Sostienen constitucionalistas mexicanos
"Debió anularse el proceso electoral en México"
Por: La Jornada
México, 6 de septiembre de 2006.- Diversos catedráticos y constitucionalistas de México manifestaron este martes sus impresiones sobre el veridicto que dieran el día de ayer los magistrados del Tribunal Judicial de la Federación (TEPJF)
John Akerman, catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), señaló que si bien el TEPJF reconoció que hubo irregularidades generalizadas, no pudo comprobar que éstas tuvieron un efecto determinante en el resultado de los comicios, lo que resulta "muy preocupante".
Los magistrados "no dijeron que las elecciones fueron limpias ni necesariamente legales, o que prevaleció la equidad. Al contrario, que hubo vastas irregularidades, pero que ellos, como magistrados, no tuvieron suficiente información para juzgar su determinancia en el resultado".
Lo cierto es, continuó, que no se allegaron información. Subrayó que en la etapa de calificación de los comicios el TEPJF actúa de oficio. "Entonces ya no vale el pretexto o el argumento de que las partes no presentaron las pruebas.
"El tribunal no es una fiscalía, pero en casos especiales puede ordenar el perfeccionamiento de las pruebas necesarias para allegarse la información requerida para su resolución, como dice el inciso 20 del artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y no lo hicieron. No pudieron anular la elección porque no tuvieron suficiente información y, a su vez, no la tuvieron porque no se la allegaron."
Elisur Arteaga, constitucionalista y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que con la decisión del TEPJF mediante la cual se determinó la validez de la contienda electoral y se entregó la constancia de presidente electo a Felipe Calderón se polarizará aún más la sociedad mexicana, pues no sólo pasó por alto el fondo jurídico de las denuncias presentadas por la coalición Por el Bien de Todos, sino que "también es evidente que hubo prisa y presión sobre los magistrados para emitir una decisión que no cumple con las expectativas jurídicas y que contaba con elementos para declarar nula la elección".
El consenso de los magistrados, insistió, "denota que hubo instrucciones para que el fallo se emitiera en ese sentido, con una decisión parcial en la que es evidente que hubo presión y prisa de los magistrados, a quienes con toda seguridad les prometieron ascensos o posiciones, y que pronto vamos a ver que les cumplen a cada uno por su voto".
El jurista Raúl Carrancá y Rivas afirmó que la determinación del tribunal derivó de una sentencia "injusta que no estuvo apegada a derecho". Sin embargo, exhortó a la coalición Por el Bien de Todos a que acate el fallo judicial por ser "definitivo e inapelable", y que, en todo caso, prepare una demanda de juicio político contra los siete magistrados, con base en lo que establece el artículo 108 constitucional, ya que los juzgadores, con su resolución, "no atendieron a la Carta Magna, que ordena de manera clara que se invoquen y se apliquen los principios rectores de una elección: certeza, legitimidad, imparcialidad y equidad entre los contendientes".
A su vez, el también constitucionalista Clemente Valdés aseguró que si bien fue correcta la conclusión final del TEPJF, "los argumentos de los magistrados para llegar a su fallo fueron bastante pobres y algunos hasta contradictorios".
Carrancá y Rivas agregó que "irónicamente podríamos decir, al ver el fallo, que las intervenciones durante el proceso electoral del presidente Vicente Fox antes de las elecciones del 2 de julio pasado, los anuncios que denigraban a Andrés Manuel López Obrador, el asunto de Hildebrando, la participación de la Iglesia católica, etcétera, pues a lo mejor fueron producto de un sueño o de nuestra imaginación, porque cuando el tribunal dice de manera expresa que la certeza y la imparcialidad se dio, pues yo creo que están hablando de un esquema muy distinto al de la pasada elección presidencial".
Mala retórica y mala argumentación
Al respecto, Jaime Cárdenas, ex consejero electoral, aseguró que pese a que el tribunal "reconoce todas las irregularidades denunciadas por la coalición, en el fallo utilizó su mala retórica y su mala argumentación jurídica para convalidar una decisión tomada de antemano, seguramente presionado desde Los Pinos y la Secretaría de Gobernación".
