Articulos de opinion 7-6-06
La Proliferación de "Focos Infecciosos" y sus causas en la Educación
Militar Argentina
A partir del discurso del Presidente de la República en el Colegio Militar,
en donde le advirtió a los nostálgicos de tiempos de infamia que "no les
tiene miedo", creo que similar actitud debería adoptarse en aquellas otras
esferas de la administración pública donde la repercusión es más relevante
y donde aún anidan numerosos ejemplares de esta misma estirpe.
En ese sentido, estimo que el área del estado que más repercusión tiene en
las demás esferas estatales es la que corresponde a la producción y
difusión del conocimiento científico y humanístico, y en especial aquellos
conocimientos pertenecientes a las ciencias sociales, pues desde dichos
ámbitos de relevancia simbólica se derraman contenidos que penetran
profundamente en el entramado docente de la educación civil, castrense y
eclesiástica.
Sin embargo, para la actual conducción del estado, y en especial para la
Ministra de Defensa Nilda Garré, la democratización de los contenidos
educativos y la integración de los cuerpos docentes en los ámbitos
castrenses tiene escasa significación y sus cambios han sido siempre
postergados en aras de una persecución mediática de supuestos "focos
infecciosos". De tal manera, se ignora en forma suicida, que sin una
profunda transformación de los contenidos, los portavoces docentes y la
metodología de la enseñanza --a impartir en los centros educativos
militares desde la misma Escuela Superior de Guerra para abajo-- los focos
infecciosos se multiplicarán inexorablemente y no habrá entonces entre los
cuadros de oficiales quienes sean capaces de defender las instituciones
democráticas. La actividad ministerial estará entonces condenada
permanentemente a combatir la proliferación de los síntomas, sin jamás
llegar a atacar sus verdaderas causas, el principal foco infeccioso, que
reside en las conciencias y no en la voluntad episódica de dichos cuadros
de oficiales.
En ese preciso sentido y concomitante con la necesaria democratización de
las instituciones educativas castrenses, a tal extremo ha llegado en el
actual gobierno argentino la indiferencia por la democratización de la
ciencia y la investigación científica, que aún persiste la legislación
Menemista pergeñada por el ex Secretario de CyT Lic. Juan Carlos del Bello
(Decreto 1661/96), y al frente de la Secretaría respectiva está designado
un funcionario que ha sido durante dicha gestión el equivalente a Shuberoff
en la provincia de San Juan, el Ing. Tulio Del Bono.
Asimismo, para encabezar el CONICET en el campo de las ciencias sociales,
el actual gobierno confirmó --con la aquiescencia del Ministro Daniel
Filmus-- a una conocida colaboracionista de la Dictadura del Proceso, la
Prof. Noemí Girbal de Blacha. Dicha profesora tuvo durante el Proceso una
activa vinculación con la Academia Nacional de la Historia, con la
Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura (FECIC), y con el
Instituto Bibliográfico "Antonio Zinny" (IBIZI), instituciones desde las
cuales se orquestó el Congreso que homenajeó el centenario de la Conquista
del Desierto, celebrado en General Roca (Río Negro) en noviembre de 1979.
Para tal evento, se tejieron estrechos vínculos con la Escuela Superior de
Guerra y con el gobierno genocida, al extremo de contar con la presencia
del entonces Ministro del Interior Gral. Albano Harguindeguy, quien
pronunció el discurso inaugural.
Más aún, estos funcionarios del área científica se han caracterizado por
perseguir, mediante postergaciones, rechazos de Informes y negación de
ascensos, a todas aquellas voces críticas que pudieran cuestionar y poner
al descubierto los antecedentes pretorianos de las Fuerzas Armadas, las
acciones colaboracionistas con las dictaduras por parte de intelectuales
cortesanos y la corrupción sistemática de los organismos de ciencia.
Eduardo R. Saguier
Investigador del CONICET
EVO PRIVATIZA EL YACIMIENTO DE HIERRO MÁS GRANDE DEL MUNDO
Redacción de Econoticiasbolivia.com
La Paz, junio 2, 2006.-
Cediendo a la presión de la oligarquía cruceña, el gobierno del presidente Evo Morales entregó por 40 años el yacimiento de hierro del Mutún, el más grande del mundo, a la transnacional india Jindall Steel, que impuso sus condiciones económica-financieras. Los beneficios para el Estado serán menores a los inicialmente previstos por el gobierno, que a pesar de su discurso antineoliberal, refrendó, otra vez en los hechos, su plena adhesión a la política de privatización que enriquece a las compañías extranjeras que saquean los recursos naturales y dejan sólo migajas para el Estado más pobre de Sudamérica.
