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Argentina continúa la lucha contra la instalación de papeleras contaminantes en Uruguay

@DIN - Los Asambleístas de Gualeguaychú que se oponen a las instalaciones de papeleras en la costa del río Uruguay continuarán con su lucha. Así lo resolvieron en una reunión el martes, donde establecieron que continuarán con el pedido a turistas de Argentina para que no viajen a uruguay. También realizarán escraches frente a las Embajadas (en Buenos Aires) de España, Uruguay, Finlandia y Comunidad Económica Europea.
Por otra parte se informó que Pino Solanas, el cineasta argentino, próximamente estará en Paraná disertando. Será el 19 de agosto, a las 10.30, en el Auditorio Rodolfo Walsh de Facultad de Ciencias de la Educación, Buenos Aires 389. Hablará de los recursos naturales argentinos, bajo el título Frenar el saqueo, Nacionalizar los hidrocarburos. Fernando Solanas preside el Grupo MORENO (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora), y fue diputado nacional. Su presencia en la capital de Entre Ríos será a la vez, el lanzamiento de la Campaña Nacional por un millón de firmas para la nacionalización del petróleo y el gas que MORENO impulsa junto a otras organizaciones sociales. Diversas entidades intermedias colaboran en la organzación del evento.
En tanto, el gobierno argentino concluyó el alegato escrito que presentará hoy jueves al Tribunal Arbitral del Mercosur, en el que sostiene en treinta y cinco páginas y un anexo de turismo la condición de "abstracta" que tiene la demanda presentada por el Uruguay en torno de los cortes de rutas binacionales que se hicieron con motivo del conflicto por la instalación de las papeleras en Fray Bentos.
El documento, que la cancillería cursará hoy a la secretaría del Mercosur, en Montevideo, remarca por otra parte el "activo rol" que tuvo el gobierno argentino en ocasión de los Cortes en Entre Ríos y reseña una serie de ejemplos al respecto.
También, refleja "el exitoso empleo de la disuasión" con que el Ejecutivo de Néstor Kirchner consiguió a la postre que concluyesen las protestas en las rutas que realizaron asambleístas entrerrianos, básicamente de Gualeguaychú y Colón.
De igual forma que en los alegatos orales de la semana pasada en la capital del Uruguay, la representación nacional probará que "no hubo daños" como consecuencia de la actividad de los asambleístas y enumerará los "recaudos" adoptados por el gobierno para que los cortes no provocaran "efectos no deseados".
El contenido de la presentación, al que en sustancia tuvo acceso Télam, será llevado a Montevideo por un funcionario de la Cancillería antes de las 17 dhoy, que es el plazo tope para la presentación de los alegatos, informaron fuentes oficiales.
Los alegatos escritos cerrarán las instancias probatorias y testimoniales que tienen las partes en pugna y habilitará al Tribunal ad hoc del Mercosur a dictar un laudo, con un plazo máximo fijado en el 7 de septiembre.
En el texto, según las fuentes, la Argentina no vuelve a referirse al cúmulo de antecedentes que tiene el pleito y consigna "sólo algunos hechos puntuales" que ofician de soportes principales de la presentación.
Uruguay fue el que elevó al nivel de una controversia la situación de los cortes, pero con la particularidad de que su recurso ante el Tribunal Arbitral se dio con posterioridad a los hechos demandados y con una visión de futuro.
Sin contemplar que las pautas de procedimiento del cuerpo tripartito no incluyen laudos "a futuro", por episodios que podrían repetirse o simplemente darse, la gestión del presidente Tabaré Vázquez avanzó igual en búsqueda de "justicia".
De igual forma, el Uruguay soslayó que este Tribunal -por reglamento- dirime fundamentalmente temas comerciales, que en la demanda no están taxativamente planteados.
El centro del planteo uruguayo está puesto en la presunta "omisión" en la que incurrió la Argentina frente a los cortes de Entre Ríos e, incluso, sostiene que "la disuación -empleada por Argentina- no es eficaz".
El implícito pensamiento uruguayo sobre que la Argentina debió haber apelado a la fuerza para que los cortes se levantaran el verano pasado provocó un "impacto" en el seno del Tribunal, según pudo recoger Télam.
Pero, de cualquier forma, el cuerpo que preside en esta ocasión el español Luis Martín Mingarro, secundado por el argentino Carlos Barreira y el uruguayo José María Gamio, actúa en un marco de estricta reserva, en cumplimiento del reglamento específico.
Una vez que se presenten los alegatos, el Tribunal podrá optar por reunirse a sesionar en privado o bien, resolver por medio de interconsultas, de acuerdo con el reglamento.
La semana pasada, en Montevideo, quedaron sentadas las bases como para que el Tribunal se reúna la próxima semana en Asunción del Paraguay, donde funciona además el Tribunal de Revisión del Mercosur.
Precisamente a esta última instancia podrían llegar a recurrir los países en pugna, para el caso de que alguno desee apelar el laudo arbitral en curso.



