Blog Autónomo

Al Señor Presidente

De SERPAJ AL

Premio Nobel de la Paz

Arquitecto Adolfo Pérez Esquivel

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Estimado Sr. Adolfo Pérez Esquivel:



El pasado 30 de diciembre Ud. acompañó solidariamente a los familiares y sobrevivientes de la tragedia de Cromañon en su marcha anual, en reclamo de Justicia, Verdad y Memoria.


De allí que ha sido grande mi decepción al leer sus palabras comunicadas a través de un artículo difundido por ALAI-AMLATINA el 15/2/06 (subrayados y cursivas agregadas por mí):


"El camino debe ser a través del derecho, no el camino de la venganza y el odio. La vida de los 194 jóvenes no es posible recuperarla, pero si la memoria, los valores, sus ideales y el sentido profundo del amor y la permanencia en los seres queridos.

Los jóvenes, hombres y mujeres a quienes la tragedia y la irresponsabilidad de algunos, truncó sus vidas y sus ideales, no deben quedar en la impunidad y el olvido, pero tampoco signados por la venganza. Son semillas de vida y darán su fruto en el pueblo.

Por ello no es posible ignorar hechos preocupantes, algunos de ellos marcados por el dolor que permanece y por los reclamos legítimos a los que el gobierno, poder judicial y la sociedad deben responder. Lamentablemente un grupo de familiares de las víctimas han condenado al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, acusándolo de ser responsable de la tragedia y de "asesino, corrupto, etc.. ". Todas las broncas contenidas se descargan sobre el jefe de gobierno de la Ciudad de Bs. As.

Las fuertes presiones de algunos familiares y la decisión de los legisladores de diversos partidos políticos, han logrado que fuera suspendido en sus funciones para ser llevado a juicio político. Algunos familiares han recurrido a las amenazas contra los fiscales y legisladores y a "los escarches". Otros legisladores discriminan a familiares que no están de acuerdo con esos procedimientos y que denunciaron en reiteradas oportunidades las amenazas a Ibarra y a su familia y al empresario Chabán.

Otros recurren a presiones para evitar que sectores políticos y sociales establezcan contacto con Ibarra, como lo ocurrido con el ex intendente de Rosario. La intolerancia marca las acciones generadas por el miedo. En éste cuadro de situación no faltan las especulaciones de sectores políticos con el dolor de las familias de las víctimas y de los sobrevivientes.

Si bien Ibarra tiene la responsabilidad general por ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la misma deriva en otras instancias y responsabilidades tanto de funcionarios como de instituciones, inspectores, los bomberos, la policía. El empresario Chabán debe tener las habilitaciones correspondientes para desarrollar sus actividades comerciales y garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de su establecimiento.


Más adelante agrega que:


"No es saludable para las familias, ni para la democracia, que se busque un "chivo expiatorio", para descargar broncas, culpas y condenar al Jefe de Gobierno. El día después del juicio político a Ibarra, si es condenado o absuelto, cualquiera sea el resultado del mismo, dejará a la sociedad con un sabor amargo y a las familias de las víctimas insatisfechas."




Nunca ha sido mi objetivo, ni el de los padres el lograr encontrar un "chivo expiatorio" en el Jefe de Gobierno ahora suspendido Sr. Aníbal Ibarra y descargar las "broncas y culpas" sobre el Jefe de Gobierno como responsable exclusivo de la tragedia.


Tampoco comparto por las razones que más abajo detallo, que Ibarra tenga en Cromañon la"responsabilidad general por ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" y que " la misma deriva en otras instancias y responsabilidades tanto de funcionarios como de instituciones, inspectores, los bomberos, la policía" o que la suspensión en las funciones del Sr. Ibarra hayan sido producto de "las fuertes presiones de algunos familiares y la decisión de los legisladores de diversos partidos políticos", sin señalar las razones objetivas que terminaron definiendo esa posición por una mayoría de dos tercios de los votos de la Legislatura de distintos grupos políticos ideológicamente distintos.