A cambio de la explotación de 4 mil millones de toneladas de hierro y la producción anual de 1,5 millones de toneladas de hierro esponja y 1,4 millones de toneladas de acero laminado, el Estado percibirá anualmente 50 millones de dólares, 30 de ellos por la explotación del yacimiento y otros 20 por la paulatina participación que tendrá el Estado en la empresa.
Los primeros 20 años del contrato, Jindall Steel explotará el yacimiento en forma exclusiva, y los siguientes 20 años en sociedad con el Estado, que será socio minoritario. El director Jurídico del Ministerio de Producción y Microempresa, Mario Molina, miembro de la comisión técnico-jurídica encargada de la licitación, confirmó que el Mutún fue adjudicado este jueves por 40 años no renovables y que el contrato estipulará una producción mínima hasta llegar a la acería.
El Ministro de Planificación, Carlos Villegas, explicó de la producción será de materia prima y otra porción de acero, fierro de construcción, etc. La ministra de Producción y Microempresa, Celinda Sosa, destacó que el proyecto se ejecutará con gas boliviano y no con carbón vegetal, lo que no afectará al medio ambiente.
Las autoridades del gobierno de Morales destacaron que las condiciones de la privatización del Mutún son mejores a las definidas por los gobiernos neoliberales, aunque menores a sus expectativas. La licitación del yacimiento fue postergada en dos oportunidades, bajo la enorme presión de los grupos oligárquicos de poder, opuestos a Evo Morales e íntimamente ligados a las transnacionales petroleras y los latifundistas del oriente.
Jindal era la única compañía en carrera luego de que Mittal Steel, también controlada por capitales indios, fuera descalificada en la fase de presentación de propuestas y la argentina Siderar desistiera de presentar oferta. Jindall Steel calificó con 86 puntos en las áreas legal y financiera.
Según Villegas, la inversión de la Jindal, que alcanzará a un total de 2.300 millones de dólares en los próximos ocho años, incluye la construcción de un gasoducto y una termoeléctrica. Además de los $us 50 millones, el Tesoro General de la Nación recibirá recursos adicionales por los impuestos que paga toda empresa en el país, enfatizó.
"Ya no sólo tendremos recursos e ingresos produciendo y exportando materias primas, sino también obtendremos ingresos obteniendo hierro y acero, en otras palabras empezamos la industria siderúrgica y este es un aporte importante al país, al estado y a la región (?) Quiero señalar que el proyecto de El Mutún estuvo dormido por más de 50 años, pasaron muchos gobiernos que dijeron tener una visión nacional, y ese proyecto siguió durmiendo, ahora llegó un gobierno de movimientos populares, de pueblos indígenas y ese gobierno cumple con el Mutún", dijo Villegas al concluir la licitación que fue aplaudida de pie por empresarios y representantes de la rancia oligarquía boliviana.
En cambio, en algunos sectores sociales y de intelectuales progresistas, se cuestionó esta privatización que entrega la explotación de los recursos naturales a las transnacionales, cuando el Estado podía haberse hecho cargo de todo el negocio.
Así, según dijo el ingeniero metalúrgico Ivar Postigo, el gobierno de Evo Morales estaba cometiendo un grave error al licitar el Mutún e impedir una explotación estatal que podría dar más recursos a Bolivia que el gas. Otro ingeniero, Salomón Rivas, declaró que "es una vergüenza licitar nuestros recursos cuando existe maquinaria guardada para trabajar y producir mineral".
Según Salomón lo que debería hacer el Estado es producir mineral y con su venta financiar la segunda fase, es decir la fundición de hierro. "Sólo se trata de trabajar, Bolivia tiene el 40 por ciento de las reservas de hierro de todo el mundo, mientras que de gas solo posee el 2 por ciento", agregó.
Para el influyente Cedla, una organización no gubernamental, "la licitación del Mutún confirma la orientación neoliberal del gobierno en el sector minero, proceso que viene desarrollándose en el marco del Código Minero aprobado por Gonzalo Sánchez de Lozada en 1997".
"Este proceso concluirá con la adjudicación del yacimiento a una empresa extranjera, bajo la modalidad de "riesgo compartido". En este sentido, las declaraciones del presidente de COMIBOL, indicando que la estatal no puede hacerse cargo de la explotación de los yacimientos ferrosos del Mutún, porque carece de recursos, ponen en evidencia que los proyectos siderúrgicos de explotación, concentración y refinación del mineral se desarrollarán bajo el control de una transnacional minera, donde la participación del Estado se circunscribe a buscar mayores impuestos y cuidar el medio ambiente, exigiendo el uso de gas natural en vez de carbón vegetal como energético para la industrialización del hierro. En este proceso, a diferencia de lo que indicaba el programa electoral del MAS, no es una poderosa COMIBOL sino la transnacional la protagonista de este proyecto de industria siderúrgica", agrega.