Comprometida situación de presidente de Petrolera Estatal Boliviana

La Paz, 22 ago (PL) La situación del presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) parece comprometida hoy, tras un informe de auditoría que encontró la firma de un contrato irregular de exportación de petróleo.
El funcionario, Jorge Alvarado, autorizó la suscripción del contrato de venta de petróleo a precio reducido, con la firma Iberoamérica Trading, sin respaldo legal ni técnico y sin un proceso transparente de competencia.
Así lo informó anoche el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, al dar cuenta del informe preliminar de la auditoría interna realizada en torno al caso, la cual verificó que existen indicios de responsabilidad administrativa en el caso.
Soliz indicó que ahora corresponde que Alvarado haga sus descargos frente a los señalamientos del informe, en un plazo de diez días, y dijo que no se descarta la suspensión definitiva del titular de YPFB.
El presidente Evo Morales ha rechazado diversas demandas de sustituir a Alvarado y ha exigido pruebas de corrupción para cesarlo.
Entre las irregularidades detectadas, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hidrocarburos señaló el hecho que el abogado de YPFB no participó en la negociación ni en la elaboración del contrato, ni en la firma del documento.
Según Soliz, Alvarado dispuso la firma del contrato sin consutar con el Ministerio de Hidrocarburos ni con la Contraloría General de la República.
El caso fue revelado por la Superintendencia de Hidrocarburos, que desautorizó el contrato antes de su ejecución, por lo que no hubo daño para el Estado.
Ese informe de auditoría señala también que el contrato incumplió o violó el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, de mayo pasado, que reserva a YPFB operaciones como la encomendada a Iberoamérica Trading.
Dicho caso es usado por los partidos tradicionales, sobre todo Poder Democrático Social (Podemos) y medios de prensa afines para cuestionar la nacionalización de los hidrocarburos, lo que fue rechazado por el vicepresidente, Alvaro García, y por Soliz.
García anunció una investigación del daño causado al Estado por el régimen del ex presidente Jorge Quiroga (2001-02), jefe de Podemos, con decisiones indebidas y favorables a las transnacionales.
Coincidió con Soliz en rechazar la pretensión de Podemos, de censurar a Soliz en el Senado, por el contrato con la firma Iberoamérica Trading y por la lentitud del proceso de nacionalización de los hidrocarburos.
Según García, quienes como gobernantes fueron serviles con las transnacionales y dañaron al Estado, carecen de autoridad moral para pedir cuentas al gobierno.
Soliz denunció que se ha desatado una arremetida contra la nacionalización, por parte de Podemos y recordó que elementos de este grupo y ex funcionarios del régimen de Quiroga están estrechamente ligados a las transnacionales.
El titular de Hidrocarburos llamó a las organizaciones sociales a estar alerta contra las maniobras que pretenden destruir la nacionalización.
pgh/mrs



