Articulos de Opinion 21-6-06
ALAI, América Latina en Movimiento
2006-06-19
AmericaLatina Informe del primer semestre 2006-Siguen matando periodistas
Ciap-Felap
Nueve periodistas de seis países de América Latina han sido asesinados en lo que va del año 2006. México encabeza el balance, con 3 víctimas, según el informe semestral de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap), de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap).
El documento, emitido en la capital mexicana con motivo del 30º aniversario de la organización continental, establece que entre enero y junio asesinaron periodistas en Ecuador (2), Colombia (1), Guyana (1), México (3) y Venezuela (1), más una desaparición en Paraguay. Durante 6 meses, el trágico balance cobró 9 víctimas en 6 países.
La tendencia estadística totalizaría unas 18 víctimas para todo el año 2006, acercándose al fatídico guarismo de 20 muertes de 1995. En ese año mataron a 14 periodistas en 7 países: Brasil (3), Colombia (3), Ecuador (1), Haití (2), México (3), Nicaragua (1) y Venezuela (1). En 1994 fueron asesinados 22 profesionales en 9 países: Argentina (2), Brasil (3), Colombia (3), Haití (1), México (5), Nicaragua (2), República Dominicana (3), Perú (2) y Venezuela (1).
Además de asesinatos y desapariciones, los periodistas de toda la región sufrieron a diario ataques de diversa naturaleza, desde amenazas de muerte, golpizas de las mafias y agresiones policiales hasta atentados gubernamentales y legislativos.
El mayor peligro de muerte del periodismo regional radica hoy en la alianza entre bandas armadas del narcotráfico asociadas a la corrupción del poder político local, sea estadal, regional, provincial y/o municipal. En varios países latinoamericanos se consolida una nueva clase política local de extracción delictiva que ejerce una suerte de "narco-poder" o "corrup-poder" en asociación con los ejércitos privados del crimen armado.
La mayoría de los periodistas asesinados trabajaba en diarios, periódicos, radios y otros medios locales. México es el país donde asesinan hoy a más periodistas, tras quitarle el triste cetro a Colombia. En los seis años de gobierno de Vicente Fox, han sido asesinados 23 periodistas, mientras la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex) contabiliza 57 asesinatos desde 1983. Durante los 30 años de existencia de la Felap, desde su fundación en 1976, cerca de 800 periodistas han sido asesinados en América Latina y el Caribe.
Sigue creciendo en todo el mundo la tasa de muerte de periodistas que cumplen su deber de informar a la sociedad, asesinados por el crimen político-militar, político-policial y narco-político. Por ejemplo, en Irak, desde que empezó la guerra en marzo de 2003, han muerto 76 periodistas victimados por el ejército invasor estadounidense y la resistencia local, entre ellos 55 iraqueses, mucho más que todos los reporteros muertos durante la Segunda Guerra Mundial y en la cobertura de los dos decenios de la guerra de Vietnam.
De enero a mayo de 2006, se han registrado 16 muertes de periodistas en todo el mundo, más 6 colaboradores de prensa asesinados por su trabajo, mientras otros 100 permanecían detenidos en distintas cárceles del mundo, según fuentes especializadas. En 2005 hubo en todo el mundo 63 periodistas y 5 colaboradores muertos mientras ejercían su profesión, las peores cifras contabilizadas desde 1995, en gran parte debido a la inseguridad que introdujo en Irak la invasión de EEUU, en un país que en 2005 registró, por tercer año consecutivo, los mayores asesinatos de periodistas (24 y 5 colaboradores).
Pero en América Latina matan periodistas sin que haya ninguna guerra interna ni invasión militar extranjera frontal, excepto el conflicto armado de baja intensidad que sacude a Colombia desde hace medio siglo y que no impidió las elecciones que reeligieron a Álvaro Uribe Vélez con una tasa de abstención del 60%, superior a la registrada en cualquier otro país de la región, incluidas las cuestionadas democracias "populistas" de Venezuela y Bolivia.
Asesinatos enero-junio 2006
- México, 6 de enero: fue muerto a puñaladas el periodista radial José Valdés, en Sabinas (Coahuila), en la frontera con Texas. Pilar Cortázar, colega y amiga de la víctima, acusó a narcotraficantes, cuyas conexiones mafiosas con militares encargados del combate a las drogas precisamente eran investigadas por Valdés.
- Guyana, 30 de enero: dos pistoleros asestaron 13 balazos mortales en su residencia de Georgetown al periodista Ronald Waddell, del Canal 9 HBTV, crítico del presidente Bharrat Jagdeo y miembro del partido Congreso Nacional del Pueblo.
- Colombia, 20 de marzo: murió en Medellín el periodista radial Gustavo Rojas Gabalo, quien sufrió un atentado de sicarios el 4 de febrero en Montería, departamento de Córdoba, en la región del conflicto armado.
- Paraguay, 4 de febrero: en el poblado de Yby Yaú, departamento de Concepción, desapareció el periodista Enrique Galeano, de Radio Azotey, de Horqueta, y editor de la revista mensual Aló Vecino. Julio Benegas, secretario general del Sindicato de Periodistas de Paraguay, denunció la desaparición al Ministerio del Interior, pero hasta hoy no hubo progresos en la investigación.
- Ecuador, 13 de febrero: en Guayaquil mataron de disparos a quemarropa a José Luís León, de "Radio Minutera".
- Ecuador, 14 de febrero: también en Guayaquil, y con el mismo método, asesinaron a Saúl Suárez, reportero gráfico de "La Hora Durandeña" y de "La Prensa". Estos crímenes fueron condenados por el director general de UNESCO, Kochiro Matsuura.
