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28.4.06 

Noticias del dia 28-4-6

Papeleras: Kirchner convocó a un acto en Gualeguaychú y Vázquez denunció un bloqueo contra su país

El presidente Néstor Kirchner convocó a todos los gobernadores a un acto en defensa del medio ambiente, el próximo 5 de mayo en Gualeguaychú. El mandatario uruguayo, Tabaré Vázquez, denunció a la Argentina por "discriminar, aislar y bloquear" a su país.

El Presidente respaldará a Entre Ríos en su fuerte reclamo para que no instalen las papeleras en Fary Bentos. La Dirección General de Información Pública de la provincia informó que Kirchner busca "manifestar un compromiso público en defensa del medio ambiente y de la calidad de vida".

El Gobierno pasará la presentación ante la Corte Internacional de La Haya para el 7 de mayo. Argentina acusará a Uruguay de no respetar el Tratado del Río Uruguay.

Vázquez advirtió: "No aceptaremos que absolutamente nadie de afuera nos diga lo que tenemos que hacer para preservar la salud de nuestra gente y el medio ambiente" y agregó que "la Argentina tendría que cuidar un poco más la salud de su gente porque tiene varias plantas de producción de pasta de celulosa funcionando en pésimas condiciones".



Dura polémica por la ley que permite 'cargos especiales' en las tarifas de luz y gas. Rechazo de consumidores

Especialistas y organizaciones de consumidores rechazan la ley impulsada por el Gobierno que permite aumentar las tarifas de luz y gas para financiar obras, por considerarla inconstitucional.

La ley que aprobó el Congreso habilita al Poder Ejecutivo a imponer cargos a los usuarios de gas, gas licuado de petróleo y electricidad para financiar obras en el sector de generación y transporte de energía. Los senadores radicales consideraron que la norma es ?un cheque en blanco? para el Gobierno.

La oposición asegura que la nueva medida es una delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que queda libre del control del Congreso. "No estoy de acuerdo con que las obras las paguen los usuarios; eso tiene que correr por cuenta de las empresas", dijo Susana Andrada, presidenta del Centro de Educación al Consumidor.

El presidente Néstor Kirchner negó que se trate de un aumento de tarifas y aseguró: ?Se terminaron en Argentina los aumentos indiscriminados de tarifas destinados a obras que nunca se realizaron, como ocurrió en el pasado?.



CROMAÑON

Desde ayer, el foco de atención en la causa Cromañón vuelve a estar en los
funcionarios, bomberos y policías que habilitaron el boliche de Once. La
Justicia recibió un peritaje de la Facultad de Arquitectura de la UBA que
confirmó las irregularidades que existían en República Cromañón. En la
pericia se detallan datos que demuestran que los planos habrían sido
intencionalmente modificados para hacer figurar una superficie mayor a la
que realmente existía. El peritaje fue un pedido que hicieron los familiares
de los 194 fallecidos, hace un año, cuando recorrieron el boliche.

Un obrero de la construcción murió el jueves al mediodía mientras trabajaba en una cooperativa de vivienda del barrio San Atilio, ubicado en la localidad de José C. Paz. Más de 800 trabajadores de la cooperativa rodearon el cuerpo para evitar que la policía lo retire y oculte las verdaderas causas de su muerte. Luego de realizar la denuncia ante las cámaras de Canal 13, el cuerpo fue retirado. Un grupo de sus compañeros escoltó la camioneta en la que era trasladado hasta la Avenida Saavedra Lamas, donde cortaron la ruta exigiendo mejoras en las condiciones de trabajo.
Según sus compañeros, Walter Gimenez, de 36 años de edad, con dos hijos, murió a causa de las condiciones precarias de trabajo a las que diariamente están sometidos en las 120 cooperativas de trabajo en el Barrio San Atilio: ausencia de cobertura médica por accidente de trabajo, ningún tipo de seguro social, ropa y elementos adecuados, trabajo a destajo y bajo amenaza de despido, sueldos menores a los pactados por contrato, entre otras.
Gimenez, luego de recibir una descarga eléctrica de una mezcladora, fue asistido por sus compañeros quienes denunciaron que la ambulancia tardó media hora en llegar al lugar, sin los elementos necesarios y con un médico ginecólogo a cargo.
Según declararon a los cronistas de la radio comunitaria FM Tinkunaco 107.3 Mhz., que se encuentra frente al complejo habitacional en construcción, la de Gimenez es la cuarta muerte de un trabajador producto de la inexistencia de condiciones de seguridad para realizar sus labores.
El complejo habitacional donde se produjo el hecho es el mismo que visitó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, junto al presidente Néstor Kirchner, durante su estadía en el país en el mes de marzo. Las viviendas, ubicadas en el Barrio San Atilio en José C. Paz, se construyen a través de 120 cooperativas de trabajo, cuya figura es un mero formalismo. Los propios trabajadores denunciaron que en el contrato que firman para ingresar a las mismas incluye el derecho a la autogestión del financiamiento y los materiales suministrados por el Estado. Sin embargo, son los punteros del intendente Mario Ishii quienes manejan los recursos, imponen las condiciones de trabajo, y determinan el valor real de los salarios.