Comienza hoy proceso ético contra diputados brasileños corruptos

Brasilia, 22 ago (PL) El Consejo de Etica del Congreso brasileño comienza hoy un proceso contra 67 diputados y tres senadores acusados de violar el decoro parlamentario después de haber sido relacionados por las investigaciones a un escándalo por fraude.
El grupo de diputados procesados por esa instancia era de 69, y el proceso fue recomendado por la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI), que analizó las denuncias y evidencias contra esos miembros de la Cámara que aceptaron sobornos de una banda.
Sin embargo en las últimas horas el número de diputados se redujo a 67 porque dos de ellos renunciaron a su cargo: Marcelino Fraga, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y Coriolano Sales, del Partido Frente Liberal (PFL).
Fraga entregó su renuncia poco antes de la media noche del lunes, cuando vencía el plazo para dimitir otorgado por la instancia de Etica, y Sales se anticipó en tres días, como parte de una maniobra para evitar ser juzgado.
No obstante, el presidente del Consejo de Etica, Diputado Ricardo Izar, del Partido Laborista Brasileño (PTB), les aclaró que cualquier parlamentario podrá responder al proceso en caso de que vuelva a la Cámara en la próxima legislatura.
Muchos de los implicados en el proceso son candidatos a la reelección para esos cargos y desarrollan campañas con vista a los comicios generales que tendrán lugar en este país sudamericano el próximo 1 de octubre.
Los 72 parlamentarios que la CPI recomendó procesar en el Consejo de Etica presentaron enmiendas para que del Presupuesto Nacional se destinaran fondos a comprar ambulancias y otros equipos dirigidos a las prefecturas (alcaldías).
El acto de presentar las enmiendas es legal, pero lo hicieron como parte de un plan de una banda que disponía de esos recursos para hacer ventas sobrefacturadas e incompletas a las alcaldías, a cambio de un por ciento en dinero o bienes.
La operación, que desató el mayor escándalo por corrupción en la asamblea, fue descubierta por la Policía Federal, que estudiaba ese esquema desde hacía años y detuvo en mayo a los miembros de la banda, formada por empresarios, funcionarios, auxiliares y ex parlamentarios.
Además de estos diputados y senadores corruptos, que al ser despojados de su inmunidad parlamentaria quedarán en manos de la justicia, hay otros 27 legisladores implicados, que la víspera comenzaron a ser procesados por la Procuraduría y la Fiscalía.
asg/rr



Venezuela prioriza estrategias democráticas en modelo policial

Caracas, 22 ago (PL) Las estrategias democráticas ocupan hoy la prioridad en la conformación del nuevo modelo policial venezolano, llamado a lograr la participación de toda la población en el diseño y supervisión de la fuerza pública.
En ese sentido, el titular del Interior y Justicia, Jesse Chacón, aseguró que esa iniciativa dejará atrás las prácticas represivas, pues la solución al tema no esta precisamente en combatir la delincuencia con métodos de violencia.
Para Venezuela, manifestó el funcionario, la realidad reclama la conformación de un "modelo cercano a la gente, donde la comunidad pueda participar y supervisar".
Bajo ese novedoso esquema, expresó Chacón ante expertos internacionales, el policía debe ser primero ciudadano y luego policía, "y no como ocurre hoy en nuestro país".
La fuerza pública que reclama la nación, añadió el ministro, esta llamada a surgir del trabajo colectivo de la población, la cual es quien se enfrenta día a día con los problemas de seguridad.
Ante esas necesidades, los expertos destacaron que se espera para noviembre próximo la presentación del nuevo modelo policial y con vese paso se realiza un amplio proceso de consulta que requiere la participación de los diversos sectores de la sociedad civil.
Incluso, dijo Chacón, se tomarán en cuenta las opiniones de especialistas extranjeros, tal y como ocurre con un taller que sesiona en esta capital con la asistencia de funcionarios de Brasil, Gran Bretaña, Irlanda, España y Holanda, entre otros países.
El concepto vigente de policía es cuestionado en Venezuela debido al alto grado de descentralización, la ausencia de la debida coordinación entre los cuerpos regionales y la corrupción que afecta esa institución.
La aprobación de un nuevo esquema forma parte de los esfuerzos emprendidos por el gobierno del presidente Hugo Chávez para enfrentar el índice delictivo en el país, de unos 26 millones de habitantes.
pgh/mem



