuicui en la novena región en el marco de una investigación del robo de cabeza de ganado. También resultaron heridos dos comuneros mapuches, los cuales se encuentran graves.
Los dos heridos a bala permanecen internados en el Hospital de Temuco en calidad de detenidos por "porte ilegal de armas y homicidio frustrado" en contra de Carabineros.
El jefe policial de la IX Zona de Carabineros insistió en que se trató de un hecho netamente policial en el marco de la investigación de un delito de abigeato y que no tiene nada que ver con el conflicto indígena. Agregó que los carabineros se vieron obligados a usar sus armas de servicio para repeler el ataque armado y con objetos contundentes.



Paros de transportistas y maestros en Bolivia

La Paz, 29 ago (PL) Bolivia se apresta a vivir hoy una tensa jornada de huelgas de transportistas y maestros, con la Policía acuartelada y denuncias gubernamentales que cuestionan la justeza de las protestas.
El presidente Evo Morales censuró anoche la exigencia de la Confederación de Maestros Urbanos de cesar al ministro de Educación, Félix Patzi, reclamo que se invoca como principal motivo del paro de 48 horas a iniciarse hoy.
Morales señaló que todas las reivindicaciones del magisterio han sido atendidas, incluidas las salariales, y consideró que el anunciado apoyo de las escuelas privadas a la huelga evidencia el carácter netamente político de la acción.
Según el mandatario, los derechistas neoliberales se organizan para sacar a Patzi del gobierno y lamentó que algunos profesores los apoyen.
Llamó al magisterio sano y consciente a responder a las expectativas del país en materia educacional y dijo confiar en que, como otro paro de profesores la semana pasada, éste sea parcial.
Entretanto, las agrupaciones de padres de La Paz y el vecino municipio de El Alto anunciaron que marcharán hoy contra la huelga de maestros y la intransigencia de los dirigentes del gremio, que solo redundará en perjuicio del alumnado.
Líderes de esas organizaciones precisaron que se movilizarán por el centro de la ciudad y hasta llegar al Ministerio de Educación, donde expresarán su repudio al paro.
Por su parte, la Confederación de Choferes confirmó una huelga de 48 horas, con consignas hostiles al gobierno y afines a la oposición formada por partidos tradicionales, planteadas por José Luis Cardozo, secretario ejecutivo de esa organización sindical.
Cardozo culpó al gobierno de desatender los reclamos del gremio, como la anulación de un aumento del precio de los lubricantes y de un nuevo canon municipal para los automóviles, temas ajenos a la competencia del ejecutivo, según aclaró este.
La huelga de choferes comenzó virualmente anoche, cuando en la terminal de autobuses las empresas de transporte interprovincial dejaron de vender pasajes para ciudades distantes.
El viceministro de Transportes, Pablo Rabczuk, consideró preocupante que la dirigencia de los choferes abandonara negociaciones con el gobierno en las que se habían registrado importantes avances para solucionar sus reclamos.
Su colega de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, señaló que la huelga de los transportistas es injustificada y tiene objetivos políticos antipopulares.
Rada consideró que las protestas de maestros y choferes no son unánimes y señaló que el gobierno permitirá las marchas anunciadas por las dirigencias de ambos gremios, pero no desórdenes ni atentados contra el libre tránsito.
Dirigentes transportistas han anunciado que hoy impedirán transitar no solamente a los vehículos de transporte público, sino también a los privados.
Por su parte, el jefe de la Policía, general Isaac Pimentel, dijo que sus efectivos están prestos a garantizar la seguridad de la ciudadanía y la libre circulación y advirtió que los transportistas que inciten a la violencia serán detenidos.
asg/mrs



Bolivia: renunció el presidente de la petrolera estatal, hombre clave de Evo Morales

El titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado, renunció a su cargo, acusado de corrupción.

Alvarado era la mano derecha del presidente de Bolivia, Evo Morales, y su renuncia deja de manifiesto las dificultades que atraviesa el plan de nacionalización de los hidrocarburos.

