Articulos de Opinion 23-6-06
Nuevo comunicado de ETA: La represión es incompatible con un proceso de paz
x La Haine - Euskal Herria
Comunicado íntegro :: Transcurridos tres meses desde que el pasado 24 de marzo entrara en vigor el alto el fuego declarado por ETA, la organización armada ha realizado un llamamiento a la opinión pública española "para que apoye una solución negociada, duradera y justa al largo y duro conflicto que enfrenta a Euskal Herria con España"
Asimismo, ETA hace un llamamiento a la opinión pública española para que apoye activamente la superación del conflicto por la vía del diálogo y la negociación.
En el comunicado, ETA subraya que "Rodríguez Zapatero y su Gobierno, el Estado español en su conjunto, tienen ante sí una oportunidad histórica para apostar definitivamente por una estrategia de paz basada en el diálogo, el acuerdo, el reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a las decisiones de sus ciudadanos y ciudadanas".
Pero le advierte de que "para avanzar en el camino del diálogo es imprescindible desactivar todas las medidas represivas y de excepción", y añade que "la represión que a día de hoy aún persiste es absolutamente incompatible con un proceso de paz".
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Comunicado de Euskadi Ta Askatasuna a la opinión pública española
Transcurridos tres meses desde que el pasado 24 de marzo entrara en vigor el alto el fuego declarado por Euskaki Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad), ETA hace un llamamiento a la opinión pública española para que apoye una solución negociada, duradera y justa al largo y duro conflicto que enfrenta a Euskal Herria con España.
Las raíces del conflicto
ETA es plenamente consciente de que a la opinión española se le ha ocultado y se le ocultan las verdaderas raíces históricas y políticas, así cómo la magnitud del conflicto.
A lo largo de las últimas décadas la mentira y la desinformación se han convertido en las industrias más productivas de la maquinaria represiva con la que el Estado español ha intentado acabar con la legítima lucha del Pueblo Vasco por sus derechos, por recuperar lo que simple y llanamente le corresponde.
La lucha contra el "terrorismo" lo ha justificado todo. El Estado español, ocultando que "terrorismo" es un término acuñado por aquellos Estados que precisamente, mediante el terror y la represión, tratan de mantener su dominación sobre los pueblos a los que mantienen sometidos, bajo diferentes regímenes y gestionado por distintos Gobiernos, ha utilizado todas las formas de represión posibles contra el Pueblo Vasco en general y la resistencia vasca en particular.
La imposición de leyes extranjeras (españolas en este caso), el genocidio lingüístico y cultural, la partición y militarización del territorio, los asesinatos policiales y para-policiales, las razzias y las detenciones selectivas, la utilización sistemática de la tortura, los estados de excepción, pactos y planes especiales, políticas penitenciarias criminales, la deportación, la colaboración de fuerzas autonomistas y de terceros países, el cierre de medios de comunicación, la ilegalización de organismos populares, formaciones políticas y candidaturas electorales.... la lista sería interminable. Y esta lista de opresiones y humillaciones diarias también es ocultada.
Sin embargo, el fracaso de las estrategias de guerra y represión es evidente. ETA luchó contra la opresión franquista y ha hecho frente durante los últimos treinta años a las políticas de negación y represión de los gobiernos de la UCD, PSOE y PP. Todos los mandatarios españoles han quedado en el camino y la lucha del Pueblo Vasco siempre ha sido la piedra angular que ha contribuido a su propio fracaso y a mantener abierta permanentemente una profunda crisis política en el Estado español.
Basta recordar la caída del PSOE de Felipe González por organizar los GAL o el más reciente fracaso del PP cómo consecuencia de la manipulación sobre la autoría de los atentados del 11-M en Madrid, intentando atribuir su responsabilidad a nuestra Organización. El PP fue víctima de la paranoia represiva del hasta entonces presidente español JM Aznar en su obsesión por pasar a la historia como el mandatario que derrotó a ETA y aniquiló el independentismo vasco.
Es evidente también que el proyecto español basado en la negación y el sometimiento de los pueblos ha fracasado. El Estado de las Autonomías, creado y diseñado para diluir sentimientos e identidades nacionales, y fundamentalmente, para neutralizar la lucha del Pueblo Vasco combinando la zanahoria estatutaria con el palo de la represión, ha fracasado.
Una mentira por miles de veces que sea repetida no deja de ser una mentira. La posibilidad de derrotar a ETA se ha confirmado una y otra vez cómo un espejismo represivo. ETA por encima de coyunturas y absurdas estadísticas policiales es la expresión organizada de la dignidad y el compromiso de miles de mujeres y hombres que generación tras generación han luchado y luchamos con las armas en la mano para que el Estado español abandone su posición de fuerza y reconozca a nuestro pueblo sus derechos nacionales.
El Pueblo Vasco es un pueblo con miles de años de historia que ha sido capaz de sobrevivir a lo largo de ella gracias fundamentalmente a la voluntad de sus gentes. Un pueblo al que hace varios siglos España y Francia arrebataron su soberanía apropiándose de sus territorios y convirtiendo a sangre y fuego a sus habitantes en súbditos de sus respectivas coronas.
Conocer el pasado es necesario para comprender el presente y aspirar a un futuro mejor. El conflicto no arranca con el nacimiento de ETA en las postrimerías del franquismo. Ni siquiera cómo consecuencia del alzamiento fascista del 36 o posteriores masacres cómo la del bombardeo de Gernika por parte de las tripas fascistas. Se trata de un conflicto histórico, en el que el más poderoso, tras atacar y ocupar militarmente el territorio vasco, ha tratado por todos los medios de engullir y asimilar social, cultural y políticamente al menos poderoso.
Que no le quepa ninguna duda a nadie que de continuar la actual situación de opresión y conculcación de derechos, nuevas generaciones se sumarán a la lucha respondiendo con fuerza a quienes por la fuerza mantengan esta situación de injusticia.
Que nadie se lleve a engaño. La voluntad y el deseo de ETA de alcanzar mediante el diálogo y la negociación una paz justa y duradera con el Estado español es total, estamos plenamente convencidos de que la paz, aquí y ahora, es posible. Pero exactamente con la misma determinación afirmamos: ETA nunca aceptará que el Gobierno español intente utilizar tácticamente este proceso para engañar al Pueblo Vasco o trate simplemente de neutralizar a ETA y opte finalmente por insistir en la vía de la imposición.
Tenemos muy presente que el Estado español ya dejó pasar otras oportunidades en el pasado. Tras la muerte de Franco dio la espalda a una solución democrática y en Argel las autoridades españolas desaprovecharon una magnífica ocasión para encauzar el conflicto por la vía de la negociación. ETA espera que las experiencias del pasado sirvan para no caer en el error de repetir políticas abocadas de antemano al fracaso.
Una nueva oportunidad
Nos encontramos ante una nueva y gran oportunidad para ofrecer un futuro distinto a nuestros respectivos pueblos. Quizás nunca antes hayamos estado tan cerca de solucionar el conflicto político entre Euskal Herria y España.
Seguramente nunca cómo ahora habíamos podido vislumbrar con tanta claridad un horizonte en el que la vulneración de los derechos nacionales del Pueblo Vasco desaparezca definitivamente la sinrazón de la imposición que alimenta el conflicto sea cosa del pasado y podamos dar paso a un nuevo tiempo político en el que todos, vascos y españoles, saldríamos ganando.
El camino hacia la paz debe ser desbrozado mediante la negociación y el acuerdo. Euskal Herria lograría unos mínimos democráticos con los que poder construir su futuro, recuperar su territorialidad y la responsabilidad plena sobre su soberanía. El Estado español alcanzaría la estabilidad política necesaria para poder dar soluciones estructurales a su profunda crisis política.
Rodríguez Zapatero y su Gobierno, el Estado español en su conjunto, tienen ante sí una oportunidad histórica para apostar definitivamente por una estrategia de paz basada en el diálogo, el acuerdo, el reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a las decisiones a sus ciudadanos y ciudadanas.
Claves para solucionar el conflicto
Para avanzar en el camino del diálogo es imprescindible desactivar todas las medidas represivas y de excepción que han acompañado durante tantos años las estrategias de guerra ya fracasadas. La represión que a día de hoy aun persiste es absolutamente incompatible con un proceso de paz.
El proceso democrático que debe desarrollarse en Euskal Herria con la participación e implicación de todos los agentes vascos tiene que contar con garantías suficientes de no injerencia por parte de los poderes del Estado español. Los aparatos del Estado no pueden condicionar ni el desarrollo ni el resultado del proceso.
Al final de este proceso la ciudadanía vasca deberá tener la palabra y la capacidad de decisión en torno a su futuro, sin ningún tipo de límites.
Emplazamiento al Gobierno español
El Gobierno español debe expresar su compromiso de respetar lo que el Pueblo Vasco acuerde y decida sobre su futuro.
ETA emplaza al Gobierno español para que pase de las palabras a los hechos, dando los pasos necesarios para garantizar que ninguna legislación, ordenamiento jurídico, ni Constitución sea obstáculo o límite en el desarrollo de la decisión que mayoritariamente adopte el Pueblo Vasco.
Para poder desarrollar un proceso de negociación, las autoridades españolas deben adoptar y cumplir sus compromisos de "alto el fuego", garantizando el cese total de la represión, los ataques contra el Colectivo de Presos Políticos Vascos a través de la aplicación de leyes de excepción y la presión, chantaje y extorsión contra las actividades políticas de la izquierda independentista.
Llamamiento a la opinión pública española
Además, ETA quiere hacer un llamamiento a la opinión pública española para que apoye activamente la superación del conflicto por la vía del diálogo y la negociación.