En peligro acuerdo con la DEA, advirtió Venezuela

Caracas, 21 ago (PL) El establecimiento de un nuevo organismo de espionaje de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela puso hoy en peligro la renovación de un acuerdo de cooperación contra el narcotráfico negociado por Washington y Caracas.
El ministro venezolano de Interior y Justicia, Jesse Chacón, adelantó la decisión de su país de revisar -debido a la nueva situación- el documento que estaba siendo preparado.
Chacón consideró necesario analizar si es conveniente o no firmar ese convenio "porque si van a tener toda una estructura de inteligencia dirigida a Venezuela, un funcionario de la DEA es un funcionario de Inteligencia."
El convenio debe establecer las condiciones de cooperación de los organismos venezolanos y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) luego de la anulación del anterior a fines del año pasado.
Venezuela denunció el convenio luego de detectar irregularidades en la actuación de los agentes norteamericanos y contradicciones de ese acuerdo con la Constitución, entre ellas la entrega controlada de drogas de forma operativa.
Chacón recordó asimismo que la suspensión del convenio con la DEA se debió a evidencias de espionaje. "Estaban grabando y no precisamente a narcotraficantes. Estaban grabando a los funcionarios del gobierno", subrayó.
En opinión de Chacón, Washington tiene desde hace tiempo una dirección de inteligencia especialmente dedicada a Venezuela que colaboró con el golpe de estado de abril de 2002 y el paro petrolero de 2002-2003, para derrocar al presidente Hugo Chávez.
Igualmente acusó a los servicios estadounidenses de apoyar a la oposición local en acciones como el llamado referendo revocatorio, mediante el cual se intentó también sacar del poder a Chávez.
Aunque Venezuela no es productor ni gran consumidor de drogas, es víctima del tráfico de drogas hacia el mercado estadounidense y europeo desde Colombia, país con el cual comparte más de dos mil 200 kilómetros de fronteras.
El año pasado las autoridades venezolanas decomisaron más de 70 toneladas de drogas, el doble del año anterior, como parte de una política dirigida al enfrentamiento del flagelo.
jl/ml



Mexico-Oaxaca, Esta madrugada, policías tirotearon estaciones ocupadas con el fin de recuperarlas
Tras ser atacada, tomó la APPO 12 radiodifusoras en Oaxaca
Media hora de balazos la madrugada del lunes.

Fueron recogidos en el cerro del Fortín al menos 300 casquillos de AK-47. El comando que destruyó de la manera más brutal posible los transmisores de la radio y televisión oficialmente "de los oaxaqueños" no se anduvo con cuentos. Pero el movimiento popular tampoco. No bien amanecieron las frecuencias sin una estación para la voz del magisterio y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), éstos ocuparon todas las radiodifusoras AM y FM de la ciudad, y para el mediodía ya transmitían, en poder de la APPO, 12 emisoras de nueve empresas diferentes.
Pero en los primeros minutos de este martes, desde más de 20 vehículos en movimiento -la mayoría sin placas-, fuerzas policiacas atacaron a tiros varias de las estaciones ocupadas con la intención de recuperarlas. Fueron identificadas las patrullas 517, 801, 529, 693 y 55 de la policía municipal. Se reportó un herido grave, con un tiro en el pecho.
Durante el lunes, uno recorría el cuadrante y no encontraba una Radio APPO, sino muchas. Con los micrófonos abiertos para la ciudadanía, algunas se escuchanan en todo el estado. Desde temprano comenzaron a llegar llamadas de aliento y respaldo de la sierra Sur, la Cañada, la Costa y los valles centrales.
El clamor que escuchaban los oaxaqueños aún era por la salida de Ulises Ruiz, quien sobrevive en la burbuja mediática que le prestan desde el centro de la República. En su estado se le escucha sólo como anécdota. El gobernador de Oaxaca, como aquel personaje de la novela Peter Schlemihl, es un hombre sin sombra; habla de paz y diálogo, y se lava las manos de cuanto hecho de sangre provocan policías de civil y golpeadores profesionales vinculados a su administración.