El funcionario fue remplazado por Juan Carlos Ortiz, que hasta el momento se desempeñaba como vicepresidente de administración, contratos y fiscalización de esa empresa estatal.


CONFIRMADO: EVO DESTITUYE A SU EQUIPO PETROLERO
Econoticias Bolivia.

La Paz, agosto 28, 2006.- Arrinconado por la presión interna y externa, el presidente Evo Morales disolvió oficialmente esta tarde a su primer equipo petrolero, destrozado por denuncias de corrupción, extrema ineficiencia y ausencia de resultados positivos en el proceso de "nacionalización" que quedó como simple slogan.
En Palacio de Gobierno, el Presidente oficializó la destitución del presidente de la petrolera estatal YPFB, Jorge Alvarado, del superintendente de Hidrocarburos, Víctor Hugo Sainz, y del viceministro de Hidrocarburos, Julio Gómez, tal como anticipó hace dos semanas la agencia Econoticiasbolivia.
En su reemplazo, fueron posesionados: Juan Carlos Ortiz como nuevo presidente de YPFB, Guillermo Arequipa como viceministro de Hidrocarburos y de Santiago Berríos como Superintendente del sector.
En el mismo acto, Morales ratificó en el cargo al ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, aunque con atribuciones y poderes disminuidos, al entregar la dirección del proceso de nacionalización y negociación de contratos al vicepresidente Alvaro García Linera y conformar un equipo de cinco ministros (y ya no sólo de Hidrocarburos) para ejecutar estas acciones.
El cambio del equipo dirigente es parte del "cambio de rumbo" en la política petrolera, alejándola de la línea de confrontación verbal definida por Soliz Rada y Alvarado, que era más propicia para la etapa electoral, pero que ahora ya ponía en riesgo los acuerdos que se querían alcanzar con las petroleras hasta el 1 de noviembre, plazo fijado por el decreto de "nacionalización" de Morales.
Por ello, la nueva línea es "más derechista, más pragmática y realista", en procura de lograr que las petroleras extranjeras que operan ilegalmente en Bolivia, según dictamen del tribunal Constitucional de la República, legalicen su situación con la firma de nuevos contratos, ajustados a la ley 3058, pagando un poco más de tributos e impuestos al Estado a cambio de seguir explotando las reservas de gas y petróleo de Bolivia, valuadas actualmente en más de 200 mil millones de dólares.
CAUSAS DE LA CAÍDA
La caída de los hombres fuertes del esquema petrolero de Evo Morales se produce, por una parte, por el escándalo desatado en torno a un oscuro contrato con un cuestionado consorcio privado, que vulnera las leyes, el decreto de "nacionalización" y lesiona la economía del Estado.
Otros factores que pesan para que el núcleo de hombres leales a Morales sean desplazados por el vicepresidente Linera son: 1) el evidente estancamiento en el proceso de nacionalización que no reportó hasta ahora ningún beneficio ni ingreso adicional para Bolivia y que se quedó en un simple slogan, según admitió el propio ministro Soliz Rada, 2) la falta de acciones viables y recursos para fortalecer a YPFB, aunque sea en mínima escala, dejando el control absoluto de toda la cadena productiva a las transnacionales, 3) las estériles confrontaciones con Petrobras y Repsol, con un objetivo mediático interno, pero con consecuencias negativas en lo externo, y 4) las denuncias no probadas de fraude y contrabando contra algunas petroleras, que frenaron la negociación de nuevos contratos.
Todos estos factores contribuyeron para que el vicepresidente García Linera, situado políticamente a la derecha del Presidente, cuestionara públicamente la idoneidad y capacidad técnica y profesional de los hombres leales a Morales. Posteriormente, y ante el agravamiento del escándalo por la violación de normas legales e indicios de corrupción, el vicepresidente tomó para sí la responsabilidad de dirigir el proceso de "nacionalización" y las negociaciones con las petroleras, dejando de lado a Soliz Rada.