La sociedad española haría bien en apoyar las posiciones y los pasos de quienes actúen de manera valiente y decidida asumiendo riesgos políticos importantes en pos de una solución democrática, dando la espalda a quienes insisten en alimentar la injusticia, el odio y la venganza de manera irresponsable y mezquina apostando por la represión y el enfrentamiento.
Por último, ETA no quiere finalizar este comunicado sin mostrar su mas sincero reconocimiento a todas la personas y colectivo que a lo largo de todos estos años y en la actualidad han mostrado y muestran una solidaridad activa con la lucha del Pueblo Vasco, muy especialmente por su compromiso con los derechos del Colectivo de Presos Políticos Vascos.
El compromiso de ETA
ETA se reafirma en su decisión del alto el fuego permanente en vigor desde el 24 de marzo de 2006.
Así mismo, reafirmamos nuestro deseo de avanzar hacia la consecución de una verdadera situación democrática para Euskal Herria, superando el conflicto de largos años y construyendo una paz basada en la justicia.
Las decisiones y pasos de Euskadi Ta Askartasuna serán consecuencia de la actitud que mantenga el Gobierno español ante el proceso abierto de Euskal Herria.
La solución al conflicto, aquí y ahora, es posible. Ese es el deseo y la voluntad de ETA.
GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA! GORA EUSKAL HERRIA SOCIALISTA!
JO ETA KE INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA LORTU ARTE!
Euskal Herria, junio de 2006-06-21
Euskadi Ta Askartasuna
E.T.A.
Cuando la guerra toma forma de hambre y pandillas
Por Humberto Márquez
IPS
Ciudad Bolívar y los Altos de Cazuca forman un paisaje infinito, de humildes viviendas al costado de calles y aceras de tierra o cemento, sobre las colinas yermas al sur de la capital colombiana. El andar tranquilo de personas y autobuses no puede disimular que aquí la guerra continúa.
Bajo otras formas, María Clemencia Alvarado, de 30 años y con cinco hijos, el mayor de 15 y el más chico en sus brazos, huyó hace un año de los choques entre ejército y la guerrilla en el occidental departamento del Tolima. Ahora sólo quiere un "subsidio, como el almuerzo diario" que espera junto a otras 30 madres con decenas de niños en la sede de la asociación de familias desplazadas.
También por esas calles transita E.L., presidente de la junta comunal en uno de los 38 barrios de Cazuca, habitado casi íntegramente por desplazados ex militante de la izquierdista Unión Patriótica, quien denuncia que fue asaltado por individuos, lo apuñalaron y le advirtieron que debía escoger entre marcharse o perder la vida.
Ellos son apenas dos ejemplos del hambre, el desempleo y la exclusión que golpean a las decenas de miles de desplazados de sus hogares por el conflicto interno que afronta Colombia desde hace medio siglo.
Pero los desplazados del interior del país no son los únicos que llegan al más populoso suburbio de la capital.
Lo mismo hacen los llamados "actores armados", en este caso los paramilitares de derecha, cuyas redes en Cazuca, por ejemplo, han mutado en pandillas de delincuentes que cobran viejas facturas, roban o cobran "vacuna" (pago forzoso) a pequeños comerciantes, conductores de autobuses y a taxistas.
Esa realidad pudo ser observada por un grupo de periodistas de países andinos que participaron en un taller organizado por la agencia internacional de noticias IPS (Inter Press Service) con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para hacer un seguimiento de las llamadas metas del milenio, aprobadas en 2000 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Unos 20 periodistas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela participaron el jueves y el viernes en Bogotá del taller titulado "Buscando en las noticias: pobreza, desarrollo y ambiente. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la cobertura periodística de la región andina".
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que alrededor de 2,5 millones permanecen fuera de sus zonas originarias de residencia a causa de la guerra civil en Colombia.
Los desplazados que llegan a Ciudad Bolívar, donde se hacinan casi un millón de los ocho millones de habitantes de la capital colombiana, y Altos de Cazuca, en el municipio adyacente de Soacha, cargan casi todos los indicadores de pobreza, porque para salvar la vida debieron dejar atrás casa, cultivos, terruño y afectos.
"Yo no regreso. Cualquiera añora su tierra, pero el gobierno no da garantías para regresar. Allá en Montes de María, Sucre (en el noroeste del país) asesinaron a mi esposa, y por eso me vine con mis dos hijos", relató Germán Luna, de 40 años, zapatero a ratos y presidente de la asociación de desplazados "Semillas de Esperanza".
"El gobierno no nos apoya y si una persona declara que es desplazado la ayuda de urgencia se demora dos meses", añadió Luna.
Su vecino, Miguel Saogal, de la junta comunal, deplora que no puedan acceder a servicios de agua potable, alcantarillados o teléfono, porque el sector, Santa Viviana, habitado desde hace 13 años, "no se ha legalizado", es decir que no existe reconocimiento oficial de la ocupación de los terrenos.
El Programa Mundial de Alimentos colabora con "Semillas de Esperanza" a través del Departamento de Bienestar Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Les envía suministros para una comida diaria a 417 niños, que los colaboradores de Luna entre las 350 familias de la asociación cuecen en una cocina de tres hornillas.
Mientras esperan la llegada de los alimentos en un local de paredes sin friso con una vista panorámica que casi alcanza el pujante centro de Bogotá, Luna, Alvarado y otros llegados de distantes departamentos desgranan historias cercanas de tan parecidas: familiares muertos, el hijo reclutado a la fuerza, la decisión de huir y la finca abandonada.
También se lamentan de estar en la ciudad de los servicios sin casa ni comida y sin empleo.
En la zona ha irrumpido el programa de la alcaldía mayor "Bogotá sin hambre", que pretende "llevar un suplemento nutricional a 625.000 de los 1,1 millones de bogotanos que padecen hambre, y que sumado al esfuerzo del gobierno nacional y de entidades privadas puede totalizar 925.000 atendidos el año próximo", explicó el coordinador del proyecto, Eduardo Díaz.
En otro sector de Ciudad Bolívar, un comedor popular hecho por la comunidad hace 15 años y que cocinaba con leña fue transformado por "Bogotá sin hambre" en establecimiento sumamente pulcro, al punto de los periodistas no pudieron acceder a la cocina por carecer de las batas, mascarillas y guantes higiénicos correspondientes.
Este comedor entrega 200 desayunos y 300 almuerzos a escolares, madres lactantes o gestantes, y a personas discapacitadas.
"Las listas de beneficiarios son parte de una discusión pública en 'Mesas de Alimentación' con las comunidades, y entre los atendidos con preferencia están las personas más vulnerables y los desplazados", informó Díaz.
Los comedores, unos 220 en toda la ciudad, acompañados de otros programas de educación y salud, "lograrán entregar a cada persona del segmento más necesitado 40 por ciento de sus requerimientos nutricionales diarios. El resto dependerá de complementos que puedan alcanzarse en el hogar", señaló.
Consuelo Corredor, directora de Bienestar Social de la alcaldía, dijo que todas las fuentes concuerdan en la imposibilidad de calcular en qué proporción los problemas de alimentación, salud o educación de la ciudad se agravan con la presencia de los desplazados en la urbe y, cambio, sostienen que su peso es innegable.
Menos dudas aún hay en materia de seguridad y derecho a la vida, pues "los desplazados en primer lugar no llegan a una zona precisamente tranquila y las redes de informantes de los actores armados del conflicto devienen en pandillas de delincuentes", indicó Michael Jordan, de la organización humanitaria Diakonie, de iglesias alemanas, que trabaja con comunidades afectadas por la guerra.
Como dijo Jordan en una rueda de prensa junto a responsables de la Unión Europea, "a pesar del supuesto fin del paramilitarismo en Colombia, presenciamos cada día el aumento de su actividad en el sur de Bogotá".
"Están reclutando masivamente jóvenes para las filas de las AUC (las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia), que acordaron con el gobierno oficialmente hacer la paz", aseguró.
Jordan agregó que las AUC "pagan mensualmente 100.000 pesos (unos 40 dólares al cambio actual) al niño que se convierte en informante y 400.000 a los que participan en las operaciones de la llamada limpieza social". "Somos testigos de esta realidad", apuntó.
Colaboradores en Cazuca de casas establecidas allí por entidades de la ONU y la Defensoría del Pueblo de Colombia dijeron que en la zona actúan hasta ocho redes armadas ilegales, de las cuales tres serían "hijas" o divisiones del llamado Bloque Central-Santander, de las AUC.
"En una ocasión, dos mujeres denunciaron que fueron violadas por individuos de piel negra. Pocos días después aparecieron los cadáveres de dos afrodescendientes en un callejón. Es una de las maneras que tienen todos estos grupos de marcar sus territorios", dijo una de las fuentes.
Pero a diferencia de lo que ocurre en los escenarios rurales del conflicto, aquí el reclutamiento no es forzoso, sino más bien voluntario. Jóvenes desocupados, sin perspectivas de empleo o de adquirir estudios superiores, sin programas deportivos, culturales o de interés comunitario, fácilmente entran a las redes de violencia.
"Es una manera de tener plata, una novia bonita y un aparato de música", indicaron jóvenes que dialogaron con los periodistas en la frontera invisible entre los municipios de Bogotá y Soacha. "Pero lo peor es decirle a un empleador que vives en Altos de Cazuca: no tienes ninguna oportunidad, eres basura, nadie te quiere", indicaron.
Para Jordan, "el asesino ilegal que mata donde el Estado no lo hace, los paramilitares, se está reorganizando". "También la guerrilla vuelve a mostrar que no está derrotada en regiones como Caquetá y Cauca (en el sur de Colombia). Ninguno respeta la neutralidad de la población civil y el conflicto, en realidad, está muy lejos de un final.