- México, 9 de marzo: en La Piedad (Michoacán) asesinan a tiros a Jaime Arturo Overa Bravo, fotógrafo independiente y ex corresponsal del diario de Moreali La Voz de Michoacán, mientras esperaba el autobús acompañado de un hijo de cinco años. También el Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura, condenó este asesinato.
- México, 10 de marzo: cuando salía de su casa en Nuevo Laredo (Tamaulipas), asesinaron a balazos a Ramiro Téllez Contreras, periodista de la radio local Exa 95.7 FM y telefonista en un puesto de policía. Desde 1999, ocho periodistas han sido asesinados en Tamaulipas.
- Venezuela, 6 de abril: el fotógrafo Jorge Aguirre, del vespertino El Mundo, de la cadena Capriles, fue asesinado cuando cubría una protesta contra una ola de crímenes por Boris Blanco Arcia, de 33 años, ex policía de Caracas, cesado en sus funciones en octubre de 2005, quien disparó desde la motocicleta que conducía Charly Briceño, otro policía municipal.
Otros atentados en México
Además de los asesinatos, en Latinoamérica se constata una variedad de atentados contra periodistas y medios de comunicación y resaltan, por su gravedad, los ocurridos en México. Amerigo Incalterra, Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en ese país declaró el 15 de febrero que en los tres meses anteriores se había documentado 12 atentados a trabajadores de la prensa.
El seis de febrero, hombres armados penetraron disparando a la sede del periódico "El Mañana", de Nuevo Laredo, estallaron una granada e hirieron al reportero Jaime Orozco. "El ataque produjo daños considerables, mientras que cristales rotos, puertas horadadas por las balas y un apagón era el panorama que presentaba la redacción", apuntó el sitio web del periódico.
La Fapermex y el Club Primera Plana han venido denunciando asesinatos y atentados continuos, influyendo en la creación de un grupo parlamentario de seguimiento a los atropellos y una fiscalía especializada para delitos contra periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGB).
El vicepresidente mexicano de la Felap, Teodoro Rentería Arróyave, y los presidentes de Fapermex, José Antonio Calcáneo Collado, y del Club Primera Plana, Raúl Durán Cárdenas, reclamaron protección al Fiscal Especial de Atentados a Periodistas, David Vega Vera, y a los diputados del Grupo de Trabajo de Seguimiento a Atentados a Periodistas y Medios de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, Beatriz Mojica Morga (presidenta), Jesús González Small y Ruth Zavaleta.
La periodista mexicana Lydia Cacho, quien sufrió violentos atropellos a finales de 2005, escribió el 12 de marzo: "Han pasado 82 días desde que fui arbitrariamente detenida y encarcelada por haber escrito un trabajo periodístico que delata una red de pornografía infantil [.] He admirado el profesionalismo y la solidaridad de mis colegas periodistas que no me han dejado sola un minuto y han seguido la pista de los criminales". Agregó Cacho: "Han aumentado a cinco los agentes federales que resguardan mi vida y el vehículo blindado que me adjudicó la agencia contra el crimen es de blindaje tipo 7, el máximo". Así están las cosas en México.
Atentados a granel
Una mirada sucinta a los últimos 30 días revela que en América Latina se producen atentados prácticamente todos los días, ocasionando denuncias de las organizaciones de periodistas y de las propias víctimas.
Por ejemplo, en Perú, el 31 de mayo, Robin Ipanaque Hidaldo y Walter Maldonado Maguiña, de Radio Melodía de Huaraz, fueron agredidos físicamente por Isaías Terry Valverde, dirigente del Club Sport Ancash del fútbol profesional peruano.
En ese mismo país, el 29 de mayo, el periodista Eduardo Ganoza Cochachi fue agredido por dos militantes del partido peruano APRA por cuestionar su conducta contra un dirigente del Partido Nacionalista.
En Chile, el 31 de mayo, Carabineros hirió a seis periodistas que cubrían la represión a los estudiantes secundarios que reclamaban cambios de fondo en las leyes educativas.
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) condenó la agresión contra el periodista Alberto Cardona, perpetrada por agentes de la empresa privada de Seguridad Integral el 24 de mayo de 2006 en el Estadio del Ejército.
También en Perú, 25 de mayo de 2006, Walter Rocha Chocos, director y conductor del informativo "Día a Día" de AMR televisión de Huaraz, recibió amenazas de muerte en su teléfono móvil. El mismo día, la periodista Gudelia Gálvez Tafur, de la televisora Red Global Huaraz, recibió una intimidación similar, también a su teléfono móvil. Ambos, identificaron al agresor como el Gerente de Servicios Públicos del Gobierno Provincial de Huaraz, Augusto Rojo Ángeles.
En Honduras, el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, eligió el 25 de mayo de 2006, Día del Periodista hondureño, para engavetar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por considerar que no había consenso, existía mucha oposición, el dictamen no le convencía y porque el presidente Manuel Zelaya, gestor de la iniciativa, pidió "tiempo" para enviar sus observaciones.
En México, la reportera de espectáculos Gloria Rubí fue agredida en mayo por la cantante de rock Alejandra Guzmán, en el 11º aniversario del programa de televisión "Otro rollo".
En Argentina, periodistas denunciaron el 22 de mayo que sus casillas de e-mail fueron violadas por desconocidos que, además, difundieron listas con las contraseñas de unos 20 reporteros. Días antes, se conoció el espionaje y robo de información del correo electrónico del periodista de "Clarín" Daniel Santoro, respecto de un diálogo confidencial que mantuvo con un juez por un caso de narcotráfico.