Cara limpia para el Senado

En otra esforzada acción de gobierno, los policías municipales y sus colaboradores "civiles" se han dado a la ingrata tarea de borrar con pintura blanca las pintas y el grafiti (que por millares decoran las fachadas y muros de la ciudad y los suburbios), para dar buena impresión a la avanzada que envió el Senado de la República con el fin de evaluar la situación y determinar si viene una comisión de legisladores. Muros blanqueados para tranquilizar a los observadores.
Y entonces brotó la voz de la protesta en todas las radios. Además, siguen siendo más los que, aerosol en mano, pintan y repintan los muros exigiendo la desaparición de poderes y denunciando por sus nombres o apodos a los funcionarios relacionados con la represión. También exigen, con nombre, la liberación de los presos políticos, torturados en todos los casos.
El comercio cerró el lunes en buena parte de la ciudad. Y ante la falta de transporte, pues no circularon los autobuses urbanos, por todas las colonias se veía caminar a la gente por centenares y los taxis no daban abasto.
Una marcha popular que salió a las 14 horas del mercado de Santa Rosa dio la vuelta a la capital durante cinco horas. Unas 12 mil personas, convocadas en pocas horas, atravesaron la central de abasto, realizaron un mitin en la distante colonia Reforma, y luego un plantón en El Llano, para concluir con una concentración en el zócalo.
Los inconformes cerraron desde temprano todos los accesos de la ciudad, con excepción del aeropuerto, "pues es federal", explicaron, y fueron bloqueadas las terminales de autobuses ADO, AU y Del Sur. Fueron quemados vehículos de la empresa Sertexa en distintos puntos de la periferia. ¿Cuánto falta para que esto sea una insurrección popular generalizada?
Mientras el gobierno estatal balbucía su deslinde de la balacera y el madrugador asalto al plantón en la antena de CORTV, y aventuraba la versión de un "autoatentado" de la APPO, todos sabían que era un ataque más de la fuerza pública, como el de ayer contra las bodegas del diario Noticias, que este lunes seguía en poder de los policías e invasores que encabeza el presidente municipal de Santa Cruz Amilpas, el priísta Miguel Garza Quintana.
Según informó la APPO en conferencia de prensa, entre las radiodifusoras tomadas estaban -además de La Ley- La Grande de Oaxaca, La Súper Q, Radio Cristal, Radio Oro, EKSA, Mexicana, Radio Fórmula, Estéreo Exitos y Qué Buena. Y ninguna dejó de transmitir el lunes.
"Qué gusto me dio poner radio La Ley esta mañana y oír que estaban hablando ustedes", decía al aire un ama de casa de la colonia Morelos. "Ahí siempre se habla mal del movimiento, se desinforma con descaro y nunca permiten las llamadas con críticas, rápido las bloquean".
Este sentimiento liberador y desafiante se adueñó de las ondas hertzianas. En EKSA los conductores alternativos decidieron que "la pregunta del día", dirigida al secretario de Gobierno, Heliodoro Díaz Escárraga, era: "¿Dónde está tu esposa?" La repitieron todo el lunes, inquiriendo sobre la ex funcionaria Aurora López Aceves, quien fue secretaria de Transporte en el gobierno de José Murat, y coordinadora de Transporte con Ulises Ruiz. Se le acusa de falsificar 18 mil concesiones de taxis, a razón de 120 mil pesos cada una, y de fabricar con ellas "lealtades" de transportistas del PRI y la CROC. Una y otra vez se le definió como "prófuga de la justicia".
La marcha que rodeó la capital oaxaqueña iba encabezada por miles de campesinos indígenas procedentes de la sierra Mixteca. "Compañeros, levanten sus armas", invitaba una bocina en la descubierta, y los mixtecos levantaban machetes, palos, varillas, resorteras y ¡periódicos! "Este es un movimiento pacífico. Nuestras únicas armas son nuestros instrumentos de trabajo", proseguía el magnavoz.
Frente a la populosa central de abasto, donde proliferan centenares de puestos y negocios, la marcha proclamaba: "Lo que el gobierno quiere es que ustedes, los comerciantes, desaparezcan para abrir paso a sus socios, las grandes cadenas: Sam's Club, Gigante, Soriana, y ellos llevarse la tajada. Los priístas ayudan a los que te van a quitar tu trabajo". También señalaban al cacique de la central, Roberto Mendoza, alias El Patachín, que trafica permisos y promueve la invasión de calles y colonias. "Es hora de que los comerciantes alcen la voz y se defiendan". El efecto de desnudamiento de la protesta popular oaxaqueña es ya de largo alcance.
La APPO responsabilizó al gobierno por "infiltrar agentes provocadores, fabricar delitos, cometer asesinatos, detener y encarcelar y torturar ilegalmente. Hacemos un llamado a la población general a su comprensión y a reforzar las guardias y proteger todos los lugares que ocupan las radiodifusoras ocupadas, de manera responsable y organizada, evitando cualquier provocación que justifique la intervención policiaca del gobierno federal".
En un mensaje difundido profusamente el lunes, la APPO señalaba: "Ante este panorama de provocación, terror y represión, hacemos la más amplia convocatoria a nuestro pueblo para concentrar todas nuestras fuerzas en torno a la demanda única que es la caída del tirano y, por consiguiente, a reforzar los puntos fijos, los campamentos y las distintas tomas de oficinas".
Por otra parte, diversos municipios que apoyan a la APPO y participan en el movimiento denunciaron que el gobierno retiene fondos públicos para más de 200 municipios, 47 de ellos gobernados por el PRD y el resto por ayuntamientos electos por usos y costumbres. "Es un acto de represalia", según Ignacio Cruz López, alcalde de San Jacinto Amilpas, uno de los "castigados" por Ulises Ruiz.


