Blog Autónomo

A . P . E . M . I . A .
AGRUPACIÓN POR EL ESCLARECIMIENTO
DE LA MASACRE IMPUNE DE LA AMIA


Buenos Aires, 5 de junio de 2006



Estimados Compañeros:

Tal como lo viene denunciando APEMIA (Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA), la causa AMIA estaría al borde de su prescripción. Esto sucedería después de que el Estado argentino reconoció su responsabilidad por ?encubrimiento agravado? y liberó de culpa y cargo a Telleldín, Ribelli y otros policías bonaerenses.

Tal como lo denunció APEMIA, "las políticas del gobierno Kirchner facilitan la prescripción de la causa AMIA" y son avaladas por Estados Unidos, Israel, DAIA y AMIA.

La prescripción de la causa AMIA significará un duro golpe a la lucha contra la impunidad.

Los medios de comunicación que, en su mayoría, se niegan a levantar esta denuncia, hoy advierten sobre la prescripción de la causa de la voladura de la Embajada de Israel y de las maniobras que la misma Embajada impulsa para acusar a Irán por ese ataque.

En virtud de la relevancia de este tema, APEMIA y la LADH consideramos de suma importancia realizar una reunión conjunta con las organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y estudiantiles, personalidades independientes y abogados, para debatir y encarar una acción común para impedir la prescripción de la causa AMIA.

Recordamos a todas las organizaciones y compañeros que dicha reunión se realizará en la LADH, Corrientes 1785 2º "C", el día 15 de junio a las 17:30 hs.

Cordialmente.


Graciela Rozenblum y Carlos Zamorano (Liga Argentina por los Derechos Humanos)
Laura Ginsberg y Daniel Rodríguez (APEMIA)

---

La ASAMBLEA POR LOS DERECHOS HUMANOS SAN LUIS
ruega la difusión de este comunicado de las Organizaciones de DDHH MENDOZA

Organizaciones Sociales Autoconvocadas* y Organismos de Derechos Humanos ** de Mendoza

Ante LOS SUCESIVOS HECHOS DE GATILLO FÁCIL Y ABUSO DE PODER POR PARTE DE LA FUERZA POLICIAL que son de conocimiento público y que forman parte de una historia represiva de la policía de Mendoza (como el caso de Sebastián Bordón):