CAMBIO DE RUMBO
En su primera acción como nuevo estratega del gas y la "nacionalización", García Linera procedió la pasada semana en Brasil a restaurar las relaciones resquebrajadas por la política de confrontación verbal que desarrolló hasta ahora el polémico ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz Rada.
"La palabra final del gobierno boliviano es que Petrobras es un socio estratégico fundamental", para el Estado boliviano, dijo García Linera al concluir una reunión de 25 minutos con Lula, donde dejó en claro que la administración de Morales había emprendido un cambio de rumbo con relación a los negocios petroleros.
Las relaciones de Bolivia con la petrolera brasileña de Petrobras y con el gobierno de Lula habían quedado deterioradas, al borde de la ruptura, tras las acusaciones no probadas de Soliz Rada de que Petrobras estaba frenando la "nacionalización" del gas y el petróleo y que, junto a otras transnacionales, estaba financiando el boicot a este proceso que hasta ahora ha reportado cero beneficios para Bolivia y que no ha pasado de ser un slogan.
El ministro acusó también a Petrobras y a Repsol por desarrollar contratos lesivos, conducta antieconómica, estafa y abuso de confianza en la firma de un acuerdo que fija un precio de exportación de gas inferior al vigente internacionalmente, y que habría ocasionado un daño económico al Estado boliviano de 160 millones de dólares.
Todas estas denuncias, al igual que otras anteriores sobre contrabando de hidrocarburos y otros delitos, no fueron sin embargo acompañadas por las respectivas pruebas ni estuvieron orientadas a lograr la expulsión de las transnacionales, como justa sanción a estos presuntos delitos, tal como establece la legislación vigente. Por el contrario, la estrategia de Soliz Rada era presionar con estas denuncias para que las petroleras se avengan de inmediato a legalizar sus contratos hasta el 1 de noviembre, tal como establece el decreto de "nacionalización" del presidente Morales.
Sin embargo, esta estrategia de confrontación, muy útil para unir a los sectores sociales en torno al gobierno y sus políticas, no logró los resultados esperados entre las petroleras que, como el caso de Petrobras, pusieron en la congeladora a Soliz Rada y su equipo, agobiado adicionalmente por denuncias internas de corrupción, violación de leyes y de vulnerar el propio decreto de nacionalización
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Frente a ello, y ante la presión del vicepresidente García Linera, el presidente Morales optó por despojar a Soliz Rada de muchas de sus atribuciones y competencias, a pesar de ratificarlo en el cargo y rechazar la censura del Senado, entregando la dirección y manejo de la política hidrocarburífera al vicepresidente, que impulsa una línea más dialoguista, menos confrontacional y más abierta a lograr acuerdos inmediatos con las petroleras extranjeras.
Adicionalmente, según informó el ministro de Planificación, Carlos Villegas, el presidente Morales instruyó que cuatro ministros, ubicados políticamente a la derecha de Soliz Rada, conformen un equipo para operativizar la nueva política de hidrocarburos y poniendo otro freno a los ímpetus del ya devaluado ministro de Hidrocarburos.
Villegas informó que por decisión del Jefe de Estado, los ministros de la Presidencia, (Juan Ramón Quintana), de Hacienda (Luis Alberto Arce), de Defensa (Walker San Miguel) y de Planificación (Carlos Villegas) trabajarán a partir de la fecha junto con el titular de Hidrocarburos en el proceso de "profundización de la nacionalización" para llegar lo más pronto posible a acuerdos satisfactorios con las petroleras.