Indignación por la represión en Oaxaca, manifiestan organizaciones frente al consulado mexicano en Los Ángeles
Portando carteles bilingües, los participantes de la vigilia exigían la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz
Por Margarita Salazar
El Otro Periodismo con La Otra Campaña en el Otro Lado
22 de junio de 2006
Los Ángeles, California.- Con un sentimiento que sacude y duele pero con una rabia viva, punzante, acompañada apenas de la esperanza de estar vivos, de haber sobrevivido la frontera -quizá ayer, probablemente hace muchos años (qué importa si la línea fue cruzada hace poco o mucho tiempo)-, el moreno color de la piel, las facciones de la cara, el amor a la comunidad y a la tierra pero sobre todo, la indignación frente a la brutalidad del gobierno traídos desde lejos, convocan por enésima vez a decenas de manifestantes frente al consulado mexicano en Los Ángeles.
Alrededor de 60 personas que pertenecen a 12 organizaciones de mexicanos, latinoamericanos y estadounidenses, expresaron su preocupación y repudio por lo ocurrido recientemente a cientos de maestros oaxaqueños que fueron violentamente atacados por la policía estatal y federal.
Convocados por el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB), desde las 6:00 de la tarde del martes 20 de junio, comenzaron a llegar integrantes de las organizaciones Unión del Barrio, Comité Pro Democracia en México, Coordinadora Estudiantil La Raza, Maya Visión, ANSWER (Actuemos Ahora para Detener la Guerra y Acabar con el Racismo, por sus siglas en inglés), Estudiantes Graduados de UCLA, Sindicato de Maestros de Los Ángeles (UTLA), y CHIRLA (Coalición en Defensa de Los Derechos Humanos de los Inmigrantes), entre otras organizaciones.
Los manifestantes se apostaron frente al edificio consular, localizado en la esquina de las calles Park View y Carandolet. Portando carteles bilingües, los participantes de la vigilia exigían la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, quien en lugar de "abrir un diálogo con los profesores, abrió fuego" contra ellos; repudiaron también la brutalidad y la represión gubernamental.
Agregó que "la represión que sufrieron los maestros no es nada nuevo, estas cifras son un agregado más a lo que está sufriendo el pueblo indígena de Oaxaca y por eso hoy pedimos que se reabra el diálogo que Ulises Ruiz ha cerrado".
Otra integrante de la misma organización, condenó la actitud del gobernador oaxaqueño quien, dijo, mandó a repartir entre las comunidades cartas en las que niega que haya habido muertos, heridos y encarcelados durante el operativo policiaco para desalojar el plantón magisterial.
Dijo que el gobernador está sembrando el terror entre la población además de intentar comprar el respaldo popular después de la brutal represión.
Daniel Montes, de Unión del Barrio, expresó que la manifestación frente al consulado mexicano no solo representa "un acto de solidaridad con el movimiento magisterial en Oaxaca sino con todo el pueblo mexicano que se encuentra luchando en contra de un sistema capitalista más brutal que el que conocieron nuestros padres, un sistema que nos ha orillado a millones de mexicanos a emigrar a este país ? tierras que también fueron nuestras y que muchos soñamos que algún día (y ojalá sea pronto) serán de nueva cuenta, tierras nuestras y de nuestros hijos, sobre el principio y sobre el derecho del trabajo".
Consideró que más que un acto de solidaridad, la protesta es parte de la lucha "en la misma trinchera de nuestros hermanos de Atenco, de nuestros hermanos mineros en Michoacán, nuestros hermanos en Chihuahua, en Puebla, en Jalisco, en Chiapas, en todo lo largo y ancho del país y en todo el suroeste de la frontera impuesta norteamericana, porque somos un solo pueblo, una sola lucha y un solo enemigo".
Detalló que como la indica la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, "este enemigo son las transnacionales quienes verdaderamente mandan por arriba de los gobiernos?.
Agregó: ?vemos que en nuestro país cambió del PRI (Partido Revolucionario Institucional) al PAN (Partido Acción Nacional) pero verdaderamente quien está detrás de ellos es el poder de las transnacionales que hizo derramar la sangre de los campesinos de Atenco para imponer un Wal-Mart; es el poder de las transnacionales que cambian la Constitución para que se puedan vender los ejidos y las grandes transnacionales puedan comprar en México".
Este mismo poder, continuó, es el que está detrás de la represión que quiere imponer la privatización de la educación en México.
-?Aquí y allá, la lucha seguirá?, gritaron los manifestantes.
Por la Coalición 25 de Marzo, Álvaro Maldonado comentó que el poder de las corporaciones que se apoderan de las economías de los países unen cada vez más a los pueblos como una sola familia por lo que la lucha de los maestros de Oaxaca es también la lucha de los trabajadores de cualquier parte del mundo. Para hacer frente a este tipo de agresiones, consideró necesario reforzar la unión y organización.
Rodrigo Argueta, del Comité Pro Democracia en México, criticó el papel del gobierno mexicano, quien dijo, gobierna en medio de la sangre derramada por los inmigrantes que diariamente mueren en la frontera por falta de empleo y la nobleza del pueblo mexicano que durante décadas ha soportado abusos pero que finalmente está diciendo "¡Ya basta!"
Condenó a los candidatos presidenciales, quienes gastan "millones de dólares" en sus campañas mientras el pueblo exige respeto a sus derechos más elementales.
"Nosotros no nos hacemos ilusiones ni creemos en nadie porque una y otra vez el gobierno ha traicionado? La única forma de cambiar las cosas es la organización popular como en las comunidades indígenas".
Entre vivas al general Emilia Zapata y los pueblos de Oaxaca, otros participantes calificaron de "inhumano" el trato a los maestros, quienes cotidianamente son testigos de la pobreza que azota las comunidades más marginadas del estado.
"Estamos hablando de escuelas que están hechas de láminas, de plástico, de tablas, donde no hay ni cuadernos, ni lápices, ni libros y aún así, los maestros tienen una devoción y amor a la niñez. Muchas veces, ellos gastan recursos de su propio bolsillo para mejorar estas condiciones y lo que les hizo el gobierno no se vale?", afirmó el oaxaqueño Pedro Reyes.
Otro profesor de origen hispano comentó que entre más represión haya contra el magisterio, habrá más lucha. "Nosotros como maestros combativos en Los Ángeles, también estamos con ellos y seguiremos en nuestra lucha. ¡Que vivan los maestros!".
Integrantes de las organizaciones guatemaltecas Alianza y Maya Visión, indicaron que en su país de origen ellos también vivieron en carne propia la represión. "nosotros sobrevivimos y seguimos luchando. Ahora nos estamos solidarizando con los maestros oaxaqueños para que se haga justicia".
"Allá nosotros nos quedamos desempleados y tuvimos que emigrar pero aquí nos acusan de criminales, de delincuentes. Tenemos que estar unidos para luchar en contra de estas injusticias", concluyó Policarpo Chaab.
FARC dispuestas a negociar acuerdo humanitario en Colombia
"Eso depende de Álvaro Uribe. A las FARC le interesa el acuerdo humanitario y tiene toda la disponibilidad y la voluntad política para ello. Pero eso requiere del Gobierno una verdadera voluntad política que empiece por darle garantías suficientes sin trampas y sin engaños, que posibiliten este intercambio", dijo Raúl Reyes. Para el líder de las FARC, la primera gestión de Uribe "falló" en Colombia al no poder cumplir las metas que se trazó, en especial, en su política para enfrentar a la organización rebelde.
[Telesur]
El vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, dijo en una entrevista exclusiva a TeleSUR este jueves, que el grupo rebelde está dispuesto a negociar un acuerdo humanitario con el reelecto presidente de Colombia, Álvaro Uribe.
Reyes dijo que la organización tiene "toda la voluntad política" de sentarse a negociar con el Gobierno colombiano, pero dijo que estas negociaciones dependerán de las garantías de paz que realice el actual presidente.
"Todo requiere de la verdadera voluntad del gobierno en dar garantías suficientes, sin trampas, sin engaños, que posibiliten el acuerdo humanitario", señaló Reyes.
"Eso depende de él (Álvaro Uribe). A las FARC le interesa el acuerdo humanitario y tiene toda la disponibilidad y la voluntad política para ello. Pero eso requiere del Gobierno una verdadera voluntad política que empiece por darle garantías suficientes sin trampas y sin engaños, que posibiliten este intercambio", dijo.
Las FARC buscan intercambiar a 52 oficiales y suboficiales, una ex candidata presidencial, doce diputados y varios políticos, así como tres contratistas estadounidenses que mantienen en su poder por un grupo de 600 rebeldes que están detenidos en cárceles colombianas.
Reyes además aseguró a TeleSUR que el Gobierno de Bogotá tendrá que decidir si ?continúa en la guerra? o busca un acercamiento con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y con el pueblo colombiano.
"Es Álvaro Uribe el que decidirá si continúa en la guerra o si busca el acercamiento con las FARC", subrayó el vocero.
Reyes también afirmó que las FARC están dispuestas a sentarse en una mesa de negociación, luego que el Gobierno de Bogotá desmilitarice los Departamentos de Caquetá y Putumayo, en el Valle del Cauca, al suroeste colombiano, así como la suspensión temporal de las órdenes de captura de los miembros del estado mayor central del grupo rebelde.
Asimismo, Reyes pidió la parálisis de las operaciones militares en toda Colombia, dentro del llamado "Plan Patriota" que impulsa Bogotá con la ayuda de Estados Unidos.