www.econoticiasbolivia.com
Después de la Catastrote viene la calma, una calma siempre aparente: Balance tras el Paro Nacional. x Hommodolars
El día de ayer se vivió una intensa jornada, marcada no tanto por la violencia y el vandalismo como indican los medios masivos de comunicación, sino más bien como una instancia en que las diversas luchas sociales dadas desde el proletariado convergieron en una sola voz de rebeldía. La rebeldía contenida ayer en las diversas formas de expresión social que se desarrollaron, así como en las diferentes manifestaciones hechas a lo largo del país en el transcurso de toda la movilización estudiantil, se hizo patente un sólo conflicto: que el Capital genera una injusta condición de miseria y exclusión para una gran parte de la población, a costa de estos, y a beneficio de una clase hegemónica. En otras palabras, la aglomeración de luchas que poco a poco se rearticula en el país, empieza a tener un solo discurso, un discurso popular que comprende que la lucha social es una lucha de clase.
Sin embargo, estas voces no se desarrollan aisladas en el paisaje, por el contrario, estas han adquirido mayor vigor mientras han ido reconociendo a quienes son los aliados y los enemigos de este campo popular, diferenciando a aquellos que sufren consecuencias del mismo fenómeno de aquellos que producen e intentar reafirmar dicho fenómeno (la clase dirigencial). En este sentido, el movimiento estudiantil ha sido claro en manifestar que sus intenciones no están definidas por mejorar las condiciones que ofrece el capital, sino modificar sus cimientos, cambiando el sistema mercantil que domina y funda la inequidad chilena. Los Secundarios, como movimiento social, han apuntado a cambios profundos en el sistema educacional, pero también han luchado por modificar las formas de intervención de la sociedad civil organizada frente al Estado, así como su ingerencia en las decisiones gubernamentales. Todos estos propósitos no hacen más que demostrar que el movimiento social de los estudiantes secundarios, desde su formulación de base, no se encuentra acabado, puesto que estas demandas no se acallan con entregas monetarias o con cambios insustanciales. Este período explosivo de protesta estudiantil nos revela que una gran masa estudiantil ha adquirido un sentido crítico, lo que hace al movimiento capaz de organizarse, convocar y subvertir la realidad.
En otras palabras, la interpelación al campo popular y el reconocimiento del conflicto como un conflicto de clase ?estructural del sistema capitalista- le ha inyectado a sus formas de presión su capacidad de imponerse y presionar efectivamente a las autoridades, modificando sus intenciones preescritas y rompiendo su legitimidad social. Mas, este no ha sido un logro ni de las dirigencias estudiantiles ni menos de las dirigencias de otros sectores sociales que apoyaron y se hicieron parte en algún momento del conflicto. Debemos ser claros en diferenciar los distintos aspectos que intervinieron en el conflicto, dentro del mismo campo popular como también dentro del poder dominante. En este sentido, en el poder podemos encontrar diversos intereses económicos y políticos, así como en campo popular encontramos a las bases organizadas, a las masas descontentas y desorganizadas, a las dirigencias del movimiento y a los diferentes intereses sociales y políticos que intervinieron.
De tal forma, los intereses resguardados por el Gobierno son claros, criminalizar y deslegitimar cualquier intento de manifestación popular que tienda a criticar las bases del poder como las bases de la acumulación capitalista, de modo que la generalidad en la que se mueve el Gobierno apunta a contentar a las masas que sustentan su poder, y a la vez aniquilar formas autónomas de decisión popular, restringiendo en definitivamente la participación en las decisiones a aquellos que se unen a sus filas o a los que ya pertenecen a estas. Siendo en definitiva, no solo potenciados de esta forma los intereses de la clase política que se encuentra actualmente en el poder (viéndose también claramente beneficiados con este oficio) sino preferentemente reforzadas y potenciadas los sustentos de la dominación de clases hacia el proletariado.
El Gobierno apunta a volver a la previa calma, calma obviamente que silencia toda manifestación social de conflictos -destacándose este año los conflictos por vivienda digna, sobre prisión política, criminalización de luchadores sociales y conflictos estudiantiles-, reactivando su agenda, la cual nunca se vio interrumpida, y tratando el actual escenario de crisis estudiantil como un estirón del elástico: pendejos engreídos que quieren más de lo que merecen. Sobre esto, son ejemplos evidentes las declaraciones del Gobierno sobre la inmadures, la violencia y el vandalismo de los demandantes, la incapacidad de estos de aceptar las grandes propuestas que ha hecho el gobierno en la materia y, sobre todo, la nula intención prepositiva de sus demandas. Descripción con la que justifican el alto despliegue represivo, que según ellos intenta resguardar y proteger el libre tránsito de terceros y el desarrollo de las actividades económicas, un sistema de decisiones en las que sólo interfieren los intereses de los poderosos ? no importando el número de interesados, sino solo aquellos con una mayor capacidad monetaria- y por supuesto, legitimando la incapacidad del pueblo de manifestar su descontento y rabia frente a las decisiones de la autoridad y el sistema productivo en general.