Problemas de campesinos en Santiago del Estero:
Justicia, Legislatura y Policía contra los verdaderos dueños de la tierra

@DIN, 28 de abril de 2006 - En Santiago del Estero cada uno de los humildes campesinos que hoy habitan inmesas extensiones de tierra casi infértil podría llamarse Martín Fierro.
Justicia y Policía no están para protegerlo -salvo contadas excepciones- sino para entregarlo, como víctima sacrificial, ante el mejor postor. Por si esto fuera poco, se ha hecho una ley a medida, para que cualquier poseedor de una escritura pueda expulsar de sus tierras a pobladores cuyas familias vienen trabajándolas con esfuerzo, a veces desde hace siglos.
El asombro no tiene límites cuando se ve -en un video filmado por campesinos y entregado a @DIN- al mismo autor de la "ley de desalojos" , el diputado Pedro Simón, presentarse como "representante del empresario" que irrumpe para expulsar de sus tierras a una familia de modestos trabajadores campesinos. ¿Un diputado puede actuar como "representante legal" de una parte en conflicto judicial (la más poderosa)? Cuando jura como diputado, ¿no pasa a ser representante de todos los habitantes de su provincia?
Pedro Simón, pretendido justicialista, es por si esto fuera poco vicepresidente de la Cámara de Diputados de Santiago del Estero e integrante de la Comisión de Hacienda y Finanzas.
El video que aquí presentamos lo filmó un aficionado. Fue la presencia de la camarita, sin embargo, y de miembros de una comisión de tierras, lo que evitó en esa oportunidad la expulsión de estos campesinos. Un mes antes, lejos de la vista de todos, los mismos protagonistas habían expulsado violentamente a uno de los que aquí presta testimonio, quemándole luego su rancho y alambrando para este mismo empresario esa propiedad.
Descargar video donde se ve al diputado Pedro Simón conduciendo un comando para desalojar de sus tierras a humildes campesinos
Extenso informe completo en @DIN
http://www.adin-noticias.com.ar