"La eventualidad de unos nuevos diálogos y la búsqueda de la paz que es un clamor de la mayoría de los colombianos, tendría que partir de la desmilitarización de los departamentos del Caquetá y del Putumayo como mínimo", dijo.
"Las FARC no aceptarán conversaciones debajo de la mesa, conversaciones discretas ni tampoco aceptarán conversar en el exterior y en ningún lugar de Colombia con este gobierno, mientras no hayan zonas desmilitarizadas", advirtió.
Reyes señaló que las FARC no "van a delegar a nadie a ningún amigo a ninguna personalidad interesada en la paz" en las conversaciones de paz, porque ?apuntó- "la vocería la realizan los mismos integrantes de la organización".
"El Gobierno tiene que reconocer que existe un conflicto interno"
Reyes, asimismo, pidió a Uribe reconocer que existe un conflicto interno en Colombia porque ?señaló- éste no lo va a solucionar el Gobierno "por la vía militar".
"Nosotros esperamos que el Gobierno de Colombia sea conciente de las realidades del país y empiece a reconocer que existe un conflicto armado", señaló.
"¿Cómo uno va a creer que el presidente tiene voluntad de salidas políticas dialogadas, si él mismo está desconociendo la realidad de nuestro país (?) que se expresa en un conflicto político, militar y armado de muchos años que han intentado resolver a través de la guerra", se preguntó el vocero de las FARC.
Reyes también hizo referencia al pasado y señaló que durante la primera gestión del actual presidente colombiano (2000-2004), la organización rebelde solicitó la desmilitarización total del los municipios en el Valle del Cuca, Florida y Pradera, "pero el Gobierno no lo quiso hacer y siempre respondió con evasivas respuestas", señaló.
Balance del primer Gobierno y futuro de las FARC
Para el líder de las FARC, la primera gestión de Uribe "falló" en Colombia al no poder cumplir las metas que se trazó, en especial, en su política para enfrentar a la organización rebelde.
"Falló porque no logró lo que se propuso. Entonces ahora al iniciar su nuevo Gobierno, tendrá que definirse o continuar con la fallida política del Plan Patriota, la cacería de brujas, de las calumnias, de las ignominias contra los trabajadores sociales y contra la oposición o buscar la salida a política dialogada", expresó.
En cuanto al futuro de las FARC, Reyes aseguró que están "enteras" y "que siguen dispuestas a luchar por los ideales de Colombia".
Consideró que si Uribe no logró derrotar a la organización en su primer Gobierno "con toda esa maquinaria de guerra de los Estados Unidos, pues entonces a las FARC les fue muy bien".
Advirtió que si Uribe no toma la vía de la paz en Colombia, se profundizará la confrontación "militar y política" entre las FARC y el Gobierno, así como una mayor ?convulsión social? en la nación suramericana.
"La gente está esperando el problema del empleo, de la salud, de la vivienda, de las vías de comunicación y que se acabe con la corrupción, con el paramilitarismo que sigue asesinado a la población y sigue intimidando con la complacencia y la bendición del señor Alvaro Uribe", expresó el vocero.
Un juicio.esencialmente político-
Exigen amnistía para dirigentes sociales procesados
Minga Informativa de Movimientos Sociales- Sergio Ferrari
Evo Morales, presidente de Bolivia desde enero de este año,
está confrontado a resolver a corto plazo un proceso jurídico
que heredó de los gobernantes anteriores. La solidaridad
boliviana y la internacional se multiplican hacia los
procesados.
10 de abril del 2003. Un operativo policial de grandes
proporciones acompañado por periodistas "invitados" por el
Gobierno, detiene en la capital boliviana a Francisco "Pacho"
Cortés, dirigente campesino colombiano que acababa de llegar
exilado al país. Como parte de ese mismo "caso" son detenidas
varias decenas de personas, en su mayoría activistas
campesinos bolivianos, muchos de ellos militantes del
Movimiento al Socialismo (MAS). El MAS, fuerza política
liderada por Evo Morales, en ese momento en la oposición, se
encontraba a la cabeza de algunas de las principales
movilizaciones sociales contra el gobierno de Gonzalo Sánchez
de Lozada
Entre otras acusaciones contra Cortés, Carmelo Peñaranda,
Claudio Ramírez, y demás colegas: terrorismo, actividades
subversivas, tráfico de drogas. Tal como señalan los
imputados, era un momento de una alta tensión social en el
país y el Gobierno intentó con este caso "crear un show
mediático" para deslegitimar la protesta. Al decir de la red
mundial Vía Campesina, "se buscaba criminalizar las luchas" y
a los dirigentes que combatían las políticas neoliberales del
Gobierno.
"Soy un perseguido político"
La historia desde entonces está llena de dolor. "Estuve preso
con otros compañeros casi tres años. En febrero del 2006 fui
liberado, pero con condiciones", subraya Francisco Cortés en
entrevista telefónica.
"No puedo salir de La Paz, ni siquiera del Alto sin
autorización especial. Se me ha prohibido concurrir a
manifestaciones políticas. Hemos debido pagar una fianza - de
cerca de 7 mil dólares estadounidenses- y debo presentarme una
vez por mes a firmar en el tribunal", explica Cortés.
Una situación insostenible agravada por los problemas
"heredados de la cárcel. Entre ellos la salud resquebrajada y
una situación económica familiar dramática", precisa. Por todo
eso, "me sigo considerando siempre como un perseguido
político". Con el riesgo creciente que en el momento en que la
justicia se pronuncie este mes de julio sobre el caso, caigan
pesadas condenas sustentadas en pruebas montadas y en un
proceso jurídico irracional. "Más de tres años y no se ha
iniciado el juicio oral; cuatro de los fiscales que veían la
causa fueron despedidos por incapacidad.". Ejemplos de las
múltiples aberraciones jurídicas, insiste el dirigente
colombiano.
"Actualmente estoy viviendo en la Casa del Migrante, que es un
proyecto de la iglesia católica a través de la Pastoral de
Movilidad Humana" señalaba Pacho Cortés en una carta pública
donde enumera la compleja situación post-cárcel que afronta
todavía hoy.
"Me mantengo allí porque mi seguridad tampoco está muy bien y
ahora no sólo me tengo que cuidar de la cárcel sino también
del cementerio porque como están las cosas el imperialismo
norteamericano quiere continuar justificando la presencia del
narcoterrorismo en Bolivia a costillas mías.y por eso tengo
que dormir con un ojo cerrado y el otro abierto".
Por otra parte, insiste Cortés, "estoy recuperando un poco la
salud, porque salí bastante mal de la cárcel. Especialmente la
vista porque no tuve durante mucho tiempo ejercicio de larga
visión". También padece de mucha debilidad y se encuentra mal
físicamente a nivel general. "Ya que durante 13 meses no hice
ningún ejercicio."
"Es imprescindible una solución política"
De cara al futuro, lo esencial es resolver "nuestra situación
de fondo", anticipa Cortés. Somos perseguidos políticos,
nuestra causa es política y por lo tanto la solución también
debe ser política.
De esta forma se han expresado recientemente más de 150
organizaciones sociales de Bolivia. Exigen que el gobierno
decrete una amnistía inmediata", lo que cerraría cualquier
posibilidad a un juicio amañado.
Cómo entender la necesidad de ejercer presión a un gobierno
popular para que resuelva una situación que involucra a
seguidores del mismo Morales, preguntamos de inmediato. "No se
trata de falta de voluntad política de Evo. El problema es que
él tiene a su alrededor, todavía, funcionarios que no están
tan decididos en resolver este tema".
Y para asegurar esa solución es esencial la solidaridad tanto
interna como externa, enfatiza. Muchas organizaciones
internacionales se ha pronunciado a favor de nuestra
situación.eso es un paso importante hacia adelante", explica
Cortés evaluando la activa campaña por su liberación y la de
sus colegas. "Ha sido determinante la gran solidaridad de Vía
Campesina con nosotros", enfatiza.
Fue ya en el 2004 que esa red internacional envió una
delegación de alto nivel a Bolivia para presionar a las
autoridades a favor de los dirigentes campesinos encarcelados.
Sin embargo los procesos jurídicos de esencia política suelen
ser largos y no siempre simples. "No podemos darnos por
vencidos. La lucha de los movimientos sociales continúa.
Incluso contra todos los intentos de ser penalizados y
criminalizados. ¡Qué gran paradoja: quien nos acusó fue el
gobierno de Sánchez de Lozada. Y luego él huyó a Estados
Unidos. Huye de la justicia. De esta forma no responde ni por
nuestro juicio amañado - que es irracional- ni por las
múltiples acusaciones que caen contra él", concluye Cortés.-
Solidaridad suiza
A fines de mayo, varias organizaciones sociales helvéticas,
entre ellas el sindicato de los medios de comunicación Comedia
y la red anti-OMC, suscribieron una carta colectiva dirigida
al nuevo presidente boliviano. Dicha misiva solicita a Evo
Morales que conceda inmediatamente la amnistía al dirigente
campesino colombiano Francisco "Pacho" Cortés, a sus colegas
bolivianos Claudio Ramírez y Carmelo Peñaranda, así como a los
otros 14 inculpados en el mismo proceso jurídico. La carta
denuncia las repetidas irregularidades durante la detención y
el proceso jurídico en marcha. Y considera que esta causa
contra dirigentes campesinos y sindicales busca penalizar,
sancionar y criminalizar a los movimientos sociales. Para los
otros signatarios la solidaridad activa se impone. En caso que
Evo Morales no decrete una amnistía, dichos dirigentes podrían
ser condenados en julio sobre bases jurídicas falsas y en un
proceso legal nulo (Sergio Ferrari)
x La Haine - Euskal Herria
Comunicado íntegro :: Transcurridos tres meses desde que el pasado 24 de marzo entrara en vigor el alto el fuego declarado por ETA, la organización armada ha realizado un llamamiento a la opinión pública española "para que apoye una solución negociada, duradera y justa al largo y duro conflicto que enfrenta a Euskal Herria con España"
Asimismo, ETA hace un llamamiento a la opinión pública española para que apoye activamente la superación del conflicto por la vía del diálogo y la negociación.