Por otra parte, desde el punto de vista de los movimientos sociales se encuentran acá distintos actores, también quienes si bien han apuntado hacia un mismo objetivo (la articulación y la producción de un contrapoder que haga contrapeso frente al Poder Central) ha apuntado a diversos objetivos a corto plazo. Así, por decirlo de una forma, existiendo un gran número de organizaciones autónomas dentro de las tomas estudiantiles que han buscado formas de discusión y las que han establecido e impuesto sus criterios en la asamblea general de la ACES, han existido otros grupúsculos políticos que en su intención de entregarle resultados inmediatos a las bancadas a las que pertenecen han hundido o intentado sumergir las demandas del petitorio en decisiones meramente gremiales, siendo finalmente esta Asamblea la que ha rectificado en camino real de las movilizaciones: la solidaridad de clase. Sin embargo, en este llamado a Paro Nacional, múltiples actores se hicieron parte como apoyo simbólico (fuera de aquellos que realmente se hicieron parte en el conflicto, y sobretodo en la agresividad de la protesta callejera), apoyo que solo buscaba aprovechar el contexto de movilización masiva para instalar otras demandas particulares. Ahora, cuando nombramos y diferenciamos estos distintos grupos no nos estamos refiriendo a una politización o intervención política del movimiento, es más, el movimiento estudiantil es evidentemente un movimiento político ?dado el carácter confrontacional y de clase que posee- y sí este a llegado a estar intervenido ha sido por las mismas manipulaciones sufridas desde el Gobierno o los poderes que el él intervienen, forma en la que han intentando insistir en las demandas gremialistas de las movilizaciones. Nos referimos simplemente a ciertas acciones interesadas en las que algunos grupos han aportado su apoyo, siendo casos ejemplares la CUT, la cual finalmente retiró su apoyo, o el de ciertas federaciones que se han inmiscuido en este conflicto para imponer en la opinión publica demandas que son locales, cuya imposibilidad de hacerse parte desde sus conflictos locales en un contexto y hacía demandas más estructurales limita a los movimientos a la hora de obtener resultados y a la hora de prestar ropa efectivamente en la lucha.
La manifestaciones de ayer dejaron un sabor a derrota, no por los incidentes que "según los poderosos" enturbiaron la jornada, sino porque se hace cada vez más patente la imposibilidad que tienen los sujetos sociales de hacer uso de su derecho básico para manifestarse libremente, lo cual ha sido una medida reiterada del Gobierno para anular cualquier intento del movimiento popular por manifestar los conflictos del capital y combatirlos por medio de la protesta, un ejemplo claro son la constante negativa de la Intendencia de Santiago en las autorizaciones para efectuar marchas y, sobretodo, las constantes descalificaciones de Víctor Barrueto hacia los conflictos sociales. Ayer, a pesar de la gente dispuesta para el enfrentamiento, las marchas y las reagrupaciones fueron incapaces de cortar el tránsito de la Alameda, cosa que sólo pasó por cortos instantes, si bien los incidentes se extendieron unas 10 horas. En el centro, la mayor parte del tiempo se inundó de una extensa y tensa calma impuesta por el control policial. La protesta social no ha logrado imponerse, ni legitimar las acciones ni los conflictos que enuncia.
También, la alta represión y el despliegue de carabineros que limitó en todo momento la protesta popular fue acompañado por una alta criminalización y represión de aquellos que participan activamente en los movimientos sociales que han radicalizado sus luchas y que se escapan y contraponen a los modos formales de representación política. En otras palabras, esta limitación de las prácticas sociales inaugura una nueva temporada, o mejor dicho, reabren la temporada de persecución política en Democracia.
Ahora, frente todo este espectro de circunstancias, muchas veces desfavorables, el movimiento popular sigue levantándose y desarrollando día a día una lucha en contra de las condiciones que producen la sociedad de clases. Incitamos a seguir pendientes de los aspectos de la Realidad en los que subyacen las relación sociales de explotación y en sus formas de reproducción; incitamos a seguir desarrollando un análisis crítico de esta estructura social; a seguir proponiendo y ejecutando formas de transformación radical de esta realidad y, sobretodo, incitamos a seguir apuntando y articulando las luchas que evidencien estos conflictos. Por ahora el conflicto estudiantil persiste, en los ánimos y en las propuestas, esperamos las concretizaciones de dichas demandas pero, por sobretodo, seguimos aspirando a que el movimiento social se proyecte de forma conciente, articulada y transformadora.