En Perú, el 21 de mayo, la periodista Janet Mori de Panamericana Televisión y el reportero gráfico Enrique Cúneo, del diario "El Comercio", fueron agredidos por Daniel Abugattás, congresista electo de la agrupación política Unión Por el Perú (UPP). durante un debate público entre los candidatos presidenciales Alan García (Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA) y Ollanta Humala Tasso (UPP).
En Colombia, el 17 de mayo se supo que cuatro periodistas fueron detenidos en el Departamento del Cauca mientras cubrían protestas indígenas contra el tratado de libre comercio con EEUU. Días después fueron liberados Richard Calpa, director de la radio La Libertad, del municipio de Totoró; Marcelo Forero, periodista del sitio web El Turbión, de Bogotá; Carmén Eugenia León y Jesús López, informadores de la red de radios étnicas Asociación de Cabildos Indígenas.
En Uruguay, un fallo judicial condenó a tres meses de prisión al periodista Gustavo Escanlar Patrone, por el delito de injuria.
En Colombia, el periodista Pedro Antonio Cárdenas Cáceres, de la publicación quincenal La Verdad, de Honda, abandonó su hogar en el departamento Tolima y huyó con su familia a Bogotá por amenazas de muerte de paramilitares recibidas después de publicar informes sobre corrupción gubernamental.
En México, durante la primera semana de mayo, el juez del 11º Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, Jacinto Figueroa Salmorán, decidió que continúe en proceso la denuncia contra el periodista Sergio Sarmiento por el delito de difamación interpuesta en octubre de 2003 por el ex cónsul Humberto Hernández Haddad.
En Perú, el 10 de mayo, Luis Bahamonde y Eliana Villavicencio, del diario "Correo de Trujillo" recibieron anónimas amenazas telefónicas de muerte por publicaciones respecto a los hermanos Luis, Wilfredo y John Salazar Paredes, acusados de narcotráfico y detenidos el 6 de mayo.
En Honduras, el dueño del Canal 49 de televisión, de Santa Rosa de Copán, reintegró a sus funciones el 24 de abril a la periodista Wendy Guerra, despedida por presiones del gobierno local.
Ultraje sexual a fotógrafas
En México, el 4 de mayo, la policía perpetró intolerables actos de violencia y abusos sexuales contra tres fotógrafas extranjeras que cubrían una manifestación por la paz en San Salvador Atenco, un suburbio del Distrito Federal. Las víctimas fueron la española María Sostres, la estudiante alemana de fotografía Samantha Dietmar y la estudiante chilena de antropología y realización cinematográfica Valentina Palma Novoa.
En Honduras, Octavio Carvajal, conductor de programas radiales en la emisora capitalina STC Noticias, denunció ante el Ministerio Público o Fiscalía del Estado, al subgerente de la estatal empresa telefónica Hondutel, Marcelo Chimirri, por agresiones físicas que sufrió cuando salía de su residencia en una colonia capitalina. Asimismo, anunció que abandonaría temporalmente el país el 11 de mayo de 2006 por temor a represalias.
La Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) reclamó ante el ministerio Público por el fallo judicial que dejó libres a dos agentes de la Policía Nacional Civil que atacaron y coaccionaron a dos reporteros de "Nuestro Diario" durante el violento desalojo de campesinos efectuado el 31 de agosto de 2004 por las fuerzas de seguridad del gobierno en la finca "Nueva Linda", en el departamento de Retalhuleu.
En Costa Rica, la Cámara Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia rechazó el 3 de mayo un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la Ley de Prensa, que establece penas de cárcel para delitos de "calumnia" e "injuria" cometidos a través de la prensa.
En Perú, el periodista Javier Poma Sotelo, director y conductor del espacio "ATV Noticias" y del programa "Impacto", comenzó a recibir amenazas de muerte el 2 de mayo a través de mensajes de texto a su teléfono móvil. Posteriormente fue agredido por el propietario de una discoteca y un grupo de futbolistas profesionales del Club Sport Ancash, de Huaraz, capital de la región Ancash, junto a sus colegas Luis Medina Villacorta, director y productor del informativo "ATV Noticias"; y Nilton Rodríguez Soto, director del programa "Contacto semanal" de Red Global y su asistente, César Giraldo.
En Mexico, el 2 de mayo de 2006, el juez 12º civil del Distrito Federal, Carlos Miguel Jiménez, ordenó a la periodista Olga Wornat y al semanario "Proceso" el pagó de 180.000 dólares por daño moral contra la esposa del presidente de México, Martha Sahagún.
En Chile, el 1 de mayo de 2006, los fotógrafos Santiago Llanquín, de la agencia de noticias Associated Press, y Danny Alveal, del diario "Las Últimas Noticias", resultaron heridos por desconocidos durante la cobertura de una marcha convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para conmemorar el Día del Trabajador en Santiago.
En Venezuela, el periodista Henry Crespo fue sentenciado a 18 meses de prisión en suspenso por "difamación penal", tras informar sobre corrupción gubernamental.
En Colombia, Daniel Muñoz, fotógrafo de la agencia internacional de prensa Reuters, fue agredido por un agente de la Policía en los disturbios acaecidos el 2 de mayo, durante un paro de transportes de la ciudad de Bogotá.
En Brasil, solicitaron a Luiz Inácio Lula da Silva su colaboración para esclarecer la muerte del periodista Manoel Leal de Oliveira, asesinado de seis balazos el 14 de enero de 1998.
En Colombia, el 17 de abril se lamentó la muerte del periodista de televisión Jairo Muñoz, de 42 años, quien murió cubriendo aludes en los que perdieron la vida casi 30 habitantes de la costa pacífica.