MEXICO-El TEPJF declara improcedentes o infundados los recursos
Desechada, la mayoría de los juicios de inconformidad
Critican magistrados ''inconsistencias'' en los recursos de la coalición
ALONSO URRUTIA Y JESUS ARANDA

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó por improcedentes o infundados la enorme mayoría de los 375 juicios de inconformidad promovidos en contra de la elección presidencial. En el caso de los presentados por la coalición Por el Bien de Todos, el pleno determinó que este desechamiento obedeció desde por falta de firma, recursos extemporáneos, no acreditar hechos y las causas de nulidad, hasta porque los promoventes carecían de personalidad legal para efectuarlo.
''Si no se invocan hechos para configurar una hipótesis de la ley, el juzgador no es un investigador, no es un fiscal que debe estar investigando hechos en la calle o con la gente. Tiene que partir sobre la base de los hechos que invocan las partes, el actor especialmente'', sostuvo el magistrado presidente, Leonel Castillo, al cuestionar la falta de solidez en los recursos de la coalición.
No hubo magistrado que no criticara las inconsistencias en los recursos presentados por la defensa legal de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Mauro Reyes Zapata señaló: ''¿Qué ocurrió en la mayoría de las demandas de la coalición? Se hizo un machote para que fuera llenado por los representantes de los distritos; en algunos los llenaron exponiendo irregularidades, en otros se ve que lo presentaron tal como les llegó éste''.
José de Jesús Orozco fue más allá y aseveró que ''los justiciables saben que sus pronunciamientos de carácter político, por legítimos que sean, deben traducirse en términos legales y probatorios para que sean viables. Ese es el sentido de la judicialización de la política: resolver conforme lo dispone el derecho''.
En la resolución se rechazó además la existencia de dolo en los cómputos realizados en los consejos distritales, adjudicándose las inconsistencias en las actas al error aritmético. ''El dolo es una conducta activa que lleva implícito el fraude o el engaño. El dolo no se puede presumir, sino acreditar (...) Existe presunción de que la actuación de funcionarios de casilla es de buena fe y conforme a derecho''.
Desde que comenzó la lectura de la resolución se anticipaba ya el desechamiento de la mayoría de los recursos, cuando se rechazaron juicios por el hecho de haber sido promovidos en nombre de la coalición Por el Bien de Todos, por personas que carecían de facultades para actuar; otros siete porque se había agotado previamente su derecho de impugnación contra la misma autoridad y por el mismo hecho, por lo que no es posible ampliar la demanda.
Otras inconsistencias señaladas para anular casillas fue la falta de presentación de recursos de protesta -lo que motivó el sobreseimiento de los mismos- o, en su caso, la presentación de dichos documentos sin firma. Asimismo, se recordó que en su momento el TEPJF consideró improcedente la demanda de acumulación de los juicios de inconformidad para la demanda del recuento total de votos. Por otro lado, se rechazó la demanda de nulidad por cambio de funcionarios de casilla.
Aunque las descalificaciones a la consistencia de los juicios de inconformidad provinieron de parte de todos los magistrados, Castillo fue particularmente crítico: ''Hay muchas pretensiones que se están desestimando por la falta de invocación de hechos, porque sólo se ha dicho que existen irregularidades múltiples. Por ejemplo, existen irregularidades múltiples en una gran cantidad de casillas de tal o cual distrito. La gran cantidad no basta; la ley dice claramente que deben precisarse los elementos de identificación de la casilla que se quiere indicar y que deben señalar los hechos correspondientes'', dijo.
Y es que ''irregularidades'' es un mero calificativo, pero ''se necesitan hechos a los cuales pueda recaerles ese calificativo''.
Si nada más se dice que existe una irregularidad en lo general, ''¿cómo puedo yo saber de qué hecho se trataba para que, como juez, diga es regular o es irregular, para que como juez modifique el material probatorio si está acreditado o no está acreditado?''