Militar Argentina
A partir del discurso del Presidente de la República en el Colegio Militar,
en donde le advirtió a los nostálgicos de tiempos de infamia que "no les
tiene miedo", creo que similar actitud debería adoptarse en aquellas otras
esferas de la administración pública donde la repercusión es más relevante
y donde aún anidan numerosos ejemplares de esta misma estirpe.
En ese sentido, estimo que el área del estado que más repercusión tiene en
las demás esferas estatales es la que corresponde a la producción y
difusión del conocimiento científico y humanístico, y en especial aquellos
conocimientos pertenecientes a las ciencias sociales, pues desde dichos
ámbitos de relevancia simbólica se derraman contenidos que penetran
profundamente en el entramado docente de la educación civil, castrense y
eclesiástica.
Sin embargo, para la actual conducción del estado, y en especial para la
Ministra de Defensa Nilda Garré, la democratización de los contenidos
educativos y la integración de los cuerpos docentes en los ámbitos
castrenses tiene escasa significación y sus cambios han sido siempre
postergados en aras de una persecución mediática de supuestos "focos
infecciosos". De tal manera, se ignora en forma suicida, que sin una
profunda transformación de los contenidos, los portavoces docentes y la
metodología de la enseñanza --a impartir en los centros educativos
militares desde la misma Escuela Superior de Guerra para abajo-- los focos
infecciosos se multiplicarán inexorablemente y no habrá entonces entre los
cuadros de oficiales quienes sean capaces de defender las instituciones
democráticas. La actividad ministerial estará entonces condenada
permanentemente a combatir la proliferación de los síntomas, sin jamás
llegar a atacar sus verdaderas causas, el principal foco infeccioso, que
reside en las conciencias y no en la voluntad episódica de dichos cuadros
de oficiales.
En ese preciso sentido y concomitante con la necesaria democratización de
las instituciones educativas castrenses, a tal extremo ha llegado en el
actual gobierno argentino la indiferencia por la democratización de la
ciencia y la investigación científica, que aún persiste la legislación
Menemista pergeñada por el ex Secretario de CyT Lic. Juan Carlos del Bello
(Decreto 1661/96), y al frente de la Secretaría respectiva está designado
un funcionario que ha sido durante dicha gestión el equivalente a Shuberoff
en la provincia de San Juan, el Ing. Tulio Del Bono.
Asimismo, para encabezar el CONICET en el campo de las ciencias sociales,
el actual gobierno confirmó --con la aquiescencia del Ministro Daniel
Filmus-- a una conocida colaboracionista de la Dictadura del Proceso, la
Prof. Noemí Girbal de Blacha. Dicha profesora tuvo durante el Proceso una
activa vinculación con la Academia Nacional de la Historia, con la
Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura (FECIC), y con el
Instituto Bibliográfico "Antonio Zinny" (IBIZI), instituciones desde las
cuales se orquestó el Congreso que homenajeó el centenario de la Conquista
del Desierto, celebrado en General Roca (Río Negro) en noviembre de 1979.
Para tal evento, se tejieron estrechos vínculos con la Escuela Superior de
Guerra y con el gobierno genocida, al extremo de contar con la presencia
del entonces Ministro del Interior Gral. Albano Harguindeguy, quien
pronunció el discurso inaugural.
Más aún, estos funcionarios del área científica se han caracterizado por
perseguir, mediante postergaciones, rechazos de Informes y negación de
ascensos, a todas aquellas voces críticas que pudieran cuestionar y poner
al descubierto los antecedentes pretorianos de las Fuerzas Armadas, las
acciones colaboracionistas con las dictaduras por parte de intelectuales
cortesanos y la corrupción sistemática de los organismos de ciencia.
Eduardo R. Saguier
Investigador del CONICET
EVO PRIVATIZA EL YACIMIENTO DE HIERRO MÁS GRANDE DEL MUNDO
Redacción de Econoticiasbolivia.com
La Paz, junio 2, 2006.-
Cediendo a la presión de la oligarquía cruceña, el gobierno del presidente Evo Morales entregó por 40 años el yacimiento de hierro del Mutún, el más grande del mundo, a la transnacional india Jindall Steel, que impuso sus condiciones económica-financieras. Los beneficios para el Estado serán menores a los inicialmente previstos por el gobierno, que a pesar de su discurso antineoliberal, refrendó, otra vez en los hechos, su plena adhesión a la política de privatización que enriquece a las compañías extranjeras que saquean los recursos naturales y dejan sólo migajas para el Estado más pobre de Sudamérica.
