28.2.06 

La trayectoria de Strassera

Lunes, 27 de Febrero de 2006

FUNCIONARIO EN LA DICTADURA Y GARANTÍA DE IMPUNIDAD EN DEMOCRACIA

El perfil de Strassera, defensor de Aníbal Ibarra, bien lejos de los derechos humanos.

Boletín quincenal Nº34 - "Señores jueces, quiero utilizar una frase que pertenece ya a todo el pueblo argentino: NUNCA MÁS". Con esas palabras pronunciadas el 18 de septiembre de 1985, el entonces fiscal Julio César Strassera cerraba su alegato de acusación en el juicio a las Juntas militares y forjaba su imagen de defensor de los derechos humanos. Seguramente ese perfil llevó a Aníbal Ibarra a contratar sus servicios para defenderlo en el juicio político que se le sigue por su responsabilidad en la masacre de Cromañón, intentando establecer un paralelismo entre su rival Mauricio Macri con la dictadura, estando en las antípodas de ese pensamiento fascista y de derecha la figura del suspendido jefe de gobierno y su defensor, tal como se expresó en unos afiches aparecidos en algunas paredes de Buenos Aires.

Sin embargo, esa imagen que aún perdura en la opinión pública y que los legisladores porteños de todos los signos políticos reivindican a menudo en el juicio político, contrasta con su actuación como funcionario judicial durante el proceso militar: en marzo de 1976 Strassera pasó de ser Secretario de Juzgado a Fiscal Federal, y en 1981 ascendió a Juez de Sentencia, en virtud de sendos decretos firmados por los mismos que luego acusaría en el juicio a las Juntas, prestando juramento ante los "Estatutos del Proceso de Reorganización Nacional".

En los primeros años de la dictadura Strassera se encargó de denegar cientos de habeas corpus solicitados en favor de presos políticos ordenando que se archivaran todas las denuncias sobre detenciones ilegales y desaparición de personas. Su actuación más conocida fue cuando denegó el pedido de habeas corpus presentado por Jorge Cepernic, ex gobernador de la provincia de Santa Cruz. Al plantear Cepernic la inconstitucionalidad de la resolución por la cual se lo detuvo a disposición del Poder Ejecutivo y se le confiscaron los bienes, Strassera dictaminó: "(?) la privación de libertad (?) encuentra su legitimidad en la misma Constitución Nacional -indudablemente reformada por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional y el Acta- de tal suerte que el art. 2°, inc. e) de ésta última constituye una norma de idéntica jerarquía que la contenida en el artículo 23 de aquella, en cuanto faculta al Poder Ejecutivo Nacional para arrestar personas a su exclusiva disposición, en tanto las circunstancias excepcionales por las que atraviesa el país así lo aconsejen. En consecuencia parece claro que impugnar la Resolución N°2 de la Junta Militar so color de repugnar a la Constitución Nacional resulta inadmisible pues (?) ello equivale a afirmar que la Constitución es inconstitucional?.

Pero su desempeño durante la dictadura no es el único antecedente que empaña su buena imagen de fiscal acusador de genocidas y paladín de la democracia. Una vez que se sancionaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida durante el gobierno de Raúl Alfonsín, siendo aún Fiscal, trabajó para dictaminar la inconstitucionalidad de esas leyes que dejaban en libertad a militares que participaron de la represión ilegal.

Esa tarea, que consistió en fundamentar la improcedencia de las leyes desde el punto de vista jurídico, reunió a una serie de abogados ?convocados por la fiscalía- que realizaron su labor hasta que, abruptamente, Strassera la decidió interrumpir: luego de reunirse con un alto funcionario del gobierno, aceptó la representación argentina ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, renunció a su cargo y garantizó la impunidad de los genocidas y la complicidad del Poder Judicial.

Quien puede dar fe de esa complicidad es paradójicamente el mismísimo Aníbal Ibarra, quien en su época de fiscal no aceptó las instrucciones del Poder Ejecutivo para no dictaminar en contra de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, siendo él y Hugo Cañon los únicos fiscales que sostuvieron su inconstitucionalidad.

-- Extraído de www.prensadefrente.org ---

Publicado por BassoiD | 2:04 p. m. | |

 

Noticias del dia 28-2-06

Juicio Politico : La fiscalía pide la destitución e inhabilitación por 10 años para Ibarra

Los diputados porteños Rubén Devoto y Jorge San Martino fueron los encargados de terminar con el alegato de la acusación. Jorge Enríquez habló acerca del abandono del poder de policía; Devoto, sobre el deficiente manejo de la emergencia en la noche del 30 de diciembre, y San Martino fundamentó el desentendimiento de las alertas institucionales y los incumplimientos de fallos judiciales en los que habría incurrido el suspendido jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra .

Por Alejandra Lazo

La acusación ha hablado. El fiscal Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires) abrió el alegato que los diputados Rubén Devoto (Desde Abajo) y Jorge San Martino (Recrear) se encargaron de concluir. Luego de que Enríquez habló acerca del abandono del poder de policía, Devoto afirmó que "Cromañón no fue un accidente ni una tragedia. Las causas de fondo que provocaron esas 194 muertes tienen relación con políticas nefastas que fueron hundiendo la Ciudad y el país. Políticas de negociados, entrega, coimas, impunidad y desprecio por la vida del pueblo. Como mostró Río Tercero. Como mostró Keyvis. Y esas políticas las llevó adelante, año tras año, con sucesivos gobiernos, una misma clase política".

El diputado expresó: "No le voy a permitir que siga hablando de golpismo y se haga el paladín de la democracia. Incluso de esta democracia que yo, como diputado de izquierda, cuestiono. Desde ya, Macri defiende un modelo de derecha que yo rechazo. Pero estos últimos años, el bloque de Macri le aprobó todos los Presupuestos y las principales leyes, como el Código de Convivencia o la privatización del Banco Ciudad. Sin ese apoyo, no hubiera podido gobernar. ¿De qué golpe habla? No. Ibarra no defiende la democracia. Culpó a todos, hasta a los padres. Eludió la interpelación de la Legislatura. Montó el plebiscito trucho. Boicoteó la Comisión Investigadora. Y boicoteó este juicio político, donde tuvimos los escándalos de Borocotó y ahora de Romagnoli".

Para Devoto "Cromañón tiene relación directa con el poder de policía que Ibarra no cumplió. Sin perjuicio de lo que señaló el fiscal precedente vuelvo un poco sobre el tema, para que se entienda mejor la profunda relación que hay entre los dos desastres: el del control y el de la emergencia. Antes de Ibarra la Inspección General tenía más de 500 inspectores divididos en zonas, con circuitos mañana y tarde, inspectores nocturnos y guardias el fin de semana y feriados. Estaba la Dirección de Habilitaciones y la Policía Municipal hacía las inspecciones. Con Olivera se descentralizó y los inspectores funcionaban en los CGP, casi con el mismo esquema de zonas. Había una profunda corrupción, con una particularidad: era feudalizada".

Según el diputado "en este marco de corrupción se inscribe la falta de control a Cromañón. Chabán coimeaba a la policía de la 7ª, no instaló luces de emergencia ni señalizó las salidas, hizo entrar gente de más, puso la media sombra y hasta el maldito candado. Es criminal. Pero eso lo juzga la Justicia. Si el empresario Chabán hizo todo eso, es porque el clima de impunidad y falta de control de la Ciudad se lo permitió. El local ya fue mal habilitado en 1997: el entrepiso no tenía escalera de emergencia y la salida no cumplía las normas de seguridad. Varios diputados el año pasado presentamos una denuncia penal al respecto. Por todo esto Cromañón no fue 'un accidente, en un lugar privado, sin solución', como dice Ibarra con descaro. ¡Si la Ciudad hubiera controlado como debía, Cromañón se podía haber evitado!".

En tanto, Devoto también dijo: "En emergencias con multiplicidad de víctimas como Cromañón resulta elemental prever y coordinar entre los distintos sectores que intervienen. Hasta el ama de casa más humilde, para algo cotidiano como hacer las compras, prevé cuántos pesos puede gastar, dónde comprar más barato, hace la listita de lo necesario, arregla con la vecina para dejarle los pibes, etcétera, etcétera? ¡Cuánto más debería prever y coordinar un Jefe de Gobierno! ¡Cuánto más, si gobierna la ciudad más poblada y a la vez capital del país! ¡Cuánto más todavía, si se trata de emergencias o catástrofes y de cuidar vidas humanas! ¡Y cuanto más si encima dice ser distinto a la 'vieja política'!".

Por último llegó el turno de San Martino. El diputado lopezmurphista señaló: "Mis colegas de esta Fiscalía han presentado el alegato de bien probado sobre dos de los distintos ejes en que se basa la causal de mal desempeño por el cual sostenemos esta acusación contra el Señor Aníbal Ibarra. Habiendo ya discurrido sobre el primero el diputado Enríquez, acerca del abandono del poder de policía y sobre segundo eje el diputado Devoto, acerca del deficiente manejo de la emergencia en la noche del 30 de diciembre y su causa inmediata: el incumplimiento del Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil, me toca finalmente alegar acerca del desentendimiento de las alertas institucionales y los incumplimientos de fallos judiciales en que incurrió el Jefe de Gobierno a lo largo de su gestión".

San Martino afirmó: "Podemos decir con absoluta certeza que con un Gobierno eficaz el hecho trágico del 30 de diciembre podría haberse evitado, porque era previsible. Todos los organismos constitucionales externos al Poder Ejecutivo, ocupados y preocupados por prevenir hechos gravosos para la ciudadanía habían activado las alertas institucionales recibiendo de parte de los responsables por escucharlas no solo desatención negligente sino reticencias y ocultamientos. Todas tenían como destinatario final al Poder Ejecutivo y en particular a aquellas áreas que debían ejercer el poder de policía sobre las habilitaciones".

Y agregó: "Para controlar las recomendaciones se desarrolló una nueva auditoria de seguimiento en el año 2004. Dicha auditoria determinó que "no se ha cumplido con ninguna de las observaciones planteadas, he incluso determina que hay hoteles contratados por la ciudad que carecen de habilitación. Lo mas grave de dicha auditoria es que debieron realizarla verificando cada uno de los hoteles sin contar con la documentación respaldatoria ni con el informe de avances ya que la dirección de Fiscalización y Control fue reticente a entregar información hecho que figura en los informes e ilustrado por la testigo María Estela Moreno. Pero el gran dato que nos aportan todas las auditorias sobre esta área es la existencia de un modelo sistemático de obstrucción a las tareas de la Auditoría".

El legislador también sostuvo: "Si desatender las alertas institucionales sobre hechos gravosos, como quedó demostrado recientemente, es un causal de mal desempeño, mucho más lo son la desobediencia de los fallos Judiciales que son de cumplimiento obligatorio. Hay tres ejemplos emblemáticos que han sido eje de varios de los testimonios de este juicio y perfectamente determinados por Norberto D?Andrea cuando expresó: 'Lo que recuerdo son los casos críticos (...) por ejemplo, Amérika, Millenium, Follia'. El carácter emblemático de estos locales, se debe a que son tantos los hechos denunciados, la normativa violada, los testimonios absurdos, los dictámenes desfavorables, las resoluciones incumplidas, los fallos adversos y la jerarquía de los actores involucrados, incluyendo al Jefe de Gobierno, que de ninguna manera podría sostenerse ignorancia o inocencia".