Respecto a lo señalado al inicio del párrafo anterior, éste es un criterio general para las acciones del poder público en tanto y en cuanto no haya acciones específicas que hayan coadyuvado como condición necesaria a la tragedia, por decisiones impulsadas y adoptadas personalmente por el propio Ibarra.


Caso contrario caeríamos en el facilismo del ejemplo que permanentemente el propio Ibarra señala, relacionando por el absurdo un choque trenes con la responsabilidad del Presidente de la Nación.


Ésa es sólo una generalidad, pues si el propio presidente decide intempestivamente echar a todos los maquinistas y guardias y reemplazarlos por gente que no sabe conducir ni controlar un tren, si además reduce el personal indispensable a la mitad, si de Secretario de Transportes nombra a un médico amigo de la infancia y si además, le avisan reiteradamente por los organismos de control que por las medidas que tomó se va a producir un choque de trenes y él no adopta ninguna acción para cambiar el estado de cosas, es responsable. Éste es el caso de Cromañon, agravado por las acciones durante la tragedia que son de su responsabilidad funcional y las posteriores a la tragedia que son de carácter moral, pero demuestran su conducta.




En el plano político he encontrado, lamentablemente porque he sido votante reiterado del Sr. Ibarra, una amplia cantidad de decisiones adoptadas en forma personal, así como de omisiones que me llevaron a concluir sin lugar a dudas en la gran responsabilidad política y penal que tiene en la tragedia y por ese motivo ha sido mi lucha personal, en la búsqueda de que no queden impunes las responsabilidades políticas, y en el plano judicial las penales, donde están involucrados múltiples responsables privados y públicos, incluyendo al propio Ibarra, a los que Ud. acertadamente hace mención en su artículo.


No hay ningún objetivo de venganza ni descargo de culpas o broncas en el Sr. Ibarra, sino el sano deseo de que por un vez en nuestro país los responsables políticos, que es lo que se decide en esta instancia, paguen por sus negligencias, inoperancias, desidia y corrupción.


En algún otro artículo que he leído recientemente donde lo citaban, Ud. hacía referencia a la necesidad de que se tomen las medidas de gobierno que se requieren para que no se avance en una "populización" de las decisiones.


Yo comparto su criterio, pero debo señalarle que para hacerlo hacen falta dos elementos: conocimiento y vergüenza, como bien lo expresó el Sr. Enrique A. Antonini en su nota de opinión en el Diario La Nación semanas atrás, la cual le adjunto. Estos dos elementos tiñen completamente el caso Cromañon, en lo que a responsabilidades políticas de conducción, acción y omisión, así como de presencia ética y de vergüenza.


Ud. hoy, está luchando contra otro caso donde se mezclan los objetivos políticos y la desvergûenza de borrar con el codo lo que se escribió con la mano: la reforma del Consejo de la Magistratura, luego de ver esperanzados la llegada de jueces idóneos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


En el caso especifico del Sr. Ibarra, quiero poner en su conocimiento los motivos por los cuales él tiene una responsabilidad política indelegable, que mezquinamente ha evitado no dando su renuncia en tiempo oportuno, como hubiera hecho cualquier hombre de bien, evitándonos toda esta lucha desgastante y vergonzante, donde se mezclan intereses y objetivos políticos que nada tienen que ver con la tragedia.


Ha sido a través de un manejo casi total de los medios masivos de comunicación, que los hechos concretos de su responsabilidad política permanecen en silencio. Silencio al que Ud. con este enfoque de la tragedia está implícitamente dando lugar, seguramente con las mejores intenciones de su parte.