Chile: prisioneros políticos mapuches en huelga de hambre corren riesgo vital

La vida de cuatro personas en peligro de muerte. Cuatro seres humanos, originarios de la etnia mapuche, al sur de Chile, al sur del mundo.
Por Patricia Parga con la colaboración de Lucía Sepúlveda Ruiz
Con una huelga de hambre iniciada, el 13 de marzo pasado, por los comuneros mapuches Juan Huenulao, Patricio Marileo, Jaime Marileo y la estudiante Patricia Troncoso, recluídos en el penal de Ángol, exigen que se revise el fallo que los condena a 10 años de prisión y -además- a pagar una indemnización de más de 425 millones de pesos.
La acción cumple su día 45, y el estado de salud de los prisioneros es preocupante. Patricia Troncoso Robles, de 37 años, ex alumna de teología de la Universidad Católica de Valparaíso es la más afectada. El informe médico realizado el 27 de abril, por el doctor Juan Carlos Reinao Marilao, señala que Patricia ha perdido fuerza muscular y presenta una baja considerable de peso de 16 kilos y medio. Por su parte, Juan Patricio Marileo Saravia, 32 años de edad, ha perdido a la fecha 14 kilos 800 gramos; Juan Carlos Huenulao Lielmil, de 40 años, 8 kilos 200 gramos y, Florencio Jaime Marileo Saravia, de 28 años, quien se sumara a esta acción días más tarde, ha perdido 5 kilos 100 gramos en 38 días.
Los síntomas que presentan todos los huelguistas son de decaímiento generalizado, cefalea frontal constante y calambres, como señala el informe médico.
Pese a las molestias, los cuatro luchadores sociales se mantienen firmes y han resistido a la pretensión de las autoridades de suministrarles suero contra su voluntad.
Un fallo judicial, que les condenó a 10 años de cárcel por su responsabilidad en un incendio -que afectó 100 hectáreas del Fundo Poluco Pidenco, perteneciente a la empresa Forestal Mininco- producido el año 2002 está al origen de esta acción.
Los comuneros denuncia múltiples irregularidades producidas durante el juicio, como por ejemplo : que han sido juzgados con la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura que sólo se aplica en la IX Región y, en concreto, contra los mapuche, y que entre otras consecuencias dobla automáticamente las penas a los inculpados.
De conformidad con esta Ley Antiterrorista, se han utilizado testigos sin rostro o anónimos, a los cuales se les habría pagado para testificar. La jueza de Garantía que rechazó el carácter terrorista del delito fue sospechosamente inhabilitada por la Corte Suprema de Justicia.
El nuevo gobierno -presidido por Michelle Bachelet- se comprometió a no criminalizar las exigencias mapuche, como lo han hecho sus antecesores, y a reconocer constitucionalmente las demandas indígenas. Sin embargo, el Ministerio del Interior se hizo parte del mencionado juicio y sigue aplicando la Ley Antiterrorista que debería ser abolida.
Por otra parte los medios de prensa masiva chilena, ha decretado un código de silencio en torno a esta situación, no hay información relativa al problema de los prisioneros políticos mapuches, ni a las demandas de las organizaciones de derechos humanos que han denunciado las irregularidades en este proceso así como el atropello a los derechos de los pueblos originarios.
Este viernes 28 de abril ha sido declarado el ?Día mundial de solidaridad con los presos mapuche de Chile? y se esperan multiples manifestaciones en diferentes puntos del planeta. Así, las organizaciones de derechos humanos de Holanda ya se han organizado para realizar un miting -frente al consulado de Chile Amsterdam- este viernes a medio día.
La dirección electrónica, perteneciente a la Agrupación de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos Mapuches, esta abierta a recibir mensajes de apoyo y solidaridad : presospoliticosmapuche@yahoo.es así como la dirección electrónica de la abogada defensora, Alejandra Arriaza arriaza.alejandra@gmail.com



"¡Aquí estamos y no nos vamos!":
La lucha por los derechos de inmigrantes en EE.UU.


William I. Robinson

ALAI AMLATINA, 27/04/2006, Santa Bárbara (California).- Con una
serie de huelgas y manifestaciones, sin precedentes, los y las
inmigrantes latinos han desatado una lucha sin cuartel contra la
represión, la explotación y el racismo que enfrentan habitualmente
en los Estados Unidos. Las movilizaciones iniciaron el 10 de
marzo, cuando más de medio millón de inmigrantes y sus
simpatizantes salieron a las calles de Chicago. Fue el acto de
protesta más grande registrado en la historia de esa ciudad.
Luego de la acción en Chicago, las huelgas y protestas se
expandieron en cadena a otras ciudades, grandes y pequeñas, a lo
largo y ancho del país. Millones salieron el 25 de marzo para un
"día nacional de acción". Entre uno y dos millones de personas
manifestaron en Los Ángeles -en el mayor acto de protesta pública
en la historia de la ciudad-, y millones más hicieron lo suyo en
Chicago, Nueva York, Atlanta, Washington D.C., Phoenix, Dallas,
Houston, Tucson, Denver y docenas de otras ciudades. De nuevo,
el 10 de abril, millones acudieron al llamado a otro día de protesta.
Además, cientos de miles de colegiales en Los Ángeles y otros
lugares del país abandonaron sus planteles en apoyo a sus
familiares y comunidades, arriesgando la represión policial y las
sanciones legales. El mensaje se expresa claramente en el grito
de los manifestantes: "¡Aquí estamos y no nos vamos!" (1)