Asimismo, San Martino aseguró: "Mucho se habló de este juicio político, sus causas y las derivaciones que contiene. No podemos olvidarnos que el mismo se abrió a partir de la peor desgracia que haya sucedido en nuestra ciudad por causas no naturales: La muierte de 194 jóvenes. Aníbal Ibarra y quienes lo sostienen han tratado de desvirtuar la verdadera razón, confundir a la ciudadanía y poner a las víctimas y a los familiares, en victimarios e intentar sostener ante la opinión pública que un grupo de legisladores intenta cambiar la voluntad de la mayoría de los vecinos de Buenos Aires".

Y añadió: "Recordemos: 30 de 45 diputados integrantes de la Sala acusadora, representantes del pueblo elegidos de manera democrática al igual que él, sostuvieron esta acusación por la causal de 'mal desempeño'. Hoy pretende denigrarnos hablando de la ?politización? de la tragedia. Esto es un juicio político, en una casa política, donde se dirimen responsabilidades políticas. Debemos entender la política como el camino hacia el bien común, que dé respuestas eficientes a la ciudadanía y no con el sentir peyorativo que pretende endilgarle el suspendido Jefe de Gobierno".

San Martino concluyó: "Esta es la primera vez que un gobernante puede llegar a ser destituido por sus responsabilidades políticas, dentro de las instituciones que nos brinda nuestra Constitución. Será una lección de civilidad y de respeto a las reglas, que así suceda. 194 muertes, centenares de heridos, miles de familiares y toda una ciudadanía reclaman responsabilidad por lo ocurrido: 'hacerse cargo' como el mismo Ibarra lo definiera. Demos una lección para que la gente vuelva a confiar en el Poder Legislativo. Para que los futuros Jefes de Gobierno sepan que hay un poder que los vigila, los controla y espera de ellos lo mejor. Para que aprendan que deben hacerse cargo y asumir todas las responsabilidades".

--- Extraído de Noticias Urbanas (www.noticiasurbanas.com.ar) ---

Impunidad a la correntina

Fueron liberados y sobreseídos dos de los seis policías que se encontraban detenidos por el incendio en la Comisaría Séptima de Corrientes. La medida fue dispuesta por la jueza Laura Varela, magistrada subrogante en la investigación a cargo del Juzgado de Instrucción 1. Se trata de Héctor Fernández y Gerardo Oliva, quienes estaban detenidos junto a otros cuatro agentes por los hechos del 13 de enero pasado, que concluyeron con la muerte de tres jóvenes y la internación con graves heridas de otro interno. La jueza Varela ordenó la soltura de los represores basándose en una declaración de los propios involucrados que dijeron no haber estado en la dependencia policial cuando se produjo el incendio.

Realmente se trata del colmo de la impunidad: 'Esto es demencial', señaló uno de los abogados de las familias de las víctimas y reiteró lo inédito de que se libere a un detenido 'porque él mismo declare que no estuvo el lugar del hecho'. 'Yo soy garantista, pero no puede anteponerse la objetividad a lo subjetivo en un proceso de este tipo', sostuvo.

Por el hecho continúan detenidos otros cuatro agentes. Además, la querella solicita que se investigue la responsabilidad en el hecho del comisario y subcomisario de la Séptima al momento del incendio, quienes hoy estarían cumpliendo servicios en otras reparticiones, según explicó el Dr. González.

Familiares de las víctimas siguen denunciando la deliberada demora de los agentes para prestar auxilio una vez que empezó el fuego, a tal punto que los jóvenes fueron sacados del lugar por personas que se encontraban circunstancialmente frente a la dependencia policial y no por el personal de la misma. Tampoco se puede obviar que menores y mayores estaban alojados en el mismo lugar y que tres de las víctimas estaban 'demoradas' desde las tarde anterior a los hechos 'por averiguación de antecedentes', es decir, porque sí.

CORREPI.


El 'Big Pharma' caza escolares en EEUU: La industria crea enfermedades mentales para vender fármacos que el Estado paga

Traducción de Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

En abril de 2002, el presidente Bush designó a 22 miembros de la Nueva Comisión Presidencial para la Libertad en Salud Mental, destinada a 'identificar políticas que podrían ser puestas en ejecución por el gobierno federal, el estado o los gobiernos locales para optimizar la utilización de los recursos existentes, mejorar la coordinación de tratamientos y servicios y promover una adecuada integración de la comunidad con los adultos con enfermedad mental seria y los niños con severos disturbios emocionales?. (1) La comisión incluyó entre sus miembros a médicos del área de salud mental y, por lo menos, a un ex empleado del gigante farmacéutico Ely Lilly y Co., Robert N. Postlethwait.

En julio de 2003 la comisión publicó los resultados de su estudio. Encontraron que a menudo los desórdenes de salud mental no están diagnosticados y recomendaron al presidente que hubiera un trato más comprensivo hacia la gente con enfermedades mentales de todas las edades, incluyendo a los niños de edad pre-escolar. En concordancia con sus resultados, la comisión recomendó que las escuelas que se hallaren en una 'posición dominante' protegieran a 52 millones de estudiantes y a 6 millones de adultos empleados en las escuelas de nuestra nación. (2)

La comisión también recomendó vincular la protección con tratamiento y asistencia. Recomendaron usar como sistema modelo de tratamiento el Proyecto de Medicación Algoritmo Texas (TMAP, sigla en inglés). (3) El TMAP, que fue puesto en ejecución en Texas como sistema de cuidado médico en salud mental con financiamiento público cuando George W. Bush fue gobernador de ese estado, (4) es un programa de gestión de enfermedades que ayuda a los médicos en la prescripción a los pacientes basándose en la historia clínica, antecedentes, síntomas y resultados anteriores. Fue el primer programa de EEUU dirigido a establecer pautas de medicación para enfermedades de salud mental. (5) Básicamente, es un algoritmo que recomienda drogas específicas que se deben utilizar para tratar determinadas enfermedades. El financiamiento para el TMAP fue proporcionado por Robert Word, Jonson Grant y varias importantes compañías fabricantes de fármacos. El proyecto comenzó en 1995 como una alianza de individuos de compañías farmacéuticas, la Universidad de Texas y los sistemas curativos de salud mental de Texas. (6)

Coimas para vender fármacos

Los críticos de la protección de la salud mental vía TMAP denunciaron que otorgaba beneficios a las compañías farmacéuticas. Muchos citaron a Allen Jones, un ex empleado de la Inspectoría General de la Oficina Pennsylvania, quien fue despedido cuando reveló que muchos funcionarios con influencia en la medicación del plan recibían gratificaciones monetarias de las compañías farmacéuticas beneficiadas con la venta de sus drogas al programa algorítmico de medicación. El TMAP también promueve el uso de nuevas drogas antipsicóticas más costosas.

Resultados de estudios efectuados en EEUU y Gran Bretaña encontraron que el empleo de medicamentos antiguos -o más drogas antipsicóticas reconocidas- en la primera línea de los tratamientos produce mejores resultados que el uso de fármacos experimentales.

En la primera línea de tratamiento bajo el TMAP se privilegia el uso del olanzapine de Ely Lilly, un nueva droga antipsicótica atípica, en lugar de una medicación antipsicótica más típica. Quizás sea porque Ely Lilly tiene lazos con la familia Bush, desde que George Bush padre fue miembro de su junta directiva. George W. Bush también le asignó un asiento en el Consejo de Seguridad de la Patria (Homeland Security Council) al gerente de Ely Lilly, Sidney Taurel. De las contribuciones políticas por 1,6 millones de dólares otorgadas por Ely Lilly en 2000, el 82% fue al partido Republicano y a George W. Bush. (7)

En noviembre de 2004, el Congreso aprobó US$ 20 millones (8) para poner en ejecución los resultados de la Nueva Comisión para la Libertad en Salud Mental. Esto incluiría la protección obligatoria de enfermedades de salud mental en las escuelas. El representante republicano de Texas Ron Paul introdujo una enmienda en el Congreso, cuando se debatieron la cuentas presupuestaria, que retendría el financiamiento a la protección de salud mentales obligatoria si no existía notificación del consentimiento de los padres. Sin embargo, su enmienda perdió por ancho margen (95-315 en la Casa de Representantes). (9) Paul, médico y antiguo miembro de la Asociación Americana de Médicos Cirujanos (AAPS) del estado, dijo que ?es fundamental establecer el derecho de los padres a decidir qué tratamiento médico es apropiado para sus niños. La noción de los burócratas federales que potencialmente ordenan a millones de jóvenes consumir drogas psicotrópicas como Ritalin asestan un golpe emocional a los padres americanos?.

Paul alegó que 'tenemos una nación de niños con desórdenes mentales no diagnosticados que están recibiendo un tratamiento claramente falso' y advirtió que la protección de la salud mental podría ser utilizada para etiquetar a los niños con ciertas actitudes, creencias religiosas y visiones políticas en conflicto con doctrinas reconocidas. Paul advirtió también que, obviamente, el beneficiario más importante de esta legislación sería la industria farmacéutica. La AAPS ha combatido esta legislación, que dice conducirá a la prueba psicológica obligatoria de cada niño de EEUU sin consentimiento de los padres y a 'una presión aún más coercitiva sobre los padres para medicar a los niños con efectos secundarios potencialmente peligrosos?.

Actualización de Jeanne Lenzer: Así como conocemos las píldoras que tomamos o el aceite que utilizamos, sería tranquilizador saber qué información fue usada para desarrollar nuevas medicinas o si utilizan los elementos naturales en que sabiamente se basa la ciencia -y no por presiones corporativas.

Pero las imposiciones del gran negocio farmacéutico (Big Pharma) a los políticos y a los médicos tienen un profundo efecto en los cuidados de salud en EEUU, colocando ocasionalmente a la investigación médica más cerca de la propaganda que de la ciencia.

Ciertas compañías de fármacos aumentaron su cuota de mercado ampliando la definición de numerosas enfermedades en colusión con los médicos. Cuando los criterios de diagnóstico fueron liberalizados en 1991 por el déficit en la atención de desórdenes mentales, el número de niños diagnosticados llegaba a cerca del 60%.

La Asociación Psiquiátrica Americana (APA) también hizo lobby por el ?Big Pharma?, en tanto el Diario Médico Británico (British Medical Journal, BMJ) formuló críticas al sistema de prescripción. En su boletín Advocacy News de julio l2004 la APA reconoció que 'la historia del BMJ ha ganado algo de fuerza en informes difundidos sólo en Internet?.

Pero, se jactaron, de que los 'medios importantes no han tocado la historia, en parte gracias al trabajo de la APA, para quienes la administración [de Bush] es apreciada?. (10) Es curioso el alarde de la APA. El artículo descargado de una historia del BMJ pulsó las fibras de un sensible público de médicos y políticos cuyos bolsillos se nutren con dinero de las compañías farmacéuticas.

Dado el interés en la publicación del BMJ, parecería que el APA, en vez de procurar guardar la historia fuera del alcance de los grandes medios, estaba impaciente por contradecir extensamente las afirmaciones difundidas en el artículo. También pareciera que la gran prensa podría proporcionar a la administración Bush y a la APA el mejor vehículo posible para contradecir lo que se invocaba como errores efectivos del artículo del BMJ.

Forzando el consumo infantil de fármacos

Pero los hechos pudieron probar lo difícil que es sintonizarse con el público. Más de uno de cada 100 niños y pre-escolares de EEUU están sometidos a drogas psiquiátricas de gran impacto, por ejemplo Ritalin y Prozac, según un estudio publicado en la edición de febrero de 2000 del Diario de la Asociación Médica Americana (Journal of the American Medical Association).