En Perú, el 5 de abril, la periodista Marilú Gambini, del programa "Confidencial" de canal 31 de televisión, abandonó el país con sus dos hijos menores de edad tras ser amenazada nuevamente de muerte el 28 de marzo y sin que las autoridades determinaran aún a los agresores. Gambini ha sido amenazada y golpeada repetidas veces debido a las investigaciones que realiza sobre el narcotráfico en Chimbote, al noroeste del país.
En Peru, el 3 de abril, la Sala Especializada en lo Penal de Coronel Portillo, Pucallpa, región Uyacalí, ordenó la detención del alcalde Luis Valdez Villacorta y del vocal Solio Ramírez Garay, presuntos autores intelectuales del asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández, perpetrado en abril de 2004. Ambos inculpados están prófugos.
En México, más de cien diarios, a los que se suman varios periódicos en español del sur de EEUU, acordaron publicar simultáneamente el 3 de abril un reportaje sobre Jiménez Mota, periodista del "El Imparcial", de Hermosillo, Sonora, desaparecido desde el 2 de abril del 2005.
En Colombia, el 15 de marzo, fue secuestrada durante dos horas en el taxi en que se dirigía a su casa la periodista Elizabeth Vargas Pacheco, directora de la Asociación Democrática Para la Defensa de los Derechos Humanos (ASDEH). La periodista, ya intimidada en 2005, recibió nuevas amenazas de muerte, le notificaron que conocían su trabajo y le robaron dinero y su teléfono móvil. Hasta el momento, la policía sólo ha identificado la placa y el dueño del vehículo.
- Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap): Presidente, Hernán Uribe (Chile), Secretario Ejecutivo, Ernesto Carmona (Chile), Director Ejecutivo, José Dos Santos (Cuba); Sub Director Ejecutivo, Antonio Calcáneo (México).
¿Es ésta la aportación de Madrid y París?
Las policías española y francesa detuvieron ayer a doce ciudadanos vascos, nueve de ellos con edades superiores a los 50 años, a los que relaciona presuntamente con el denominado «aparato financiero de ETA». La operación tendría su origen en una investigación que data de 1998, en el caso de la Audiencia Nacional española, y de 2005, en el de la XIV Sección Antiterrorista de París. La redada, que se desarrolló en varias localidades de Lapurdi y Gipuzkoa, y que se extendió a la población de Santa Pola (Alicante), dio lugar al embargo de diversos bienes y cuentas corrientes.
La práctica totalidad de los agentes políticos vascos remarcaron la gravedad de esta nueva incursión policial, que interpretaron en clave de obstáculo cuando no de abierto sabotaje al proceso político abierto en Euskal Herria. Esa valoración generalizada contrastaba con la afirmación del Gobierno español de que la operación ordenada por los jueces Le Vert y Grande-Marlaska no afectaría de modo alguno al plan de diálogo con ETA.
La lógica y la experiencia de otros países, como hicieron patente recientemente en sendos comunicados el ANC sudafricano y el Sinn Féin irlandés, indican, sin embargo, que la detención de personas vinculadas a una de las partes implicadas en cualquier proceso de negociación supone lanzar un torpedo contra la línea de flotación del mismo.
En la entrevista con ETA publicada por GARA el pasado 14 de mayo, interpelados sus interlocutores sobre las detenciones, controles policiales o el mantenimiento de la ilegalización de organismos abertzales, la organización armada afirmaba tajantemente que «si los ataques de los aparatos de los estados prosiguen será imposible seguir adelante con el proceso». En otro momento de la primera entrevista concedida por ETA desde que anunciara el pasado 22 de marzo su alto el fuego permanente, estos portavoces respondían que «España y Francia deben tomar y cumplir sus compromisos de ?tregua? para que el proceso pueda desarrollarse». Conocida esa posición, y a la luz de la vasta operación policial desarrollada ayer, cabe plantear algunos interrogantes: ¿qué buscan Madrid y París? ¿es ésta su aportación al proceso? ¿a qué objetivo sirve y a qué responde esta actuación?
Ayer, el Ejecutivo español ni tan siquiera se escudó en el manido y falaz argumento de la actuación independiente de los jueces, sino que asumió con claridad la paternidad de la actuación policial y, sin ningún rubor, agregó a renglón seguido que «esto no altera en lo más mínimo el curso de ruta del que es responsable el Gobierno para el aprovechamiento de una oportunidad histórica».
Pese a tal afirmación, nadie puede abstraerse del hecho de que el proceso político abierto atravesará por gravísimas dificultades si alguien, en este caso los estados español y francés, pretende continuar por la senda represiva, a sabiendas de que esa dinámica no se corresponde en absoluto con los parámetros de un proceso de paz y resolución del conflicto. (Ante cualquier acción atribuida a ETA, gobiernos y medios hablarían sin duda de sabotaje al proceso. Por tanto, ¿qué consideración habría que dar a las detenciones llevadas a cabo ayer?).
Cuando están a punto de cumplirse tres meses de la declaración de alto el fuego permanente de ETA, Madrid y París continúan sin dar los pasos ni adoptar los compromisos acordes al momento. Hechos como los de ayer, unidos a precedentes operativos, o al mantenimiento del juicio por el macrosumario 18/98, entre otros ataques, deben ser valorados como lo que son, un obstáculo para el diálogo y una amenaza en toda regla para el logro de la paz. Por ello, se hace más imperiosa cada día la necesidad de que los agentes y ciudadanos de este país trabajen para evitar que los estados puedan condicionar el proceso democrático, fijando definitivamente en Euskal Herria su centro de gravedad. - Diario Gara- País Vasco
2006-06-19
AmericaLatina Informe del primer semestre 2006-Siguen matando periodistas
Ciap-Felap
Nueve periodistas de seis países de América Latina han sido asesinados en lo que va del año 2006. México encabeza el balance, con 3 víctimas, según el informe semestral de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap), de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap).