A cambio de la explotación de 4 mil millones de toneladas de hierro y la producción anual de 1,5 millones de toneladas de hierro esponja y 1,4 millones de toneladas de acero laminado, el Estado percibirá anualmente 50 millones de dólares, 30 de ellos por la explotación del yacimiento y otros 20 por la paulatina participación que tendrá el Estado en la empresa.
Los primeros 20 años del contrato, Jindall Steel explotará el yacimiento en forma exclusiva, y los siguientes 20 años en sociedad con el Estado, que será socio minoritario. El director Jurídico del Ministerio de Producción y Microempresa, Mario Molina, miembro de la comisión técnico-jurídica encargada de la licitación, confirmó que el Mutún fue adjudicado este jueves por 40 años no renovables y que el contrato estipulará una producción mínima hasta llegar a la acería.
El Ministro de Planificación, Carlos Villegas, explicó de la producción será de materia prima y otra porción de acero, fierro de construcción, etc. La ministra de Producción y Microempresa, Celinda Sosa, destacó que el proyecto se ejecutará con gas boliviano y no con carbón vegetal, lo que no afectará al medio ambiente.
Las autoridades del gobierno de Morales destacaron que las condiciones de la privatización del Mutún son mejores a las definidas por los gobiernos neoliberales, aunque menores a sus expectativas. La licitación del yacimiento fue postergada en dos oportunidades, bajo la enorme presión de los grupos oligárquicos de poder, opuestos a Evo Morales e íntimamente ligados a las transnacionales petroleras y los latifundistas del oriente.
Jindal era la única compañía en carrera luego de que Mittal Steel, también controlada por capitales indios, fuera descalificada en la fase de presentación de propuestas y la argentina Siderar desistiera de presentar oferta. Jindall Steel calificó con 86 puntos en las áreas legal y financiera.
Según Villegas, la inversión de la Jindal, que alcanzará a un total de 2.300 millones de dólares en los próximos ocho años, incluye la construcción de un gasoducto y una termoeléctrica. Además de los $us 50 millones, el Tesoro General de la Nación recibirá recursos adicionales por los impuestos que paga toda empresa en el país, enfatizó.
"Ya no sólo tendremos recursos e ingresos produciendo y exportando materias primas, sino también obtendremos ingresos obteniendo hierro y acero, en otras palabras empezamos la industria siderúrgica y este es un aporte importante al país, al estado y a la región (?) Quiero señalar que el proyecto de El Mutún estuvo dormido por más de 50 años, pasaron muchos gobiernos que dijeron tener una visión nacional, y ese proyecto siguió durmiendo, ahora llegó un gobierno de movimientos populares, de pueblos indígenas y ese gobierno cumple con el Mutún", dijo Villegas al concluir la licitación que fue aplaudida de pie por empresarios y representantes de la rancia oligarquía boliviana.
En cambio, en algunos sectores sociales y de intelectuales progresistas, se cuestionó esta privatización que entrega la explotación de los recursos naturales a las transnacionales, cuando el Estado podía haberse hecho cargo de todo el negocio.
Así, según dijo el ingeniero metalúrgico Ivar Postigo, el gobierno de Evo Morales estaba cometiendo un grave error al licitar el Mutún e impedir una explotación estatal que podría dar más recursos a Bolivia que el gas. Otro ingeniero, Salomón Rivas, declaró que "es una vergüenza licitar nuestros recursos cuando existe maquinaria guardada para trabajar y producir mineral".
Según Salomón lo que debería hacer el Estado es producir mineral y con su venta financiar la segunda fase, es decir la fundición de hierro. "Sólo se trata de trabajar, Bolivia tiene el 40 por ciento de las reservas de hierro de todo el mundo, mientras que de gas solo posee el 2 por ciento", agregó.
Para el influyente Cedla, una organización no gubernamental, "la licitación del Mutún confirma la orientación neoliberal del gobierno en el sector minero, proceso que viene desarrollándose en el marco del Código Minero aprobado por Gonzalo Sánchez de Lozada en 1997".
"Este proceso concluirá con la adjudicación del yacimiento a una empresa extranjera, bajo la modalidad de "riesgo compartido". En este sentido, las declaraciones del presidente de COMIBOL, indicando que la estatal no puede hacerse cargo de la explotación de los yacimientos ferrosos del Mutún, porque carece de recursos, ponen en evidencia que los proyectos siderúrgicos de explotación, concentración y refinación del mineral se desarrollarán bajo el control de una transnacional minera, donde la participación del Estado se circunscribe a buscar mayores impuestos y cuidar el medio ambiente, exigiendo el uso de gas natural en vez de carbón vegetal como energético para la industrialización del hierro. En este proceso, a diferencia de lo que indicaba el programa electoral del MAS, no es una poderosa COMIBOL sino la transnacional la protagonista de este proyecto de industria siderúrgica", agrega.