José T. Coyle, M.D., escribió en un editorial: 'Al parecer las conductas de niños perturbados ahora se sujetan cada vez más a arreglos farmacológicos rápidos y baratos, en oposición a una terapia mutimodal informada?. Y concluyó: 'Estas prácticas perturbadas de prescripción sugieren una crisis cada vez mayor en los servicios médicos mentales a los niños y demandan una investigación más cuidadosa?.

Pero en vez de publicar advertencias referentes a la sobre-medicación o la prescripción inadecuada, los expertos de la Nueva Comisión para la Libertad en Salud Mental advirtieron ominosamente que demasiados pocos niños estaban recibiendo tratamiento para enfermedades mentales. Citaron extensas cifras de niños expelidos de guarderías como evidencia de problemas psicológicos potencialmente serios -problemas que se diagnostican y curan con píldoras y cuidados de salud mental. No examinaron los motivos sociales y económicos en el aumento de la tasa de expulsiones.
El 'Big Pharma' caza escolares en EEUU: La industria crea enfermedades mentales para vender fármacos que el Estado paga**


Si anda mal la relación entre el suministro de fármacos y el etiquetado de 'mentalmente enfermo', la preocupación de lejos más grande es la creación de una enfermedad para cada droga, una situación que ha sido posible por la relación de ?mano de guante? entre la industria y el gobierno (Para conocer experimentaciones con niños que efectúa la gran industria farmacéutica ver Proyecto Censurado Nº XIX).

Notas:
1) http://www.mentalhealthcommission.gov/
2) http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=39078
3) http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=39078
4) http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=39078
5) http://www.news-medical.net/?id=3084
6) http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=39078
7) http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=39078
8) http://www.truthnews.net/world/2004090078.htm
9) http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=41606
10) See Medicating Aliah: http://www.motherjones.com/news/feature/2005/05/medicating_aliah.html
(Recomendamos ver la seccion salud de www.poderautonomo.com.ar)


--- Extraído de Argenpress (www.argenpress.info) ---

Publicado por BassoiD | 1:25 p. m. | |

27.2.06 

EL JUICIO POLÍTICO EN SU ENCRUCIJADA FINAL

El juicio político que la Legislatura porteña le sigue al suspendido jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra, por mal desempeño de sus funciones, ha ingresado en el tramo final. Esta semana se pasará a la ronda de alegatos y para el 10 de marzo está previsto que el tribunal emita sentencia.

Ibarra, en tanto, continúa con sus apariciones públicas acompañado por, empleados, jubilados, personalidades de la cultura, del deporte, representantes de movimientos sociales; y demás organizaciones subsidiadas de una u otra manera por el Estado local y/o nacional a quienes debemos sumar , oportunistas transversales que sueñan con subirse al tren de Alberto Fernandez en el 2007, así como a los inefables organismos de derechos humanos, devenidos hoy fanáticos oficialistas. Al mismo tiempo, el soporte publicitario lanzado desde las usinas ibarristas, y pagado como siempre con el dinero de todos los vecinos de Buenos Aires empapela las calles de la ciudad, con impresentables carteles anónimos.

Lejos de la sobriedad que reclama la suspensión en su cargo, el suspendido supervisa personalmente, el acto del 2 de marzo en la Plaza de Mayo por el "NO a la destitución", que encabezará junto con el gabinete municipal.

El costo político que la abstención del bloque K genéró cuando se votó la acusación, las sospechas más que justificadas sobre las maniobras políticas y quizás financieras que culminaron con el Borocotazo ,la ira de padres familiares y amigos, y los resultados de las encuestas de opinión pública a las que el Gobierno Nacional es adicto; ( varias de las mismas, arrojan resultados superiores al 70 % en favor de que el Ejecutivo Nacional se abstenga de intervenir en el proceso de Juicio Político), seguramente mantuvieron a Kirchner en silencio , fingiendo prescindencia durante los ultimos dos meses.

Pero a fin de la semana pasada, el "zamorazo", irrumpió en escena con la renuncia del impresentable Romagnoli ( acatando como siempre, en silencio los caprichos del matrimonio Zamora) quien, como el mejor alumno, recitó los versos que Raul Fernandez escribe ,y dejó, una vez más el poder de decisión sobre el destino del suspendido , nada menos que en manos del bloque K .

Como siempre los padres fueron quienes dijeron públicamente lo que en la Legislatura se comenta como un secreto a voces. "Estamos reuniendo pruebas para presentar una denuncia penal, porque sabemos que funcionarios del gobierno porteño ?un miembro del gabinete y un directivo del Banco Ciudad- usaron partidas de dinero de la Nación y la Ciudad para comprar voluntades, esto es peor que las coimas en el Senado porque acá hablamos de 194 muertos", denunció Ricardo Righi que perdió en Cromagnon a su hijo Emiliano.

La mención a un integrante del directorio del Banco Ciudad, aclararon luego los padres, apunta a Pablo Enrique Maggioli, actual vicepresidente del Banco Ciudad y un histórico cajero de Ibarra, quien estuvo muy sospechado de manejos corruptos durante la renegociación de los millonarios contratos con las empresas de recolección de basura.

Los medios han reflejado durante los últimos días. la renovada decisión del Presidente Kirchner de sostener a Ibarra , primero de manera solapada, a través de su mano derecha , el Jefe de Gabinete Alberto Fernandez, que mantiene la presión diaria de la Casa Rosada sobre el reticente Helio Rebot, quien por personalidad propia es capaz de arrastrar en un voto favorable a la destitución a Vitali y Gramajo ( el más proclive de los legisladores K a defender al suspendido) y finalmente en público declarando su amistad con abrazo y beso ( estamos seguros que guardó la medalla para mejor oportunidad).

Aquellos que conocemos bien al progresismo corrupto de doble discurso que pretende hoy defender la institucionalidad, mientras resguarda los negocios, no estamos sorprendidos. Ibarra pretende que el esmirriado sistema de habilitaciones, la existencia de cientos de boliches sin habilitar, la ausencia de un Sistema Integrado de Emergencias y Catástrofes, el desguace del SAME, y la connivencia con los empresarios del negocio de la noche plasmada en una foto histórica a solo 48 horas de la masacre de Cromagnon no son de su incumbencia, mientras inculpa sin piedad a bomberos, policías, médicos, y de manera infame a los jóvenes que quedaron prisioneros del humo y el veneno en el boliche de su amigo Chabán.



La Familia Cromagnon reclama justicia y verdad, pero también lucha sin descanso para que las responsabilidades de quien detentaba el 30 de diciembre el máximo poder de la Ciudad de Buenos Aires queden claramente establecidas, y a contramano de la propaganda oficial, no desea desestabilizar las instituciones, sino destituir a quien claramente ha incumplido sus funciones.

Este ejecutivo que encabeza Ibarra es el ejemplo más claro del nuevo tipo de Estado técnico/administrativo, que no gobierna, sino que solo gestiona lo que no gobierna. Estados-empresa, solo preocupados por el lucro que convierte en exedentaria la vida misma, y entonces no debe sorprender el desparpajo con que las huestes oficialistas han mostrado su desprecio por las 194 vidas perdidas en Cromagnon.

El manejo de los más de siete mil millones de pesos de la caja de la C.A.B.A. se juega en la trastienda del Juicio político a Ibarra y genera odios y amistades hacia un jefe político que ni siquiera despierta verdaderas lealtades entre los suyos. Los padres y familiares lo saben, y a estas horas perciben con total claridad que la corporación política que garantiza los negocios millonarios que diariamente la gestión de la ciudad permite, no está dispuesta a tolerar que la movilización civil, destituya a uno de los suyos.

La adhesión incondicional que los ibarristas proclaman por parte de los habitantes de la Rosada, es quizás el mensaje más contundente, que la clase política envía a gran parte de la ciudadanía que esperanzada creyó que el 25 de Mayo de 2003 comenzaba una etapa donde la política podía transformarse en otra cosa que el basurero de la historia.




Padres familiares, sobrevivientes y amigos han recorrido un largo y doloroso camino, logrando con unidad y movilización, que la memoria no se empañe. Luchar por cárcel a Ibarra, Chabán y todos los responsables es luchar por obtener memoria, verdad y justicia.

La impunidad que desde los balcones, con o sin pañuelo blanco, se pretende extinta, pasea su soberbia por la ciudad que echó en helicóptero al gobierno, del cual el suspendido jefe de gobierno Aníbal Ibarra es hoy una huella residual. Si el Partido del Estado cree que puede ignorar la historia reciente y continúa sembrando vientos; cosechará , a no dudarlo, tempestades.

Dra. Susana B, Etchegoyen

Legisladora C.A.B.A. (mc)

www.poderautonomo.com.ar

correo@poderautonomo.com.ar

Publicado por BassoiD | 7:36 p. m. | |

 

Jose Antonio Iglesias Denuncia

FORMULA DENUNCIA


JOSÉ ANTONIO IGLESIAS, abogado, con domicilio real en Reconquista 715, 6º E y F de esta Ciudad de Buenos Aires, y constituyendo en el mismo el de ley, con el patrocinio letrado de la Dra. BEATRIZ M. E. CAMPOS, a V.S. me presento y digo:

1. OBJETO

Que vengo a promover denuncia contra: a) el Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires GERARDO ROMAGNOLI, con domicilio en Serrano 1040 P.B. "A" y/o Malabia 464 de la Ciudad de Buenos Aires; b) la Legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires NOEMÍ FLAVIA OLIVETO, con domicilio en Serrano 1040 P.B. "A" y/o Malabia 464 de la Ciudad de Buenos Aires; c) el Vicepresidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires PABLO ENRIQUE MAGGIOLI, con domicilio en Sarmiento 630 de la Ciudad de Buenos Aires; d) el Sr. JORGE DANIEL MERCADO, con domicilio en Florida 15, 5º piso "6", de la Ciudad de Buenos Aires; e) EL Jefe De gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires RAUL ENRIQUE FERNANDEZ con domicilio en Av. de Mayo 525, 2º piso of. 201 de la Ciudad de Buenos Aires; f) el Subsecretario de Gestión y Administración Financiera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, FERNANDO CALVO, con domicilio en Av. De Mayo 525, 3º piso of. 301 de la Ciudad de Buenos Aires; y g) ANDRES STRAMPERS, cuyo domicilio ignoro.

Que a efectos de precisar los hechos materia de investigación y de los cuales resulta la posible comisión de ilícitos, dedicaré la relación que sigue.

2.

LOS HECHOS QUE DAN LUGAR A LA PRESENTE DENUNCIA

2.1.

En el marco del juicio político iniciado contra el suspendido Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, el Sr. Gerardo Romagnoli es integrante de la Sala Juzgadora de la Legislatura Porteña que oportunamente decidirá su responsabilidad política en el incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004 en el local República de Cromañón y en el posterior operativo de emergencia.

En este contexto, el Sr. Romagnoli, el pasado 21 de febrero, formalizó su renuncia a la Sala que integra, argumentando que "el procedimiento llevado adelante por esta Sala ha significado una vergüenza y bastardeo de las instituciones que ellos dicen defender (...) y una puesta en escena que nada tiene que ver con la verdad y la justicia y sí mucho con la especulación y el lucro político" (textual de la carta presentada al Dr. Maier, Presidente de la Sala Juzgadora).

Ahora bien, como se desprenderá del presente relato, la renuncia presentada, lejos de aparentar ser una decisión aislada de la suerte política del jefe de gobierno suspendido, se enmarca en una serie de hechos que ponen bajo un manto de sospecha su legitimidad. En efecto, la conducta desplegada por el Sr. Romagnoli desde su asunción en el órgano juzgador, pone en evidencia una serie de claros indicios sobre la comisión del delito de cohecho, en el que estarían involucrados el mencionado y las demás personas objeto de la presente denuncia.