Señaló que una resolución judicial, para que sea legítima, debe convencer, persuadir a los ciudadanos, y esta sentencia "no nos convence a muchos millones de mexicanos, porque no es una resolución legítima: tendrá la formalidad jurídica, pero no tiene la formalidad que da la legitimidad, que dan la justeza y la buena argumentación de las decisiones".
En tanto, Lorenzo Córdoba, investigador del IIJ de la UNAM, destacó que con esta decisión concluye la etapa legal del proceso poselectoral y continúa la vía política, por lo que aseguró que es necesario "analizar los argumentos de fondo presentados por los magistrados en el dictamen y no sólo quedarnos con sus dichos públicos".
Agregó que al reconocer diversas irregularidades en el proceso, el tribunal también establece que es factible la anulación de los comicios presidenciales en caso de "graves violaciones a las condiciones de equidad y transparencia", aunque reconoció que la legislación no establece "claramente la intensidad y gravedad que deben presentar estas irregularidades", por lo que los magistrados deben contar con "sólidos argumentos jurídicos para dar sus opiniones".
El papel de los medios
En entrevista aparte, especialistas en comunicación señalaron que la decisión de los magistrados de "minimizar" la participación de los medios electrónicos en la contienda electoral revela una lectura "acotada y muy difusa del verdadero peso de poderes fácticos que ejerce el duopolio televiso y su influencia en los comicios".
Francisco Javier Esteinou, catedrático de la UAM-Xochimilco, puntualizó que es evidente que con esta decisión, el TEPJF "también se alineó con uno de los candidatos y pasó por alto uno de los factores más decisivos en la contienda: la participación irregular y sin control de los medios de comunicación electrónicos".
Por su parte, Alma Rosa Alva de la Selva, especialista de la UNAM, destacó que con la creciente injerencia del duopolio televisivo en el proceso electoral "no sólo se fortaleció el pacto histórico entre el gobierno en el poder y los medios electrónicos, sino también se consolidó la posición de las grandes empresas televisoras, que en esta elección no sólo apoyaron una campaña de descalificación y desinformación, sino que participaron activamente en el proceso para atacar a uno de los candidatos".
Bolivia, la Constituyente y el dilema del MAS
x Econoticiasbolivia.com
Intentando rescatar el carácter progresista de la Asamblea Constituyente, que había sido previamente hipotecada a las fuerzas del neoliberalismo, el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) se enfrenta a un verdadero dilema: romper con el poder petrolatifundista y avanzar más allá de su tibio reformismo o llegar a nuevos acuerdos con quienes son los dueños de la tierra, de sus riquezas naturales y de Bolivia.
Hasta ahora, la intención-decisión del presidente Evo Morales y del MAS de anular el poder que tiene la oligarquía petrolatifundista al interior de la Asamblea, derivó en la amenaza de huelgas, movilizaciones y protestas antigubernamentales en cuatro de los nueve departamentos (regiones) de Bolivia, donde pisan fuerte las organizaciones empresariales, las logias de poder y los gremios defensores de las transnacionales y los capitalistas criollos.
Reunida en Santa Cruz, la oligarquía ha movilizado a los Comités cívicos (que aglutinan a casi todas las fuerzas vivas de los departamentos, desde los grupos empresariales, vecinales e incluso sindicales), a muchos parlamentarios y asambleístas neoliberales, a los prefectos y a casi todos los partidos de derecha en contra del gobierno de Morales. Ellos están dispuestos al desacato y a declarar la guerra para impedir que el MAS y Evo Morales dominen por sí solos la Asamblea, definan la nueva Constitución y delimiten lo que será la autonomía regional.
La amenaza de la oligarquía ha obligado, en lo inmediato, a que la Asamblea Constituyente, reunida desde la tarde de este lunes en Sucre, sin la presencia de los opositores, aplace sus deliberaciones por 48 horas, deteniendo la aprobación de un reglamento que deja fuera de juego a la oligarquía y que ha puesto a la Asamblea al borde de la fractura y al país a un paso del conflicto.