- la muerte del adolescente Mauricio Morán en Perdriel ocasionada por la intervención policial;
- las irregulares detenciones de adolescentes estudiantes que se manifestaban demandando gas en sus escuelas y que fueron reprimidos en la Casa de Gobierno;
- el asesinato del joven Jonathan Chandía por parte de un efectivo policial y su posterior encubrimiento por otros miembros de la fuerza;
- el caso del joven baleado en Malargüe por efectivos policiales;
- la detención de seis adolescentes en el Bº Cementista que fueron víctimas de apremios ilegales y golpeados en la comisaría 16, (entre ellos Ezequiel Agüero y José Alberto Albarracín) la noche del 05/06/06
Las Organizaciones Sociales Autoconvocadas y los Organismos de Derechos Humanos de Mendoza, expresamos nuestro más profundo repudio ya que los mismos violentan los derechos humanos fundamentales de niños, niñas y adolescentes y jóvenes, consagrados en nuestra Constitución Nacional y en las Leyes Nacional y Provincial de Niñez y Adolescencia. Son hechos que van más allá del exceso de un grupo aislado de policías ineptos. Esto compete también al resto de la fuerza policial que los protege o avala, y a aquellos sectores políticos y sociales que preocupados por sus propios intereses, defienden la política represiva y de mano dura, en contra del resto de los sectores sociales más desamparados.
Dichas violaciones por parte del poder policial profundizan acciones ligadas directamente a la criminalización de la pobreza y la protesta, tales como operativos violentos e intempestivos en comunidades pobres, aprehensiones reiteradas por averiguación de antecedentes, que han sido expresadas en reiteradas ocasiones ante funcionarios políticos de distintas áreas.
Además de estos hechos, constatamos con preocupación, que muchas veces ante la compleja problemática social, la pobreza y la exclusión social, el Estado prioriza en su accionar políticas de represión policial en detrimento de la ejecución de políticas sociales integrales para la población más desprotegida.
Los sucesivos desaciertos en las políticas de seguridad desembocaron en reiteradas crisis, siendo la actual una de las más graves, por la falta de conducción de la fuerza policial puesta de manifiesto en los hechos señalados. Expresamos nuestra preocupación por esta falta de conducción que se patentiza en los aberrantes hechos ya mencionados y en todos los abusos de autoridad e irregularidades en los procedimientos policiales particularmente en los barrios pobres.
Ante estas situaciones, consideramos imperioso que el poder político de la provincia proceda a:
? La identificación de los responsables políticos en el Ministerio de Seguridad en la decisión de intervenir con violencia y aprehensiones, ante demandas reales, que los alumnos de diferentes escuelas realizaban durante la jornada del 23/05/2006. Esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades políticas e institucionales (policiales y judiciales), requiriendo al Poder Judicial que exprese claramente cual fue su intervención en esta situación.
? Reconocer y asumir las responsabilidades políticas e institucionales que por acción u omisión acabaron con la vida de adolescentes y jóvenes inocentes.
? Tomar medidas efectivas que muestren la decisión política de no activar mecanismos represivos y creados para combatir el delito en las acciones de protesta social.
En esta difícil coyuntura, las Organizaciones Sociales Autoconvocadas y los Organismos de Derechos Humanos de Mendoza, realizamos las siguientes PROPUESTAS PARA AVANZAR EN UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD QUE GARANTICE LA PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE TODA LA POBLACIÓN:
- La política de seguridad es un campo complejo que incluye, pero a la vez excede lo meramente policial, y por tanto, es un grave desatino que la misma sea diseñada y ejecutada por la fuerza policial, como ocurre actualmente. Entendiendo la seguridad como un bien público, es necesario que sea una política de Estado, entendida ésta no sólo como un acuerdo entre partidos políticos, sino como un consenso amplio entre actores sociales e institucionales concernidos. En este sentido se torna imperioso que el poder político abra la discusión sobre seguridad y retome la responsabilidad de la conducción de esa política, diseñándola con consenso social y conduciéndola democráticamente.
- Esa política debe priorizar la prevención por sobre la represión del delito y garantizar el respeto por los derechos humanos y por la protección integral de niños/as y adolescentes.
- Es necesario contar con una conducción política (civil) de las fuerzas policiales, entendiendo esto como la necesidad de un equipo (conjunto de funcionarios) con una clara unidad ideológico-conceptual de gobierno, que garantice:
Þ Decisión política de desarticular las vinculaciones de integrantes de la fuerza policial con las redes y circuitos del delito (en cualquier campo y/o escala).
Þ Eliminar del discurso de seguridad las ideas de un accionar de ?mano dura? a costa de las garantías y el respeto de los derechos de las personas (particularmente los más vulnerables)
Þ la revalorización de la Inspección General de Seguridad, la que debiera estar integrada por personas de trayectoria e idoneidad (no por pertenencia política) que permitan un efectivo control de la fuerza policial, con independencia, autarquía y autonomía respecto de los poderes.
Þ Una adecuada y permanente formación profesional del personal de seguridad, basada en el respeto por la vida y las libertades de las personas.
- Implementar la reforma judicial que ponga en vigencia la policía judicial que garantice los procedimientos legales de investigación de los delitos.
- Desarrollar una política carcelaria que permita la resocialización, educación y la re-inserción de los/as presos/as.
Así las Organizaciones Sociales Autoconvocadas y Organismos de Derechos Humanos nos proclamamos y convocamos a todos los ciudadanos a expresarnos públicamente:
? Por el esclarecimiento e identificación de los responsables directos y políticos de todos los hechos mencionados
? Contra la impunidad
? Contra la criminalización de la pobreza
? Por la derogación de la ley de requisas
? Por una conducción política civil en la fuerza policial, que termine con el desorden y juegos de poder interno que a diario pone en riesgo la vida y la integridad de los ciudadanos
? Por una efectiva política de seguridad con defensa y vigencia de los Derechos Humanos
Por Organizaciones Sociales Autoconvocadas
FEDEM (Federación de Entidades de Niñez y Adolescencia); Fundación Ecuménica de Cuyo (FEC); Pastoral Social de Niñez y Adolescencia; Asociación Incluir; Cáritas-Mendoza;
Asoc. Desocupados de Lunlunta; Fundación El Prosumidor; Asoc. Tierra de Niños; Obra Kolping Argentina; Centro Cultural La CECA; Biblioteca Popular Valle de Hualilán; AUDME; Asoc. Campo Flores; Grupo de Vecinos Organizados (Maipú); Asoc. Cayé Cheiná; Centro Cultural El Andamio
Por Organismos de Derechos Humanos
Casa de la Memoria; Red de Abogados de Derechos Humanos; MEDH ?Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos; Agrupación HIJOS.
Adhieren a este documento
Federación Universitaria de Cuyo; ATE; Las Juanas y Las Otras; Agrupación Universitaria MATE MAU; ATE-Salud;

* Integran este espacio, entre otras, las siguientes Organizaciones Sociales: FEDEM (Federación de Entidades de Niñez y Adolescencia); Fundación Ecuménica de Cuyo (FEC); Pastoral Social de Niñez y Adolescencia; Asociación Incluir, Cáritas-Mendoza; Asoc. Desocupados de Lunlunta; Fundación El Prosumidor; Centro Cultural La CECA; Asoc. Tierra de Niños, Sindicato de Amas de Casa; Asoc. CAXI.
** Entre otros Casa de la Memoria; Red de Abogados de Derechos Humanos; MEDH ?Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos; HIJOS