2.2.

Los actos públicos de la operación Romagnoli

Los hechos cuya investigación aquí se requiere, tienen su origen el 10 de diciembre pasado, cuando en su discurso de asunción al cargo de integrante de la Sala Juzgadora, el Sr. Romagnoli opinó sobre la responsabilidad política del Jefe de Gobierno, comparándolo con Alfredo Franchiotti, el ex comisario condenado por el asesinato de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Dijo allí textualmente "A veces el azar corrige la práctica de la dirigencia corrupta, como a la que pertenece Franchiotti (sic), que mató a Kosteki y Santillán. Pueden estar más tranquilos" (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-60347-2005-12-11.html).

Esta circunstancia motivó que los abogados defensores de Aníbal Ibarra plantearan su recusación con causa en el eventual prejuzgamiento que implicaban sus dichos, lo que finalmente fue rechazado el día 27 de diciembre de 2005 (http://www.clarin.com/diario/2005/12/28/um/m-01115160.htm). También en la misma sesión los defensores del Jefe de Gobierno suspendido formularon una reserva de plantear la nulidad de las decisiones por la participación en ellas del diputado recusado.

El paso siguiente ejecutado por Romagnoli fue abstenerse cuando se sometió a una votación las nulidades planteadas respecto del juicio político por la defensa de Aníbal Ibarra. Para sustentar la abstención utilizó los mismos argumentos que luego emplearía para su renuncia (acompañamos la versión taquigráfica de la sesión respectiva, como Anexo III). Como consecuencia de su abstención y de la crítica formulada a la Legislatura como institución, en el recinto el Legislador fue objeto de recriminaciones verbales por parte de la Legisladora Beatriz Baltroc, de sus asesores y de un asesor de la Legisladora Silvia Majdalani. A pesar de esta plural requisitoria, al día siguiente Romagnoli convocó a los medios y dijo haber sido objeto de una presión del macrismo. Lo singular de esta parcialización de la información es su coincidencia con el discurso mediático de la defensa del suspendido Jefe de Gobierno.

A partir de allí, Romagnoli limito su participación en las sesiones, asistiendo ocasionalmente sin intervenir.

Días después anunció públicamente su renuncia al cargo de integrante de la Sala Juzgadora, ofreciendo una conferencia de prensa en la que expresó que el juicio político "es un show, una simplificación de blancos contra negros, de buenos contra malos", "un circo lleno de operaciones del macrismo, del kirchnerismo, del propio ibarrismo y de una izquierda acoplada", que se "está enturbiando la posibilidad de conocer la verdad y las responsabilidades políticas". (http://www.clarin.com/diario/2006/02/17/elpais/p-01001.htm).

En la sesión siguiente a la conferencia de prensa, que tuvo lugar el 20 de febrero, el acto de Romagnoli dio lugar a una incidencia planteada por la defensa de Aníbal Ibarra, consistente en inquirir sobre el número de miembros integrantes de la Sala Juzgadora. El planteo, que esconde la pretensión de articular una nulidad, fue inmediatamente desestimado por el Juez Maier, al manifestar que no había recibido ninguna renuncia formal de parte del Legislador Romagnoli (acompañamos la versión taquigráfica de la sesión respectiva, como Anexo IV).

El siguiente gesto armónico de esta secuencia es la presentación formal de la renuncia, que no casualmente aconteció al día siguiente del planteo efectuado por la defensa de Romagnoli (http://www.clarin.com/diario/2006/02/21/um/m-01146133.htm). Los argumentos empleados en la renuncia están también sugestivamente alineados a aquéllos que mediáticamente emplea la defensa del suspendido Jefe de Gobierno. Precisamente a continuación de este acto formal de Romagnoli, Aníbal Ibarra volvió a emplear el sustantivo "circo" para calificar al juicio político, al que además consideró "herido de muerte" como consecuencia del servicial acto de Romagnoli.

Todas estas singulares actitudes encuentran su razón en un acto de corrupción que ocurrió precisamente porque los personajes que intervinieron no podían obrar de otra manera.

Ni Oliveto ni Romagnoli habrían actuado como lo hicieron en virtud de una posición ideológica respecto del juicio político, sino que lo habrían hecho en función de dinero recibido.

Hago presente que las informaciones que voy a suministrar al Tribunal me han sido proporcionadas por distintas personas que manifestaron no estar en condiciones de testimoniar, en tanto que otras que describieron algunos de los hechos configurativos de las conductas que aquí venimos a describir integran la lista de testigos ofrecidos. En cualquier caso los aportes de unos y otros son lo suficientemente graves como para iniciar una profunda investigación judicial y castigar a quienes aparezcan como responsables de los delitos denunciados, a pesar de cual sea su imagen pública.

2.3.

El origen del dinero que se habría destinado a la operación Romagnoli

Hace aproximadamente 30 días, en una oficina sita en Marcelo T. de Alvear 1443 de esta Ciudad de Buenos Aires, sede de una consultora perteneciente a Benjamín Vijnosky y Carlos Gorosito, tuvieron una reunión los señores Andrés Strampers (a la sazón un operador de la Cámara de Empresas de Mantenimiento y Obras Hospitalarias de la República Argentina), Raúl Enrique Fernández, Jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Fernando Calvo, Subsecretario de Gestión y Administración Financiera del mismo gobierno.

En dicho encuentro la Cámara referida precedentemente, a través del citado Strampers, habría pagado la suma de $ 4.300.000 como "gratificación" por la renegociación y adjudicación de contratos de limpieza y / o mantenimiento hospitalario.

Esa cifra administrada y conservada por los mencionados Fernández y Calvo y por Pablo Maggioli, habría sido utilizada luego para obtener los actos y la renuncia ejecutados por Romagnoli, referidos en el apartado precedente.

En la negociación de esta prestación a favor del citado Romagnoli habrían participado la Legisladora Noemí Flavia Oliveto, el ex Legislador Jorge Daniel Mercado, y el mencionado Maggioli, vicepresidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Alguno de esos encuentros acontecieron en la propia Legislatura de la Ciudad, y otros en diversos lugares. Hasta el momento no hemos obtenido información sobre el circuito del dinero.

Para sustentar la verosimilitud de estas informaciones, entendemos adecuado efectuar alguna relación sobre los personajes involucrados y sus antecedentes.

2.4.

La Legisladora Noemí Oliveto

Esta Legisladora integra la agrupación denominada Autodeterminación y Libertad, fundada por el hoy Diputado Nacional Luis Zamora. Este partido se construyó a partir de la imagen pública del citado Luis Zamora, y en su momento logró su cenit en las elecciones de los años 2001 y 2003. Sólo en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires llegaron a obtener 8 de las 60 bancas (Se acompaña en Aenxo V una nota publicada en Diario Clarín del 24 de agosto de 2005, que también puede verse en http://www.clarin.com/diario/2005/08/24/laciudad/h-04003.htm).

Todo este capital político fue dilapidado por la construcción de lo que muchos de los ocupantes de esas bancas calificaron como una "PYME" familiar de Zamora y su esposa Oliveto. Así lo dijo, por ejemplo, el Legislador Sergio Molina en una nota publicada en el sitio "Parlamento.com", al afirmar que "El problema es que, con un corte netamente autoritario, la mujer de Zamora (la diputada Noemí Oliveto) comenzó a boicotear todos los proyectos y empezó a imponer la lógica PYME de ella. Entonces, uno de los estandartes de AyL, que es la horizontalidad, se transformó en un autoritarismo que no existe ni en los peores partidos ortodoxos leninistas ? Ellos han encontrado una PYME familiar que les alimenta el narcisismo frente a los medios, les da importancia para sentirse importantes, ser figuras públicas. Yo creo que hay una mezcla de eso con un emprendimiento productivo, porque esto da poder, laburo, guita...". (Se adjunta copia de la publicación en Anexo VI).

La aludida PYME familiar se habría construido a partir de diversas apropiaciones ilícitas de dinero de legisladores y empleados que conformaban el bloque de A y L. Por ejemplo la ex Legisladora Susana Beatriz Etchegoyen, declaró el día 16 de diciembre de ñ2004, ante el Juzgado Federal con competencia electoral a cargo de la Dra. María Servini de Cubría que solicitaba, en la causa "Etchegoyen Susana Beatriz y otros s/ plantean nulidad de acto eleccionario Partido Autodeterminación y Libertad Capital Federal, expte. 1340/04", que solicitaba "rendición por recibo de las donaciones que hemos hecho, que en mi caso, particular en conformidad al compromiso ético que firmamos y que es público era del 10% de mis haberes -$ 500 mensuales- y además para pedir la rendición de cuentas y el destino de los fondos acumulados en virtud del 10 % de donación de los demás compañeros y empleados de la Legislatura, en virtud de que a partir del momento en que me constituí como bloque unipersonal, pude corroborar que cada bloque maneja una cantidad de dinero adicional que muchos compañeros donaban más de la mitad de los haberes recibidos, y que nunca logramos que esos aportes se blanquearan ni que nos informara si existía cuenta bancaria donde estaban depositados, ni para qué se usaron en caso de que se hayan usado". En el mismo acto la ex Legisladora Etchegoyen coincidió con la calificación del Diputado Molina, al decir textualmente que "no sólo A y L no es un partido, es una organización familiar que utiliza métodos feudales ? A y L a esta altura es un sello de goma".

También el ex Legislador José Roselli aseguró a la Revista Noticias, en nota publicada el 1 de marzo de 2003 que "de un total de 8.000 pesos (4.000 de sueldo más pasajes y gastos reservados), Roselli dice que lo dejaban quedarse con 2.500 y que "aportaba" todo lo demás a AyL".

Así opinó también una empleada del bloque A y L cesanteada luego de cumplir su licencia por maternidad, llamada Mercedes Arranz. De esto da cuenta un artículo publicado en el sitio Noticias Urbanas, en el que se afirma que "Según comentaron fuentes allegadas a la persona cesanteada, cuyo nombre es Mercedes Arranz, ?la idea era despedirla cuando estaba embarazada pero no pudieron. Cuando ella se enteró que la querían echar, dejó de darles el 60 por ciento del sueldo como tenía que hacer todos los meses, y ni bien terminó su licencia por maternidad le dieron de baja. El marido hizo lo mismo y también lo echaron? ". (http://www.noticiasurbanas.com.ar/derechos_humanos.shtml?AA_SL_Session=11ae8e5cf91e05d3d02fde98c5d32dcf&x=34718).

Pero la apropiación de sueldos no sería la única irregularidad que se le ha atribuido a Noemí Oliveto. También el haberse hecho construir con recursos de sus "compañeros", y sin su conformidad, un fastuoso jacuzzi en su casa sita en Padilla y Warnes de esta Ciudad, con un costo de aproximadamente $ 30.000. Un ejemplo de esta imputación puede verse en el artículo publicado en el sitio "Noticias Urbanas". (http://www.noticiasurbanas.com.ar/politica.shtml?AA_SL_Session=f7d5c23f1e12bda16bc574d7cfd35df2&x=34061, que se adjunta como Anexo IX).