El Sr. Ibarra esta involucrado en su responsabilidad política personal en la tragedia de Cromañon por los siguientes hechos que se encuentran probados en sede judicial, en las investigaciones de la Comisión Investigadora creada, en las declaraciones ante la Justicia y la Comisión Acusadora, ratificados ahora en la serie de testimonios de la etapa juzgadora que se desarrolla, aunque hayan mediado algunos falsos testimonios denunciados ya ante la justicia penal.




Antes de Cromañon



Porque desarticuló el área de verificación (Decreto N° 2116 de 10/11/03) invocando un "focazo de corrupción", pasando a disponibilidad alrededor de 500 personas y 300 inspectores y reemplazándolos por una cifra 10 veces menor, lo que redujo las inspecciones en un 50% en 2004.



Porque a los reemplazantes les retiró la facultad de controlar de oficio, inspeccionándose sólo a partir de denuncias de vecinos, no pudiendo inspeccionar por zonas, ni aplicando un mapa de riesgos que indicase cuales eran las zonas más peligrosas ("Once", "Constitución", por ejemplo).



Porque nombró en los máximos cargos de responsabilidad a parientes y amigos, tal el caso del Secretario de Seguridad López y en la Subsecretaría de Verificación y Control el de la psicóloga Fitzbin, quienes son en el primer caso su concuñado y en el segunda una amiga de la infancia del Sr. Ibarra y de su hermana. Ambos demostraron una total falta de idoneidad para los cargos respectivos y sin formación en materia de seguridad, lo que se potencia en el caso de la Sra. Fitzbin.



Porque fue advertido que este sistema desarticulado y desprovisto de recursos entrañaba peligros concretos de una situación como la acontecida en Republica Cromañón, mediante por lo menos 15 gravísimos alertas institucionales y/o de los medios de difusión y/o de ciudadanos, entre los cuales se encuentran:



la Actuación 2022 de la Defensoría del Pueblo de fecha 8/5/03 a partir de la cual se denunciaron controles comunales deficientes que permitían la existencia de muchas discotecas sin habilitación.


La Actuación 631 de la Defensoría del Pueblo de fecha 5/5/04, señalando muy altos niveles de incumplimiento a las normas vigentes, que "pone en peligro la vida de más de 400.000 personas por fin de semana, especialmente jóvenes", conclusiones publicadas en el Diario Clarín del 26/5/04, destacando la gravedad de los hechos advertidos y su similitud con lo sucedido en la discoteca "Kheyvis"


El informe 10/04 de la Auditoria del Gobierno de la Ciudad del mes de mayo de 2004, donde se detectaron falencias importantes en las unidades de inspección creadas, especificando que el 75% de los locales se encontraban sin inspeccionar


La advertencia personal de Atilio Alimena, Defensor del Pueblo al Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, el 15/7/04 subrayándole la necesidad de inspeccionar los locales de baile por el tema de los incendios


El alerta de la Legislatura mediante la Resolución 359/04 de fecha 30/9/04, requiriendo al Poder Ejecutivo informe sobre diversos puntos vinculados al cumplimiento de las medidas de seguridad en los locales bailables (respondido incompleta y extemporáneamente el 3/2/05, luego de los hechos).


El comunicado de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, del 25/11/04 vía Internet (http://www.aaba.org.ar/) y mediante diversos medios, requiriendo urgentes respuestas del Jefe de Gobierno para evitar en nuestra Ciudad una tragedia similar a la ocurrida en Ycua Bolaños, Asunción del Paraguay. La Asociación remitió nota al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en dicha fecha, con igual objeto, cursándola además a su mail personal.


La resolución 496/2004 de la Legislatura, de fecha 25/11/04, requiriendo informes sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad contra incendios y otros siniestros (vencimiento 30/12/04, contestado el 25/4/05).


La declaración de la Cámara de Diputados de la Nación votada el 16/12/04, sobre salidas de emergencias, sistemas contra incendios, verificación de habilitaciones municipales, entre otras;


Las presentaciones formales en la Jefatura de Gobierno y el afiche colocado en sus inmediaciones y en Once, relativo al local "Bronco", advirtiendo el riesgo de un nuevo Kheyvis en dicho lugar, por el exceso de publico e inexistencia de controles, realizados el 30/12/04 y la intimación al Jefe de Gobierno de un Juzgado Contravencional, resaltando la desatención del sector.