El documento, emitido en la capital mexicana con motivo del 30º aniversario de la organización continental, establece que entre enero y junio asesinaron periodistas en Ecuador (2), Colombia (1), Guyana (1), México (3) y Venezuela (1), más una desaparición en Paraguay. Durante 6 meses, el trágico balance cobró 9 víctimas en 6 países.
La tendencia estadística totalizaría unas 18 víctimas para todo el año 2006, acercándose al fatídico guarismo de 20 muertes de 1995. En ese año mataron a 14 periodistas en 7 países: Brasil (3), Colombia (3), Ecuador (1), Haití (2), México (3), Nicaragua (1) y Venezuela (1). En 1994 fueron asesinados 22 profesionales en 9 países: Argentina (2), Brasil (3), Colombia (3), Haití (1), México (5), Nicaragua (2), República Dominicana (3), Perú (2) y Venezuela (1).
Además de asesinatos y desapariciones, los periodistas de toda la región sufrieron a diario ataques de diversa naturaleza, desde amenazas de muerte, golpizas de las mafias y agresiones policiales hasta atentados gubernamentales y legislativos.
El mayor peligro de muerte del periodismo regional radica hoy en la alianza entre bandas armadas del narcotráfico asociadas a la corrupción del poder político local, sea estadal, regional, provincial y/o municipal. En varios países latinoamericanos se consolida una nueva clase política local de extracción delictiva que ejerce una suerte de "narco-poder" o "corrup-poder" en asociación con los ejércitos privados del crimen armado.
La mayoría de los periodistas asesinados trabajaba en diarios, periódicos, radios y otros medios locales. México es el país donde asesinan hoy a más periodistas, tras quitarle el triste cetro a Colombia. En los seis años de gobierno de Vicente Fox, han sido asesinados 23 periodistas, mientras la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex) contabiliza 57 asesinatos desde 1983. Durante los 30 años de existencia de la Felap, desde su fundación en 1976, cerca de 800 periodistas han sido asesinados en América Latina y el Caribe.
Sigue creciendo en todo el mundo la tasa de muerte de periodistas que cumplen su deber de informar a la sociedad, asesinados por el crimen político-militar, político-policial y narco-político. Por ejemplo, en Irak, desde que empezó la guerra en marzo de 2003, han muerto 76 periodistas victimados por el ejército invasor estadounidense y la resistencia local, entre ellos 55 iraqueses, mucho más que todos los reporteros muertos durante la Segunda Guerra Mundial y en la cobertura de los dos decenios de la guerra de Vietnam.
De enero a mayo de 2006, se han registrado 16 muertes de periodistas en todo el mundo, más 6 colaboradores de prensa asesinados por su trabajo, mientras otros 100 permanecían detenidos en distintas cárceles del mundo, según fuentes especializadas. En 2005 hubo en todo el mundo 63 periodistas y 5 colaboradores muertos mientras ejercían su profesión, las peores cifras contabilizadas desde 1995, en gran parte debido a la inseguridad que introdujo en Irak la invasión de EEUU, en un país que en 2005 registró, por tercer año consecutivo, los mayores asesinatos de periodistas (24 y 5 colaboradores).
Pero en América Latina matan periodistas sin que haya ninguna guerra interna ni invasión militar extranjera frontal, excepto el conflicto armado de baja intensidad que sacude a Colombia desde hace medio siglo y que no impidió las elecciones que reeligieron a Álvaro Uribe Vélez con una tasa de abstención del 60%, superior a la registrada en cualquier otro país de la región, incluidas las cuestionadas democracias "populistas" de Venezuela y Bolivia.
Asesinatos enero-junio 2006
- México, 6 de enero: fue muerto a puñaladas el periodista radial José Valdés, en Sabinas (Coahuila), en la frontera con Texas. Pilar Cortázar, colega y amiga de la víctima, acusó a narcotraficantes, cuyas conexiones mafiosas con militares encargados del combate a las drogas precisamente eran investigadas por Valdés.
- Guyana, 30 de enero: dos pistoleros asestaron 13 balazos mortales en su residencia de Georgetown al periodista Ronald Waddell, del Canal 9 HBTV, crítico del presidente Bharrat Jagdeo y miembro del partido Congreso Nacional del Pueblo.
- Colombia, 20 de marzo: murió en Medellín el periodista radial Gustavo Rojas Gabalo, quien sufrió un atentado de sicarios el 4 de febrero en Montería, departamento de Córdoba, en la región del conflicto armado.
- Paraguay, 4 de febrero: en el poblado de Yby Yaú, departamento de Concepción, desapareció el periodista Enrique Galeano, de Radio Azotey, de Horqueta, y editor de la revista mensual Aló Vecino. Julio Benegas, secretario general del Sindicato de Periodistas de Paraguay, denunció la desaparición al Ministerio del Interior, pero hasta hoy no hubo progresos en la investigación.
- Ecuador, 13 de febrero: en Guayaquil mataron de disparos a quemarropa a José Luís León, de "Radio Minutera".
- Ecuador, 14 de febrero: también en Guayaquil, y con el mismo método, asesinaron a Saúl Suárez, reportero gráfico de "La Hora Durandeña" y de "La Prensa". Estos crímenes fueron condenados por el director general de UNESCO, Kochiro Matsuura.