En el comunicado, ETA subraya que "Rodríguez Zapatero y su Gobierno, el Estado español en su conjunto, tienen ante sí una oportunidad histórica para apostar definitivamente por una estrategia de paz basada en el diálogo, el acuerdo, el reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a las decisiones de sus ciudadanos y ciudadanas".
Pero le advierte de que "para avanzar en el camino del diálogo es imprescindible desactivar todas las medidas represivas y de excepción", y añade que "la represión que a día de hoy aún persiste es absolutamente incompatible con un proceso de paz".
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Comunicado de Euskadi Ta Askatasuna a la opinión pública española
Transcurridos tres meses desde que el pasado 24 de marzo entrara en vigor el alto el fuego declarado por Euskaki Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad), ETA hace un llamamiento a la opinión pública española para que apoye una solución negociada, duradera y justa al largo y duro conflicto que enfrenta a Euskal Herria con España.
Las raíces del conflicto
ETA es plenamente consciente de que a la opinión española se le ha ocultado y se le ocultan las verdaderas raíces históricas y políticas, así cómo la magnitud del conflicto.
A lo largo de las últimas décadas la mentira y la desinformación se han convertido en las industrias más productivas de la maquinaria represiva con la que el Estado español ha intentado acabar con la legítima lucha del Pueblo Vasco por sus derechos, por recuperar lo que simple y llanamente le corresponde.
La lucha contra el "terrorismo" lo ha justificado todo. El Estado español, ocultando que "terrorismo" es un término acuñado por aquellos Estados que precisamente, mediante el terror y la represión, tratan de mantener su dominación sobre los pueblos a los que mantienen sometidos, bajo diferentes regímenes y gestionado por distintos Gobiernos, ha utilizado todas las formas de represión posibles contra el Pueblo Vasco en general y la resistencia vasca en particular.
La imposición de leyes extranjeras (españolas en este caso), el genocidio lingüístico y cultural, la partición y militarización del territorio, los asesinatos policiales y para-policiales, las razzias y las detenciones selectivas, la utilización sistemática de la tortura, los estados de excepción, pactos y planes especiales, políticas penitenciarias criminales, la deportación, la colaboración de fuerzas autonomistas y de terceros países, el cierre de medios de comunicación, la ilegalización de organismos populares, formaciones políticas y candidaturas electorales.... la lista sería interminable. Y esta lista de opresiones y humillaciones diarias también es ocultada.
Sin embargo, el fracaso de las estrategias de guerra y represión es evidente. ETA luchó contra la opresión franquista y ha hecho frente durante los últimos treinta años a las políticas de negación y represión de los gobiernos de la UCD, PSOE y PP. Todos los mandatarios españoles han quedado en el camino y la lucha del Pueblo Vasco siempre ha sido la piedra angular que ha contribuido a su propio fracaso y a mantener abierta permanentemente una profunda crisis política en el Estado español.
Basta recordar la caída del PSOE de Felipe González por organizar los GAL o el más reciente fracaso del PP cómo consecuencia de la manipulación sobre la autoría de los atentados del 11-M en Madrid, intentando atribuir su responsabilidad a nuestra Organización. El PP fue víctima de la paranoia represiva del hasta entonces presidente español JM Aznar en su obsesión por pasar a la historia como el mandatario que derrotó a ETA y aniquiló el independentismo vasco.
Es evidente también que el proyecto español basado en la negación y el sometimiento de los pueblos ha fracasado. El Estado de las Autonomías, creado y diseñado para diluir sentimientos e identidades nacionales, y fundamentalmente, para neutralizar la lucha del Pueblo Vasco combinando la zanahoria estatutaria con el palo de la represión, ha fracasado.
Una mentira por miles de veces que sea repetida no deja de ser una mentira. La posibilidad de derrotar a ETA se ha confirmado una y otra vez cómo un espejismo represivo. ETA por encima de coyunturas y absurdas estadísticas policiales es la expresión organizada de la dignidad y el compromiso de miles de mujeres y hombres que generación tras generación han luchado y luchamos con las armas en la mano para que el Estado español abandone su posición de fuerza y reconozca a nuestro pueblo sus derechos nacionales.
El Pueblo Vasco es un pueblo con miles de años de historia que ha sido capaz de sobrevivir a lo largo de ella gracias fundamentalmente a la voluntad de sus gentes. Un pueblo al que hace varios siglos España y Francia arrebataron su soberanía apropiándose de sus territorios y convirtiendo a sangre y fuego a sus habitantes en súbditos de sus respectivas coronas.
Conocer el pasado es necesario para comprender el presente y aspirar a un futuro mejor. El conflicto no arranca con el nacimiento de ETA en las postrimerías del franquismo. Ni siquiera cómo consecuencia del alzamiento fascista del 36 o posteriores masacres cómo la del bombardeo de Gernika por parte de las tripas fascistas. Se trata de un conflicto histórico, en el que el más poderoso, tras atacar y ocupar militarmente el territorio vasco, ha tratado por todos los medios de engullir y asimilar social, cultural y políticamente al menos poderoso.
Que no le quepa ninguna duda a nadie que de continuar la actual situación de opresión y conculcación de derechos, nuevas generaciones se sumarán a la lucha respondiendo con fuerza a quienes por la fuerza mantengan esta situación de injusticia.
Que nadie se lleve a engaño. La voluntad y el deseo de ETA de alcanzar mediante el diálogo y la negociación una paz justa y duradera con el Estado español es total, estamos plenamente convencidos de que la paz, aquí y ahora, es posible. Pero exactamente con la misma determinación afirmamos: ETA nunca aceptará que el Gobierno español intente utilizar tácticamente este proceso para engañar al Pueblo Vasco o trate simplemente de neutralizar a ETA y opte finalmente por insistir en la vía de la imposición.
Tenemos muy presente que el Estado español ya dejó pasar otras oportunidades en el pasado. Tras la muerte de Franco dio la espalda a una solución democrática y en Argel las autoridades españolas desaprovecharon una magnífica ocasión para encauzar el conflicto por la vía de la negociación. ETA espera que las experiencias del pasado sirvan para no caer en el error de repetir políticas abocadas de antemano al fracaso.
Una nueva oportunidad
Nos encontramos ante una nueva y gran oportunidad para ofrecer un futuro distinto a nuestros respectivos pueblos. Quizás nunca antes hayamos estado tan cerca de solucionar el conflicto político entre Euskal Herria y España.
Seguramente nunca cómo ahora habíamos podido vislumbrar con tanta claridad un horizonte en el que la vulneración de los derechos nacionales del Pueblo Vasco desaparezca definitivamente la sinrazón de la imposición que alimenta el conflicto sea cosa del pasado y podamos dar paso a un nuevo tiempo político en el que todos, vascos y españoles, saldríamos ganando.
El camino hacia la paz debe ser desbrozado mediante la negociación y el acuerdo. Euskal Herria lograría unos mínimos democráticos con los que poder construir su futuro, recuperar su territorialidad y la responsabilidad plena sobre su soberanía. El Estado español alcanzaría la estabilidad política necesaria para poder dar soluciones estructurales a su profunda crisis política.
Rodríguez Zapatero y su Gobierno, el Estado español en su conjunto, tienen ante sí una oportunidad histórica para apostar definitivamente por una estrategia de paz basada en el diálogo, el acuerdo, el reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a las decisiones a sus ciudadanos y ciudadanas.
Claves para solucionar el conflicto
Para avanzar en el camino del diálogo es imprescindible desactivar todas las medidas represivas y de excepción que han acompañado durante tantos años las estrategias de guerra ya fracasadas. La represión que a día de hoy aun persiste es absolutamente incompatible con un proceso de paz.
El proceso democrático que debe desarrollarse en Euskal Herria con la participación e implicación de todos los agentes vascos tiene que contar con garantías suficientes de no injerencia por parte de los poderes del Estado español. Los aparatos del Estado no pueden condicionar ni el desarrollo ni el resultado del proceso.
Al final de este proceso la ciudadanía vasca deberá tener la palabra y la capacidad de decisión en torno a su futuro, sin ningún tipo de límites.
Emplazamiento al Gobierno español
El Gobierno español debe expresar su compromiso de respetar lo que el Pueblo Vasco acuerde y decida sobre su futuro.
ETA emplaza al Gobierno español para que pase de las palabras a los hechos, dando los pasos necesarios para garantizar que ninguna legislación, ordenamiento jurídico, ni Constitución sea obstáculo o límite en el desarrollo de la decisión que mayoritariamente adopte el Pueblo Vasco.
Para poder desarrollar un proceso de negociación, las autoridades españolas deben adoptar y cumplir sus compromisos de "alto el fuego", garantizando el cese total de la represión, los ataques contra el Colectivo de Presos Políticos Vascos a través de la aplicación de leyes de excepción y la presión, chantaje y extorsión contra las actividades políticas de la izquierda independentista.
Llamamiento a la opinión pública española
Además, ETA quiere hacer un llamamiento a la opinión pública española para que apoye activamente la superación del conflicto por la vía del diálogo y la negociación.