Otros hechos internacionales de significación que debieron servir de alerta, tales como: Local Utopía, Lima Perú (20/7/02: 29 muertos); club de West Warwick, Rhode Island, EEUU ( 20/2/03: 100 muertos y 200 heridos), discoteca en Caracas, Venezuela (1/12/02: 50 personas muertas); Sala de juegos en Kabukicho, Tokio, Japón (1/9/01: 44 muertos); Hotel en Quezón City, Manila, Filipinas (18/8/01: 78 personas muertos); Centro comercial y discoteca en Luoyang, China (26/12/00: 309 personas muertas); posteriores al año 2000.



Porque desatendió todas estas advertencias, y a que a pesar de señalársele que el sistema que implementó después de denunciar el focazo de corrupción era insuficiente, peligroso e inoperante, nada hizo.



Porque no ejerció el poder de policía en el sector, permitiendo que se sujetase a un sistema de direccionamiento (handy), prebendas o inasistencia (Cromañon).



Porque "República Cromañon" no era inspeccionado desde el 29/3/03 y hubiera continuado así, de no existir ningún reclamo o algún hecho como el que nos ocupa; siendo que años anteriores había recibido hasta 16 inspecciones.



Porque a pesar de contar con los recursos para hacer las fiscalizaciones y cumplir con las tareas exigidas, no se tomó dicha decisión sino que prefirió avocarse a otras cuestiones de la "agenda política" (declarado en la interpelación de febrero/05).



Porque no previno ni preparó el sistema de emergencias, a pesar de que la ciudad padeció situaciones extremas como Embajada de Israel, Amia y Lapa.




En la emergencia



Porque en la emergencia concreta, como Jefe de Gobierno y, en consecuencia, titular del Comando Operativo de Emergencia, no condujo el operativo, lo que dio lugar a un desarrollo anárquico del rescate de las victimas, delegado en ellas mismas, y con una inexistente clasificación por su gravedad, lo que impidió su atención medica adecuada, agravada por la derivación a centros sanitarios por quienes manejaban móviles policiales sin ningún criterio médico ni apoyo logístico y, en menor medida, por ambulancias -en general no provistas de oxigeno-, aumentando el resultado fatal de Cromañón. Se ha estimado en un 40% los jóvenes fallecidos por abocarse a la tarea solidaria de rescatar a otros jóvenes.



Porque se abandonó a su suerte a las victimas secundarias (familiares y allegados), que no sólo no recibieron información durante la noche del 30.12.04, sino que tampoco fueron ayudadas en tan traumáticas instancias ni siquiera con orientación.



Porque se produjo el abandono de los cuerpos de los fallecidos y falta de coordinación con la morgue judicial, transitando infinidad de fallecidos en morgueras a altas temperaturas, mientras la capacidad de frío del cementerio de la Chacarita no fue empleada.



Mientras lo relatado en los puntos 9 a 11 anteriores ocurría, el Jefe de Gobierno se preocupaba en conocer quien era el fiscal de la causa (1.30 A.M. del 31.12.04) y en propiciar una conferencia de prensa del secretario de Salud que mostraba una imagen falaz del manejo de la emergencia, enfatizando que el local estaba habilitado (alrededor de 2.00 A.M. del mismo día).




Después de Cromañon



Porque con las mismas normas, luego de producida la masacre, adoptó la decisión política y funcional de hacerlas aplicar y la mayoría de los establecimientos no pudieron funcionar por incumplimientos de las medidas de seguridad, por un lapso que se extendió en la mayoría de los mismos durante un mínimo de cuatro meses.