Caos En las Prisiones
Puerto Rico-SAN JUAN/Corresponsal EDLP -
Diez de las cincuenta prisiones de Puerto Rico amanecieron paralizadas ayer lunes por una huelga decretada por la Asociación Pro Derechos de los Confinados, mejor conocida como la Ñeta, que ha reanudado así las jornadas de protestas que culminaron a mediados del año pasado con paro de 28 días.

Al cierre de esta edición no se habían reportado incidentes de violencia en el paro, que comenzó a las 6:00 a.m. y presumiblemente afectaba miles de presos.
Aunque las unidades armadas del Departamento de Corrección habían reforzado la vigilancia, el jefe de la Policía nacional, Pedro Toledo, indicó que no se ha incrementado el patrullaje fuera de los perímetros carcelarios. Los presos, por su parte, hicieron llegar a la prensa un aviso de que se teme que en cualquier momento la guardia penal pueda iniciar registros en las celdas para destruir las reservas de comida y cigarrillos que tienen los confinados.
En un comunicado enviado a The Associated Press por la Ñeta, se consignó que el paro fue decretado luego de que fracasaran los intentos de hacer valer los acuerdos del año pasado, que pusieron fin a la huelga de mayo. Según la organización de los confinados, sus objeciones son presuntas violaciones a sus derechos legales, restricciones para adquirir productos en las comisarías de las prisiones y reducciones graves en los programas de rehabilitación.
De hecho, según la Asociación, el Gobierno ha cerrado una serie de campamentos penales y otras instituciones similares a donde se puede enviar a los prisioneros que ya están en el nivel de custodia mínima, por lo cual ahora no hay suficientes oportunidades de ese beneficio para los más de 3,000 confinados que cualifican.
La Ñeta es la organización más poderosa de los confinados de esta nación, que mantiene encarceladas sobre 14,000 personas en cualquier día del año de un total de más de 45,000 que se supone están bajo la competencia del Departamento de Corrección de alguna forma u otra.
La agencia informó que las cárceles afectadas por el paro que comenzó ayer son dos en Bayamón, una en San Juan, una en Guayama, seis en Ponce y dos en el Zarzal. En específico, se indicó que éstas son Bayamón 1072, Bayamón 292, Correccional El Zarzal, Campamento El Zarzal, Institución Correccional de San Juan (Las Malvinas), Institución Guayama 100, Institución Ponce Principal, Ponce Mínima, Institución Adultos 1000 Ponce, Institución Jóvenes Adultos Ponce y Ponce Máxima.
Las confrontaciones entre el Gobierno y la Ñeta se habían reducido significativamente luego de los primeros meses de 2005, cuando los intentos por desarticular la poderosa organización se convirtieron en una prioridad de la política pública. Sin embargo, en su comunicado de ayer la Ñeta informó que, en realidad, durante esos pasados 14 meses, las autoridades carcelarias habían estado acumulando acciones disciplinarias que ellos consideran injustificadas contra la población penal.
La Ñeta decreta paro en prisiones de PR
NUESTROS PAÍSES - 08/21/2006
Jesús Dávila



EE.UU. reclamó despliegue militar urgente en el Líbano. Italia no participará 'si Israel sigue disparando'

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, destacó la "la necesidad urgente" de que la fuerza internacional de la ONU se despliegue en el sur del Líbano. Italia participará de las tropas si Israel respeta el alto el fuego.

"La comunidad internacional debe designar el liderazgo de esta nueva fuerza internacional, darle reglas sólidas de compromiso y desplegarla lo antes posible para asegurar la paz", afirmó Bush.

El canciller italiano, Massimo D'Alema, dijo que un tercio de los 9.000 efectivos que se enviarán al Líbano podrían partir de su país pero reclamó a Israel "un compromiso renovado, y esta vez de verdad vinculante, de respeto al alto el fuego".

"Es justo pretender que Hezbollah deje las armas, pero no podemos mandar nuestros soldados al Líbano si el ejército de Israel sigue disparando", dijo D?Alema.-periodismo.com