www.econoticiasbolivia.com
Después de la Catastrote viene la calma, una calma siempre aparente: Balance tras el Paro Nacional. x Hommodolars
El día de ayer se vivió una intensa jornada, marcada no tanto por la violencia y el vandalismo como indican los medios masivos de comunicación, sino más bien como una instancia en que las diversas luchas sociales dadas desde el proletariado convergieron en una sola voz de rebeldía. La rebeldía contenida ayer en las diversas formas de expresión social que se desarrollaron, así como en las diferentes manifestaciones hechas a lo largo del país en el transcurso de toda la movilización estudiantil, se hizo patente un sólo conflicto: que el Capital genera una injusta condición de miseria y exclusión para una gran parte de la población, a costa de estos, y a beneficio de una clase hegemónica. En otras palabras, la aglomeración de luchas que poco a poco se rearticula en el país, empieza a tener un solo discurso, un discurso popular que comprende que la lucha social es una lucha de clase.
Sin embargo, estas voces no se desarrollan aisladas en el paisaje, por el contrario, estas han adquirido mayor vigor mientras han ido reconociendo a quienes son los aliados y los enemigos de este campo popular, diferenciando a aquellos que sufren consecuencias del mismo fenómeno de aquellos que producen e intentar reafirmar dicho fenómeno (la clase dirigencial). En este sentido, el movimiento estudiantil ha sido claro en manifestar que sus intenciones no están definidas por mejorar las condiciones que ofrece el capital, sino modificar sus cimientos, cambiando el sistema mercantil que domina y funda la inequidad chilena. Los Secundarios, como movimiento social, han apuntado a cambios profundos en el sistema educacional, pero también han luchado por modificar las formas de intervención de la sociedad civil organizada frente al Estado, así como su ingerencia en las decisiones gubernamentales. Todos estos propósitos no hacen más que demostrar que el movimiento social de los estudiantes secundarios, desde su formulación de base, no se encuentra acabado, puesto que estas demandas no se acallan con entregas monetarias o con cambios insustanciales. Este período explosivo de protesta estudiantil nos revela que una gran masa estudiantil ha adquirido un sentido crítico, lo que hace al movimiento capaz de organizarse, convocar y subvertir la realidad.
En otras palabras, la interpelación al campo popular y el reconocimiento del conflicto como un conflicto de clase ?estructural del sistema capitalista- le ha inyectado a sus formas de presión su capacidad de imponerse y presionar efectivamente a las autoridades, modificando sus intenciones preescritas y rompiendo su legitimidad social. Mas, este no ha sido un logro ni de las dirigencias estudiantiles ni menos de las dirigencias de otros sectores sociales que apoyaron y se hicieron parte en algún momento del conflicto. Debemos ser claros en diferenciar los distintos aspectos que intervinieron en el conflicto, dentro del mismo campo popular como también dentro del poder dominante. En este sentido, en el poder podemos encontrar diversos intereses económicos y políticos, así como en campo popular encontramos a las bases organizadas, a las masas descontentas y desorganizadas, a las dirigencias del movimiento y a los diferentes intereses sociales y políticos que intervinieron.
De tal forma, los intereses resguardados por el Gobierno son claros, criminalizar y deslegitimar cualquier intento de manifestación popular que tienda a criticar las bases del poder como las bases de la acumulación capitalista, de modo que la generalidad en la que se mueve el Gobierno apunta a contentar a las masas que sustentan su poder, y a la vez aniquilar formas autónomas de decisión popular, restringiendo en definitivamente la participación en las decisiones a aquellos que se unen a sus filas o a los que ya pertenecen a estas. Siendo en definitiva, no solo potenciados de esta forma los intereses de la clase política que se encuentra actualmente en el poder (viéndose también claramente beneficiados con este oficio) sino preferentemente reforzadas y potenciadas los sustentos de la dominación de clases hacia el proletariado.
El Gobierno apunta a volver a la previa calma, calma obviamente que silencia toda manifestación social de conflictos -destacándose este año los conflictos por vivienda digna, sobre prisión política, criminalización de luchadores sociales y conflictos estudiantiles-, reactivando su agenda, la cual nunca se vio interrumpida, y tratando el actual escenario de crisis estudiantil como un estirón del elástico: pendejos engreídos que quieren más de lo que merecen. Sobre esto, son ejemplos evidentes las declaraciones del Gobierno sobre la inmadures, la violencia y el vandalismo de los demandantes, la incapacidad de estos de aceptar las grandes propuestas que ha hecho el gobierno en la materia y, sobre todo, la nula intención prepositiva de sus demandas. Descripción con la que justifican el alto despliegue represivo, que según ellos intenta resguardar y proteger el libre tránsito de terceros y el desarrollo de las actividades económicas, un sistema de decisiones en las que sólo interfieren los intereses de los poderosos ? no importando el número de interesados, sino solo aquellos con una mayor capacidad monetaria- y por supuesto, legitimando la incapacidad del pueblo de manifestar su descontento y rabia frente a las decisiones de la autoridad y el sistema productivo en general.