La sociedad española haría bien en apoyar las posiciones y los pasos de quienes actúen de manera valiente y decidida asumiendo riesgos políticos importantes en pos de una solución democrática, dando la espalda a quienes insisten en alimentar la injusticia, el odio y la venganza de manera irresponsable y mezquina apostando por la represión y el enfrentamiento.
Por último, ETA no quiere finalizar este comunicado sin mostrar su mas sincero reconocimiento a todas la personas y colectivo que a lo largo de todos estos años y en la actualidad han mostrado y muestran una solidaridad activa con la lucha del Pueblo Vasco, muy especialmente por su compromiso con los derechos del Colectivo de Presos Políticos Vascos.
El compromiso de ETA
ETA se reafirma en su decisión del alto el fuego permanente en vigor desde el 24 de marzo de 2006.
Así mismo, reafirmamos nuestro deseo de avanzar hacia la consecución de una verdadera situación democrática para Euskal Herria, superando el conflicto de largos años y construyendo una paz basada en la justicia.
Las decisiones y pasos de Euskadi Ta Askartasuna serán consecuencia de la actitud que mantenga el Gobierno español ante el proceso abierto de Euskal Herria.
La solución al conflicto, aquí y ahora, es posible. Ese es el deseo y la voluntad de ETA.
GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA! GORA EUSKAL HERRIA SOCIALISTA!
JO ETA KE INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA LORTU ARTE!
Euskal Herria, junio de 2006-06-21
Euskadi Ta Askartasuna
E.T.A.
Cuando la guerra toma forma de hambre y pandillas
Por Humberto Márquez
IPS
Ciudad Bolívar y los Altos de Cazuca forman un paisaje infinito, de humildes viviendas al costado de calles y aceras de tierra o cemento, sobre las colinas yermas al sur de la capital colombiana. El andar tranquilo de personas y autobuses no puede disimular que aquí la guerra continúa.
Bajo otras formas, María Clemencia Alvarado, de 30 años y con cinco hijos, el mayor de 15 y el más chico en sus brazos, huyó hace un año de los choques entre ejército y la guerrilla en el occidental departamento del Tolima. Ahora sólo quiere un "subsidio, como el almuerzo diario" que espera junto a otras 30 madres con decenas de niños en la sede de la asociación de familias desplazadas.
También por esas calles transita E.L., presidente de la junta comunal en uno de los 38 barrios de Cazuca, habitado casi íntegramente por desplazados ex militante de la izquierdista Unión Patriótica, quien denuncia que fue asaltado por individuos, lo apuñalaron y le advirtieron que debía escoger entre marcharse o perder la vida.
Ellos son apenas dos ejemplos del hambre, el desempleo y la exclusión que golpean a las decenas de miles de desplazados de sus hogares por el conflicto interno que afronta Colombia desde hace medio siglo.
Pero los desplazados del interior del país no son los únicos que llegan al más populoso suburbio de la capital.
Lo mismo hacen los llamados "actores armados", en este caso los paramilitares de derecha, cuyas redes en Cazuca, por ejemplo, han mutado en pandillas de delincuentes que cobran viejas facturas, roban o cobran "vacuna" (pago forzoso) a pequeños comerciantes, conductores de autobuses y a taxistas.
Esa realidad pudo ser observada por un grupo de periodistas de países andinos que participaron en un taller organizado por la agencia internacional de noticias IPS (Inter Press Service) con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para hacer un seguimiento de las llamadas metas del milenio, aprobadas en 2000 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Unos 20 periodistas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela participaron el jueves y el viernes en Bogotá del taller titulado "Buscando en las noticias: pobreza, desarrollo y ambiente. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la cobertura periodística de la región andina".
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que alrededor de 2,5 millones permanecen fuera de sus zonas originarias de residencia a causa de la guerra civil en Colombia.
Los desplazados que llegan a Ciudad Bolívar, donde se hacinan casi un millón de los ocho millones de habitantes de la capital colombiana, y Altos de Cazuca, en el municipio adyacente de Soacha, cargan casi todos los indicadores de pobreza, porque para salvar la vida debieron dejar atrás casa, cultivos, terruño y afectos.
"Yo no regreso. Cualquiera añora su tierra, pero el gobierno no da garantías para regresar. Allá en Montes de María, Sucre (en el noroeste del país) asesinaron a mi esposa, y por eso me vine con mis dos hijos", relató Germán Luna, de 40 años, zapatero a ratos y presidente de la asociación de desplazados "Semillas de Esperanza".
"El gobierno no nos apoya y si una persona declara que es desplazado la ayuda de urgencia se demora dos meses", añadió Luna.
Su vecino, Miguel Saogal, de la junta comunal, deplora que no puedan acceder a servicios de agua potable, alcantarillados o teléfono, porque el sector, Santa Viviana, habitado desde hace 13 años, "no se ha legalizado", es decir que no existe reconocimiento oficial de la ocupación de los terrenos.
El Programa Mundial de Alimentos colabora con "Semillas de Esperanza" a través del Departamento de Bienestar Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Les envía suministros para una comida diaria a 417 niños, que los colaboradores de Luna entre las 350 familias de la asociación cuecen en una cocina de tres hornillas.
Mientras esperan la llegada de los alimentos en un local de paredes sin friso con una vista panorámica que casi alcanza el pujante centro de Bogotá, Luna, Alvarado y otros llegados de distantes departamentos desgranan historias cercanas de tan parecidas: familiares muertos, el hijo reclutado a la fuerza, la decisión de huir y la finca abandonada.
También se lamentan de estar en la ciudad de los servicios sin casa ni comida y sin empleo.
En la zona ha irrumpido el programa de la alcaldía mayor "Bogotá sin hambre", que pretende "llevar un suplemento nutricional a 625.000 de los 1,1 millones de bogotanos que padecen hambre, y que sumado al esfuerzo del gobierno nacional y de entidades privadas puede totalizar 925.000 atendidos el año próximo", explicó el coordinador del proyecto, Eduardo Díaz.
En otro sector de Ciudad Bolívar, un comedor popular hecho por la comunidad hace 15 años y que cocinaba con leña fue transformado por "Bogotá sin hambre" en establecimiento sumamente pulcro, al punto de los periodistas no pudieron acceder a la cocina por carecer de las batas, mascarillas y guantes higiénicos correspondientes.
Este comedor entrega 200 desayunos y 300 almuerzos a escolares, madres lactantes o gestantes, y a personas discapacitadas.
"Las listas de beneficiarios son parte de una discusión pública en 'Mesas de Alimentación' con las comunidades, y entre los atendidos con preferencia están las personas más vulnerables y los desplazados", informó Díaz.
Los comedores, unos 220 en toda la ciudad, acompañados de otros programas de educación y salud, "lograrán entregar a cada persona del segmento más necesitado 40 por ciento de sus requerimientos nutricionales diarios. El resto dependerá de complementos que puedan alcanzarse en el hogar", señaló.
Consuelo Corredor, directora de Bienestar Social de la alcaldía, dijo que todas las fuentes concuerdan en la imposibilidad de calcular en qué proporción los problemas de alimentación, salud o educación de la ciudad se agravan con la presencia de los desplazados en la urbe y, cambio, sostienen que su peso es innegable.
Menos dudas aún hay en materia de seguridad y derecho a la vida, pues "los desplazados en primer lugar no llegan a una zona precisamente tranquila y las redes de informantes de los actores armados del conflicto devienen en pandillas de delincuentes", indicó Michael Jordan, de la organización humanitaria Diakonie, de iglesias alemanas, que trabaja con comunidades afectadas por la guerra.
Como dijo Jordan en una rueda de prensa junto a responsables de la Unión Europea, "a pesar del supuesto fin del paramilitarismo en Colombia, presenciamos cada día el aumento de su actividad en el sur de Bogotá".
"Están reclutando masivamente jóvenes para las filas de las AUC (las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia), que acordaron con el gobierno oficialmente hacer la paz", aseguró.
Jordan agregó que las AUC "pagan mensualmente 100.000 pesos (unos 40 dólares al cambio actual) al niño que se convierte en informante y 400.000 a los que participan en las operaciones de la llamada limpieza social". "Somos testigos de esta realidad", apuntó.
Colaboradores en Cazuca de casas establecidas allí por entidades de la ONU y la Defensoría del Pueblo de Colombia dijeron que en la zona actúan hasta ocho redes armadas ilegales, de las cuales tres serían "hijas" o divisiones del llamado Bloque Central-Santander, de las AUC.
"En una ocasión, dos mujeres denunciaron que fueron violadas por individuos de piel negra. Pocos días después aparecieron los cadáveres de dos afrodescendientes en un callejón. Es una de las maneras que tienen todos estos grupos de marcar sus territorios", dijo una de las fuentes.
Pero a diferencia de lo que ocurre en los escenarios rurales del conflicto, aquí el reclutamiento no es forzoso, sino más bien voluntario. Jóvenes desocupados, sin perspectivas de empleo o de adquirir estudios superiores, sin programas deportivos, culturales o de interés comunitario, fácilmente entran a las redes de violencia.
"Es una manera de tener plata, una novia bonita y un aparato de música", indicaron jóvenes que dialogaron con los periodistas en la frontera invisible entre los municipios de Bogotá y Soacha. "Pero lo peor es decirle a un empleador que vives en Altos de Cazuca: no tienes ninguna oportunidad, eres basura, nadie te quiere", indicaron.
Para Jordan, "el asesino ilegal que mata donde el Estado no lo hace, los paramilitares, se está reorganizando". "También la guerrilla vuelve a mostrar que no está derrotada en regiones como Caquetá y Cauca (en el sur de Colombia). Ninguno respeta la neutralidad de la población civil y el conflicto, en realidad, está muy lejos de un final.