- México, 9 de marzo: en La Piedad (Michoacán) asesinan a tiros a Jaime Arturo Overa Bravo, fotógrafo independiente y ex corresponsal del diario de Moreali La Voz de Michoacán, mientras esperaba el autobús acompañado de un hijo de cinco años. También el Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura, condenó este asesinato.
- México, 10 de marzo: cuando salía de su casa en Nuevo Laredo (Tamaulipas), asesinaron a balazos a Ramiro Téllez Contreras, periodista de la radio local Exa 95.7 FM y telefonista en un puesto de policía. Desde 1999, ocho periodistas han sido asesinados en Tamaulipas.
- Venezuela, 6 de abril: el fotógrafo Jorge Aguirre, del vespertino El Mundo, de la cadena Capriles, fue asesinado cuando cubría una protesta contra una ola de crímenes por Boris Blanco Arcia, de 33 años, ex policía de Caracas, cesado en sus funciones en octubre de 2005, quien disparó desde la motocicleta que conducía Charly Briceño, otro policía municipal.
Otros atentados en México
Además de los asesinatos, en Latinoamérica se constata una variedad de atentados contra periodistas y medios de comunicación y resaltan, por su gravedad, los ocurridos en México. Amerigo Incalterra, Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en ese país declaró el 15 de febrero que en los tres meses anteriores se había documentado 12 atentados a trabajadores de la prensa.
El seis de febrero, hombres armados penetraron disparando a la sede del periódico "El Mañana", de Nuevo Laredo, estallaron una granada e hirieron al reportero Jaime Orozco. "El ataque produjo daños considerables, mientras que cristales rotos, puertas horadadas por las balas y un apagón era el panorama que presentaba la redacción", apuntó el sitio web del periódico.
La Fapermex y el Club Primera Plana han venido denunciando asesinatos y atentados continuos, influyendo en la creación de un grupo parlamentario de seguimiento a los atropellos y una fiscalía especializada para delitos contra periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGB).
El vicepresidente mexicano de la Felap, Teodoro Rentería Arróyave, y los presidentes de Fapermex, José Antonio Calcáneo Collado, y del Club Primera Plana, Raúl Durán Cárdenas, reclamaron protección al Fiscal Especial de Atentados a Periodistas, David Vega Vera, y a los diputados del Grupo de Trabajo de Seguimiento a Atentados a Periodistas y Medios de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, Beatriz Mojica Morga (presidenta), Jesús González Small y Ruth Zavaleta.
La periodista mexicana Lydia Cacho, quien sufrió violentos atropellos a finales de 2005, escribió el 12 de marzo: "Han pasado 82 días desde que fui arbitrariamente detenida y encarcelada por haber escrito un trabajo periodístico que delata una red de pornografía infantil [.] He admirado el profesionalismo y la solidaridad de mis colegas periodistas que no me han dejado sola un minuto y han seguido la pista de los criminales". Agregó Cacho: "Han aumentado a cinco los agentes federales que resguardan mi vida y el vehículo blindado que me adjudicó la agencia contra el crimen es de blindaje tipo 7, el máximo". Así están las cosas en México.
Atentados a granel
Una mirada sucinta a los últimos 30 días revela que en América Latina se producen atentados prácticamente todos los días, ocasionando denuncias de las organizaciones de periodistas y de las propias víctimas.
Por ejemplo, en Perú, el 31 de mayo, Robin Ipanaque Hidaldo y Walter Maldonado Maguiña, de Radio Melodía de Huaraz, fueron agredidos físicamente por Isaías Terry Valverde, dirigente del Club Sport Ancash del fútbol profesional peruano.
En ese mismo país, el 29 de mayo, el periodista Eduardo Ganoza Cochachi fue agredido por dos militantes del partido peruano APRA por cuestionar su conducta contra un dirigente del Partido Nacionalista.
En Chile, el 31 de mayo, Carabineros hirió a seis periodistas que cubrían la represión a los estudiantes secundarios que reclamaban cambios de fondo en las leyes educativas.
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) condenó la agresión contra el periodista Alberto Cardona, perpetrada por agentes de la empresa privada de Seguridad Integral el 24 de mayo de 2006 en el Estadio del Ejército.
También en Perú, 25 de mayo de 2006, Walter Rocha Chocos, director y conductor del informativo "Día a Día" de AMR televisión de Huaraz, recibió amenazas de muerte en su teléfono móvil. El mismo día, la periodista Gudelia Gálvez Tafur, de la televisora Red Global Huaraz, recibió una intimidación similar, también a su teléfono móvil. Ambos, identificaron al agresor como el Gerente de Servicios Públicos del Gobierno Provincial de Huaraz, Augusto Rojo Ángeles.
En Honduras, el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, eligió el 25 de mayo de 2006, Día del Periodista hondureño, para engavetar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por considerar que no había consenso, existía mucha oposición, el dictamen no le convencía y porque el presidente Manuel Zelaya, gestor de la iniciativa, pidió "tiempo" para enviar sus observaciones.
En México, la reportera de espectáculos Gloria Rubí fue agredida en mayo por la cantante de rock Alejandra Guzmán, en el 11º aniversario del programa de televisión "Otro rollo".
En Argentina, periodistas denunciaron el 22 de mayo que sus casillas de e-mail fueron violadas por desconocidos que, además, difundieron listas con las contraseñas de unos 20 reporteros. Días antes, se conoció el espionaje y robo de información del correo electrónico del periodista de "Clarín" Daniel Santoro, respecto de un diálogo confidencial que mantuvo con un juez por un caso de narcotráfico.