"Es una oportunidad para desbloquear la situación y se debe aprovechar este tiempo para recomponer la relación y llegar acuerdos", dijo el asambleísta Jorge Lazarte, de la derechista Unidad Nacional.
Por instrucción directa del presidente Evo Morales este plazo ha sido aceptado, aunque a regañadientes por la mayoritaria fracción indígena y campesina del MAS, que aún cree que es posible arrinconar a la oligarquía. Hay alivio, sin embargo, entre los representantes de las clases medias del MAS, que aún piensan que se puede recrear un acuerdo con los partidos y representantes de la derecha neoliberal.
EL PACTO CON LA OLIGARQUÍA
Desde su concepción hasta su instalación, la Constituyente estaba marcada por un pacto de largo aliento entre el MAS del presidente Evo Morales con las logias de poder y partidos representantes del imperialismo y la oligarquía interna. El acuerdo, refrendado en la Ley de convocatoria a la Asamblea y hecho realidad en las urnas, daba al MAS el control de la mayoría de los asambleístas y la posibilidad de marcar el rumbo de la Constituyente, dejando a la derecha neoliberal el veto para frenar cualquier iniciativa o acción que vaya en contra de sus intereses. El pacto se sintetizaba en los dos tercios, que el MAS no tenía y que eran necesarios para elaborar la nueva Constitución Política del Estado, según lo admitía hasta hace poco el propio vicepresidente, Álvaro García Linera, gestor del pacto.
"Este diseño electoral (de la Asamblea Constituyente) ha impedido la presencia de mayorías abrumadoras. Por el propio diseño, que fue resultado de un acuerdo entre la oposición (petrolatifundista) y el Gobierno, nadie, nadie podía obtener más del 65 por ciento de la votación. Se privilegió, se respetó la presencia de minorías políticas, y encima, en la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, se colocó un candado: la obligatoriedad de los constituyentes a tener dos tercios del voto para aprobar sus decisiones. Por lo tanto, la obligatoriedad de alianzas, de acuerdos, de consensos, todo eso está en la misma Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, fruto de un acuerdo de oposición y de Gobierno", decía García Linera.
Este pacto se orientaba a minimizar las reformas a la Constitución previstas por el MAS a cambio de moderar al máximo las pretensiones autonomistas y separatistas de la oligarquía asentada en el oriente del país.
CONSPIRACIONES Y FRACCIONES
Este pacto, sin embargo, no ha marchado como estaba programado. La oposición neoliberal, concentrada en la ultraderechista Podemos del ex presidente Jorge Quiroga, la derechista Unidad Nacional del millonario Samuel Doria Medina y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) del derrocado ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, entre otros, han interpretado el pacto como la licencia plena para boicotear todas y cada uno de las iniciativas del MAS, para que la Asamblea languidezca y muera de inocuidad.
En respuesta, el MAS, timoneado por su fracción indigenista, ha lanzado al canasto los dos tercios gestionados por la fracción pequeñoburguesa urbana de García Linera y aprobó el viernes, en la primera de dos etapas, un reglamento que le faculta a imponer su mayoría y a prescindir de la oposición en la redacción de la nueva Constitución. Toda una declaratoria de guerra, que ha sido respondida por la oposición derechista con el abandono de las sesiones y el atrincheramiento en Santa Cruz.
LA TRAMPA DE LOS DOS TERCIOS
Bajo la presión de la fracción indigenista, que es ahora mayoritaria en el MAS, el vicepresidente García Linera archivó, temporalmente, su discurso conciliador y oficializó la intención-decisión del MAS de anular el poder de veto que tiene la oligarquía en la Asamblea Constituyente.
Según explicó el vicepresidente, el reglamento de debates, que aún debe ser aprobado en detalle por la Asamblea en Sucre, para que tenga validez, establece que todas las determinaciones, incluidos los artículos de la nueva Constitución Política del Estado, serán aprobados por mayoría simple de votos, con los que cuenta el MAS.