Indignación por la represión en Oaxaca, manifiestan organizaciones frente al consulado mexicano en Los Ángeles
Portando carteles bilingües, los participantes de la vigilia exigían la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz
Por Margarita Salazar
El Otro Periodismo con La Otra Campaña en el Otro Lado
22 de junio de 2006
Los Ángeles, California.- Con un sentimiento que sacude y duele pero con una rabia viva, punzante, acompañada apenas de la esperanza de estar vivos, de haber sobrevivido la frontera -quizá ayer, probablemente hace muchos años (qué importa si la línea fue cruzada hace poco o mucho tiempo)-, el moreno color de la piel, las facciones de la cara, el amor a la comunidad y a la tierra pero sobre todo, la indignación frente a la brutalidad del gobierno traídos desde lejos, convocan por enésima vez a decenas de manifestantes frente al consulado mexicano en Los Ángeles.
Alrededor de 60 personas que pertenecen a 12 organizaciones de mexicanos, latinoamericanos y estadounidenses, expresaron su preocupación y repudio por lo ocurrido recientemente a cientos de maestros oaxaqueños que fueron violentamente atacados por la policía estatal y federal.
Convocados por el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB), desde las 6:00 de la tarde del martes 20 de junio, comenzaron a llegar integrantes de las organizaciones Unión del Barrio, Comité Pro Democracia en México, Coordinadora Estudiantil La Raza, Maya Visión, ANSWER (Actuemos Ahora para Detener la Guerra y Acabar con el Racismo, por sus siglas en inglés), Estudiantes Graduados de UCLA, Sindicato de Maestros de Los Ángeles (UTLA), y CHIRLA (Coalición en Defensa de Los Derechos Humanos de los Inmigrantes), entre otras organizaciones.
Los manifestantes se apostaron frente al edificio consular, localizado en la esquina de las calles Park View y Carandolet. Portando carteles bilingües, los participantes de la vigilia exigían la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, quien en lugar de "abrir un diálogo con los profesores, abrió fuego" contra ellos; repudiaron también la brutalidad y la represión gubernamental.
Agregó que "la represión que sufrieron los maestros no es nada nuevo, estas cifras son un agregado más a lo que está sufriendo el pueblo indígena de Oaxaca y por eso hoy pedimos que se reabra el diálogo que Ulises Ruiz ha cerrado".
Otra integrante de la misma organización, condenó la actitud del gobernador oaxaqueño quien, dijo, mandó a repartir entre las comunidades cartas en las que niega que haya habido muertos, heridos y encarcelados durante el operativo policiaco para desalojar el plantón magisterial.
Dijo que el gobernador está sembrando el terror entre la población además de intentar comprar el respaldo popular después de la brutal represión.
Daniel Montes, de Unión del Barrio, expresó que la manifestación frente al consulado mexicano no solo representa "un acto de solidaridad con el movimiento magisterial en Oaxaca sino con todo el pueblo mexicano que se encuentra luchando en contra de un sistema capitalista más brutal que el que conocieron nuestros padres, un sistema que nos ha orillado a millones de mexicanos a emigrar a este país ? tierras que también fueron nuestras y que muchos soñamos que algún día (y ojalá sea pronto) serán de nueva cuenta, tierras nuestras y de nuestros hijos, sobre el principio y sobre el derecho del trabajo".
Consideró que más que un acto de solidaridad, la protesta es parte de la lucha "en la misma trinchera de nuestros hermanos de Atenco, de nuestros hermanos mineros en Michoacán, nuestros hermanos en Chihuahua, en Puebla, en Jalisco, en Chiapas, en todo lo largo y ancho del país y en todo el suroeste de la frontera impuesta norteamericana, porque somos un solo pueblo, una sola lucha y un solo enemigo".
Detalló que como la indica la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, "este enemigo son las transnacionales quienes verdaderamente mandan por arriba de los gobiernos?.
Agregó: ?vemos que en nuestro país cambió del PRI (Partido Revolucionario Institucional) al PAN (Partido Acción Nacional) pero verdaderamente quien está detrás de ellos es el poder de las transnacionales que hizo derramar la sangre de los campesinos de Atenco para imponer un Wal-Mart; es el poder de las transnacionales que cambian la Constitución para que se puedan vender los ejidos y las grandes transnacionales puedan comprar en México".
Este mismo poder, continuó, es el que está detrás de la represión que quiere imponer la privatización de la educación en México.
-?Aquí y allá, la lucha seguirá?, gritaron los manifestantes.
Por la Coalición 25 de Marzo, Álvaro Maldonado comentó que el poder de las corporaciones que se apoderan de las economías de los países unen cada vez más a los pueblos como una sola familia por lo que la lucha de los maestros de Oaxaca es también la lucha de los trabajadores de cualquier parte del mundo. Para hacer frente a este tipo de agresiones, consideró necesario reforzar la unión y organización.
Rodrigo Argueta, del Comité Pro Democracia en México, criticó el papel del gobierno mexicano, quien dijo, gobierna en medio de la sangre derramada por los inmigrantes que diariamente mueren en la frontera por falta de empleo y la nobleza del pueblo mexicano que durante décadas ha soportado abusos pero que finalmente está diciendo "¡Ya basta!"
Condenó a los candidatos presidenciales, quienes gastan "millones de dólares" en sus campañas mientras el pueblo exige respeto a sus derechos más elementales.
"Nosotros no nos hacemos ilusiones ni creemos en nadie porque una y otra vez el gobierno ha traicionado? La única forma de cambiar las cosas es la organización popular como en las comunidades indígenas".
Entre vivas al general Emilia Zapata y los pueblos de Oaxaca, otros participantes calificaron de "inhumano" el trato a los maestros, quienes cotidianamente son testigos de la pobreza que azota las comunidades más marginadas del estado.
"Estamos hablando de escuelas que están hechas de láminas, de plástico, de tablas, donde no hay ni cuadernos, ni lápices, ni libros y aún así, los maestros tienen una devoción y amor a la niñez. Muchas veces, ellos gastan recursos de su propio bolsillo para mejorar estas condiciones y lo que les hizo el gobierno no se vale?", afirmó el oaxaqueño Pedro Reyes.
Otro profesor de origen hispano comentó que entre más represión haya contra el magisterio, habrá más lucha. "Nosotros como maestros combativos en Los Ángeles, también estamos con ellos y seguiremos en nuestra lucha. ¡Que vivan los maestros!".
Integrantes de las organizaciones guatemaltecas Alianza y Maya Visión, indicaron que en su país de origen ellos también vivieron en carne propia la represión. "nosotros sobrevivimos y seguimos luchando. Ahora nos estamos solidarizando con los maestros oaxaqueños para que se haga justicia".
"Allá nosotros nos quedamos desempleados y tuvimos que emigrar pero aquí nos acusan de criminales, de delincuentes. Tenemos que estar unidos para luchar en contra de estas injusticias", concluyó Policarpo Chaab.
FARC dispuestas a negociar acuerdo humanitario en Colombia
"Eso depende de Álvaro Uribe. A las FARC le interesa el acuerdo humanitario y tiene toda la disponibilidad y la voluntad política para ello. Pero eso requiere del Gobierno una verdadera voluntad política que empiece por darle garantías suficientes sin trampas y sin engaños, que posibiliten este intercambio", dijo Raúl Reyes. Para el líder de las FARC, la primera gestión de Uribe "falló" en Colombia al no poder cumplir las metas que se trazó, en especial, en su política para enfrentar a la organización rebelde.
[Telesur]
El vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, dijo en una entrevista exclusiva a TeleSUR este jueves, que el grupo rebelde está dispuesto a negociar un acuerdo humanitario con el reelecto presidente de Colombia, Álvaro Uribe.
Reyes dijo que la organización tiene "toda la voluntad política" de sentarse a negociar con el Gobierno colombiano, pero dijo que estas negociaciones dependerán de las garantías de paz que realice el actual presidente.
"Todo requiere de la verdadera voluntad del gobierno en dar garantías suficientes, sin trampas, sin engaños, que posibiliten el acuerdo humanitario", señaló Reyes.
"Eso depende de él (Álvaro Uribe). A las FARC le interesa el acuerdo humanitario y tiene toda la disponibilidad y la voluntad política para ello. Pero eso requiere del Gobierno una verdadera voluntad política que empiece por darle garantías suficientes sin trampas y sin engaños, que posibiliten este intercambio", dijo.
Las FARC buscan intercambiar a 52 oficiales y suboficiales, una ex candidata presidencial, doce diputados y varios políticos, así como tres contratistas estadounidenses que mantienen en su poder por un grupo de 600 rebeldes que están detenidos en cárceles colombianas.
Reyes además aseguró a TeleSUR que el Gobierno de Bogotá tendrá que decidir si ?continúa en la guerra? o busca un acercamiento con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y con el pueblo colombiano.
"Es Álvaro Uribe el que decidirá si continúa en la guerra o si busca el acercamiento con las FARC", subrayó el vocero.
Reyes también afirmó que las FARC están dispuestas a sentarse en una mesa de negociación, luego que el Gobierno de Bogotá desmilitarice los Departamentos de Caquetá y Putumayo, en el Valle del Cauca, al suroeste colombiano, así como la suspensión temporal de las órdenes de captura de los miembros del estado mayor central del grupo rebelde.
Asimismo, Reyes pidió la parálisis de las operaciones militares en toda Colombia, dentro del llamado "Plan Patriota" que impulsa Bogotá con la ayuda de Estados Unidos.