Con posterioridad hizo su primera aparición pública con los dueños de los locales bailables, cuya única preocupación era la rápida apertura de sus instalaciones; al contrario de lo actuado con las propios familiares y sobrevivientes, donde omitió su presencia.



Otros actos posteriores que demuestran nuevamente su falta de ética, tales como por ejemplo, la demora en presentarse ante la Legislatura y la manipulación fracasada de una cláusula constitucional de referéndum, utilizándola en su propia conveniencia.




De dichas imputaciones surge que el negligente obrar del Jefe de Gobierno exponenció los niveles de riesgo en la Ciudad e Buenos Aires, convirtiéndose en la condición necesaria para que la masacre tuviera lugar, perpetrándose luego por la concurrencia de otros factores privados y públicos, de los cuales algunos ?como vimos- también fueron de su competencia.

Sin estas negligentes decisiones, la masacre no habría tenido lugar. Sin las otras negligentes acciones posteriores la cantidad de muertos y heridos hubiera sido mucho menor.




Fíjese Ud. que cualquiera de las imputaciones referidas hasta el punto 12, por sí solas darían lugar a una causal de mal desempeño en las funciones públicas, independientemente de lo sucedido en Cromañon.


¿Puede Ud. imaginarse que la Ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2003 estuvo verificada por 30 inspectores solamente y sin realizar tareas de oficio, ni poner prioridades para supervisar los lugares de mayor riesgo? ¿Alguien puede avalar el nombramiento de una psicóloga en un puesto de esa responsabilidad, sin conocimientos sobre la materia que debía desarrollar? ¿Puede éticamente trasladarse cerca de 500 personas sospechadas de corrupción sin generar las pertinentes acciones legales, abrir sumarios o despedirlos? ¿Es razonable que alguien que conduce una emergencia consulte, en la única llamada que hizo hacer a la Policía Federal, quién era el fiscal de la causa, mientras cientos de personas se debatían entre la vida y la muerte?


Lo expuesto ratifica la clara negligencia en el accionar del Jefe de Gobierno, cuyas decisiones llevaron a la pérdida de control y capacidad operativa en el tema, actitud agravada porque aún conociendo luego por alertas públicas el elevadísimo riesgo existente, no adoptó las acciones pedidas, potenciando aún más aquel riesgo. El impacto directo en víctimas del negligente accionar posterior a la masacre deberá ser aún determinado.


La justicia de primera instancia procesó a los funcionarios políticos por homicidio culposo y la Cámara confirmó los procesamientos por incumplimiento de deberes de los funcionario público y los remitió a juicio oral, donde recomenzará la causa y las imputaciones que a nivel de la fiscalía y las querellas serán de estrago doloso o culposo, como fue en primera instancia.


Resta confirmar el procesamiento del Sr. López ?en apelación- y la indagatoria del Sr. Ibarra solicitada por la fiscalía y las querellas. Debe señalarse que independientemente de las responsabilidades de los ya procesados, fue el titular del Ejecutivo el impulsor de las acciones y omisiones que generaron el procesamiento, lo que agrava su situación respecto al subordinado, sin considerar además las acciones señaladas durante la tragedia que deberán evaluarse.



Son varias las preguntas que uno debe hacerse ante estas circunstancias:


La primera es por qué luego de casi 14 meses, con una interpelación donde el Jefe de Gobierno tampoco dio respuestas a las imputaciones que entonces se realizaban coincidentes con algunas de las explicitadas más arriba, con un dictamen de la Comisión Investigadora donde detalladamente se exponen las imputaciones e inclusive durante la propia reunión del pasado 10 de noviembre de 2005, donde algunos legisladores hicieron una tarea de investigación importante, detallando algunos de los aspectos más terribles de la falta de atención de la emergencia, en base a las desgrabaciones de las comunicaciones de la policía federal y el SAME que obran en la causa (diputada Bergenfeld): nadie le repregunta la Jefe de Gobierno cuando es entrevistado, limitándose a escuchar sus explicaciones genéricas o políticas. Tampoco se ponen de manifiesto las incongruencias entre preguntas y respuestas.