"Hay cinco puntos en la propuesta del MAS. Uno que reafirma la mayoría absoluta para los artículos (de la Constitución), tres que reafirman los dos tercios para el texto final de la Constitución, para el desafuero (de asambleístas) y para la modificación del Reglamento, y el quinto punto que es una cláusula de salvedad para permitir que no se estanque al final la Asamblea Constituyente", dijo al explicar que "para la aprobación del texto final, si no hay dos tercios, se debe someter la nueva Carta Magna al voto soberano por medio de un referéndum". Con ello, se está dejando sin efecto la obligatoriedad de los dos tercios y, por tanto, el poder de veto que tenía la oligarquía.
La ley de Convocatoria a la Constituyente establecía que el texto de la nueva Constitución debía ser aprobado obligatoriamente por dos tercios de votos y que recién se podía ser llevado a referéndum.
MOVILIZACIÓN POPULAR
En esta pulseta con la oligarquía, el gobernante MAS, atrapado por sus propias contradicciones y devaneos, ha convocado a la movilización popular para lograr reformas controladas en la gestión del Estado.
Por ahora, las distintas fracciones del MAS, aguardan la reacción opositora, concentrada en Santa Cruz, y el impacto de sus medidas. La fracción indigenista, con fuerte arraigo y poder en las organizaciones campesinas e indígenas, donde la Constituyente es sinónimo de refundación del país y mejores condiciones de vida para el pueblo, cree que la movilización popular logrará arrinconar a la oligarquía y hará funcionar la Asamblea.
La fracción pequeñoburguesa, más conservadora y dialoguista, dirigida por García Linera, apuesta, en cambio, a que se establecerán nuevos puntos de acuerdo con la oligarquía petrolatifundista, una vez que las partes en conflicto se muestren los dientes, libren unas cuantas escaramuzas y finalmente se sienten en la mesa del reencuentro. La suspensión de las deliberaciones de la Constituyente por 48 horas juega a favor de la segunda tendencia, mientras que la amenazas y presión de la oligarquía apuntalan la radicalidad de la primera.
"Debió anularse el proceso electoral en México"
Por: La Jornada
México, 6 de septiembre de 2006.- Diversos catedráticos y constitucionalistas de México manifestaron este martes sus impresiones sobre el veridicto que dieran el día de ayer los magistrados del Tribunal Judicial de la Federación (TEPJF)
John Akerman, catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), señaló que si bien el TEPJF reconoció que hubo irregularidades generalizadas, no pudo comprobar que éstas tuvieron un efecto determinante en el resultado de los comicios, lo que resulta "muy preocupante".
Los magistrados "no dijeron que las elecciones fueron limpias ni necesariamente legales, o que prevaleció la equidad. Al contrario, que hubo vastas irregularidades, pero que ellos, como magistrados, no tuvieron suficiente información para juzgar su determinancia en el resultado".
Lo cierto es, continuó, que no se allegaron información. Subrayó que en la etapa de calificación de los comicios el TEPJF actúa de oficio. "Entonces ya no vale el pretexto o el argumento de que las partes no presentaron las pruebas.
"El tribunal no es una fiscalía, pero en casos especiales puede ordenar el perfeccionamiento de las pruebas necesarias para allegarse la información requerida para su resolución, como dice el inciso 20 del artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y no lo hicieron. No pudieron anular la elección porque no tuvieron suficiente información y, a su vez, no la tuvieron porque no se la allegaron."
Elisur Arteaga, constitucionalista y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que con la decisión del TEPJF mediante la cual se determinó la validez de la contienda electoral y se entregó la constancia de presidente electo a Felipe Calderón se polarizará aún más la sociedad mexicana, pues no sólo pasó por alto el fondo jurídico de las denuncias presentadas por la coalición Por el Bien de Todos, sino que "también es evidente que hubo prisa y presión sobre los magistrados para emitir una decisión que no cumple con las expectativas jurídicas y que contaba con elementos para declarar nula la elección".