Se inscribe también en la nómina de hechos atribuidos a la nombrada Beatriz Olivetto el irregular forzamiento de la renuncia de la ex Diputada Patricia Flores. El Legislador de la Ciudad Héctor Pastor Bidonde, disgustado por lo acontecido, lo denunción en una carta que hizo pública, glosada como Anexo X. Allí dice que "Oliveto que era y sigue siendo Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, arrancó con una campaña a principios de Mayo de 2004: había que pensar en pedirle la banca a la Diputada Patricia Flores porque se proponía quedar embarazada. El fundamento era que tal decisión, la alejaría de sus tareas. Lo repitió un par de semanas más tarde. Confieso que sentí dos impulsos: uno que me reservo (porque es sabido que perdí una hija de 16 años) y otro más social: elegí pensar que nadie iba a apoyar semejante propuesta. También sabemos hoy que la escena se repitió con escándalo en el Plenario miserable del 21 de Junio, del que ya hablaré. El 29 de Junio de 2004, la Diputada Patricia Flores renunció a su banca. (La Sesión siguiente Oliveto reconoció el "gesto ético" de la Diputada Flores)". El diferendo también fue reflejado por los diarios (adjuntamos nota publicada en Página 12 del día 20 de noviembre de 2004, http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-43856-2004-11-20.html).

Con todo este curriculum, resultan verosímiles las sospechas que dan lugar a la formulación de la presente denuncia.

2.5.

El Legislador Gerardo Romagnoli

No es mucho lo que se conoce sobre los antecedentes del Diputado Romagnoli, salvo su disciplinada obediencia a las órdenes de la Legisladora Oliveto, de quien fuera secretario en el recinto.

En una no9ta periodística recientemente publicada, se dice que "Le decíamos Rasputín". En esta nota se traza un breve perfil de Gerardo Romagnoli, el legislador porteño que renunció a la comisión que juzga a Aníbal Ibarra. Indica que durante los setenta era reconocido por sus compañeros de militancia como "un cuadrazo" y que "la dictadura se lo ?chupó? por unos días" en el año 1981. Quienes lo conocen, en los últimos años lo ven como un "personaje oscuro, que sólo se encierra a hablar con Zamora y su esposa Noemí Olivetto". También se señala que Romagnoli ordenó que las rejas de la casa en la que actualmente vive "fueran pagadas con los fondos de AyL (Autodeterminación y Libertad)". (Revista Noticias del 23 de febrero de 2006).

2.6.

El Vicepresidente del Banco Ciudad Pablo Maggioli

El Sr. Pablo Enrique Maggioli, reapareció en el entorno de Aníbal Ibarra luego de que éste entrara en crisis en su relación con Ariel Schiffrin. A la sazón, habría sido recomendado por Aníbal Ibarra padre teniendo en cuenta su experiencia financiera y antecedentes en el ramo bancario. Entre otras cosas, Maggioli fue directivo del FONCAP, Fondo de Capital Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

A partir de ese reingreso fue asumiendo progresivamente distintas funciones hasta convertirse en un operador de Aníbal Ibarra. El periodismo incluso detectó este rol por diversas participaciones que el tuvo en temas tan sensibles como el "Casino Flotante", los negocios de Puerto Madero, los relativos al mobiliario urbano, y los contratos de obra pública. Así se dijo que: "?Dirigentes políticos de la Ciudad que no responden a la línea interna de Raúl Fernández afirman que una de las funciones de confianza más delicadas de Raful es el enlace mensual entre el Casino flotante y Pablo Enrique Maggioli, en quien Ibarra confía las cuestiones de números. Maggioli fue designado director del Banco Ciudad cuando Ibarra llegó a la jefatura de gobierno y el año pasado ascendió a su vicepresidencia". (Artículo publicado en pagina 12, bajo la firma de Horacio Verbistky, con el titulo "Nuestros valores" (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-59745-2005-11-27.html)".

En el Banco Ciudad Maggioli desarrolla una intensa actividad, así como también en la Fundación Banco Ciudad, organismo que por su carácter es ajeno a los controles de los que sí es objeto el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. En esa fundación están empleadas con un muy importante sueldo la ex esposa de Aníbal Ibarra y su hermana.

Los hombres de confianza de Maggioli para operaciones sensibles como la que es materia de esta denuncia son, fundamentalmente, un señor de apellido Ruiz Huidobro y el Arquitecto Eduardo Enrique Ricciuti (Presidente de la Fundación Políticas Públicas, http://www. politicaspublicas.org.ar y también Presidente del Directorio de "Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.", http://www.corporacionpuertomadero. com/eo.htm).

2.7.

El Sr. Jorge Daniel Mercado

Este es Legislador, que pasó del más acendrado macrismo al más profundo ibarrismo, sería otro de los operadores de Aníbal Ibarra, que trabajó articuladamente con Maggioli en la operación Romagnoli.

Su labor visible como operador comenzó a advertirse en las sesiones de enero de 2005 en las que se intentó votar la interpelación al Jefe de Gobierno. En una de ellas incluso se contó con la presencia del ya mencionado Ruiz Huidobro, cuya asistencia al recinto resultó sorprendente pues jamás había sido visto en dicho ámbito.

Mercado fue un activo participante en las presiones a que fueron sometidos los Legisladores de la Sala Acusadora, con el objeto de que desistieran del voto a favor del enjuiciamiento político al Jefe de Gobierno. Igual rol seguiría desplegando en la actualidad, aguardando entre otros beneficios un cargo en la Secretaría de Turismo, o, de ser posible, en el Instituto del Juego, ambos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3.

En los hechos que son materia de esta denuncia es de destacar algo que parecería una singularidad, pero que sin embargo es un procedimiento que se ha reflejado en la causas en las que se investigan las responsabilidades penales por los hechos ocurridos en República de Cromañón el 30 de diciembre de 2004 "(Chabán, Omar Emir y otros s/ Estrago seguido de muerte - Expte 247/05" y "Fiszbín, Fabiana y otros s/ Asociación ilícita- Expte. 14,000/05", que tramitan ambas por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo criminal de Instrucción nro. 1, Secretaría 105).

En efecto, en el origen de los fondos empleados para la operación Romagnoli participa una cámara empresaria. En los hechos investigados en las causas antes referidas, reiteradamente aparece la cámara de las empresas de locales bailables como un núcleo de articulación ilícita, que singularmente es alentad por los propios funcionarios. Este notable hecho es incluso destacado por los miembros de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en la sentencia dictada en la primera de las causas citadas, con fecha 21 de diciembre de 2005. Igual ha acontecido con otras cámaras que tuvieron un rol que por lo menos requiere explicación, en temas como estaciones de servicio, servicios fúnebres, etc. (ver Informe de la Comisión Investigadora de los hechos ocurridos el 30 de Diciembre de 2004 en el local República de Cromañón, de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires).

Todo lo señalado implica que en presente caso la investigación que se sugiere debería examinar las operaciones de la Cámara de Empresas de Mantenimiento y Obras Hospitalarias de la República Argentina, y la regularidad de los contratos, servicios y precios que involucran a las empresas aglutinadas en dicho cuerpo, como asimismo el rol del operador antes mencionado, el Sr. Strampers.

4.

ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS

En ilícitos como los que aquí se denuncian resulta casi imposible obtener prueba directa. Como se ha dicho, esa acreditación generalmente se ve dificultada habida cuenta que las conductas ilícitas de los delincuentes habitualmente tienen lugar en un ámbito de privacidad y clandestinidad, esto es, lejos de las miradas de terceras personas que puedan dar cuenta de esos acuerdos espurios de índole patrimonial (CNCrim, Sala IV, causa 847, "Wowe Carlos", 30/10/98, Reg. 1535), de forma tal que impone al juzgador que las pruebas sean valoradas atendiendo a un marco especial como el descripto.

En la especie, a fin de intentar superar esas dificultades, sugerimos una abundante prueba testimonial, de personas que conocen algunos puntos de los hechos materia de investigación, y cuyo testimonio permitirá construir líneas de indagación a fin de llegar a la acabada incriminación de los imputados. Sin perjuicio de ello, el suscripto irá incorporando nuevos elementos como consecuencia de las investigaciones que tiene en curso.

En orden a lo descrito, y sin perjuicio de las medidas investigativas que el Señor Fiscal que intervenga en la presente causa disponga, vengo a sugerir las siguientes medidas:

a) Se libre oficio a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que remita a este Tribunal copia certificada de las versiones taquigráficas de las sesiones de la Sala Juzgadora de los días 17 de enero de 1006 y 20 de febrero de 2006.

b) Se libre oficio a la Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que informe qué contratos del área pudieron ser materia de negociación durante los últimos 40 días, con arreglo a la legislación vigente.

c) Se cite a declarar en calidad de testigos a las siguientes personas, quienes serán interrogados sobre los hechos materia de la presente denuncia :

Susana Etchegoyen, cuyo domicilio aportaré a la brevedad.
Héctor Bidonde, Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sergio Molina, Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Rubén Devoto, Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tomás Devoto, cuyo domicilio aportaré a la brevedad.
Carlos Alberto Tinnirello, Diputado de la Nación.
Ariel Schiffrin, cuyo domicilio aportaré a la brevedad.
Patricia Flores, cuyo domicilio aportaré a la brevedad.
Mercedes Arrantz, cuyo domicilio aportaré a la brevedad.
Ricardo Dini, cuyo teléfono es 154 058-1008.
Susana Sánchez, cuyo teléfono es 154 082-8484.
Pedro M. Politi, médico, cuyo teléfono es 154 145-3407.
Graciela Scorzo, cuyo teléfono es 154 407-0009.
Bartolomé Fernández, cuyo teléfono es 155-638-6422.
Asimismo dejo constancia que a la brevedad aportaré al Tribunal toda la documentación y otros elementos acreditativos complementarios que obtenga, y que contribuyan a la investigación y esclarecimiento de los hechos objeto de denuncia.

5.

CALIFICACIÓN LEGAL DE LOS HECHOS DENUNCIADOS

Las conductas descriptas en la presente denuncia se encontrarían incursas en los arts. 256 y ss. que tipifican el delito de cohecho activo y pasivo. Asimismo, y en el caso de los Sres. Noemí Olivetto, Gerardo Romagnoli y Jorge Daniel Mercado, se habría configurado el delito de enriquecimiento ilícito tipificado en el art. 268 (2) del Código Penal.

En consecuencia solicito a V.S. y, en su caso a la Fiscalía interviniente, que se investigue la posible comisión de los delitos antes descriptos por parte de las personas denunciadas.

6.

PETITORIO

En virtud de lo expuesto, solicito al Tribunal:


Se tenga por formulada la presente denuncia;


Se dispongan las medidas acreditativas requeridas y las que el Tribunal y / o la Fiscalía actuante considere pertinentes.

Proveer de conformidad que

SERA JUSTICIA

Publicado por BassoiD | 7:10 p. m. | |

 

Noticias del dia 27-02-06

Profundidades del Saqueo

Cultura de las "instituciones", cultura del extermino: Superestructuras en manos de infradotados.

El papel del Estado en la transformación del hombre en bestia.

Fernando Buen Abad Domínguez
Fundación Federico Engels


65 trabajadores mineros bajo el peso de la explotación, la ineficiencia y el manoseo. Hay miles más.

Algunas urgencias para que la verdad no quede enterrada.

He aquí un episodio, a escala, de la cultura del exterminio[1]. Obra de ingeniería fabricada por muchachos ilustrados (universitariamente muchos) para saquear a los pueblos. Ocupan cargos oficiales y cobran mucho dinero. He aquí este episodio degenerado de una obra de ingeniería minera para el progreso de las mafias. He aquí la ausencia, es decir la presencia autista, del gobierno que mintió cuando afirmó que le ?serviría al pueblo?, (Fox debe ser sometido a juicio político) he aquí la eficiencia para la traición de los funcionarios cómplices? he aquí para qué sirve la policía y el ejército... he aquí para qué sirve la farándula de los mass media advenedizos y camaleones. He aquí el capitalismo imperial. He aquí otro escenario de la farsa que se hace Cultura del cinismo, bofetada criminal que emerge de las profanidades de un sistema, corrupto por definición, para evidenciar, en la superficie, el calibre de la degeneración, las profundidades del saqueo, las catacumbas del robo: el rostro de crudo del capitalismo salvaje. Fox sigue perdido en su mar de babas. Para eso le pagan sus patrones en USA y en México. Pero la verdad no quedará enterrada.