Un primer paso positivo de difusión ha sido dado por los Sres. Horacio Verbitsky, Jorge Lanada, Tomás Abraham y Beatriz Sarlo, en diversos artículos y notas de opinión publicadas en diversos medios.


En general, estas imputaciones concretas no son explicitadas en análisis ni nota de opinión, analizándose siempre consideraciones de carácter general y/o políticas, lo que impide a la ciudadanía conocer la responsabilidad y al imputado no sentirse nunca comprometido ante preguntas o trabajos de investigación.



Los padres sufrimos esta actitud con impotencia ante la manifiesta arbitrariedad.


Ello, sin mencionar la situación del 10 de noviembre en la Sala Acusadora, viendo cómo la bancada oficialista pretendía pasar a la votación sin emitir su opinión, cómo otros legisladores que bajaron al recinto fueron fuertemente presionados, cómo algunos no llegaron por la misma razón, cómo se permitió el ingreso cualquier persona a la zona reservada a los padres en la legislatura para provocar desórdenes, cómo se pretendió comprar voluntades, etc.


De estos hechos inocultables y bochornosos sí dieron cuenta los medios, y además lo pusieron de manifiesto participantes directos de las conversaciones, donde los legisladores cambiaron su voto y/o los vieron los presentes en la legislatura. Sin embargo, de los argumentos y de la falta de respuesta concreta a las imputaciones en casi 14 meses no se dio cuenta.


Estamos hablando de la mayor tragedia no natural de la República y proporcionalmente en su tema, la mayor del mundo: y se pretende resolver sin argumentaciones o con opiniones sobre temas genéricos.


Esta situación se debería haber resuelto rápidamente, sea por la propia decisión del Jefe de Gobierno de renunciar y ponerse a disposición de la justicia el 1/1/05 (lo más digno) o en la interpelación de febrero permitiendo la repregunta, toda vez que el Jefe de Gobierno no hubiera podido ?como no puede hoy- contestar ninguna de las concretas imputaciones que se le realizan. Y de esto no dieron cuesta los medios.


La obvia conclusión sobre este tema es el vergonzante manejo de la mayoría de los medios masivos de comunicación, donde seguramente tienen que ver los personajes y empresas que el Sr. Horacio Verbitsky puso al descubierto en la nota de opinión "Nuestros Valores" en Página 12 del 27 de Noviembre de 2005 y no desmentidos a la fecha. Esta nota nuevamente, da una visión de la manipulación y características de las personas y firmas que manejan los medios de prensa del propio Sr. Ibarra.


No puedo dejar de mencionar otros aspectos no menos relevantes, que tienen que ver con las responsabilidades de "asociación ilícita", que conforman otra de las causas que están en desarrollo en la justicia, donde hay información relevante.


En este último aspecto ¿cómo puede ser que en un solo medio ?La Nación-, se haya publicado la defensa realizada en varias publicaciones de mediados de los 90 por Ibarra de Cemento y sus críticas a las políticas de clausuras y el sorprendente hecho de que él y Chabán ?a quién aseguró no conocer- hayan compartido departamentos distintos en el mismo edificio a partir de 1998, cuya propiedad o representación ambos detentan hasta el día de hoy (en la Asamblea de propietarios del consorcio de diciembre/04 participó el propio padre del Jefe de Gobierno, como obra en la causa judicial, dando como domicilio el del estudio del Sr. Ibarra). La Ciudad de Buenos Aires es muy grande. ¿casualidad: barbarismo por causalidad, como diría el Sr. Ernesto Sábato?.


Los padres hemos hecho y estamos haciendo el esfuerzo por la memoria de nuestros hijos, pero fundamentalmente por la comunidad, con una asimetría absoluta de capacidad de comunicación respecto al poder.