Castillo dijo que los criterios aplicables para los juicios de inconformidad de la elección presidencial no son nuevos, se han venido aplicando en los últimos diez años a todos los partidos, en algunas ocasiones a su favor, en otras en su contra, pero éstos no los desconocen. ''No pueden tener, cuando menos de manera fundada, sospechas de criterios ad hoc porque son criterios que, insisto, se han aplicado a todas las fuerzas políticas''.
La magistrada Alfonsina Ber-tha Navarro fue una de las más explícitas en la más larga de las intervenciones. En principio, dijo que de los 38 juicios que le correspondieron, 25 eran de la coalición Por el Bien de Todos y destacó, a propósito de la demanda del voto por voto y casilla por casilla, que era necesario tener presente que el tribunal sólo estaba facultado para la apertura de paquetes en aquellos casos donde había de por medio petición de parte, y ''ninguno solicitó la apertura del total de casillas de los 300 distritos''. Esto es, en cada distrito debió pedirse específicamente el recuento y no se hizo.
Por ello, ''bajo ningún argumento procedía la apertura indiscriminada de paquetes, porque eso hubiera sido ir contra lo establecido por el legislador y se habría dejado de lado toda una estructura legal en política de elecciones''. Destacó que en los juicios que le correspondieron la causal de nulidad argumentada era el dolo o error aritmético en el acta.
Dejó claros algunos criterios usados para no invalidar votos: se validaron sufragios con doble marca, cuando había leyenda sí y no, respectivamente, porque era clara la intención del votante; se validaron votos con una marca y un insulto en otro caso; también se hizo con votos que, aun pasando del recuadro, fuera claro el sentido del sufragio.
Ejemplificó como buen recurso de inconformidad el presentado por el PAN en el distrito 2 de Chiapas, donde se invocó que se había impedido el acceso a los representantes de partido en la casilla; se bloquearon los accesos a las casillas durante todo el día, y donde finalmente la votación resultó atípica, con la participación en el estado de 98 por ciento contra el 49 real.
Para el magistrado Alejandro Luna el desahogo de los juicios era un paso necesario para elaborar el dictamen del cómputo final una vez que han sido anulados los sufragios no apegados a principios constitucionales. Por ello destacó que la actuación del TEPJF no tenía carácter oficioso y se laboraba a partir de los expedientes y del análisis de las pruebas presentadas por las partes.
Destacó que la nulidad de casillas, si bien prosperó en algunos casos de los juicios que le correspondieron, en la enorme mayoría se validaron, pues no se actualizó el dolo como causal de nulidad. Esta sólo puede declararse cuando se acreditan plenamente los extremos o supuestos de las causales de ley, porque cuando se anula se invalida la voluntad del elector.
Orozco indicó que el error aritmético impugnado en 149 distritos fue corregido y en algunos casos se actualizó la nulidad de la casilla, aunque no precisó cifras, estableciendo que en algunas de ellas mediante la suplencia de la queja se subsanó la carencia del escrito de protesta.
Subrayó que en los incidentes de previo y especial pronunciamiento aplicado en esos distritos se buscó la certeza, pero justificó que no es el único principio constitucional aplicable en la elección; también existen los de legalidad, imparcialidad o los de carácter jurisdiccional, a los que también debe atender el tribunal.
Reyes Zapata aseveró que en los recursos promovidos por la coalición se habló en términos bastante generales, no se hizo una relación de cada uno y lo mismo sucedió con las pruebas aportadas. Agregó que en la legislación es necesario hacer corresponder lo demandado con lo probado, algo que no ocurrió en muchos de los juicios promovidos.
En muchos casos, agregó, los representantes de la coalición pretendieron acreditar sus nombramientos en las diligencias de recuento mediante copias fotostáticas simples.
José Fernando Ojesto aseveró que en el desahogo de estos juicios se trató de hacer prevalecer el principio de ''un hombre, un voto y un sufragio efectivo. Hoy los votos quedaron definitivos y con escrúpulo para la calificación final y, en su caso, la validez''. Dijo que hubo gran cuidado para que no se perdieran los sufragios y el ejercicio de los ciudadanos fuera respetado, ''por lo que cuando se decretó la nulidad fue porque no hubo papel que lo pudiera defender''.