Nada será más doloroso que el olvido si dejamos que nos gane. Después del asesinato camuflado, del crimen paulatino y demencial perpetrado bajo tierra, día tras día, año tras año; después de las evidencias horrorosas y obscenas, de la miseria, la explotación soez y la barbarie? a la vista de la reja que divide la ?propiedad privada? de la realidad devastada, a la vista de todos, en la nariz del mundo? mueren otros trabajadores mineros, unos más, no sólo los atrapados abajo, todos? ¡todos! Los que mañana bajarán nuevamente, los que mañana verán, tatuada en su existencia, la inseguridad, el mal trato, los que mañana verán el rostro cínico de los ?jefes?, los ingenieros del despotismo parásito, la virulencia sanguinaria de los buitres empresariales, gubernamentales, mediático faranduleros y sindicales. El crimen organizado. Nada será más doloroso que la indiferencia. Nada más peligroso. ?Estalló la ira al enterarse la gente que cesaba el rescate; zarandean a varios funcionarios[2]? Pero eso no alcanza.

El drama injusto que victima a los trabajadores mineros de México, y del mundo, abre una oportunidad imperdible para esclarecer realidades y emprender tareas. Abre la posibilidad de ver con claridad lo que padecen los trabajadores en todas partes; muestra, violentamente, la necesidad de terminar con este crimen cotidiano que enferma, derrota, deprime y asesina personas impunemente. Muestra la urgencia de eludir toda trampa que nos divide, venga de quien venga. Muestra la urgencia de organizarnos regional, nacional y mundialmente para crear el poder propio, con independencia política, sin burócratas y sin pleitesías sectarias. Muestra la urgencia de un cambio radical, desde la raíz, sin miramientos y sin tardanza. Muestra la urgencia de la unidad de los trabajadores para salvarnos de la explotación salvaje, para derrotar al capitalismo y para poner bajo control social las herramientas de producción y la riqueza.

La mina de carbón Pasta de Concho, propiedad de Grupo México, ubicada en San Juan de Sabinas, estado de Coahuila, México tiene sepultados bajo sus escombros a 65 compañeros trabajadores. Se trata de una trampa insegura y laberíntica, como muchas, donde hay gases venenosos, oscuridad y mucho ruido. Está en una zona donde los trabajadores extraen el 6.5 por ciento de la producción carbonífera mexicana. Coahuila cuenta con 95 por ciento de las reservas de carbón en el país. Hay, hasta donde se sabe, 5 mil trabajadores en la región. 600 pesos a la semana. (unos 60 dólares) Zacarías Cruz dijo a la prensa: "Todo el tiempo les he dicho que esta mina es insegura, pero la necesidad te hace entrarle. Yo trabajé aquí como cinco años y había mucho gas, era una bomba de tiempo allá abajo"[3]. Estalló en la madrugada del domingo 18 de febrero del 2006.

Este drama actual, nada nuevo, de los trabajadores mineros es una oportunidad ineludible para decirle a los ?candidatos? de los partidos ávidos de votos y aplausos: (a Felipe Calderón, a Roberto Madrazo, a Andrés Manuel López Obrador? a todos los otros candidatos sucedáneos y conexos, a Marcos mismo), que a los trabajadores sólo los salvan los trabajadores. Que ninguna burocracia a servido en toda la historia de México para frenar el saqueo ni la explotación; que cada día es peor la situación de los trabajadores y que lo necesario no son los falsos debates entre trabajadores, su atomización, los pleitos entre sindicatos prostituidos? sino los avances hacia la unidad con un programa revolucionario que, desde abajo, sin intermediarios, ni interpretes, haga crecer el socialismo bajo la dirección de los trabajadores que cambiarán el ser y modo de ser social, permanentemente.

Esta canallada criminal que sepulta a los trabajadores, en más de un sentido, bien puede servir como un salto cualitativo, como un aliento de claridad y fuerza contra lo que sistemáticamente divide, por pitos o flautas, la energía revolucionaria de la clase trabajadora que debe organizarse bajo sus programas propios y no los de Mesías, iluminados, carismáticos o parlanchines, se vistan como se vistan, se maquillen como se maquillen. Por más millones y millones de dólares que gasten en campañas para enriquecer a los de la tele y mostrarse como buenitos. Esta bien puede ser, debe ser, una palanca que dignifique el sacrifico de los trabajadores victimados. Un acto de solidaridad y respeto duraderos, útiles, eficaces a la hora de decirle no a la demagogia de las ?instituciones? cuyo oficio descarado sólo consiste en reprimir a los pueblos. De un modo u otro. Decirle no a la perdida de tiempo en consultas ociosas, y caras, que no emergen de los trabajadores en el campo o en las ciudades. Los trabajadores saben bien cuál es el diagnóstico, conocen dónde están los problemas comunes y quiénes son los enemigos. Hay años de experiencia, años de luchas y años de resistencia. Falta organización y falta decisión y sólo cuando vengan los programas claros y unificadores, (no uniformadores), desde abajo, desde adentro de las propias luchas, aprovechando lo mejor de las fuerzas e inteligencias solidarias, hombro a hombro, se podrá transformar esta payasada ?Institucional?, ?super-estructural? burguesa, y se logrará una construcción verdadera y útil para la emancipación definitiva y permanente de todos.

Nadie en su sano juicio, menos en México, creerá que las elecciones que se aproximan servirán para cambiar todo. Hay muchos trabajadores que honestamente, no a-críticamente, confían en que López Obrador levante las banderas de las mejores luchas y las honre, lo seguirá medio mundo, paso a paso. Pero uno no puede creer que así se arreglan las cosas, el peor error es dejar que otros hagan aunque prometan, lo mejor es organizarse e intervenir, acceder al control obrero y campesino de fábricas y tierras, con la anuencia de todos, el acuerdo y el debate. Hay también miles de personas que desde la Otra Campaña miran con agudeza lo que viene, no sólo durante las elecciones, y tienen una desconfianza fértil y necesaria, una mirada crítica que hace mucha falta, que debe servir para unir a unos y otros? a todos con todos porque la dimensión del problema no recomienda el protagonismo de pocos.

Esta vez hay que transformar desde los entresijos la cultura ?institucional?, patológica y patética, que en México se prohíja, como amor a las instituciones por las instituciones mismas, esta vez, con la fuerza que nos aporta el dolor por los trabajadores mineros, con la fuerza que nos da el no querer que esto se repita, que continué, levantemos la voz y por un programa político de los trabajadores que nos una? esta vez, en las elecciones, en las asambleas en una campaña y en la otra, deben ser los trabajadores organizados, con una fuerza superior y una apuesta superior, quines marquen el rumbo del las tareas hacia el socialismo. Ese es el camino de los trabajadores emancipados, lo saben bien y vienen luchando por eso hace años, no hay otro, no hay atajos ni ?tercera vía?. No hay ?capitalismo humano? ni ?reformismo? que valga, no hay palabrería, legaloide que valga ni argumento de revólveres que frene a los trabajadores, no lograrán entera con las urnas el hartazgo ni la inteligencia social. No lograrán confundir la voluntad de ser libres y esta vez de será la hora de los trabajadores. Esta vez no hay ?tu tía?.

Para mañana queremos todo bajo el control de los trabajadores? Por ahora[4]:

1.- No al trabajo subcontratado.
2.- ¡Ni un accidente más!
4.- Capacitación y aseguramiento de condiciones de seguridad a todos los trabajadores.
5.- Revisión inmediata y arreglo de las condiciones de seguridad de todas las minas del país.
5.- Incremento salarial inmediato a 7 mil pesos por mes, mas prestaciones.
6.- Movilización y huelga general de 24 horas del sector minero para conseguir estas demandas.
7.- Convocar a todos los trabajadores del país a sumarse solidariamente con la lucha minera.



Comunicado :
MARCHAMOS A PLAZA DE MAYO EL LUNES
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
FUERA LA GENDARMERÍA DE LAS HERAS
POR EL TRIUNFO DE LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES

Ante la cacería llevada adelante por los servicios de inteligencia, la policía santacruceña y la gendarmería nacional en la localidad de Las Heras el día 24 de febrero, repudiamos este nuevo paso que han dado los gobiernos provincial y nacional en la persecución contra el pueblo y sus sectores en lucha. El mega operativo por el que se han desplegado centenares de fuerzas represivas, se han allanado casas, golpeado y torturado a gente del pueblo y se ha detenido a siete personas acusadas de haber participado en la pueblada de la noche del 6 de febrero, es una muestra más de que Kirchner se propone responder con represión a los levantamientos populares que son resultado de este sistema de hambre y opresión.

Apoyado en la campaña cómplice de los medios de comunicación, cuyo estandarte ha sido el periodista Van Der Koy del grupo Clarín clamando por escarmiento, el gobierno kirchnerista, que sigue defendiendo los intereses empresarios, impulsa ahora una parodia de ?investigación judicial? que se ha cobrado ya sus primeras siete detenciones y cuyo único fin es condenar la lucha obrera y popular. Paradójicamente, esto ocurre a días de la escandalosa reforma del consejo de la magistratura que pone en evidencia ante toda la sociedad el sometimiento del poder judicial al poder político de turno. Las medidas dispuestas por la jueza Graciela Ruata de Leone carecen de toda credibilidad y responden a la orden feudal del gobierno de Kirchner que requiere culpables para disciplinar a los trabajadores y al pueblo. La justicia santacruceña, que en nada se diferencia de las tan cuestionadas santiagueña, riojana o salteña, supervisó personalmente a través de la mencionada jueza los operativos, dirigidos por el jefe de la policía provincial, a la vez representante de la SIDE en la provincia presidencial. Es la misma jueza que, fiel al mandato del aparato de gobierno peronista, ordenó la represión en noviembre de 2004, y toleró las torturas a las que fueron sometidos los detenidos en la comisaría de Las Heras, cuyo saldo más dramático fue la pérdida del embarazo de la trabajadora Karina Sauco.

El gobierno nacional, además de responder a las demandas populares con el envío de las tropas de Gendarmería, destacó a operadores politicos que reportan directamente a Aníbal Fernández y Néstor Kirchner como Héctor Masquelet (responsable del Consejo de Seguridad Interior), al secretario de Seguridad Luis Tibiletti y a su segundo, Ricardo Colombo.

Frente a ello se hace imprescindible desarrollar la más amplia movilización popular contra la represión y la militarización de Las Heras y en apoyo a la lucha de los trabajadores petroleros y el pueblo de esa localidad. Y al mismo tiempo se vuelve impostergable rechazar todo intento de profundizar la represión mediante cualquier tipo de investigación, sea esta llevada a cabo en forma exclusiva por el estado represor o por una hipócrota ?comisión investigadora?.

Es por eso que desde CORREPI convocamos a participar de la movilización que se realizará el próximo lunes 27 de febrero a las 17:00 a la Plaza de Mayo por la libertad de los presos políticos, en repudio a la militarización y por el triunfo de los reclamos de los trabajadores de Las Heras. Decimos junto al conjunto de organizaciones que participan del comité de apoyo que en el marco de ?esta campaña de persecución, la militarización con 300 gendarmes, brigada de investigaciones y policía de distinto tipo, que actúan bajo la supervisión política del gobierno de Acevedo y Kirchner, han dado un salto en la represión, encarcelando a gente del pueblo. Exigimos su inmediata libertad, el cese de las persecuciones, y el retiro de las fuerzas represivas de la localidad?.
Buenos Aires, 25 de febrero de 2006.-

ANDRE BRETON

Revolución Surrealista Permanente

(El oro del tiempo)

Conferencia Magistral (Magna Cum Ludens)

Dictará El Dr. (Humoris Causa) Fernando Buen Abad Domínguez.