El consenso de los magistrados, insistió, "denota que hubo instrucciones para que el fallo se emitiera en ese sentido, con una decisión parcial en la que es evidente que hubo presión y prisa de los magistrados, a quienes con toda seguridad les prometieron ascensos o posiciones, y que pronto vamos a ver que les cumplen a cada uno por su voto".
El jurista Raúl Carrancá y Rivas afirmó que la determinación del tribunal derivó de una sentencia "injusta que no estuvo apegada a derecho". Sin embargo, exhortó a la coalición Por el Bien de Todos a que acate el fallo judicial por ser "definitivo e inapelable", y que, en todo caso, prepare una demanda de juicio político contra los siete magistrados, con base en lo que establece el artículo 108 constitucional, ya que los juzgadores, con su resolución, "no atendieron a la Carta Magna, que ordena de manera clara que se invoquen y se apliquen los principios rectores de una elección: certeza, legitimidad, imparcialidad y equidad entre los contendientes".
A su vez, el también constitucionalista Clemente Valdés aseguró que si bien fue correcta la conclusión final del TEPJF, "los argumentos de los magistrados para llegar a su fallo fueron bastante pobres y algunos hasta contradictorios".
Carrancá y Rivas agregó que "irónicamente podríamos decir, al ver el fallo, que las intervenciones durante el proceso electoral del presidente Vicente Fox antes de las elecciones del 2 de julio pasado, los anuncios que denigraban a Andrés Manuel López Obrador, el asunto de Hildebrando, la participación de la Iglesia católica, etcétera, pues a lo mejor fueron producto de un sueño o de nuestra imaginación, porque cuando el tribunal dice de manera expresa que la certeza y la imparcialidad se dio, pues yo creo que están hablando de un esquema muy distinto al de la pasada elección presidencial".
Mala retórica y mala argumentación
Al respecto, Jaime Cárdenas, ex consejero electoral, aseguró que pese a que el tribunal "reconoce todas las irregularidades denunciadas por la coalición, en el fallo utilizó su mala retórica y su mala argumentación jurídica para convalidar una decisión tomada de antemano, seguramente presionado desde Los Pinos y la Secretaría de Gobernación".
Señaló que una resolución judicial, para que sea legítima, debe convencer, persuadir a los ciudadanos, y esta sentencia "no nos convence a muchos millones de mexicanos, porque no es una resolución legítima: tendrá la formalidad jurídica, pero no tiene la formalidad que da la legitimidad, que dan la justeza y la buena argumentación de las decisiones".
En tanto, Lorenzo Córdoba, investigador del IIJ de la UNAM, destacó que con esta decisión concluye la etapa legal del proceso poselectoral y continúa la vía política, por lo que aseguró que es necesario "analizar los argumentos de fondo presentados por los magistrados en el dictamen y no sólo quedarnos con sus dichos públicos".
Agregó que al reconocer diversas irregularidades en el proceso, el tribunal también establece que es factible la anulación de los comicios presidenciales en caso de "graves violaciones a las condiciones de equidad y transparencia", aunque reconoció que la legislación no establece "claramente la intensidad y gravedad que deben presentar estas irregularidades", por lo que los magistrados deben contar con "sólidos argumentos jurídicos para dar sus opiniones".
El papel de los medios
En entrevista aparte, especialistas en comunicación señalaron que la decisión de los magistrados de "minimizar" la participación de los medios electrónicos en la contienda electoral revela una lectura "acotada y muy difusa del verdadero peso de poderes fácticos que ejerce el duopolio televiso y su influencia en los comicios".
Francisco Javier Esteinou, catedrático de la UAM-Xochimilco, puntualizó que es evidente que con esta decisión, el TEPJF "también se alineó con uno de los candidatos y pasó por alto uno de los factores más decisivos en la contienda: la participación irregular y sin control de los medios de comunicación electrónicos".
Por su parte, Alma Rosa Alva de la Selva, especialista de la UNAM, destacó que con la creciente injerencia del duopolio televisivo en el proceso electoral "no sólo se fortaleció el pacto histórico entre el gobierno en el poder y los medios electrónicos, sino también se consolidó la posición de las grandes empresas televisoras, que en esta elección no sólo apoyaron una campaña de descalificación y desinformación, sino que participaron activamente en el proceso para atacar a uno de los candidatos".