En Perú, el 21 de mayo, la periodista Janet Mori de Panamericana Televisión y el reportero gráfico Enrique Cúneo, del diario "El Comercio", fueron agredidos por Daniel Abugattás, congresista electo de la agrupación política Unión Por el Perú (UPP). durante un debate público entre los candidatos presidenciales Alan García (Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA) y Ollanta Humala Tasso (UPP).
En Colombia, el 17 de mayo se supo que cuatro periodistas fueron detenidos en el Departamento del Cauca mientras cubrían protestas indígenas contra el tratado de libre comercio con EEUU. Días después fueron liberados Richard Calpa, director de la radio La Libertad, del municipio de Totoró; Marcelo Forero, periodista del sitio web El Turbión, de Bogotá; Carmén Eugenia León y Jesús López, informadores de la red de radios étnicas Asociación de Cabildos Indígenas.
En Uruguay, un fallo judicial condenó a tres meses de prisión al periodista Gustavo Escanlar Patrone, por el delito de injuria.
En Colombia, el periodista Pedro Antonio Cárdenas Cáceres, de la publicación quincenal La Verdad, de Honda, abandonó su hogar en el departamento Tolima y huyó con su familia a Bogotá por amenazas de muerte de paramilitares recibidas después de publicar informes sobre corrupción gubernamental.
En México, durante la primera semana de mayo, el juez del 11º Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, Jacinto Figueroa Salmorán, decidió que continúe en proceso la denuncia contra el periodista Sergio Sarmiento por el delito de difamación interpuesta en octubre de 2003 por el ex cónsul Humberto Hernández Haddad.
En Perú, el 10 de mayo, Luis Bahamonde y Eliana Villavicencio, del diario "Correo de Trujillo" recibieron anónimas amenazas telefónicas de muerte por publicaciones respecto a los hermanos Luis, Wilfredo y John Salazar Paredes, acusados de narcotráfico y detenidos el 6 de mayo.
En Honduras, el dueño del Canal 49 de televisión, de Santa Rosa de Copán, reintegró a sus funciones el 24 de abril a la periodista Wendy Guerra, despedida por presiones del gobierno local.
Ultraje sexual a fotógrafas
En México, el 4 de mayo, la policía perpetró intolerables actos de violencia y abusos sexuales contra tres fotógrafas extranjeras que cubrían una manifestación por la paz en San Salvador Atenco, un suburbio del Distrito Federal. Las víctimas fueron la española María Sostres, la estudiante alemana de fotografía Samantha Dietmar y la estudiante chilena de antropología y realización cinematográfica Valentina Palma Novoa.
En Honduras, Octavio Carvajal, conductor de programas radiales en la emisora capitalina STC Noticias, denunció ante el Ministerio Público o Fiscalía del Estado, al subgerente de la estatal empresa telefónica Hondutel, Marcelo Chimirri, por agresiones físicas que sufrió cuando salía de su residencia en una colonia capitalina. Asimismo, anunció que abandonaría temporalmente el país el 11 de mayo de 2006 por temor a represalias.
La Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) reclamó ante el ministerio Público por el fallo judicial que dejó libres a dos agentes de la Policía Nacional Civil que atacaron y coaccionaron a dos reporteros de "Nuestro Diario" durante el violento desalojo de campesinos efectuado el 31 de agosto de 2004 por las fuerzas de seguridad del gobierno en la finca "Nueva Linda", en el departamento de Retalhuleu.
En Costa Rica, la Cámara Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia rechazó el 3 de mayo un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la Ley de Prensa, que establece penas de cárcel para delitos de "calumnia" e "injuria" cometidos a través de la prensa.
En Perú, el periodista Javier Poma Sotelo, director y conductor del espacio "ATV Noticias" y del programa "Impacto", comenzó a recibir amenazas de muerte el 2 de mayo a través de mensajes de texto a su teléfono móvil. Posteriormente fue agredido por el propietario de una discoteca y un grupo de futbolistas profesionales del Club Sport Ancash, de Huaraz, capital de la región Ancash, junto a sus colegas Luis Medina Villacorta, director y productor del informativo "ATV Noticias"; y Nilton Rodríguez Soto, director del programa "Contacto semanal" de Red Global y su asistente, César Giraldo.
En Mexico, el 2 de mayo de 2006, el juez 12º civil del Distrito Federal, Carlos Miguel Jiménez, ordenó a la periodista Olga Wornat y al semanario "Proceso" el pagó de 180.000 dólares por daño moral contra la esposa del presidente de México, Martha Sahagún.
En Chile, el 1 de mayo de 2006, los fotógrafos Santiago Llanquín, de la agencia de noticias Associated Press, y Danny Alveal, del diario "Las Últimas Noticias", resultaron heridos por desconocidos durante la cobertura de una marcha convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para conmemorar el Día del Trabajador en Santiago.
En Venezuela, el periodista Henry Crespo fue sentenciado a 18 meses de prisión en suspenso por "difamación penal", tras informar sobre corrupción gubernamental.
En Colombia, Daniel Muñoz, fotógrafo de la agencia internacional de prensa Reuters, fue agredido por un agente de la Policía en los disturbios acaecidos el 2 de mayo, durante un paro de transportes de la ciudad de Bogotá.
En Brasil, solicitaron a Luiz Inácio Lula da Silva su colaboración para esclarecer la muerte del periodista Manoel Leal de Oliveira, asesinado de seis balazos el 14 de enero de 1998.
En Colombia, el 17 de abril se lamentó la muerte del periodista de televisión Jairo Muñoz, de 42 años, quien murió cubriendo aludes en los que perdieron la vida casi 30 habitantes de la costa pacífica.