"Los magistrados asumieron una decisión política y no jurídica"; presenta plan de 7 puntos La resolución del TEPJF constituye un "verdadero golpe de Estado": AMLO
ENRIQUE MENDEZ


Ante sus simpatizantes que gritaron la nueva consigna de la resistencia civil: "¡sufragio efectivo, no imposición!", y repudiaron a los magistrados, Andrés Manuel López Obrador acusó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de "asumir una actitud cómplice, convalidar el fraude y respaldar a los delincuentes que nos robaron la elección presidencial", en lo que constituye "un verdadero golpe de Estado" y una "sumisión a los extremistas de la derecha".
También presentó un proyecto de siete puntos a discutirse en la Convención Nacional Democrática del 16 de septiembre, entre los que resaltan no aceptar el cómputo oficial, "rechazar la usurpación y desconocer a Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República", así como decidir si el presidente legítimo o el coordinador de la resistencia civil pacífica y el órgano de gobierno se instalen y tomen posesión el 20 de noviembre o el 1º de diciembre próximo.
Ayer, en la asamblea permanente en el Zócalo capitalino, el candidato de la coalición Por el Bien de Todos centró sus críticas en el fallo del tribunal que, aseguró, "con su decisión rompe el orden constitucional y en los hechos abre el camino a un usurpador que pretende ocupar la Presidencia de la República mediante un golpe de Estado".
La respuesta de la gente, indignada por el fallo de los magistrados, y que a pesar de la lluvia se mantuvo firme en la Plaza de la Constitución, fue: "¡no pasará, no pasará!"
Al leer el documento, que firmó y será sometido a discusión en la convención, López Obrador aseguró que al declarar válidos los resultados de los comicios, los magistrados asumieron una decisión política y no jurídica.
"La sumisión de estas personas que no supieron actuar como jueces, a los designios de un grupo de privilegiados y extremistas de derecha que se han apoderado del aparato estatal haciendo a un lado los intereses de la República, representa no sólo una vergüenza en la historia de nuestro país, sino una violación al orden constitucional y un verdadero golpe de Estado", sostuvo.
Agregó que esta situación de violencia institucional y de trastrocamiento de las instituciones es para millones de mexicanos ofensiva e inaceptable.
La actitud de los magistrados, dijo, se reflejó desde el momento en que se negaron a limpiar los comicios y a realizar el recuento voto por voto y casilla por casilla. A pesar de ello, explicó, la diligencia judicial practicada en sólo 9.07 por ciento de los paquetes "demostró que las alteraciones de los resultados electorales no fueron producto de errores aritméticos de los ciudadanos, sino parte de un operativo de fraude electoral fraguado y organizado por el grupo en el poder.
Porque, expuso, los siete magistrados ignoraron lo que es del dominio público: que durante todo el proceso electoral de 2006, desde su preparación hasta su calificación, el presidente Vicente Fox organizó y ejecutó un operativo de Estado para impedir a toda costa la llegada del candidato de la coalición a la Presidencia.
Afirmó que este fraude no sólo le cerró el paso a un aspirante electoral, sino que anuló de facto los derechos constitucionales de los ciudadanos para elegir libre y democráticamente a quien gobierne el país.
Esto constituye un evidente retroceso en la vida democrática del país, porque no se respetó el sufragio que, en una República representativa, constituye la expresión de la soberanía popular, pero en México "una minoría rapaz, que se apropió ilícitamente del poder y de los recursos de la nación, consumó este fraude electoral para imponer sus intereses por sobre las aspiraciones y necesidades del pueblo mexicano".
El candidato de la coalición definió que la imposición y la usurpación comenzaron a fraguarse desde 2003, cuando el gobierno foxista y los grupos conservadores del país iniciaron una campaña en su contra, que incluyó los videoescándalos, el uso de las instituciones del Estado y los medios de comunicación, como parte de una maniobra planeada desde el poder para desacreditarlo.
Después se recurrió al desafuero para inhabilitarlo políticamente, y aseguró que el verdadero motivo para cerrarle el paso a la Presidencia estriba en su proyecto de nación, que "constituye, eso sí, un peligro para los intereses de una minoría rapaz y poderosa".
Explicó que el fraude electoral fue, a la vez, el más burdo y el más sofisticado de la historia del país, no sólo porque se recurrió a los métodos tradicionales como el acarreo de votantes, la sustitución de funcionarios de casilla, el relleno de urnas con votos ilegales y la falsificación de las actas de escrutinio, sino a la manipulación de los sistemas de cómputo, todo lo cual configuró una serie interminable de ilícitos electorales.
Además, dijo, desde el inicio del proceso Calderón se convirtió en el candidato oficial al que Fox buscó imponer por todos los medios, y en vez de actuar como estadista se comportó como jefe de grupo y utilizó ilegalmente la estructura del Estado y recursos materiales oficiales para apuntalar la candidatura panista.
En complicidad con él, el Instituto Federal Electoral actuó de manera facciosa, dejó que el gobierno y el PAN destinaran recursos públicos y privados a la campaña de Acción Nacional, toleró la guerra sucia y la intromisión del Consejo Coordinador Empresarial, y violó sistemáticamente los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
La actuación del IFE se comprobó con el recuento del tribunal, que dejó en evidencia que "el Consejo General y muchos consejeros distritales actuaron con dolo, en complicidad con el gobierno federal para beneficiar al PAN, y nos robaron la elección presidencial. En pocas palabras, con los criterios establecidos por el tribunal para analizar las casillas que se recontaron quedó de manifiesto, aunque traten de ocultarlo, que nosotros ganamos la elección".
Enseguida presentó los siete puntos del proyecto a debatir en la convención: desconocer el cómputo oficial; rechazar la usurpación y desconocer a Calderón como presidente, lo mismo que a los funcionarios que designe, así como a todos los actos de su gobierno de facto; si se constituye un gobierno de la República o una coordinación de la resistencia civil pacífica, que reconozca y ratifique a un presidente legítimo, a un jefe de gobierno en resistencia, a un encargado del poder Ejecutivo o a un coordinador nacional de la resistencia.
También, que el órgano creado y quien lo represente apruebe el programa básico de cinco puntos presentado por él; que dicho órgano se instale y tome posesión el 20 de noviembre o el 1º de diciembre; que los acuerdos tomados por la convención se asuman de manera voluntaria, y que el nuevo gobierno surgido de la convención no pida el apoyo corporativo e incondicional a nadie y respete las decisiones que tomen partidos políticos, legisladores, gobernadores e integrantes de los ayuntamientos del país.
También envió un mensaje a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a quienes les pidió retirar de su salón de sesiones el retrato del presidente Juárez, porque "no merece estar en ese recinto, y que cuelguen mejor el retrato de Diego Fernández de Cevallos, quien es a final de cuentas y hablando en plata, el santo patrono de (Mariano) Azuela y otros más".
Al final, López Obrador firmó el documento y lo mostró a sus simpatizantes.