Proyecto estancado

Estas protestas son inéditas en la historia de los Estados Unidos.
La gota que derramó el vaso fue la introducción del proyecto de
Ley HR4437, a mediados de marzo, en la Cámara de
Representantes, por iniciativa del representante republicano James
Sensenbrenner, con el amplio apoyo del lobby anti- inmigrante.
Esta draconiana ley criminalizaría a los inmigrantes
indocumentados, estableciendo como un delito criminal estar en
los Estados Unidos sin documentación. También prevé la
construcción de los primeros 1100 kilómetros de una muralla
militarizada entre México y EE.UU. y duplicar el tamaño de la
Patrulla Fronteriza estadounidense. Es más, se aplicarían
sanciones criminales contra cualquier persona que proporcione
ayuda a los inmigrantes indocumentados, incluyendo las iglesias,
grupos humanitarios y agencias de servicios sociales.

Una vez tramitado el proyecto HR4437 en la Cámara, éste quedó
estancado en el Senado. El demócrata Ted Kennedy y el
republicano John McCain co-patrocinaron un proyecto de ley de
"compromiso", que hubiese quitado la cláusula de criminalización
que contiene HR4437, y permitido un plan limitado de amnistía
para ciertas personas indocumentadas. Habría permitido que
quienes puedan demostrar que han residido durante por lo menos
cinco años en EE.UU. soliciten la residencia, y más tarde la
ciudadanía. Aquellas personas residentes en EE.UU. durante dos
a cinco años tendrían que volver a su país de origen, y entonces
solicitar un permiso temporal de "trabajador huésped", a través de
las embajadas norteamericanas. Quienes no podrían demostrar
haber estado en EE.UU. durante dos años serían deportados.
Incluso este proyecto de ley de "compromiso" habría derivado en
deportaciones masivas y mayores niveles de control a todos los
inmigrantes. Sin embargo, al final la oposición republicana lo
desechó. De modo que, para fines de abril, el proceso legislativo
se estancó por completo. Es probable que cualquier nueva acción
legislativa se posponga hasta después de las elecciones
congresiles de este próximo mes de noviembre.


Explosión de ira

No obstante, la ola de protestas abarca mucho más que el
HR4437. Representa la explosión de la ira represada y el repudio
frente a una situación agravada de explotación y de un incremento
de la represión y el racismo contra inmigrantes. En años
recientes, los y las inmigrantes han estado sujetos a todos los
abusos inimaginables. Por dos veces, en el estado de California,
se les ha negado el derecho de obtener licencias de manejar. Ello
significa que deben depender de un transporte público inadecuado
o inexistente, o correr el riesgo de manejar ilegalmente; más grave
aún, la licencia de manejar es a menudo un documento
indispensable para realizar transacciones esenciales, como cobrar
los cheques o alquilar un apartamento. Los 3000 kilómetros de la
frontera entre EE.UU. y México están cada vez más militarizados
y miles de inmigrantes han muerto al cruzar la frontera. Se
incrementan los grupos de odio anti-inmigrante. Un discurso
público descaradamente racista, que hace pocos años habría sido
considerado extremista, se ha vuelto cada vez más corriente, y
tiene antena libre en los medios de comunicación masivos.

En un plano más siniestro, la organización paramilitar Minutemen,
una versión moderna anti-latina del Ku Klux Klan, se ha expandido
desde su lugar de origen en la frontera sur de Arizona y California,
hacia otras partes del país. Los Minutemen reclaman que ellos
deben "dar seguridad a la frontera", ante un inadecuado control en
manos del Estado. Su discurso, más que racista, es neo-fascista.
Se ha filmado a algunos de ellos con camisetas que despliegan el
lema "Kill a Mexican today" (hoy mata a un mexicano). Otros han
organizado safaris humanos en el desierto, con fines de lucro. Los
clubes Minutemen han sido promovidos por líderes de la derecha,
hacendados adinerados, empresarios y políticos. Pero su base
social se apoya en aquellos sectores de la clase obrera blanca,
otrora privilegiada, que han sido flexibilizados y desplazados por la
reestructuración económica, la desregulación laboral y la fuga
global de capitales. Estos sectores hacen ahora de los
inmigrantes el chivo expiatorio -con el beneplácito de los sectores
oficiales-, viéndolos como la causa de su falta de seguridad y su
pérdida de estatus económico.