Bolivia, la Constituyente y el dilema del MAS
x Econoticiasbolivia.com
Intentando rescatar el carácter progresista de la Asamblea Constituyente, que había sido previamente hipotecada a las fuerzas del neoliberalismo, el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) se enfrenta a un verdadero dilema: romper con el poder petrolatifundista y avanzar más allá de su tibio reformismo o llegar a nuevos acuerdos con quienes son los dueños de la tierra, de sus riquezas naturales y de Bolivia.
Hasta ahora, la intención-decisión del presidente Evo Morales y del MAS de anular el poder que tiene la oligarquía petrolatifundista al interior de la Asamblea, derivó en la amenaza de huelgas, movilizaciones y protestas antigubernamentales en cuatro de los nueve departamentos (regiones) de Bolivia, donde pisan fuerte las organizaciones empresariales, las logias de poder y los gremios defensores de las transnacionales y los capitalistas criollos.
Reunida en Santa Cruz, la oligarquía ha movilizado a los Comités cívicos (que aglutinan a casi todas las fuerzas vivas de los departamentos, desde los grupos empresariales, vecinales e incluso sindicales), a muchos parlamentarios y asambleístas neoliberales, a los prefectos y a casi todos los partidos de derecha en contra del gobierno de Morales. Ellos están dispuestos al desacato y a declarar la guerra para impedir que el MAS y Evo Morales dominen por sí solos la Asamblea, definan la nueva Constitución y delimiten lo que será la autonomía regional.
La amenaza de la oligarquía ha obligado, en lo inmediato, a que la Asamblea Constituyente, reunida desde la tarde de este lunes en Sucre, sin la presencia de los opositores, aplace sus deliberaciones por 48 horas, deteniendo la aprobación de un reglamento que deja fuera de juego a la oligarquía y que ha puesto a la Asamblea al borde de la fractura y al país a un paso del conflicto.
"Es una oportunidad para desbloquear la situación y se debe aprovechar este tiempo para recomponer la relación y llegar acuerdos", dijo el asambleísta Jorge Lazarte, de la derechista Unidad Nacional.
Por instrucción directa del presidente Evo Morales este plazo ha sido aceptado, aunque a regañadientes por la mayoritaria fracción indígena y campesina del MAS, que aún cree que es posible arrinconar a la oligarquía. Hay alivio, sin embargo, entre los representantes de las clases medias del MAS, que aún piensan que se puede recrear un acuerdo con los partidos y representantes de la derecha neoliberal.
EL PACTO CON LA OLIGARQUÍA
Desde su concepción hasta su instalación, la Constituyente estaba marcada por un pacto de largo aliento entre el MAS del presidente Evo Morales con las logias de poder y partidos representantes del imperialismo y la oligarquía interna. El acuerdo, refrendado en la Ley de convocatoria a la Asamblea y hecho realidad en las urnas, daba al MAS el control de la mayoría de los asambleístas y la posibilidad de marcar el rumbo de la Constituyente, dejando a la derecha neoliberal el veto para frenar cualquier iniciativa o acción que vaya en contra de sus intereses. El pacto se sintetizaba en los dos tercios, que el MAS no tenía y que eran necesarios para elaborar la nueva Constitución Política del Estado, según lo admitía hasta hace poco el propio vicepresidente, Álvaro García Linera, gestor del pacto.
"Este diseño electoral (de la Asamblea Constituyente) ha impedido la presencia de mayorías abrumadoras. Por el propio diseño, que fue resultado de un acuerdo entre la oposición (petrolatifundista) y el Gobierno, nadie, nadie podía obtener más del 65 por ciento de la votación. Se privilegió, se respetó la presencia de minorías políticas, y encima, en la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, se colocó un candado: la obligatoriedad de los constituyentes a tener dos tercios del voto para aprobar sus decisiones. Por lo tanto, la obligatoriedad de alianzas, de acuerdos, de consensos, todo eso está en la misma Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, fruto de un acuerdo de oposición y de Gobierno", decía García Linera.