Nuestro país es lo que construimos entre todos y Ud. con su trayectoria y ejemplo público es una pieza vital, porque la posibilidad de impunidad está dada por las decisiones del poder, pero esencialmente por una cobertura difusa de los medios que es un árbitro central de esta cuestión, con su deber de informar objetivamente, así como de los pensadores y los formadores de opinión.


En este caso, ha surgido a la luz el escándalo político que ha influido en el devenir de la votación, pero sigue sin surgir a la luz el FONDO DE LA CUESTION.


Los ejemplos de conducta en nuestra sociedad tienen la extraordinaria responsabilidad de evaluar cuidadosamente sus palabras, porque lamentablemente sus dirigentes en general han bastardeado la moralidad y la hombría de bien, a medida que asumen mayores compromisos. Bien dice el dicho popular que el poder no cambia al hombre, sino sólo lo muestra como es.


Lo que esta masacre ha puesto de manifiesto brutalmente es la mezcla de negligencia, inoperancia, desidia y corrupción, al amparo de la siempre existente impunidad. Los padres han enfocado las búsqueda de culpables y responsables tanto en su faz política como penal, sobre los actores públicos y los privados. Los privados a veces han pagado sus culpas. Los funcionarios públicos de mayor nivel, en general ni política ni penalmente.


Con todo respeto le dirijo estas palabras para que vea plasmada la existencia de posiciones racionales que no tratan de paliar el dolor con incongruencias o echando culpas a quien no corresponde.


Su mensaje en apoyo de las instituciones merece contemplar las responsabilidades de todos los intervinientes según a cada uno corresponda, para llevar a una decisión de equidad y justicia esta instancia de resolución política de este caso, que puede ser un punto de inflexión de la impunidad que tanto daño ha hecho a nuestro país. Porque si una masacre de esta magnitud, con responsabilidades políticas probadas del Jefe de Gobierno actuando personalmente y no por delegación, no tiene consecuencias políticas ¿cuál va a tenerlo?.


Desde el punto de vista de la corporación política, ésto es lo que está en juego. No permitir que por actos de gobierno como mínimo negligentes, alguien pueda tener que pagar luego un precio político o penal. Detrás de este criterio está el conocimiento y la vergüenza, aspectos mínimos que debe tener un gobernante para desarrollar su acción y de los cuales muchos dirigentes políticos, sin distinción de signos carecen.


He querido poner en su conocimiento estos hechos y reflexiones para que, si Ud. lo estime pertinente, los evalúe a la luz de las declaraciones a que hice referencia, donde lamentablemente se brinda un nuevo mensaje difuso de la responsabilidad del Sr. Ibarra, relacionando su suspensión y posible destitución a presiones de los padres o manejos políticos.


Los padres han tratado de hacer oir su voz en base a los fundamentos que acabo de darle, casi siempre sin éxito por el manejo de los medios.


En el ámbito político más allá de los aspectos partidarios, ha quedado demostrado el desvergonzado comportamiento de los relacionados al Jefe de Gobierno al ver cómo se planteaba la votación. Hoy mismo, se han publicado las declaraciones del Sr. Farías Gómez coincidentes con su votación que se trató de evitar y se mostró como una presión de los padres.


Y quizás lo más relevante de cara al futuro, he visto personalmente a algunos legisladores tratando de llegar a un opinión propia sin presiones. El caso más patente es el de la diputada referida que modificó su posición luego de un profundo y solitario estudio y a pesar de que fue objeto de múltiples presiones y agresiones el mismo día de la votación. Y actualmente, en la Sala Juzgadora, otros preguntando para formarse su propio criterio como debe ser, a conciencia.


Lo saludo atentamente y quedo a su disposición para aclarar lo que estime pertinente.













Juan Carlos A. Propatto

Padre de Lucía Propatto

Muerta en República Cromañon



E-Mail: jpropatto@ciudad.com.ar