PM israelí ordena investigación gubernamental sobre guerra en Líbano
El primer ministro de Israel, Ehud Olmert, anunció el lunes que se realizará una investigación gubernamental sobre el "fracaso" del conflicto de 34 días del país contra el grupo libanés Hezbollah.

Olmert hizo el anuncio durante una conferencia de alcaldes israelíes realizada en la ciudad israelí norteña de Haifa, la cual fue objeto de múltiples y mortíferos ataques con cohetes de parte de Hezbollah, se indicó en informes llegados hasta aquí desde Haifa.

De acuerdo con los informes, el primer ministro nombrará una comisión encabezada por Nahum Admoni, ex jefe de la famosa agencia israelí de espionaje, la Mossad, comisión que se hará cargo de examinar el comportamiento del gobierno.

Por otra parte, Olmert reconoció por primera vez el fracaso de la guerra contra Hezbollah y dijo: "No siempre alcanzamos los objetivos que esperábamos. Hubo problemas y fallas".

"Hemos sufrido pérdidas severas...No tuvimos éxito en cuanto a detener los (ataques con cohetes) Katyushas...y además no hemos recuperado a los soldados capturados", dijo Olmert a los alcaldes.

"Hay críticas reales y honestas provenientes del corazón de los soldados reservistas, de los ciudadanos...Los escucho y los respeto, así como lo que tienen que decir. Hay algunas cosas en las que tienen razón y algunas cosas en las que estoy en desacuerdo con ellos", agregó.