Por otra parte, desde el punto de vista de los movimientos sociales se encuentran acá distintos actores, también quienes si bien han apuntado hacia un mismo objetivo (la articulación y la producción de un contrapoder que haga contrapeso frente al Poder Central) ha apuntado a diversos objetivos a corto plazo. Así, por decirlo de una forma, existiendo un gran número de organizaciones autónomas dentro de las tomas estudiantiles que han buscado formas de discusión y las que han establecido e impuesto sus criterios en la asamblea general de la ACES, han existido otros grupúsculos políticos que en su intención de entregarle resultados inmediatos a las bancadas a las que pertenecen han hundido o intentado sumergir las demandas del petitorio en decisiones meramente gremiales, siendo finalmente esta Asamblea la que ha rectificado en camino real de las movilizaciones: la solidaridad de clase. Sin embargo, en este llamado a Paro Nacional, múltiples actores se hicieron parte como apoyo simbólico (fuera de aquellos que realmente se hicieron parte en el conflicto, y sobretodo en la agresividad de la protesta callejera), apoyo que solo buscaba aprovechar el contexto de movilización masiva para instalar otras demandas particulares. Ahora, cuando nombramos y diferenciamos estos distintos grupos no nos estamos refiriendo a una politización o intervención política del movimiento, es más, el movimiento estudiantil es evidentemente un movimiento político ?dado el carácter confrontacional y de clase que posee- y sí este a llegado a estar intervenido ha sido por las mismas manipulaciones sufridas desde el Gobierno o los poderes que el él intervienen, forma en la que han intentando insistir en las demandas gremialistas de las movilizaciones. Nos referimos simplemente a ciertas acciones interesadas en las que algunos grupos han aportado su apoyo, siendo casos ejemplares la CUT, la cual finalmente retiró su apoyo, o el de ciertas federaciones que se han inmiscuido en este conflicto para imponer en la opinión publica demandas que son locales, cuya imposibilidad de hacerse parte desde sus conflictos locales en un contexto y hacía demandas más estructurales limita a los movimientos a la hora de obtener resultados y a la hora de prestar ropa efectivamente en la lucha.
La manifestaciones de ayer dejaron un sabor a derrota, no por los incidentes que "según los poderosos" enturbiaron la jornada, sino porque se hace cada vez más patente la imposibilidad que tienen los sujetos sociales de hacer uso de su derecho básico para manifestarse libremente, lo cual ha sido una medida reiterada del Gobierno para anular cualquier intento del movimiento popular por manifestar los conflictos del capital y combatirlos por medio de la protesta, un ejemplo claro son la constante negativa de la Intendencia de Santiago en las autorizaciones para efectuar marchas y, sobretodo, las constantes descalificaciones de Víctor Barrueto hacia los conflictos sociales. Ayer, a pesar de la gente dispuesta para el enfrentamiento, las marchas y las reagrupaciones fueron incapaces de cortar el tránsito de la Alameda, cosa que sólo pasó por cortos instantes, si bien los incidentes se extendieron unas 10 horas. En el centro, la mayor parte del tiempo se inundó de una extensa y tensa calma impuesta por el control policial. La protesta social no ha logrado imponerse, ni legitimar las acciones ni los conflictos que enuncia.
También, la alta represión y el despliegue de carabineros que limitó en todo momento la protesta popular fue acompañado por una alta criminalización y represión de aquellos que participan activamente en los movimientos sociales que han radicalizado sus luchas y que se escapan y contraponen a los modos formales de representación política. En otras palabras, esta limitación de las prácticas sociales inaugura una nueva temporada, o mejor dicho, reabren la temporada de persecución política en Democracia.
Ahora, frente todo este espectro de circunstancias, muchas veces desfavorables, el movimiento popular sigue levantándose y desarrollando día a día una lucha en contra de las condiciones que producen la sociedad de clases. Incitamos a seguir pendientes de los aspectos de la Realidad en los que subyacen las relación sociales de explotación y en sus formas de reproducción; incitamos a seguir desarrollando un análisis crítico de esta estructura social; a seguir proponiendo y ejecutando formas de transformación radical de esta realidad y, sobretodo, incitamos a seguir apuntando y articulando las luchas que evidencien estos conflictos. Por ahora el conflicto estudiantil persiste, en los ánimos y en las propuestas, esperamos las concretizaciones de dichas demandas pero, por sobretodo, seguimos aspirando a que el movimiento social se proyecte de forma conciente, articulada y transformadora.