Inscripciones Abiertas


La Conferencia comenzó en maitines, con el primer canto de los gallos azules conocidos ahora como "pingüinos" en la Selva Lacandona).

Durará 365 días y noches continuadamente.

Se recuerda que estamos en guerra poética (incluso) y nos disponemos a tomar el cielo por asalto. Los temas irán sumándose en secuencias no lineales y con base en cierto azar objetivo

de ese que tanto practica la vida misma. Habrá Independencia Relativa.

No habrá descanso.

Poco después de que se inicie la Conferencia, (pero muy poco) el disertante comenzará a diluirse en un acto de magia singular muy practicado a la hora de poner en claro lo oculto.

No se dará ni pedirá cuartel.

El disertante apelará a su derecho de aparecerse en cualquier lugar del planeta y bajo disfraces inusitados, si las condiciones generales lo permiten. El único signo distintivo será la Revolución.

Dado el carácter dialéctico de esta Conferencia se informa que tan pronto termine continuará sin volver a su punto de origen. Esta conferencia, así como sus temas principales, tienen carácter curativo y pueden ser usados como amuleto sin tener que pedir permiso a nadie.

Sólo por razones de principios la Conferencia iniciará en el cementerio de Batignolles para de inmediato, como un fantasma, recorrer el mundo.

Cualquier parecido con las coincidencias es pura realidad.

-PROHIBIDO ENTRAR CON PIOLET-

"No será el miedo a la locura lo que nos obligue a baja las banderas de la Imaginación"

Publicado por BassoiD | 7:03 p. m. | |

 

Noticias del dia 26-02-06

B.A.U.E.N : continúa la lucha.

A pesar de que Telerman no vetó el proyecto de ley que dictamina una comisión legislativa para acordar las condiciones de restitución del hotel a sus dueños legales, los trabajadores lograron que el Gobierno de la Ciudad redactase un proyecto de ley correctivo que anule la cláusula más controvertida: la negociación de la devolución. Además nacionalizarán el reclamo junto a otras cooperativas mediante la presentación un proyecto de ley nacional para todas las empresas recuperadas.

Las múltiples movilizaciones y actividades que pusieron al BAUEN en la calle, sumado a la denuncia de los trabajadores de que los dueños legales no pueden certificar tener los títulos de propiedad y que la ley aprobada de restitución pasa por alto la causa judicial, fueron motores para que el poder ejecutivo de la Ciudad presentara el 31 de enero pasado un proyecto de ley correctivo en la legislatura porteña. El mismo comenzaría a tratarse cuando se reestablezcan las sesiones ordinarias.

El 7 de diciembre pasado, a las 2 de la madrugada, la legislatura aprobó la ley 1914 de devolución del BAUEN a los propietarios legales, el grupo Iurcovich, en medio de un escándalo en el que doce trabajadores fueron brutalmente golpeados por orden del vicepresidente del recinto. El proyecto de ley presentado por el diputado macrista Mario Morando en el que cita a las partes a una mesa de negociación a 120 días para "entregar los bienes a sus titulares, libres de ocupantes" apunta a liquidar la autogestión de los trabajadores para incorporarlos bajo relación de dependencia con los mismos empresarios que iniciaron un proceso de vaciamiento y lo cerraron en 2001 dejando a más de 200 familias en la calle. Además, desconoce el carácter de bien social que adquirió la cooperativa desde su gestación por su política de gestión solidaria y los logros en su gestión colectiva.

En declaraciones, los trabajadores expresaron que la concreción del proyecto carece de validez jurídica hasta tanto no se resuelva a quién pertenece el inmueble, a causa del crédito hipotecario que el grupo contrajo con el ex Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), hoy absorbido por el Banco Nación. También aseguraron que es una estafa que los legisladores avalen la desintegración de la labor autogestiva, cuyos resultados están a la vista, y planteen restituir la comercialización del Bauen a empresarios que se encargaron de su cierre por una política de vaciamiento progresivo que dejó en la calle a cientos de trabajadores y aún carga sobre sus espaldas deudas con organismos estatales.

La ley 1914, conocida como ley Morando, consiste en una mesa conformada por siete diputados de los distintos bloques, para mediar durante 120 días la forma de devolución del hotel. También instiga a los propietarios a contratar a la totalidad de los asociados de la cooperativa. Sin embargo, los trabajadores indignados relataron a Anred, que la historia de la familia Iurcovich, durante los 18 años de gestión, fue cambiar reiteradas veces de razón social para hacerles perder los derechos adquiridos, lo que los exentaba de pagos impositivos y laborales. "La dinámica de renuncia-recontratación es una herramienta que puede valerse BAUEN SACIC S.A para despedirnos encubiertamente, en caso de que se concrete la ley de devolución" explica Graciela y cuenta que los obligaban a renunciar para ser recontratados por la nueva firma. "Nos oponemos a cualquier resolución por más fuerza de ley que tenga a aceptar cualquier tipo de convenio que implique desintegrar la autogestión", vociferó Fabio Resino, dirigente del BAUEN.

Pese a que el Estado es el acreedor mayoritario, la ley contiene una cláusula en la que el mismo se hace cargo de pagar, por un año, los salarios de los trabajadores mientras el hotel es cerrado para reparaciones. Sin embargo, la cooperativa habilitó el 80 por ciento de las instalaciones y para ello invirtieron cerca de un millón de pesos mientras que la ley promulgada solo les reconoce 150 mil pesos.

De la misma manera, la parcialidad de tal ley se retrotrae a la década del 90 al decretar condonar a los "dueños" los cinco millones de pesos de deuda en concepto de ABL que contrajeron con la Municipalidad. Ambas cláusulas son denunciadas por los trabajadores como una estafa a la sociedad.

Entre sus condicionamientos figura la obligación de las partes a sentarse a negociar, y en caso de que alguna parte incumpla la imposición, pierde su derecho y queda supeditada a lo redactado en la ley.


Reclamo de los Trabajadores del Subte

La reunión está prevista para mañana, lunes 27, a las once, en el Ministerio de Trabajo, y busca destrabar el conflicto salarial entre los trabajadores y la empresa concesionaria. Fue aplazada por dos semanas dado que en el acta no figurara fecha y hora. Después de haber sido discriminados en diciembre último, el Cuerpo de Delegados del Subte reclamará un 35 % de aumento, que resulta del último acuerdo del año pasado y el sueldo básico.

En un año que promete reflotar los conflictos salariales, una de las primeras propuestas fuertes tiene como protagonistas a los trabajadores del subte y a la empresa Metrovías que desde 1994 tiene la concesión de la red subterránea de transporte de pasajeros y el Premetro.

Crónica de la negociación salarial

Durante el mes de diciembre, una reunión prevista en las oficinas que el Ministerio de Trabajo tiene en Callao al 100, a la cual no asistió ni la Empresa ni los representantes gremiales de la UTA, originó la inmediata reacción de los trabajadores del Subte que comenzaron un paro de actividades desde las 15.30 hasta las 20 hs.

La discriminación sufrida por el Cuerpo de Delegados del Subte en la mesa de discusión salarial, fue tomada como un insulto por parte de los trabajadores, que así justificaron su acción.

A la mañana estaba convocada una reunión paritaria entre los trabajadores, Metrovías y dirigentes de la UTA, sin embargo, después de un cuarto intermedio, los delegados se enteraron que la reunión se había realizado en la otra sede. El Cuerpo de delegados convocó inmediatamente a las asambleas en cada una de las líneas que decidieron comenzar, desde las 15.30 hs., un paro total de actividades, para exigir que sus representantes no sean excluidos de la negociación.

Los trabajadores reclamaban una recomposición salarial del 58 % sobre el básico de convenio, y el 1 % de antigüedad. Es mismo día, después de una larga negociación, se acordó el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa pagadera por única vez, en tres cuotas, iguales, mensuales y consecutivas que se liquidarían con los haberes de los meses de diciembre 2005; enero y febrero del 2006.

Los importes de esta gratificación se pagaron en tiempo y forma, del nivel I al nivel VII, $ 1.500, del nivel VIII al nivel XIII, $ 1.350 y el nivel XIV, $ 1200. Sin embargo, todavía resta la conclusión del acuerdo pues los montos citados sólo son pagos hasta el mes de febrero.

En el acta firmada con fecha 5 de diciembre de 2005 los asistentes coinciden en abrir otra vez la mesa de discusión a partir del 15 de febrero del 2006. Lo extraño fue que dada la redacción del acta, no se fijaba precisamente día, fecha y hora.

La reunión fue que primero se fue desplazando casi dos semanas para fijarse este lunes 27 a las once de la mañana en la cede de negociaciones del Ministerio de Trabajo, en Callao al 100. La propuesta del Cuerpo de Delegados es un aumento del 35 % de la masa salarial, que surge de la suma entre el sueldo básico y los valores fijos que lograron en diciembre en sus catorce categorías.

Roberto C.

---
Fuente Anred.

Publicado por BassoiD | 6:55 p. m. | |

 

Noticias del dia 25-2-06

Conferencia de Prensa de los padres de Cromagnon

Buenas tardes
Están aquí presentes Héctor Zerpa y su esposa, quienes a partir de la noche del 30 de diciembre de 2004, no sólo perdieron a su hijo Gustavo, sino todo contacto con su cuerpo, y fueron obligados por el descontrol, la desorganización y la incuria, a enterrar un hijo ajeno y a trocarlo por el propio recién 41 días después.


También están presentes Armando Canziani y su esposa Mimí, quienes luego de 24 horas de solitaria y azarosa búsqueda de su hija María Soledad, hallaron su cadáver. Dos días después fueron nuevamente lacerados con la entrega del cuerpo de María Soledad absolutamente deformado y en estado de descomposición.


También están presentes Federico, Lucía y Florencia. Florencia nació de nuevo el 30 de diciembre, cuando su hermana Lucía la rescató de la fila de los muertos en la que había sido colocado por culpa de la negligencia de los escasos médicos que estaban en el lugar.


Y como ellos muchos otros padres y muchos otros sobrevivientes que lloraron iguales pérdidas, padecieron similares vejámenes, y que hoy conviven con parecidos horrores.


Y un número importante de jóvenes (el que admite este pequeño lugar) que con su presencia testimonian el reclamo que toda la juventud viene haciendo desde que el 30 de diciembre de 2004 una masacre tronchó su alegría y daño severamente su esperanza.


En definitiva, están aquí las víctimas.


Frente a ellos queremos reinstaurar en la sociedad y en las autoridades, la memoria de los que ya no están.


Nuestros hijos. A aquellos 194 que nos fueron arrancados. Pero que a pesar de eso están en nuestros corazones, en nuestra memoria y en nuestro destino. Para nosotros siguen teniendo un rostro y un nombre: Yasmin, Adolfo, ?


Queremos que los tengan presentes porque parecen haberse fugado del recuerdo de la ciudad y de sus vecinos. Parecen estar ocultos tras las mezquindades de los responsables, condenados a aparecer sólo en los avisos de conmemoración necrológica y apagado su clamor por los ruidos mediáticos. Y sin embargo fueron hijos de la ciudad robados a esta hace solamente un año. Y nada menos que 194. Con cuanta razón nos ha dicho el Cardenal Bergoglio: ?ciudad distraída, ciudad dispersa, ciudad egoísta: llorá. Te hace falta ser purificada por las lagrimas?nos hace falta llanto en Buenos Aires?