Sin embargo, Olmert reiteró su rechazo a los llamados para establecer una comisión investigadora estatal, el tipo más general de indagatoria pública, porque "esto paralizaría el liderazgo en un momento en el que Israel tiene que estar preparado para una amenaza proveniente de Irán".

El conflicto entre Israel y Hezbollah comenzó el pasado 12 de julio después de que dos soldados israelíes fueron capturados y otros ocho fueron muertos por el grupo chiíta libanés durante ataques transfronterizos.

El conflicto de 34 días de duración, que causó ma muerte de más de 1.200 libaneses y de 157 israelíes, además de enormes daños en propiedades y pérdidas económicas en ambos bandos, llegó a su fin el 14 de agosto gracias a la resolución 1701 de la ONU.(xinhua)



Advierte presidente francés sobre reanudación de hostilidades en Líbano
El presidente de Francia, Jacques Chirac, dijo el día 28 que estallará la violencia nuevamente en Líbano porque no existe ninguna solución de largo plazo que involucre a todas las partes de la región.

En una reunión anual de embajadores franceses en París, Chirac dijo que la Resolución 1701 de la ONU ofrece "el marco para una solución duradera basada en la seguridad de Israel y en la soberanía de Líbano sobre su territorio entero".

La resolución, adoptada unánimente por los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, estableció una tregua entre Israel y la milicia chiita libanesa Hezbollah después de su conflicto de un mes.

"La opción es entre una reanudación de las hostilidades y la creación de una disputa permanente entre dos pueblos vecinos y la opción política de una solución global y duradera" dijo.

Chirac dijo que la resolución "subraya un proceso que debe conducir al desarme de los milicianos y la solución de los problemas fronterizos, incluyendo al de las Granjas Shebaa", un territorio situado en las fronteras de Líbano, Siria e Israel y disputado por los tres países.

Chirac también pidió a Israel que levante su bloqueo aéreo y marítimo de seis semanas de duración contra Líbano, que está destinado a cortar las fuentes de suministro del Hezbollah.

El dijo que el bloqueo está "dañando seriamente la economía libanesa" y está "impidiendo un retorno a la normalidad".

Por otra parte, el líder francés también urgió a Siria a que "avance más allá de la lógica del aislamiento".

"El Medio Oriente necesita que Siria esté activa en el servicio de paz y estabilidad regional", dijo, y agregó que todos los países de la región deben entender que un Líbano soberano e independiente es la mejor garantía de sus intereses legítimos y seguridad en particular.(xinhua)

Annan visita el sur de Líbano e Israel pidiendo que se cumpla el cese del fuego

El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, comenzó una gira de once días en Medio Oriente con reclamos a Hezbollah para que libere a los dos soldados, y a Israel para que levante el bloqueo al Líbano.

Annan recorrerá el sur del Líbano, la zona más castigada por Israel y también sobrevolará varias localidades bombardeadas.

?Reiteré mi pedido para que los soldados secuestrados fueran liberados y que, en una primera instancia, fueran entregados, bajo el auspicio del Comité de la Cruz Roja internacional, al gobierno del Líbano o a un tercer actor?, explicó Annan.

El secretario de la ONU le pidió a Israel que levante el bloque marítimo y aéreo que mantiene sobre el Líbano. -periodismo.com-



México: el Tribunal Electoral mantiene la victoria de Calderón en las elecciones presidenciales. López Obrador rechaza el fallo

El Tribunal Electoral mexicano confirmó la victoria del oficialista Felipe Calderón y el izquierdista Andrés López Obrador dijo que creará un Gobierno paralelo.

Los jueces revisaron las impugnaciones y aseguraron que si descartan las irregularidades el resultado de las elecciones no cambiaría.

El magistrado presidente del Tribunal, Leonel Castillo, afirmó que los mexicanos pueden estar seguros de que los votos fueron debidamente contados.

López Obrador rechazó el fallo y propuso desautorizar a Calderón como presidente electo.