"La eventualidad de unos nuevos diálogos y la búsqueda de la paz que es un clamor de la mayoría de los colombianos, tendría que partir de la desmilitarización de los departamentos del Caquetá y del Putumayo como mínimo", dijo.
"Las FARC no aceptarán conversaciones debajo de la mesa, conversaciones discretas ni tampoco aceptarán conversar en el exterior y en ningún lugar de Colombia con este gobierno, mientras no hayan zonas desmilitarizadas", advirtió.
Reyes señaló que las FARC no "van a delegar a nadie a ningún amigo a ninguna personalidad interesada en la paz" en las conversaciones de paz, porque ?apuntó- "la vocería la realizan los mismos integrantes de la organización".
"El Gobierno tiene que reconocer que existe un conflicto interno"
Reyes, asimismo, pidió a Uribe reconocer que existe un conflicto interno en Colombia porque ?señaló- éste no lo va a solucionar el Gobierno "por la vía militar".
"Nosotros esperamos que el Gobierno de Colombia sea conciente de las realidades del país y empiece a reconocer que existe un conflicto armado", señaló.
"¿Cómo uno va a creer que el presidente tiene voluntad de salidas políticas dialogadas, si él mismo está desconociendo la realidad de nuestro país (?) que se expresa en un conflicto político, militar y armado de muchos años que han intentado resolver a través de la guerra", se preguntó el vocero de las FARC.
Reyes también hizo referencia al pasado y señaló que durante la primera gestión del actual presidente colombiano (2000-2004), la organización rebelde solicitó la desmilitarización total del los municipios en el Valle del Cuca, Florida y Pradera, "pero el Gobierno no lo quiso hacer y siempre respondió con evasivas respuestas", señaló.
Balance del primer Gobierno y futuro de las FARC
Para el líder de las FARC, la primera gestión de Uribe "falló" en Colombia al no poder cumplir las metas que se trazó, en especial, en su política para enfrentar a la organización rebelde.
"Falló porque no logró lo que se propuso. Entonces ahora al iniciar su nuevo Gobierno, tendrá que definirse o continuar con la fallida política del Plan Patriota, la cacería de brujas, de las calumnias, de las ignominias contra los trabajadores sociales y contra la oposición o buscar la salida a política dialogada", expresó.
En cuanto al futuro de las FARC, Reyes aseguró que están "enteras" y "que siguen dispuestas a luchar por los ideales de Colombia".
Consideró que si Uribe no logró derrotar a la organización en su primer Gobierno "con toda esa maquinaria de guerra de los Estados Unidos, pues entonces a las FARC les fue muy bien".
Advirtió que si Uribe no toma la vía de la paz en Colombia, se profundizará la confrontación "militar y política" entre las FARC y el Gobierno, así como una mayor ?convulsión social? en la nación suramericana.
"La gente está esperando el problema del empleo, de la salud, de la vivienda, de las vías de comunicación y que se acabe con la corrupción, con el paramilitarismo que sigue asesinado a la población y sigue intimidando con la complacencia y la bendición del señor Alvaro Uribe", expresó el vocero.
Un juicio.esencialmente político-
Exigen amnistía para dirigentes sociales procesados
Minga Informativa de Movimientos Sociales- Sergio Ferrari
Evo Morales, presidente de Bolivia desde enero de este año,
está confrontado a resolver a corto plazo un proceso jurídico
que heredó de los gobernantes anteriores. La solidaridad
boliviana y la internacional se multiplican hacia los
procesados.
10 de abril del 2003. Un operativo policial de grandes
proporciones acompañado por periodistas "invitados" por el
Gobierno, detiene en la capital boliviana a Francisco "Pacho"
Cortés, dirigente campesino colombiano que acababa de llegar
exilado al país. Como parte de ese mismo "caso" son detenidas
varias decenas de personas, en su mayoría activistas
campesinos bolivianos, muchos de ellos militantes del
Movimiento al Socialismo (MAS). El MAS, fuerza política
liderada por Evo Morales, en ese momento en la oposición, se
encontraba a la cabeza de algunas de las principales
movilizaciones sociales contra el gobierno de Gonzalo Sánchez
de Lozada
Entre otras acusaciones contra Cortés, Carmelo Peñaranda,
Claudio Ramírez, y demás colegas: terrorismo, actividades
subversivas, tráfico de drogas. Tal como señalan los
imputados, era un momento de una alta tensión social en el
país y el Gobierno intentó con este caso "crear un show
mediático" para deslegitimar la protesta. Al decir de la red
mundial Vía Campesina, "se buscaba criminalizar las luchas" y
a los dirigentes que combatían las políticas neoliberales del
Gobierno.
"Soy un perseguido político"
La historia desde entonces está llena de dolor. "Estuve preso
con otros compañeros casi tres años. En febrero del 2006 fui
liberado, pero con condiciones", subraya Francisco Cortés en
entrevista telefónica.
"No puedo salir de La Paz, ni siquiera del Alto sin
autorización especial. Se me ha prohibido concurrir a
manifestaciones políticas. Hemos debido pagar una fianza - de
cerca de 7 mil dólares estadounidenses- y debo presentarme una
vez por mes a firmar en el tribunal", explica Cortés.
Una situación insostenible agravada por los problemas
"heredados de la cárcel. Entre ellos la salud resquebrajada y
una situación económica familiar dramática", precisa. Por todo
eso, "me sigo considerando siempre como un perseguido
político". Con el riesgo creciente que en el momento en que la
justicia se pronuncie este mes de julio sobre el caso, caigan
pesadas condenas sustentadas en pruebas montadas y en un
proceso jurídico irracional. "Más de tres años y no se ha
iniciado el juicio oral; cuatro de los fiscales que veían la
causa fueron despedidos por incapacidad.". Ejemplos de las
múltiples aberraciones jurídicas, insiste el dirigente
colombiano.
"Actualmente estoy viviendo en la Casa del Migrante, que es un
proyecto de la iglesia católica a través de la Pastoral de
Movilidad Humana" señalaba Pacho Cortés en una carta pública
donde enumera la compleja situación post-cárcel que afronta
todavía hoy.
"Me mantengo allí porque mi seguridad tampoco está muy bien y
ahora no sólo me tengo que cuidar de la cárcel sino también
del cementerio porque como están las cosas el imperialismo
norteamericano quiere continuar justificando la presencia del
narcoterrorismo en Bolivia a costillas mías.y por eso tengo
que dormir con un ojo cerrado y el otro abierto".
Por otra parte, insiste Cortés, "estoy recuperando un poco la
salud, porque salí bastante mal de la cárcel. Especialmente la
vista porque no tuve durante mucho tiempo ejercicio de larga
visión". También padece de mucha debilidad y se encuentra mal
físicamente a nivel general. "Ya que durante 13 meses no hice
ningún ejercicio."
"Es imprescindible una solución política"
De cara al futuro, lo esencial es resolver "nuestra situación
de fondo", anticipa Cortés. Somos perseguidos políticos,
nuestra causa es política y por lo tanto la solución también
debe ser política.
De esta forma se han expresado recientemente más de 150
organizaciones sociales de Bolivia. Exigen que el gobierno
decrete una amnistía inmediata", lo que cerraría cualquier
posibilidad a un juicio amañado.
Cómo entender la necesidad de ejercer presión a un gobierno
popular para que resuelva una situación que involucra a
seguidores del mismo Morales, preguntamos de inmediato. "No se
trata de falta de voluntad política de Evo. El problema es que
él tiene a su alrededor, todavía, funcionarios que no están
tan decididos en resolver este tema".
Y para asegurar esa solución es esencial la solidaridad tanto
interna como externa, enfatiza. Muchas organizaciones
internacionales se ha pronunciado a favor de nuestra
situación.eso es un paso importante hacia adelante", explica
Cortés evaluando la activa campaña por su liberación y la de
sus colegas. "Ha sido determinante la gran solidaridad de Vía
Campesina con nosotros", enfatiza.
Fue ya en el 2004 que esa red internacional envió una
delegación de alto nivel a Bolivia para presionar a las
autoridades a favor de los dirigentes campesinos encarcelados.
Sin embargo los procesos jurídicos de esencia política suelen
ser largos y no siempre simples. "No podemos darnos por
vencidos. La lucha de los movimientos sociales continúa.
Incluso contra todos los intentos de ser penalizados y
criminalizados. ¡Qué gran paradoja: quien nos acusó fue el
gobierno de Sánchez de Lozada. Y luego él huyó a Estados
Unidos. Huye de la justicia. De esta forma no responde ni por
nuestro juicio amañado - que es irracional- ni por las
múltiples acusaciones que caen contra él", concluye Cortés.-
Solidaridad suiza
A fines de mayo, varias organizaciones sociales helvéticas,
entre ellas el sindicato de los medios de comunicación Comedia
y la red anti-OMC, suscribieron una carta colectiva dirigida
al nuevo presidente boliviano. Dicha misiva solicita a Evo
Morales que conceda inmediatamente la amnistía al dirigente
campesino colombiano Francisco "Pacho" Cortés, a sus colegas
bolivianos Claudio Ramírez y Carmelo Peñaranda, así como a los
otros 14 inculpados en el mismo proceso jurídico. La carta
denuncia las repetidas irregularidades durante la detención y
el proceso jurídico en marcha. Y considera que esta causa
contra dirigentes campesinos y sindicales busca penalizar,
sancionar y criminalizar a los movimientos sociales. Para los
otros signatarios la solidaridad activa se impone. En caso que
Evo Morales no decrete una amnistía, dichos dirigentes podrían
ser condenados en julio sobre bases jurídicas falsas y en un
proceso legal nulo (Sergio Ferrari)