En Perú, el 5 de abril, la periodista Marilú Gambini, del programa "Confidencial" de canal 31 de televisión, abandonó el país con sus dos hijos menores de edad tras ser amenazada nuevamente de muerte el 28 de marzo y sin que las autoridades determinaran aún a los agresores. Gambini ha sido amenazada y golpeada repetidas veces debido a las investigaciones que realiza sobre el narcotráfico en Chimbote, al noroeste del país.
En Peru, el 3 de abril, la Sala Especializada en lo Penal de Coronel Portillo, Pucallpa, región Uyacalí, ordenó la detención del alcalde Luis Valdez Villacorta y del vocal Solio Ramírez Garay, presuntos autores intelectuales del asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández, perpetrado en abril de 2004. Ambos inculpados están prófugos.
En México, más de cien diarios, a los que se suman varios periódicos en español del sur de EEUU, acordaron publicar simultáneamente el 3 de abril un reportaje sobre Jiménez Mota, periodista del "El Imparcial", de Hermosillo, Sonora, desaparecido desde el 2 de abril del 2005.
En Colombia, el 15 de marzo, fue secuestrada durante dos horas en el taxi en que se dirigía a su casa la periodista Elizabeth Vargas Pacheco, directora de la Asociación Democrática Para la Defensa de los Derechos Humanos (ASDEH). La periodista, ya intimidada en 2005, recibió nuevas amenazas de muerte, le notificaron que conocían su trabajo y le robaron dinero y su teléfono móvil. Hasta el momento, la policía sólo ha identificado la placa y el dueño del vehículo.
- Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap): Presidente, Hernán Uribe (Chile), Secretario Ejecutivo, Ernesto Carmona (Chile), Director Ejecutivo, José Dos Santos (Cuba); Sub Director Ejecutivo, Antonio Calcáneo (México).
¿Es ésta la aportación de Madrid y París?
Las policías española y francesa detuvieron ayer a doce ciudadanos vascos, nueve de ellos con edades superiores a los 50 años, a los que relaciona presuntamente con el denominado «aparato financiero de ETA». La operación tendría su origen en una investigación que data de 1998, en el caso de la Audiencia Nacional española, y de 2005, en el de la XIV Sección Antiterrorista de París. La redada, que se desarrolló en varias localidades de Lapurdi y Gipuzkoa, y que se extendió a la población de Santa Pola (Alicante), dio lugar al embargo de diversos bienes y cuentas corrientes.
La práctica totalidad de los agentes políticos vascos remarcaron la gravedad de esta nueva incursión policial, que interpretaron en clave de obstáculo cuando no de abierto sabotaje al proceso político abierto en Euskal Herria. Esa valoración generalizada contrastaba con la afirmación del Gobierno español de que la operación ordenada por los jueces Le Vert y Grande-Marlaska no afectaría de modo alguno al plan de diálogo con ETA.
La lógica y la experiencia de otros países, como hicieron patente recientemente en sendos comunicados el ANC sudafricano y el Sinn Féin irlandés, indican, sin embargo, que la detención de personas vinculadas a una de las partes implicadas en cualquier proceso de negociación supone lanzar un torpedo contra la línea de flotación del mismo.
En la entrevista con ETA publicada por GARA el pasado 14 de mayo, interpelados sus interlocutores sobre las detenciones, controles policiales o el mantenimiento de la ilegalización de organismos abertzales, la organización armada afirmaba tajantemente que «si los ataques de los aparatos de los estados prosiguen será imposible seguir adelante con el proceso». En otro momento de la primera entrevista concedida por ETA desde que anunciara el pasado 22 de marzo su alto el fuego permanente, estos portavoces respondían que «España y Francia deben tomar y cumplir sus compromisos de ?tregua? para que el proceso pueda desarrollarse». Conocida esa posición, y a la luz de la vasta operación policial desarrollada ayer, cabe plantear algunos interrogantes: ¿qué buscan Madrid y París? ¿es ésta su aportación al proceso? ¿a qué objetivo sirve y a qué responde esta actuación?
Ayer, el Ejecutivo español ni tan siquiera se escudó en el manido y falaz argumento de la actuación independiente de los jueces, sino que asumió con claridad la paternidad de la actuación policial y, sin ningún rubor, agregó a renglón seguido que «esto no altera en lo más mínimo el curso de ruta del que es responsable el Gobierno para el aprovechamiento de una oportunidad histórica».
Pese a tal afirmación, nadie puede abstraerse del hecho de que el proceso político abierto atravesará por gravísimas dificultades si alguien, en este caso los estados español y francés, pretende continuar por la senda represiva, a sabiendas de que esa dinámica no se corresponde en absoluto con los parámetros de un proceso de paz y resolución del conflicto. (Ante cualquier acción atribuida a ETA, gobiernos y medios hablarían sin duda de sabotaje al proceso. Por tanto, ¿qué consideración habría que dar a las detenciones llevadas a cabo ayer?).
Cuando están a punto de cumplirse tres meses de la declaración de alto el fuego permanente de ETA, Madrid y París continúan sin dar los pasos ni adoptar los compromisos acordes al momento. Hechos como los de ayer, unidos a precedentes operativos, o al mantenimiento del juicio por el macrosumario 18/98, entre otros ataques, deben ser valorados como lo que son, un obstáculo para el diálogo y una amenaza en toda regla para el logro de la paz. Por ello, se hace más imperiosa cada día la necesidad de que los agentes y ciudadanos de este país trabajen para evitar que los estados puedan condicionar el proceso democrático, fijando definitivamente en Euskal Herria su centro de gravedad. - Diario Gara- País Vasco