Los y las inmigrantes y sus simpatizantes se han organizado a
través de expansivas redes de iglesias, clubes de inmigrantes y
grupos de derechos, asociaciones comunitarias, medios de
comunicación hispanos y progresistas, sindicatos y
organizaciones pro justicia social. Las movilizaciones de
inmigrantes indudablemente han atemorizado a los sectores
gobernantes. En abril se reveló que KBR, una subsidiaria de
Halliburton -la antigua empresa del vicepresidente Dick Cheney,
que mantiene lazos estrechos con el Pentágono y una de las
principales contratistas en la guerra de Irak- ganó un contrato de
$385 millones de dólares para construir centros de detención de
inmigrantes en gran escala, ante la eventualidad de un "flujo de
emergencia" de inmigrantes.

La problemática inmigrante presenta una contradicción para los
sectores dominantes. El capital requiere de mano de obra barata
y dócil de inmigrantes latinos (y otros). Los/las inmigrantes
latinos/as han copado masivamente los escalones más bajos de la
fuerza laboral norteamericana. Ellos proporcionan casi toda la
mano de obra agrícola y gran parte de la que se emplea en los
hoteles, restaurantes, construcción, conserjería y limpieza
doméstica, cuidado de niños, jardinería y diseño de jardines,
reparto, empaque de carne y aves, venta al detal, y mucho más.
Toda vez, los sectores dominantes temen que una marea creciente
de inmigrantes latinos pueda conllevar una pérdida de control
cultural y político, volviéndose una fuente de contra-hegemonía e
inestabilidad; algo así como sucedió en París, el año pasado, con
el levantamiento de los trabajadores inmigrantes en esa capital
europea, contra el racismo y la marginalidad.

No es que los empresarios quieran eliminar la inmigración latina.
Al contrario, ellos quieren mantener una inmensa reserva de mano
de obra explotable, que subsista bajo condiciones precarias, que
no disfrute de los derechos civiles, políticos y laborales de los
ciudadanos, y que sea desechable mediante la deportación. Es la
condición de deportable que ellos quieren conservar, puesta que
esta condición asegura la posibilidad de sobre-explotar con
impunidad y de desechar sin consecuencias, en el caso que esa
mano de obra se vuelva insubordinada o innecesaria.

La administración Bush se opone al HR4437, no porque esté a
favor de los derechos de los inmigrantes, sino porque tiene que
hacer un acto de equilibrio, para encontrar una fórmula que
asegure un suministro estable de mano de obra barata a los
empresarios, y al mismo tiempo permita un mayor control estatal
sobre los inmigrantes. La propuesta de Bush es un programa de
"trabajadores huéspedes", que descartaría la legalización de los
inmigrantes indocumentados, los obligaría a regresar a sus países
de origen, para que allí soliciten visas de trabajo temporales, e
implementaría nuevas y más duras medidas de seguridad
fronteriza. Hay una larga historia de tales programas de
"trabajadores huéspedes", que datan del programa de braceros,
que trajo a millones de obreros mexicanos a EE.UU. para cubrir la
escasez de obreros durante la Segunda Guerra Mundial, para
deportarlos una vez que había de nuevo una disponibilidad de
obreros nacionales. (Traducción ALAI).

* Texto completo en http://alainet.org/active/11278

- William Robinson es profesor de Sociología, de Estudios
Globales e Internacionales y de Estudios Latinoamericanos e
Ibéricos, en la Universidad de California - Santa Bárbara.

(1) NDLR: Para el 1 de mayo de 2006, se ha convocado a un paro
general denominado "Un día sin migrantes", que se acompaña de
una acción internacional de boicot a la compra de productos
norteamericanos ese día.