Por la misma razón también queremos que tengan presentes a los que necesitan recuperar la sonrisa. A aquellos que ese 30 de diciembre tan cercano, conservaron la vida a costa de no volver a soñar, a costa de tener grabado el horror en sus rostros. Algunos de ellos están aquí, no podían estar todos ya que son muchos, muchísimos. También ellos parecen haberse fugado de la memoria de la ciudad.


Y de igual manera queremos que tengan presentes a las familias. A las 194 familias que lloran muerte, y a las cuatro mil familias que conviven con el horror, la desesperanza, la incertidumbre, el desaliento y hasta la muerte en vida.


El 30 de diciembre, los que murieron, los que sobrevivieron y sus familias eran inocentes. Todos éramos inocentes y todos somos inocentes y esto, que debería ser obvio, no debe olvidarse jamás.


Sin embargo todos,

los que murieron
los que los sobrevivieron
sus familias
y los jóvenes, que claman por sus novios, novias, amigos, conocidos, compañeros, vecinos, compinches
aparecen hoy como culpables.


Culpables de un golpe institucional.


Culpables de impedirle a un mandatario regularmente elegido concluir su mandato.


Culpables de la promoción de un juicio político que no guardaría las formas.


Culpables de pretender remover a un jefe de gobierno por mal desempeño.


Culpables de dificultar acuerdos de reparto de poder preexistentes a sus reclamos.


Y en esta atribución de culpabilidades, se muestra a los muertos, a sus padres, a los sobrevivientes y a sus familias, como solidariamente consustanciados en un propósito desestabilizador, malvado. Similar, si se quiere, al que animó a las juntas de comandantes durante la dictadura. La apostasía de la democracia en manos de los familiares de las victimas.


Y de esta embriaguez de la razón, debe rescatarse una obviedad: los señalados culpables son sólo víctimas.


REIVINDICAMOS LA LEGITIMIDAD INCUESTIONABLE QUE NOS OTORGA LA CONDICION DE VICTIMAS. TODAS LAS VICTIMAS SON VICTIMAS. EL SUFRIMIENTO NO RECONOCE FRONTERAS NI IDEOLOGIAS. DESDE NUESTRA LEGITIMIDAD COMO AFECTADOS SEGUIREMOS INSISTIENDO.


Reparen ustedes en esta paradoja: lo que acabamos de decir es una textual reproducción de lo que han dicho al Parlamento español los afectados por los hechos del 11 de marzo de 2004 en Atocha.


Desde el lugar de víctimas nosotros decidimos, a poco de enterrar a nuestros hijos, exigir todas las responsabilidades. Las penales, las administrativas y las políticas. Sin embargo, cuando llegamos a estas últimas, creyendo en la letra y el espíritu de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, se nos imputó ser golpistas, macristas, animados del deseo de venganza, violentos, etc.


Pareciera que por pedir explicaciones a quienes pueden tener alguna responsabilidad, promovemos la desestabilización de un sistema. Así se resistió una interpelación al Jefe de Gobierno y, en su lugar, se pergeñó una visita de éste a la legislatura, con la consecuente limitación a los requerimientos y a las lógicas interrogaciones.


Pareciera que por pedir cuentas disputamos legitimidades. Así vino la convocatoria irregular al referéndum revocatorio, que fracasó. Que fracasó tristemente, por las adhesiones y por el silencio mediático que siguió a ese fracaso.


Pareciera que entonces, aunque frustrados por la ausencia de explicaciones, tampoco teníamos derecho a exigir un debate con el jefe de gobierno, reclamado infructuosamente en dos oportunidades.


A esa altura ya nos parecía que fuera una osadía el ejercicio perseverante, tenaz y decidido del derecho de petición consagrado desde hace dos siglos en la Constitución Nacional.


De ahí a interpretar como una afrenta la exigencia de que los representantes del pueblo de la ciudad de Buenos Aires ausculten los clamores de su sociedad, había un paso. Y el paso fue dado. Cuando los legisladores entendieron que era pertinente examinar la responsabilidad del jefe de gobierno, se calificó a ese proceso de golpe, de subversión, de afrenta a la institucionalidad.


Una trágica paradoja en un país cuya historia esta jalonada de víctimas: las de las guerras civiles, las de la campaña del desierto, las de la anarquía, las de la represión, las de los golpes, las de los bombardeos a plaza de mayo, las del 55, las de los azules y colorados, las del proceso, las de la triple A, etc. A pesar de esta historia aun puede dudarse de la legitimidad de las víctimas


Sin embargo, nuestro reclamo tiene la misma legitimidad que el de cualquiera de las victimas de esos hechos históricos y de los hechos cotidianos que a ellos se suman. Tiene la misma legitimidad que cualquier reclamo de rendición o de responsabilidad que formulen las víctimas de hechos similares en el mundo: las de las torres gemelas, las de Londres, o las de Atocha.


Ese reclamo es legítimo y es propio de las victimas. Es inajenable, inapropiable. Sólo a ellas les pertenece. De ninguna manera cabe asignarlo a pertenencias políticas o de cualquier otro sesgo. Nuevamente la voz de un grupo particular de víctimas es la voz universal de las víctimas. Dicen quienes lloran muertos en Atocha: ?en el intento de usurpar la voz de los afectados, de deslegitimarlos, de someterlos a un juego político ajeno y de intentar encasillarlos en tal o cual opción, los usurpadores se denuncian: es su guerra no la de las victimas. Aquellos que intenten identificar a las victimas con una determinada opción política, se equivocan. Cualquiera pudo viajar en alguno de esos trenes y cualquiera pudo morir en esos escenarios de horror? El azar y solo el azar dispuso que quienes estamos hoy aquí lo estemos como victimas y no fallecidos?.


Y decimos nosotros como nuestros hermanos de Atocha, cualquiera pudo estar en Cromañon y cualquiera pudo ser arrasado por el horror, o condenado a convivir con él en lo que le resta de su vida.


Esa comunidad es la que nos permitió leer la constitución de nuestra ciudad y entender como un derecho del ciudadano el reclamo de juicio político.


No fue temerario entender que medió algún mal desempeño superior, cuando el local que fue la tumba de nuestros hijos y el instrumento de suplicio de quienes los sobrevivieron, nunca tuvo inspecciones.


Tampoco fue temerario construir suposiciones cuando el otro local del mismo empresario gozó de similares o mejores prebendas, al punto que evitó clausuras a través de meras órdenes superiores transmitidas por handy.


No fue aventurado entender que mediaba responsabilidad de la dirección política si estas situaciones particulares se inscribían en una sistemática desarticulación de un sistema de inspección.


Tampoco lo fue considerar que mediaba responsabilidad del Jefe de Gobierno cuando él mismo pasó a disponibilidad 580 inspectores, atribuyéndoles constituir un focazo de corrupción, sin sumariarlos ni denunciarlos penalmente, ni tampoco privarlos de su remuneración que hasta el día de hoy perciben.


Menos aventurado fue juzgar que correspondía la responsabilidad del jefe de gobierno cuando éste reemplazó a aquellos 580 inspectores por otros 30 a los que les prohibió actuar de oficio y, en los hechos, delegó el poder de policía en el ciudadano con sus denuncias.


Tampoco es aventurado considerar al jefe de gobierno responsable de todos estos actos, cuando lo hizo para concentrar el control y la caja en unas pocas personas, cuya idoneidad, para colmo, radicaba en estar vinculadas con él a través de nexos familiares o afectivos.


No fue irracional juzgar que esta responsabilidad llegaba al jefe de gobierno de la ciudad cuando éste recibió personalmente dieciséis alertas específicas de que algo como Cromañon, una noche, cualquier noche, le iba a ocurrir a la ciudad, y nada hizo. Lo alertaron la Defensoría del Pueblo, la Legislatura, la Auditoria, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el Poder Judicial, los diarios, las cartas documentos, etc. Etc.


Tampoco es ilógico considerar responsable al jefe de gobierno, quien, como responsable máximo del Comando Operativo de Emergencia, se desentendió de la suerte de las víctimas, para procurar a la 1,30 de la mañana conocer el nombre del fiscal actuante y luego dedicarse a organizar el mensaje comunicacional de la masacre. Ese inacción, ese menosprecio, mató a muchos de los que hoy podrían estar vivos.


Y el juicio político confirmó estas afirmaciones, a través de las jornadas que se reflejan en las versiones taquigráficas, en los diarios, en las transmisiones televisivas, el periplo de los testigos.


La muerte de nuestros hijos, si bien absurda, tuvo causas y responsabilidades, políticas y penales.


Para que ese juicio político diera esos resultados fue esencial la actuación del presidente de la sala juzgadora, nada menos que el Presidente del Tribunal Superior de la Ciudad. Julio MAIER, de quien desconfiamos en los primeros días, y en cuya imparcialidad confiamos a partir de las primeras demostraciones de su desempeño. Maier logró un juicio político inmaculado, que ni siquiera la verba desencajada de Strassera pudo desconocer.


Gracias a él y a pesar de las maniobras y fraudes que la defensa cometió fuera del recinto (preparación de testigos con guiones, presiones, silenciamientos, maniobras mediáticas, etc.), el juicio se desplegó con contundencia. Tanta que si sólo fuera la conciencia lo que guíe el veredicto de los diputados, el resultado sería unánimemente anticipable.


Y reclamamos que así sea. Que cada legislador pueda votar con su conciencia. Nos basta con eso, una conciencia honesta y coraje cívico


Aunque para defender a la corporación política se afirme lo contrario, la institucionalidad exige lo mismo. Los juicios políticos se han pensado para que la patria demande, y cualquier demanda de la patria impone la honesta conciencia de los dirigentes, y no la primacía de intereses espurios.


A la sociedad le pedimos que nos acompañe en el reclamo, y que deposite confianza en la legislatura, sin presiones, ni nuestras, ni de los políticos.


A nuestro Presidente, a quien se quiere colocar como árbitro de la Ciudad, QUE DECLINE ESA PARTICIPACIÓN. Le pedimos prescindencia. Eso requiere la constitución nacional y la de la ciudad. Le pedimos que evite mezclarse con los Romagnoli o con los Borocotó.


Tambien se lo pedimos a la Senadora Cristina Fernandez de Kirchner, no porque creamos que aliente ninguna solución en particular, sino porque sabemos que otros se han escudado en su nombre para inclinar la decisión.


Si así ocurre, la Ciudad, la ciudad de los que han muerto y la de los que los sobreviven alcanzará la paz. Y la memoria de nuestros hijos y los sobrevivientes comenzará a homenajearse con algo de justicia.


GRACIAS








El Gran Grito Nacional

contra las papeleras...es Latinoamericano

Este sábado 25 a las 18 hs. convocamos a todos los ciudadanos, a los trabajadores, a las organizaciones sociales, políticas, a los ambientalistas e intelectuales honestos y a estudiantes a concentrarnos en la embajada de Uruguay (Av. Las Heras 1907) para gritar bien fuerte:

la tierra, la salud y la vida para los pueblos uruguayos y argentinos

Desde Buenos Aires encenderemos la chispa de la resistencia para encender la llama de la victoria

Si a la vida, Si a la decisión del pueblo
No a las papeleras

Pd: Traer una cacerola y un papel para hacer un bollo que depositaremos en la cancillería, demostrando la determinación del rechazo contra la instalación de las papeleras

Autoconvocados del Este contra las papeleras

Publicado por BassoiD | 6:47 p. m. | |