Este pacto se orientaba a minimizar las reformas a la Constitución previstas por el MAS a cambio de moderar al máximo las pretensiones autonomistas y separatistas de la oligarquía asentada en el oriente del país.
CONSPIRACIONES Y FRACCIONES
Este pacto, sin embargo, no ha marchado como estaba programado. La oposición neoliberal, concentrada en la ultraderechista Podemos del ex presidente Jorge Quiroga, la derechista Unidad Nacional del millonario Samuel Doria Medina y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) del derrocado ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, entre otros, han interpretado el pacto como la licencia plena para boicotear todas y cada uno de las iniciativas del MAS, para que la Asamblea languidezca y muera de inocuidad.
En respuesta, el MAS, timoneado por su fracción indigenista, ha lanzado al canasto los dos tercios gestionados por la fracción pequeñoburguesa urbana de García Linera y aprobó el viernes, en la primera de dos etapas, un reglamento que le faculta a imponer su mayoría y a prescindir de la oposición en la redacción de la nueva Constitución. Toda una declaratoria de guerra, que ha sido respondida por la oposición derechista con el abandono de las sesiones y el atrincheramiento en Santa Cruz.
LA TRAMPA DE LOS DOS TERCIOS
Bajo la presión de la fracción indigenista, que es ahora mayoritaria en el MAS, el vicepresidente García Linera archivó, temporalmente, su discurso conciliador y oficializó la intención-decisión del MAS de anular el poder de veto que tiene la oligarquía en la Asamblea Constituyente.
Según explicó el vicepresidente, el reglamento de debates, que aún debe ser aprobado en detalle por la Asamblea en Sucre, para que tenga validez, establece que todas las determinaciones, incluidos los artículos de la nueva Constitución Política del Estado, serán aprobados por mayoría simple de votos, con los que cuenta el MAS.
"Hay cinco puntos en la propuesta del MAS. Uno que reafirma la mayoría absoluta para los artículos (de la Constitución), tres que reafirman los dos tercios para el texto final de la Constitución, para el desafuero (de asambleístas) y para la modificación del Reglamento, y el quinto punto que es una cláusula de salvedad para permitir que no se estanque al final la Asamblea Constituyente", dijo al explicar que "para la aprobación del texto final, si no hay dos tercios, se debe someter la nueva Carta Magna al voto soberano por medio de un referéndum". Con ello, se está dejando sin efecto la obligatoriedad de los dos tercios y, por tanto, el poder de veto que tenía la oligarquía.
La ley de Convocatoria a la Constituyente establecía que el texto de la nueva Constitución debía ser aprobado obligatoriamente por dos tercios de votos y que recién se podía ser llevado a referéndum.
MOVILIZACIÓN POPULAR
En esta pulseta con la oligarquía, el gobernante MAS, atrapado por sus propias contradicciones y devaneos, ha convocado a la movilización popular para lograr reformas controladas en la gestión del Estado.
Por ahora, las distintas fracciones del MAS, aguardan la reacción opositora, concentrada en Santa Cruz, y el impacto de sus medidas. La fracción indigenista, con fuerte arraigo y poder en las organizaciones campesinas e indígenas, donde la Constituyente es sinónimo de refundación del país y mejores condiciones de vida para el pueblo, cree que la movilización popular logrará arrinconar a la oligarquía y hará funcionar la Asamblea.
La fracción pequeñoburguesa, más conservadora y dialoguista, dirigida por García Linera, apuesta, en cambio, a que se establecerán nuevos puntos de acuerdo con la oligarquía petrolatifundista, una vez que las partes en conflicto se muestren los dientes, libren unas cuantas escaramuzas y finalmente se sienten en la mesa del reencuentro. La suspensión de las deliberaciones de la Constituyente por 48 horas juega a favor de la segunda tendencia, mientras que la amenazas y presión de la oligarquía apuntalan la radicalidad de la primera.
